SEGURIDAD: ¿GASTO O INVERSIÓN? / Juan Briceño Pomar

El costo económico de la violencia en América Latina es de 14,2% del PBI (BID, 2000). En el Perú, aunque no existen estudios actualizados, se estima que este costo alcanza el 7% del PBI. Todo ello afecta directamente la posibilidad de desarrollo y progreso económico del país, así como la competitividad de nuestras empresas.

Los recientes reclamos de militares y policías por mejoras salariales y la incapacidad de la clase política para diseñar y aplicar una solución integral al problema de las bajas remuneraciones, están creando las condiciones para que se genere un grave conflicto que conlleve, como casi siempre, la adopción de decisiones apresuradas y coyunturales que no solucionan realmente el problema.

Un aumento de salarios por sí solo no soluciona los problemas estructurales de la policía ni la inseguridad que nos afecta, pero si el tema no es abordado junto a otros factores clave, no se podrá mejorar el desempeño institucional.

Se anunció un incremento de 100 soles mensuales en dos tramos: 50 a partir de enero (600 soles) y 50 a partir de setiembre (200 soles más). El aumento, anualizado, representa la suma de 2,19 soles diarios.

Hay una propuesta para aumentar las remuneraciones en base a “los méritos, el esfuerzo, el compromiso y la preparación de cada agente… se convocaría a un examen que estaría a cargo de una universidad de prestigio” (Peru21 lunes 8 febrero 2010; pág. 5).

¿Existen indicadores de gestión?; ¿los policías escogen sus puestos o son nombrados por su comando?; ¿quién realizará las tareas administrativas, son importantes?; ¿qué examen va a tomar la universidad?; ¿vale más capturar muchos delincuentes o evitar que se cometan delitos?; ¿si al año siguiente cambian de cargo le quitarán el aumento, qué vigencia tendrá?; ¿no se valora ya la meritocracia para los ascensos y cambios de colocación?; ¿es un aumento o una bonificación transitoria?

La propuesta genera más interrogantes que certezas.

Hagamos historia sobre el fondo de la cuestión. Al producirse la unificación de la GC, PIP y GR (1988) se instauró la jornada laboral de 24x24, es decir, un día de trabajo por otro día de franco. Durante el gobierno de Fujimori, en el afán de compensar los bajos ingresos, se autorizó a los policías a trabajar para terceros en sus días de descanso: “servicios individualizados”.

¿Puede una persona trabajar 365 días al año sin descanso y ser productiva?; ¿la sobrecarga laboral tiene incidencia en su vida familiar o en su salud?; ¿es justo que se emplee el uniforme policial para servicios particulares?; ¿cómo se afecta la imagen institucional cuando un efectivo no actúa ya que no puede descuidar el servicio para el cual ha sido contratado?

¿Y la autoestima y el principio de autoridad del policía al ver degradadas sus funciones -tener que abrir las puertas de los vehículos o cargar los bultos de los clientes de los establecimientos que cuidan-?; ¿y la corrupción que se genera cuando se dan “facilidades” a policías que están de servicio para trabajar para terceros?; ¿no se está privatizando un servicio público?

El gobierno pretende solucionar estas dificultades “comprando” los días de descanso de los policías para asignarlos a reforzar las tareas de patrullaje. El denominado “plan Mazzetti”, así como el anuncio del actual ministro del interior de compensar económicamente a 3,000 efectivos para que trabajen en tareas de patrullaje durante sus días de descanso (Peru21 viernes 5 febrero 2010; pág. 17) son ejemplos de ello.

Propongo que, como parte de las medidas que se están diseñando para satisfacer las demandas por mejoras salariales, se considere la posibilidad de otorgar un “bono no pensionable por exclusividad de función” a todos los policías en actividad de los grados de Comandante hasta Suboficial de Tercera.

Dicha medida llevaría aparejada la prohibición expresa de prestar “servicios individualizados” y la inmediata reestructuración del régimen laboral actual, reemplazándolo por uno de 24x48 (24 de servicio, 24 disponible para capacitación y refuerzo de servicios y 24 de descanso).

El importe de este bono sería de S/. 750 mensuales que equivalen a S/. 50 que, en promedio, reciben los efectivos policiales por cada uno de los 15 días que prestan “servicios individualizados”.

Teniendo en consideración que dicho bono, de aplicarse inmediatamente, alcanzaría a aproximadamente 88,000 policías (S/. 792´000,000 por año ó 66 millones de soles por mes) lo cual afectaría la economía nacional, sugiero su aplicación progresiva, iniciando un piloto en Lima donde presta servicios el 45% del total de policías (40,000) de los cuales más o menos 60% (24,000) trabajan en su día de descanso, lo que implicaría un desembolso de S/. 216´000,000 por año ó 18 millones de soles por mes, cifra que incluiría desembolsos por el “plan Mazzetti”, anunciados por el ministro del interior, bonificaciones por productividad y recursos propios del sector interior, lo cual reduciría sensiblemente su impacto en el presupuesto público.

Las principales ventajas de esta medida son que diariamente se podría contar con mayor número de efectivos para el servicio -30% más- sin necesidad de realizar nuevas incorporaciones ni formación, mejoraría su autoestima y calidad de vida, la eficiencia del servicio y mejoraría la imagen institucional.

En síntesis, además de aumentos escalonados como el ya otorgado por el gobierno -que por su naturaleza generalizada no pueden ser muy elevados ni inmediatos ya que afectarían la situación macroeconómica del país-; se deben diseñar mecanismos de remuneración variable basados en indicadores de gestión que premien el buen desempeño de los funcionarios en base a los resultados que obtengan, al margen del tipo de tarea –operativa o administrativa- que deban ejecutar; y, progresivamente, extender el “bono no pensionable por exclusividad de función” a todo el personal policial orientado a mejorar las condiciones de vida y trabajo de los policías y garantizar la calidad del servicio que brindan.

Invirtamos en seguridad a fin de crear las condiciones más favorables para fomentar la inversión y contribuir al desarrollo del país, así como para mejorar la competitividad de nuestras empresas. El esfuerzo vale la pena, es económicamente viable y rentable a largo plazo.