A TÍTULO PERSONAL DESDE LO PÚBLICO / José Rivero

La informalidad en nuestro país es tan alta que tenemos la quinta economía más informal del mundo. Cuando esta informalidad llega en dichos y hechos a los más altos niveles de decisión los riesgos son mayores. Veamos algunos ejemplos.

La prensa chilena publicó con señalado asombro el pedido del ministro de defensa peruano Rafael Rey solicitando “a nombre propio y no a nombre del gobierno” que Chile y otros países comprometidos (Estados Unidos, Brasil, Francia y Argentina) suspendan las maniobras militares en Antofagasta previstas para mediados de octubre. Este disparate sin sentido alguno y, entiendo, sin consulta a nuestra Cancillería, no es el único de Rey. Dedicar más tiempo a proclamar su fobia particular contra la CVR y las ONG vinculadas al ejercicio de derechos humanos en el país que a explicar cómo superar la inutilidad institucional militar en el VRAE es otra de sus caracterizaciones en el ejercicio de su función.

Francis Allison, flamante ministro de vivienda y nuevo presidente de FORSUR, decidió hace tres años - a título personal - combinar sus actividades como alcalde de Magdalena con servicios de asesoría remunerados entre septiembre 2007 y septiembre 2008 a Business Track, la empresa principal responsable del ‘chuponeo’ ilegal a personas del mundo político y empresarial de sectores público y privado, que originó la caída del gabinete presidido por Jorge Del Castillo. ¿Fue a titulo personal que Allison decidió comunicar o no este grave antecedente al presidente García antes de asumir como ministro?

Cabe preguntar qué primó en el primer mandatario para renovar su gabinete con ministros problema como Rey y Allison, a los que se suma con entusiasmo el general PNP Octavio Salazar siguiendo la huella de sus antecesores como ministro de Interior.

¿Qué significado puede tener en el país que un ministro de economía contradiga en discurso público la política que implementa como jefe de la cartera más poderosa del país? Este es el caso del ministro Carranza. En la primera CADE de la Educación ha hecho encomiables apreciaciones respecto a la relación directa de la educación con una mayor productividad y un aumento del nivel de ingresos, enfatizando que el Estado debe invertir fuertemente en educación, pues de lo contrario el Perú seguirá bajo un esquema de “transferencia intergeneracional de pobreza”.

Carranza ha desempeñado la cartera de Economía y Finanzas durante este gobierno, con un intervalo entre julio 2008 y enero 2009 a cargo de Luis Valdivieso. Ha tenido vinculación directa con el paupérrimo presupuesto otorgado a nuestra educación contradiciendo las convicciones que acaba de sostener en la CADE mencionada. A pesar de lo demandado en el Acuerdo Nacional - asumido retóricamente por el candidato García - para otorgar un crecimiento anual hasta alcanzar no menos del 6% del PBI el año 2012, lo cierto es que de acuerdo al compendio mundial de la educación de UNESCO 2008, el Perú estaría destinando a educación el 2,7% del PBI cifra que está por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, que es del 4,6%.

¿A quién creer? ¿A Carranza dando discursos de compromiso en la CADE o al ministro que coopera en los hechos para que en nuestro país la pobreza siga transmitiéndose de generación en generación?

En materia educativa la incongruencia mayor la tiene sin embargo el presidente García. En enero 2007 oficializó el Proyecto Educativo Nacional e hizo lo que correspondía a un gobernante que valora el PEN como resultado de una acción colectiva que marca una ruta para cerrar las brechas de desigualdad, mejorar la calidad de la educación, fortalecer la profesión docente, renovar la gestión educativa y orientar el financiamiento, articular la educación superior con la investigación y las necesidades del desarrollo nacional y regional, potenciando los compromisos educativos en toda la sociedad.

Transcurridos más de dos años el primer mandatario no sólo ignora el PEN en sus mensajes anuales sino que en la práctica este instrumento de cambio recibe el tratamiento que merece lo dicho por él un año después de haberlo convertido en política de estado: “un documento de 26 páginas genéricas”, obviando que en las 143 páginas del PEN hay precisiones para poner en marcha la transformación educativa requerida. Esta implícita devaluación personal contradice su oficialización y puede explicar el porqué de su no vigencia.

Respecto a decisiones públicas para favorecer a intereses privados la venta del local y terrenos del Ministerio de Educación sin tomar previsiones básicas sobre donde albergar a su planta técnica y administrativa, tiene simbología especial. No ha merecido ningún editorial en diarios ni demandas de explicación en el Congreso a los decisores a pesar de que refleja un manejo personal y no ministerial de lo público, confirmando la escasa importancia que se da en los hechos a la educación.

José Rivero es miembro fundador del Consejo Nacional de Educación (período 2002- 2008) y asociado a Foro Educativo Será difícil, igualmente, que los usuarios de servicios educativos den importancia al Ministerio de Educación cuando se prefiere vender los terrenos donde funcionaba en San Borja sin antes tomar medidas para evitar la precariedad institucional actual: dependencias repartidas en la Biblioteca Nacional, en el sótano del Museo de la Nación, unas terceras al centro de Lima y las restantes a un local de CentrominSerá difícil, igualmente, que los usuarios de servicios educativos den importancia al Ministerio de Educación cuando se prefiere vender los terrenos donde funcionaba en San Borja sin antes tomar medidas para evitar la precariedad institucional actual: dependencias repartidas en la Biblioteca Nacional, en el sótano del Museo de la Nación, unas terceras al centro de Lima y las restantes a un local de CentrominSerá difícil, igualmente, que los usuarios de servicios educativos den importancia al Ministerio de Educación cuando se prefiere vender los terrenos donde funcionaba en San Borja sin antes tomar medidas para evitar la precariedad institucional actual: dependencias repartidas en la Biblioteca Nacional, en el sótano del Museo de la Nación, unas terceras al centro de Lima y las restantes a un local de Centromin. Será difícil, igualmente, que los usuarios de servicios educativos den importancia al Ministerio de Educación cuando se prefiere vender los terrenos donde funcionaba en San Borja sin antes tomar medidas para evitar la precariedad institucional actual: dependencias repartidas en la Biblioteca Nacional, en el sótano del Museo de la Nación, unas terceras al centro de Lima y las restantes a un local de Centromin. Será difícil, igualmente, que los usuarios de servicios educativos den importancia al Ministerio de Educación cuando se prefiere vender los terrenos donde funcionaba en San Borja sin antes tomar medidas para evitar la precariedad institucional actual: dependencias repartidas en la Biblioteca Nacional, en el sótano del Museo de la Nación, unas terceras al centro de Lima y las restantes a un local de Centromin. 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