LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer, Fernando Rospigliosi

I. Susy/Lulú: Toledo dobletea

II. Vota Fonavi

III. La seguridad: Ja-Ja

SUSANA VILLARÁN, LOS “CAVIARES” Y LA TOLERANCIA

FRANCISCO BELAUNDE MATOSSIAN

No se es necesariamente de extrema derecha ni “fujimontesinista” porque se rechaza la alianza de Susana Villarán con Patria Roja. Ella es, sin duda, una mujer valiosa que, además, ha constituido un equipo de primer nivel, con profesionales destacados como Eduardo Zegarra y Gustavo Guerra-García, entre otros. Sin embargo, si su perfil encaja con el ideal que muchos tienen de una izquierda moderna en el Perú, no se puede decir lo mismo de Patria Roja, que, por el contrario, encarna lo más arcaico del izquierdismo. Hay entonces una contradicción en la propuesta de Villarán que podría desembocar, eventualmente, de alcanzar la alcaldía metropolitana, en tensiones internas que podrían complicar su gestión. Ello, además, de la preocupación que muchos no podemos dejar de sentir ante la eventualidad del ingreso en gran número a las dependencias municipales, de dirigentes y militantes de un partido como Patria Roja que no tiene precisamente credenciales democráticas muy sólidas.

Es decir, si bien es reprobable la crítica histérica a la candidata de Fuerza Social, simplemente, porque es de izquierda, también lo es que se asimile las reservas ante sus alianzas políticas a posiciones de extrema derecha y se busque así descalificarlas. No puede haber un doble estándar a la hora de exigir tolerancia y espíritu democrático.

Lamentablemente, algunos no parecen entenderlo así y no es la primera vez. Los debates en torno al informe de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación y a la condena de Alberto Fujimori por los asesinatos de La Cantuta y Barrios Altos han dado, y, dan pie, a la misma actitud. Así, en respuesta a los ataques histéricos contra las ONG y los llamados “caviares” provenientes de un lado, se ha endilgado indiscriminadamente el mote de “fujimontesinistas” y calificativos como “defensores de la barbarie” a todos aquellos que han expresado reservas o algunas dudas en cuanto a la sentencia judicial y al informe de la CVR. El periodista Jaime de Althaus, por ejemplo, fue blanco de ese tipo de excesos. Esa no es la mejor manera de propiciar un debate alturado; además, con ese tipo de respuesta se transmite mucha arrogancia, estableciéndose una suerte de superioridad moral de un sector respecto de los otros. De esa manera, se alimenta la hostilidad hacia los que son identificados como “caviares”, que, por lo demás, no es sólo propia de sectores extremistas de derecha, sino que también se da, de manera bastante sorprendente, en personas que, por sus opiniones en general, se ubican claramente en el centro del espectro político. Lo más grave es que no sólo se perjudica la causa de los derechos humanos, sino que también, al exacerbarse la polarización en torno al fantasma de “lo caviar”, se distorsiona la evaluación de la labor de determinadas personas cuando ocupan cargos en la administración pública, simplemente porque son vistas como “caviares”. Es lo que claramente ha sucedido, por ejemplo, con la acción del equipo encabezado por Fernando Rospigliosi y Gino Costa, que estuvo al frente del ministerio del interior durante el gobierno de Alejandro Toledo. El escepticismo frente al trabajo desarrollado entonces, no ha sido únicamente de los sectores interesados en impedir cualquier posibilidad de cambio, sino también de otras personas que, sin mucho análisis, veían sólo a un grupo de “caviares” en acción. El resultado fue el insuficiente apoyo político a una propuesta de reforma que, sin embargo, parecía estar muy bien concebida y encaminada. La consecuencia última fue la marginación de profesionales competentes, con sentido común y con ideas, lo que es lamentable pues el Perú no está en condiciones de prescindir del aporte de funcionarios capaces.

Ya es tiempo de reducir la extrema polarización en nuestra política, para lo cual se requiere no sólo promover el espíritu democrático, sino también cuidar de no caer en la arrogancia.

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer, Fernando Rospigliosi

I. El tachado




II. La Tinka



III. La puntera

LA SEGURIDAD CIUDADANA SE PUSO DE MODA, CUIDADO CON LO QUE HACEMOS/ Juan Briceño Pomar

No hay duda que el brutal ataque que dejó cuadripléjica a la niña Romina Cornejo ha sido el detonante de la explosión de indignación ciudadana que recorre el país en los últimos días y exige al Estado y a las autoridades que hagan algo para terminar con la “ola de delincuencia” que nos azota.

En efecto, el incremento de hechos delictivos de gran impacto mediático; la manifiesta incapacidad del Estado para hacerles frente; la presión que ejercen los medios de comunicación social y líderes de opinión para que se adopten medidas excepcionales; la aparición de encuestas que colocan a la inseguridad como el problema que más preocupa a los ciudadanos; el reconocimiento del Presidente de la República que se trata de un asunto pendiente de solución en su gestión; la proximidad de las elecciones regionales y municipales; y, el oportunismo de algunos políticos que pretenden obtener réditos de la grave situación que atraviesa el país se han juntado como si se tratara del adelanto de la alineación de los planetas prevista para el 2012 que el imaginario popular asocia con grandes catástrofes.

La consecuencia directa de la situación descrita es la proliferación de una serie de propuestas que, si bien es cierto enriquecen el debate, incluyen el riesgo de tomar decisiones marcadas más por la emotividad o por intereses políticos que por la racionalidad y la coherencia.

Al margen de nuestras preferencias o inclinaciones ideológicas, resulta pertinente que se pongan sobre el tapete y se discutan temas como la reinstauración de la pena de muerte; el endurecimiento de las penas; la creación de un nuevo ente rector de la seguridad ciudadana; la eliminación de beneficios penitenciarios; la conformación de un organismo encargado de diseñar la política criminal del país; el otorgamiento de mayores facultades a la policía o la autorización a los gobiernos locales para invertir en seguridad.

La campaña electoral y el estado de ánimo de los votantes han obligado a los partidos y agrupaciones políticas participantes a incluir en sus planes de gobierno alternativas de solución para los problemas de inseguridad de sus localidades y en ellas también se observan aspectos novedosos dignos de analizar para verificar sus costos, probables impactos y viabilidad.

El lado positivo es que los ciudadanos somos cada vez más sensibles frente a las dificultades y consecuencias que, para nuestra vida cotidiana, plantea un escenario en el que nuestra principal preocupación deba ser preservar nuestras vidas o bienes o los de nuestros seres queridos, destinando para ello tiempo y recursos que muy bien podrían servirnos para mejorar nuestra calidad de vida y alcanzar mayores niveles de desarrollo.

El riesgo radica en que la percepción de inseguridad ha alcanzado niveles bastante elevados -96% según las últimas encuestas- lo que introduce un nuevo factor que condiciona nuestra racionalidad al momento de tomar decisiones: el temor a ser las próximas víctimas de la violencia. Este temor nos lleva a plantearnos la necesidad de renunciar a espacios de libertad en la esperanza de alcanzar mayores niveles de seguridad, exigir acciones drásticas –que en algunos casos llega a ser violatoria de derechos- o en su defecto aferrarnos a propuestas presuntamente “salvadoras” que van a proporcionarnos las condiciones de tranquilidad y paz social que anhelamos.

Frente a este panorama debemos reiterar que el problema de la inseguridad es integral, multicausal y multidisciplinario; que no existe una solución única ni de corto plazo para el mismo; que es básica la voluntad política y la participación ciudadana para tener éxito; y, que es necesario contar con instituciones fuertes y eficientes, con un diagnóstico adecuado y con una línea de base que nos permita establecer los mejores cursos de acción y evaluar con objetividad los resultados que vayamos alcanzando.

Un somero análisis de las alternativas que hasta ahora se conocen nos permite afirmar que son parciales y en algunos casos contradictorias, que la mayoría se orientan sólo a modificar la normatividad existente, que no tienen en cuenta las implicancias que conlleva su aplicación en otras áreas, que no son viables por falta de financiamiento, que no diferencian entre los servicios de orden y seguridad que requiere el estado y los que requieren los ciudadanos; y, que no consideran las causas estructurales que inciden en la inseguridad limitándose a proponer medidas para aspectos coyunturales en base al temperamento ciudadano y no a propuestas técnicas de especialistas en el tema.

Finalmente deseo llamar la atención sobre la pertinencia de tener presente la advertencia que realizó la socióloga peruana Lucía Dammert, con ocasión de la presentación de su libro “Violencia e Inseguridad Ciudadana en las Américas”, en el sentido que, si queremos resolver los problemas de inseguridad, debemos superar los mitos de que:

 Una ley más dura es más eficiente.

 La seguridad privada puede resolver el problema de la inseguridad.

 Portando armas podremos protegernos mejor

 La democracia es débil para combatir la inseguridad y por lo tanto sistemas autoritarios o recortes de las libertades y derechos permiten alcanzan mejores resultados.

En conclusión podemos afirmar que está comprobado que insistir en alguno o todos los “mitos” antes señalados no lleva a resultados positivos y, por el contrario, donde se han puesto en práctica, se elevaron los índices de violencia y criminalidad. Es necesario diseñar y aplicar una política de estado integral, coherente y sostenida en el tiempo. No dejemos que el temor, el hígado o el corazón decidan por nosotros.

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer, Fernando RospigliosiI.

La tachaza I




II. La tachaza II




III. La tachaza III

REACCIONES DESESPERADAS/ Gustavo Carrión Zavala

El innegable crecimiento del delito, la cada vez mayor sensación de inseguridad, la violencia creciente en la comisión de actos criminales, el uso incontrolado de armas de fuego, las víctimas de estos hechos que alcanzan su máxima expresión en el caso de la niña Romina, baleada inmisericordemente durante un asalto y todo el drama que significa la precaria situación de la seguridad ciudadana, ha provocado reacciones desesperadas, tanto en los encargados de brindar seguridad, como en la ciudadanía, sin desconocer el perverso aprovechamiento político de la crítica situación, que pretende conquistar adhesiones planteando temas constitucionalmente inviables.

Pretendemos resumir algunas de las reacciones:

El Presidente de la República, antes de su Mensaje del 28 de julio, declaró al comercio que los asuntos pendientes de su gestión estaban referidos a la seguridad ciudadana y la corrupción. En el mensaje de Fiestas Patrias, su preocupación se redujo a una breve mención del problema de la inseguridad, simplificándolo a la ausencia de coordinación entre los órganos estatales encargados de tal fin. Es probable que no haya advertido el presidente que desde enero del año 2003 está vigente la ley 27933 que regula el Sistema de Seguridad Ciudadana y responsabiliza al ministro del Interior la conducción del Consejo de Seguridad Ciudadana que debe armonizar y articular la actuación de los comités regionales, provinciales y distritales de seguridad ciudadana, así como a los sectores involucrados en el sistema. Si este consejo no funcionó durante los cuatro años de gestión de la presente administración, resulta obvio que los ministros del Interior que se han sucedido no han cumplido la ley y el presidente no ha aplicado las correcciones para que sus ministros la cumplan.

Se ha producido tal desconcierto, que un despistado jefe militar de la región sur del país, planteó sacar unidades militares para patrullar la ciudad de Arequipa, sabiendo que resulta inconstitucional la intervención del Ejército en funciones que no son de su competencia, con la salvedad de los regímenes de excepción y cuando expresamente se encargue a las Fuerzas Armadas el control del orden interno. Nos hizo saber también el jefe militar, que tenían armas no letales que disparaban proyectiles de goma, lo que nos sorprendió al constatar que el Ejército invierte en adquirir equipo que no corresponde a la naturaleza de su actuación, o acaso en un escenario de combate se pueden rechazar a tropas invasoras con proyectiles de goma. Cabe dos interpretaciones, o se está gastando inútilmente los escasos recursos o realmente se está produciendo una policialización de las Fuerzas Armadas ante la improbabilidad de un conflicto armado.

Esta explicación adquiere verosimilitud si le adicionamos lo declarado por el ex ministro de Defensa y ex Comandante General del Ejército, Roberto Chiabra, quien afirmó que la fuerza armada conoce la dimensión del narcotráfico y que tiene planes para combatirlo. Hasta donde sabemos y la constitución establece, la persecución y combate al delito es parte de la finalidad de la Policía Nacional y el tráfico ilícito de drogas es un delito criminalizado en el Código Penal, por tanto, no sólo está reconociendo el citado ex ministro, que el problema en el VRAE y El Huallaga es básicamente el tráfico de drogas, y el involucrarse en su persecución es otra muestra de la policialización de las fuerzas armadas. Habría adicionalmente que constatar si la policía tiene el equipo que posee la fuerza armada para asuntos netamente de orden público y evitar que jefes militares confundan a la población ofreciendo su participación en tareas que no le corresponden, pero que pueden ser aceptadas popularmente por el estado de crispación consecuente de la ingobernabilidad en asuntos de seguridad.

Programas radiales, por el mismo estado de crispación, vienen planteando la participación de las fuerzas armadas en temas de seguridad ciudadana, haciendo consultas telefónicas a la población, que obviamente se inclinan por el orden y no interesa a qué precio. El ejemplo de México resulta decidor cuando las Fuerzas Armadas se comprometen en la persecución de un delito, el baño de sangre es aterrador.

Como no podría esperarse otra actitud, los congresistas fujimoristas con fines más de sintonizar con la ya mencionada crispación popular por la inseguridad y en clara busca de votos, plantea un debate a todas luces inconstitucional como la aplicación de la pena de muerte, como si la punición y la muerte pudiesen resolver el crecimiento del delito. Sabiendo que ello no es viable, distraen la atención nacional con el perverso propósito de captar simpatías electorales y con la seguridad que no prosperará la propuesta pero tendrán a quién atribuir culpas por ello.

La Policía atraviesa uno de sus momentos más difíciles: mal formados, mal capacitados, mal atendidos, mal remunerados, son presas de una enorme desmotivación que crecerá cuándo sus expectativas por las nuevas remuneraciones se vean defraudadas, si nos atenemos a lo declarado por la ministra de Economía, que las estimaciones que se vienen haciendo constituyen “fantasías”. Ojalá nos equivoquemos, pero este problema de las remuneraciones será artificiosamente diferido para la siguiente administración. Ya sucedió con el anterior gobierno de García y el nunca aplicado DS 213.

Además de la desmotivación y desfidelización de los policías, la falta de inteligencia para planear las operaciones policiales, nos demuestra por un lado, la poca fiscalización sobre los fondos destinados a gastos de inteligencia y consecuentemente la poca efectividad de esta actividad y lo que resulta obvio, el apoderamiento de estos fondos por los encargados de administrarlos, empobreciendo la actuación policial.

Las constataciones que hace el personal policial sobre el apoderamiento de fondos públicos por parte de algunos jefes, promueve que la corrupción corra en cascada hacia abajo, sin que se pueda ejercer el control debido sobre la actuación policial. Si se adiciona la defensa que hizo el primer mandatario de un jefe policial que recibió irregularmente fondos públicos de una autoridad municipal, aún cuando se haya utilizado el dinero en propósitos correctos, significa el establecimiento de una corriente de burlar la norma que resultará incontrolable e insancionable.

Finalmente tenemos que decir que para afrontar la actual situación de creciente inseguridad deben iniciarse dos tipos de acciones: contener el actual crecimiento de la inseguridad con planes sustentados en inteligencia efectiva (es posible hacerlo y así lo demostró la DIRINCRI al capturar en tiempo breve a dos de los delincuentes que provocaron el drama de la niña romina), de tal suerte que no se estén dando palazos de ciegos. Como acción paralela, articular la participación de los municipios y organizaciones de bienestar social en la atención de grupos en riesgo y zonas vulnerables, con fines de prevenir y evitar la aparición de nuevos delincuentes.

En el mediano plazo, definir el tipo de policía que necesitamos e iniciar la transformación de la actual institución en una moderna, profesional, producto de nuevas bases doctrinarias, nuevas relaciones de conducción, revisión y modernización de rutinas, revaloración del hombre policía, remuneraciones y ambiente laboral digno y que sea parte de la urdimbre social.

¿MATAR AL PADRE? / Carlos Basombrío Iglesias

Es extremadamente fácil, aprovechando el dolor de las víctimas y la indignación que sentimos todos ante las bárbaras acciones criminales de los últimos días, mentir y hacer demagogia con la pena de muerte, diciendo que es una alternativa frente la inseguridad ciudadana.

El tema se ha discutido en el Perú y el mundo hasta el cansancio. Incluso el propio Alan García quiso usarla al comienzo de su gobierno para reforzar su popularidad y la propuesta fue desechada por este mismo Congreso.

No entro aquí a discutir la cantidad de argumentos que hay para oponerse a esa bárbara e ineficaz medida. Quiero solamente expresar la náusea que me produce que candidatos hambrientos de votos, la usen para ver si se ganan alguito con un tema tan serio. Como no podía ser de otra manera, los fujimoristas están a la cabeza en esto y ya Keiko ha propuesto que haya pena de muerte en el Perú. En mi opinión lo hace no por convicciones, ni por ideas (la verdad que no le conozco hasta ahora ninguna, en ningún campo), sino porque está segura de que algunos puntitos le puede dar en las encuestas.

Si la manipulación del miedo y la indignación de la gente en este tema, por parte de los políticos en general es abominable, no quedan palabras para describir lo que ocurre tratándose de Keiko Fujimori.

-Señora Fujimori: ¿está segura de lo que propone como solución?
-Ahh, se ratifica, pues entonces le pregunto: ¿debe haber pena de muerte específicamente para el homicidio calificado y el secuestro agravado?

Me imagino que, consecuente con su “defensa de la sociedad”, no le queda duda alguna que sí, tratándose ambos de delitos monstruosos.

Una preguntita más que me da vueltas por la cabeza:

-Señora Fujimori: ¿usted cree que se debe matar a todos los condenados por homicidio calificado y secuestro agravado o sólo a los que no son conocidos o parientes de uno?

Señora Fujimori: ¡cómo puede usted olvidar que si la pena de muerte hubiese estado vigente cuando juzgaron a su padre, no hubiese sido condenado a 25 años, por homicidio calificado y secuestro agravado, sino que hubiese enfrentado al pelotón de fusilamiento!

Señora Fujimori, no tenga duda alguna, en ese horrendo supuesto, muchos hubiésemos hecho hasta lo imposible por salvar la vida de su padre. ¿Usted también?

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer, Fernando Rospigliosi

I.¿Caerá la candidatura de Kouri?





II. Lourdes Flores en la punta

III. Conflicto gaseoso en el Cuzco

CONSTATACIONES, OPORTUNIDADES Y EXIGENCIAS EN SEGURIDAD / Juan Briceño Pomar

 Al revisar el último mensaje presidencial desde la perspectiva de la seguridad ciudadana, los analistas coinciden en señalar que, a pesar que se ha reconocido que constituye un grave problema que afecta las posibilidades de desarrollo del país, no se han hecho propuestas para mejorarla. Estamos oficialmente advertidos que, del gobierno central, no debemos esperar mucho en este último año.

 

¿Cómo así llegamos a la situación de inseguridad en que estamos actualmente?; ¿tenemos oportunidades de superar el problema?; ¿qué podemos exigir los ciudadanos ante este panorama?

En primer lugar destacar ciertas constataciones:

1.    La seguridad en general y la seguridad ciudadana en particular no ha ocupado un lugar relevante en la agenda del gobierno.

2.    Los responsables designados por el ejecutivo para dirigir el sector y las instituciones que tienen que ver con la seguridad no han realizado un buen trabajo y los índices negativos se han disparado.

3.    El problema de la seguridad no ha sido correctamente diagnosticado y se ha tratado de enfrentar únicamente desde la perspectiva del estado, sin tener en cuenta las demandas ciudadanas, ni el hecho que su origen es multicausal y su solución multidisciplinaria.

4.    A pesar de existir normas que regulan el funcionamiento de los comités locales de seguridad ciudadana –ya hay dispositivos para la coordinación entre los municipios y la policía, lo que falta es que se cumplan- no se ha logrado implementar el sistema nacional de seguridad ciudadana.

5.    De acuerdo a lo visto, oído y leído en el último mes hay numerosos “expertos” en seguridad –sobre todo en seguridad ciudadana- y abundantes recetas que, según ellos, nos ayudarán a solucionar los graves problemas que tenemos.

Como en toda crisis, junto con los riesgos surgen oportunidades de ver la luz al final del túnel, destacando:

1.    Los procesos electorales del 2010 y 2011, han puesto de manifiesto la importancia que los ciudadanos dan al tema de la seguridad y obliga a los aspirantes –a los gobiernos locales o a la presidencia de la república- a incluir este tema en sus mensajes y planes de gobierno.

2.    Los candidatos a los gobiernos locales, sin excepción, han coincidido en la importancia de satisfacer las necesidades de seguridad de sus vecinos y ofrecen asumir el liderazgo en este tema.

3.    Aún cuando la campaña presidencial no se inicia, es claro que la crisis de seguridad que hoy nos agobia obligará a incluir propuestas sobre cómo hacer viable el sistema nacional de seguridad ciudadana y qué hacer con la Policía Nacional para que recupere su eficiencia y la confianza ciudadana.

4.    Ahora que nuestro país ha encontrado la senda del crecimiento económico  la población empieza a ver la seguridad no como un gasto sino como una inversión que le va a permitir alcanzar su pleno desarrollo y progreso.

5.    Existen esfuerzos –nacionales e internacionales- por identificar y sistematizar experiencias positivas en seguridad, lo que hace que no partamos desde cero al momento de diagnosticar el problema y diseñar propuestas.

El incremento de la percepción de inseguridad aunado al temor y hartazgo de los ciudadanos afecta la racionalidad de sus decisiones llevándolos, en ocasiones, a apoyar propuestas demagógicas o autoritarias que, en el largo plazo, lo que hacen es agravar el problema.  Se hace necesario que antes de otorgar nuestra confianza a una determinada alternativa política, verifiquemos que cumplen con ciertas exigencias mínimas:     

1.    Quienes aspiren al gobierno central deben señalar el nivel que darán al sistema nacional de seguridad ciudadana, los recursos que asignarán para afrontar el problema, la distinción que harán entre las demandas de seguridad del estado y de la ciudadanía, así como las acciones que desarrollarán para mejorar las instituciones que intervienen, como por ejemplo la policía, el INPE, la Unidad de Investigación Financiera, las Procuradurías, DEVIDA y otras.

2.    Los candidatos a gobiernos locales deben diagnosticar los problemas locales de seguridad y proponernos estrategias específicas para superarlos. Los ofrecimientos no deben referirse a decisiones que corresponden a otras instancias o instituciones del gobierno central o a temas a cargo de otros poderes del Estado.

3.    Cualquier propuesta debe abordar de manera integral la problemática de la inseguridad ciudadana -desde prevención del delito hasta la rehabilitación de los infractores, pasando por la capacidad de reacción, la investigación del hecho y la sanción de los responsables, así como la atención a las víctimas-. También debe incluir lo que se piensa hacer para apoyar a las instituciones involucradas, definir los roles que les competen y asignarles responsabilidades y recursos.

4.    No hay solución mágica ni un modelo único, cada país y cada localidad debe encontrar soluciones específicas a sus problemas. De nada sirve “copiar” o “importar” soluciones. Está comprobado que no da buenos resultados. Las propuestas deben abarcar el corto, medio y largo plazo y garantizar su continuidad y sostenibilidad.

5.    Finalmente reiterar que cualquier propuesta debe indicar ¿qué intervenciones se van a realizar?;  ¿quiénes son los responsables?; ¿en qué plazos?; ¿con qué recursos? y ¿cuáles son los resultados esperados?      

En tanto más cuidadosos seamos para analizar las propuestas y tomar nuestras decisiones, menos probabilidades tendremos de lamentarnos en el futuro. 

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer, Fernando Rospigliosi

I. Usted puede ser ministro

II. Marca el balón de gas

III. Turismo de desventura

CON AVAL PRESIDENCIAL/ Carlos Basombrío Iglesias

La corrupción es de lejos la primera causa de desaprobación de la gestión gubernamental. Es una de las razones centrales del profundo descrédito de la política. Le quita una tajada importante a lo que debiera ir como obra pública y es un problema para el desarrollo de actividades económicas en competencia leal y transparente.

El lunes 2 de agosto El Comercio con gran despliegue da cuenta de la forma en que se manejaron los dineros públicos entre la Municipalidad del Callao y el entonces jefe de la Región Policial de la provincia constitucional. Digamos lo menos: bien poco ortodoxa, bien difícil de fiscalizar y con harto riesgo de que algo más haya ocurrido.

La historia desagradable tiene su lado muy positivo porque el siguiente oficial a cargo se negó a seguir esa práctica y exigió al municipio que se actué transparentemente. Sobre ello he dado mi opinión en Peru.21.

Mucho más impactante que esta historia, después de todo bastante frecuente, son las increíbles declaraciones presidenciales.

Para empezar, ni una palabra a favor del oficial que deshizo el entuerto y buscó hacer las cosas bien. En cambio, una cerrada e inmediata defensa del general bajo escrutinio:

La verdad que me he quedado atónito con sus declaraciones.VER MAS...

TRES REFLEXIONES DE CARLOS IVÁN DEGREGORI POR FIESTAS PATRIAS

Carlos Iván Degregori, nuestro entrañable y sesudo intelectual, escribe tres artículos en donde analiza  tres aspectos importantes de nuestra actual coyuntura.
 Ideele lo publica como un adelanto de la edición especial que saldrá la próxima semana, en donde diversos intelectuales analizan el proceso de nuestro país en estos últimos 20 años LEER REFLEXIONES

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer y Fernando Rospigliosi

I. Sólida Roca, ¿o no?

II. Hugo Boss




III. Perú Sangrestán

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Nicolás Lynch, Fernando Rospigliosi

I. García en su ultimo año



II. Las encuestas políticas


III. Terrucos al por mayor

MAYOR CONFUSIÓN/ Gustavo Carrión Zavala

El día 19 de julio tuvimos la oportunidad de presenciar a través de la televisión, la entrevista que concediera a canal 6 (RPP) el ministro del Interior, y de las respuestas que diera a los periodistas entrevistadores, nos quedó la sensación de la inmensa contribución del ministro Salazar a aumentar la confusión en temas de seguridad, con explicaciones que además de ininteligibles, pretendían esconder las verdaderas razones de la pobre actuación policial en los diversos temas tratados.

Dijo Salazar, que la Policía es sólo un “eslabón más en la cadena de voluntades comprometidas en la seguridad ciudadana”. Según lo dicho, en temas de seguridad la Policía tiene el mismo tamaño de responsabilidad que otros sectores involucrados, como educación, salud, familia, operadores de justicia y otros más. Si esto fuese así, habría que preguntarle al ministro ¿cuál sería la razón de la sociedad y del estado en incorporar en la estructura estatal una institución-cuerpo como la Policía, si resulta ser en temas de seguridad solamente par de  las demás instituciones mencionadas? ¿No es acaso cierto, que no solamente en el Perú, sino  en toda sociedad, se constituye un cuerpo encargado de mantener la indemnidad de las personas, en su vida, bienes y ejercicio de libertades y derechos? ¿No es acaso cierto que todo diseño de seguridad ciudadana se hace teniendo como elemento sustantivo a la Policía, pues ese es su fin? ¿No es cierto que la Policía es la organización que debe satisfacer las demandas de seguridad de la ciudadanía y que las demás instituciones eslabonadas, lo son en base al eje fundamental que es la institución cuerpo concebida para ese fin?. Lo que sucede, y no se quiere reconocer, que la actual Policía, en inocultable proceso de descomposición,  no da la talla para su verdadera responsabilidad, y ello por desmotivación de sus integrantes, por pésimas condiciones laborales, endeble formación, pésimas remuneraciones, pésimo equipamiento y para  sumar, inexistente liderazgo.

Ante la pregunta por el hecho de la muerte de un ciudadano en un patrullero de las “Aguilas Negras”, reconoció que se trató de un exceso policial, empero no explicó que esos excesos tienen su origen en la falta de profesionalismo, deficiente formación y falta de capacitación continua. Como entender que varios policías no sean capaces de emplear técnicas para reducir a una sola persona por más que hubiese sido supuestamente presa de alguna alteración, y aquí encontramos otra falla que venimos señalando, la oferta de poner en patrullaje en las calles 15,000 policías más, se ha convertido en obsesión por cumplir esta cuantitativa meta, sin importar la formación que se imparte en la diáspora de escuelas de formación de sub-oficiales que se han instalado en todo el país y que con una sencilla medición de las capacidades y destrezas de los policías egresados de estas escuelas, nos darían reporte exacto del nivel de improvisación en su formación. Aumenta la gravedad, que estos policías pesimamente formados, tienen una vida útil en la institución de 30 años, por lo que debemos quedar advertidos de la duración de la coyuntura y de la fragilidad de la institución base para cualquier diseño de seguridad ciudadana.

Preguntado sobre el nada encomiable primer puesto del Perú como productor-exportador de cocaína, explicó que en su reciente viaje a EE.UU., había obtenido rectificaciones, que no era del todo cierto el primer lugar, que estamos cerca pero que las cifras que se dieron no fueron exactas. Lo que no explicó fue el porqué, solamente en el año 2009 se habían incautado 10 toneladas de droga, frente a las 300 potencialmente producidas, ni porque de 35000 toneladas de insumos llevados a las zonas del Huallaga y el VRAE, solamente la Policía incauto 490, lo que evidentemente es una pésima performance que configura el fracaso absoluto en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, a pesar de las también absurdas explicaciones que diera a otro programa de televisión el actual Director General de la Policía,(que a su vez dirigió anteriormente la unidad especializada en la persecución de este delito), quién sostuvo que Colombia incautaba 200 toneladas por el apoyo de los EE.UU. y que este apoyo en el caso del Perú no era del mismo tamaño. Cabe aclarar que Ecuador, que no es un país productor y no tiene convenio alguno que lo apoye en la lucha contra el TID, incautó en el mismo 2009, nueve toneladas de droga, obviamente que se trata de la droga que no pudo incautar la policía peruana, con la adición que la policía del Ecuador es de menor dimensión que la de nuestro país.

El ministro también ha escrito, que la ausencia de resultados puede explicarse a la falta de recursos, sin embargo el director de la Policía declaró que el no necesita mayores recursos, que no se queja por la aparente falta de éstos y que su principal factor para el éxito es su potencial humano. No se ponen de acuerdo en las apreciaciones, pero debemos advertir al director general, que por los niveles de desafección y desaliento del personal policial, este se convierte en su principal problema y no en su principal valor.

Nos parece que ambas autoridades están escondiendo la razón de fondo de la poca efectividad policial, y que está asociada a la creciente e incontenible corrupción. No nos olvidemos finalmente, que la delincuencia crece por múltiples factores, pero que resulta verdad categórica, que siempre crece de la mano del crecimiento de la corrupción policial.

LECCIONES DEL FÚTBOL APLICADAS A LA SEGURIDAD / Juan Briceño Pomar

Acaba de finalizar el campeonato mundial de fútbol Sudáfrica 2010 y España, merecidamente por cierto, se ha alzado con el título dejando en la cuneta a selecciones que aparentemente eran las favoritas.

A decir de los analistas deportivos el triunfo español tuvo como rasgos distintivos:

- Persistencia: no se rindieron ante la adversidad y luego del primer partido en el que sufrieron una derrota ante Suiza supieron superar la dificultad;

- Liderazgo: un gran aglutinador y coordinador -su entrenador- que ha sabido descubrir y complementar las fortalezas y debilidades de sus jugadores, poniendo una importante cuota de realismo, prudencia y saber estar;

- Trabajo en equipo: todos los jugadores son “estrellas” en sus equipos, pero apenas se integraron a la selección de su país se pusieron el traje de faena, dejaron de lado sus expectativas personales y trabajaron juntos para alcanzar un objetivo común; y

- Juego limpio: a pesar de recibir muchas infracciones, sobre todo en el último partido, no cayeron en el juego de sus rivales y mantuvieron su línea.

Estamos ad portas de un proceso electoral en el que elegiremos a nuestras autoridades regionales y municipales para los próximos 4 años y es bueno recordar lo que nos señalan recientes estudios de opinión pública (IPSOS APOYO año 10 Nº 125, 21 junio 2010): para los limeños los tres principales problemas de la ciudad son la delincuencia (73%), el ordenamiento del transporte o tráfico (51%) y la venta de drogas/drogadictos (41%). El 95% considera que la seguridad ciudadana esta igual o ha empeorado con respecto al 2009. Si bien es cierto estas últimas cifras responden a la percepción de los ciudadanos y no a la situación real de inseguridad, también es cierto que esta percepción negativa influye directamente sobre las posibilidades de desarrollo de la ciudad y de los ciudadanos.

La más reciente encuesta divulgada por el IOP-PUCP (14 de julio 2010) muestra que los limeños pensamos que los principales objetivos que debería tener el futuro alcalde(esa) de Lima son mejorar la seguridad ciudadana (64%), combatir la corrupción (41%) y mejorar el sistema de transporte (36%).

Al cerrarse los plazos de inscripción de listas para postular a la Municipalidad Provincial de Lima encontramos que doce (12) candidatos han presentado la documentación correspondiente para competir por dirigir los destinos de nuestra capital.

Dos constataciones: una mala y la otra buena. La mala es la proliferación de candidatos y partidos políticos que pone de manifiesto la fragilidad de nuestro sistema democrático y, por lo tanto, nos indica que queda mucho por hacer en este campo. La buena es que todos los candidatos han tenido en cuenta la opinión de los ciudadanos y han colocado los temas de seguridad y transporte como prioritarios en sus propuestas electorales.

Pasados los primeros momentos en que la mayor parte de los candidatos, sin conocer en profundidad los temas y sólo con el afán de impresionar a los votantes, formulaban declaraciones en las que incluían propuestas de “soluciones mágicas” para los problemas de la ciudad, se va imponiendo el sentido común y empiezan a aparecer propuestas aparentemente sensatas y viables que denotan preocupación por los tópicos y asesoramiento especializado.

En una ciudad en la que, de acuerdo a estadísticas de la Policía Nacional, el año 2009 se cometieron diariamente 193 delitos (2 homicidios, 14 lesiones, 1 secuestro, 7 delitos contra la libertad sexual, 69 hurtos y 66 robos), parece que por fin quienes pretenden gobernarnos han tomado conciencia que si no se adoptan decisiones y se ejecutan acciones inmediatas podemos llegar a los niveles de violencia de otras capitales de la región, con las negativas consecuencias que ello conlleva.

Y ante este panorama ¿dónde entran a tallar las lecciones que nos han dejado los campeones del mundo?, ¿servirán para aplicarlas en materia de seguridad?

No olvidemos que los votantes tenemos el protagonismo en las elecciones y por lo tanto debemos evaluar cuidadosamente las propuestas de los candidatos antes de otorgarles nuestra confianza.

Como mínimo debemos exigirles:

- Que nos transmitan la confianza que la situación se puede revertir siempre y cuando trabajemos sostenidamente en medidas de corto, medio y largo plazo ¿persistencia?

- Que quienes se postulen para Alcaldes se comprometan a liderar y coordinar los esfuerzos de todos los actores que deben intervenir en la solución del problema ¿liderazgo?

- Que sus propuestas afronten el reto de la seguridad con una visión integral; estableciendo un objetivo común; determinando claramente las atribuciones, responsabilidades y roles de las entidades que deben intervenir; propiciando la activa participación de la ciudadanía; y, rindiendo cuentas públicas del empleo de los recursos, así como de los resultados que se vayan alcanzando ¿trabajo en equipo?

- Que no nos propongan soluciones facilistas, inmediatistas, que no están entre sus atribuciones aplicar o que sean violatorias de los derechos humanos. Está comprobado que la “mano dura” no es la medida más adecuada para los problemas de inseguridad. ¿juego limpio?

Un primer análisis de las propuestas de los candidatos desde una óptica que le ha dado buenos resultados a los campeones mundiales de fútbol puede servirnos para orientar nuestra decisión al momento de votar.

LOS PRONOEI Y LAS INEQUIDADES EN LA EDUCACIÓN INICIAL/ Vanetty Molinero Nano

Esta semana se celebra el aniversario de los PRONOEI (Programa No Escolarizado de Educación Inicial). Un programa a través del cual el Estado brinda atención educativa a 248,527 niños de 3 a 5 años, pero cuya existencia y permanencia descansan principalmente en la capacidad de organización y participación de la comunidad y en el compromiso y entrega de promotoras y docentes coordinadoras.

Para que se abra un PRONOEI, es la comunidad organizada quien tiene que solicitar el servicio a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), dar el local y el mobiliario para su funcionamiento, y proponer al personal voluntario de la comunidad que podría hacerse cargo de la atención educativa de los niños. El Estado, por su parte, solamente aporta con el pago para la propina de la promotora, personal no profesional en educación, que se hará responsable de la atención educativa de los niños; pone a una docente coordinadora (generalmente una profesional en educación inicial) que se responsabiliza por capacitar y monitorear entre 8 y 10 promotoras; y establece normas que regulan la organización y funcionamiento de los programas, normas que muchas veces son declaraciones de buenas intenciones pero resultan inviables en la práctica.

Por ejemplo, la norma señala que la participación de los niños en los programas no escolarizados “no generará ningún pago, quedando prohibido el condicionamiento de la inscripción de los niños al pago de alguna contribución”. Sin embargo, los PRONOEI no reciben ningún presupuesto para la intervención pedagógica, para los materiales educativos, para el mantenimiento del local, para el pago de los servicios básicos. Dicha situación convierte los aportes de las familias en una necesidad para que el PRONOEI pueda sostenerse. La norma también señala cuáles tienen que ser las condiciones que deben reunir la infraestructura y el mobiliario de los locales en los que funcionará el PRONOEI, pero en la mayoría de los casos funcionan en el local y con el mobiliario que la comunidad ha conseguido.

Dada estas condiciones, los PRONOEI han terminado siendo para el Estado una estrategia de bajo costo que le ha permitido ampliar la cobertura de la educación inicial en las zonas en donde vive la población peruana con menores recursos económicos. Sin embargo, es a esa población a la que el Estado le exige condiciones para brindarle el servicio educativo y de la cual requiere su aporte para el sostenimiento del mismo. ¿No debería ser en esa población donde el Estado tendría que invertir mayores recursos?

Los PRONOEI no deberían seguir siendo programas pobres para pobres. La realidad del país justifica la diversificación de la oferta educativa de educación inicial con programas no escolarizados, pero esa diversificación no debería significar ahorro. Por el contrario, ofrecer un servicio no escolarizado tendría que ser más costoso que uno escolarizado, puesto que tiene que adecuarse a las condiciones locales y ser flexible para atender a aquellos niños que no pueden acceder a un servicio educativo regular. El enfoque comunitario presente en la filosofía que dio surgimiento a los PRONOEI no debería desvirtuarse y servir para justificar el abandono estatal. El componente comunitario desprovisto de las condiciones necesarias, es inviable para proveer un servicio educativo de calidad, más aún cuando éste funciona en poblaciones pobres.

Por otro lado, la manera en que funcionan los PRONOEI, sosteniéndose sobre el voluntariado de las promotoras, termina dando lugar a una situación de subempleo. Las promotoras, al tener la categoría de “personal voluntario”, no tienen un vínculo laboral con el Estado, y por lo tanto, no gozan de derechos laborales. En promedio, su ingreso por propinas bordea sólo el 60% del salario mínimo. ¿Es justo que coloquemos la responsabilidad del sostenimiento de los PRONOEI en los actores más vulnerables?

La ampliación de la cobertura de la educación inicial no puede centrarse en el aumento de las cifras de atención. Ésta tiene que responder a los principios de equidad y calidad, dándose prioridad a la atención a la niñez en situación de exclusión, pobreza y vulnerabilidad, tal como lo señala la Ley General de Educación y el Reglamento de la Educación Básica Regular. Para ello se requiere de inversión, que depende de decisión política. Decisión que parece no existir en la actual gestión. No puede pretenderse pensar que “El Perú Avanza”, si no se invierte en la primera infancia.

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Fernando Rospigliosi

I. El Perú avanza… en corrupción




II. Lourdes no te rajes







III. Todos quieren ser estrellas

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer, Fernando Rospigliosi

I. Gaseonalismo



II. Come curas



III. Gabinete 2011

ANTES DE LA FINAL/ Luis Pásara

Como me observó críticamente un amigo, al entrar a los Octavos de final habría de empezar otro campeonato. Así ha sido, para beneficio de los millones que tenemos puestos los ojos en el Mundial y que, en más de un partido, hemos logrado ver buen fútbol. Pese a todo. Es decir, vuvuzuelas, la pelota adoptada por la FIFA, ciertos vicios ya instalados entre los jugadores y los desaciertos descomunales de los árbitros.

Lo más absurdo del ruido de moscardones que acompaña cada partido, es que según se ha podido saber tarde, proviene no tanto de los espectadores sino de los sistemas de audio de los estadios. ¿Alguien puede explicar esto y, sobre todo, que con las quejas presentadas, la FIFA no haya hecho nada para poner fin a la tortura aplicada a jugadores y espectadores?

Otro desacierto de la FIFA ha sido la adopción de una pelota cuyo peso ligero ha seguido siendo un problema para todos, en los tiros libres que iban en dirección imprevista o a la hora de atajar disparos que rebotaban caprichosamente.

Los jugadores no han dejado de poner la suyo. Los reclamos al árbitro se han generalizado: a cada falta que se sanciona, siguen gritos, protestas o gestos despectivos. No parece que se tratara de profesionales sino de jugadores de barrio. La teatralización que corresponde, ya casi naturalmente, a cada falta recibida, real o imaginaria, también se ha hecho habitual. Aunque la tv permite, mediante las repeticiones, apreciar la magnitud del daño causado, los gestos de dolor que siguen a cada roce corresponden a una lesión que merecería hospitalización.

Además, los forcejeos en el área. Se ha hecho normal que, antes de un tiro de libre o un tiro de esquina, entre los jugadores contrarios ocurra de todo en el área penal. Los árbitros, en el mejor de los casos, detienen la ejecución del tiro y advierten a los contrincantes, quienes no toman en serio la notificación e inmediatamente después vuelven a los agarrones, empujones, pisotones y, por supuesto, insultos que sobrepasan las barreras lingüísticas. En este Mundial se han superado todos los límites. Algo hay que hacer al respecto.

Ese algo tiene mucho que ver con los árbitros, que además pusieron lo suyo. Tanto el gol no reconocido a Inglaterra frente a Alemania como el reconocido a Tévez en posición adelantada, en el Argentina-México, dejaron en todo aficionado un sabor amarguísimo en el primer día de los Octavos. Porque este asunto se repite en los Mundiales una y otra vez. La diferencia consiste en que, desde hace algunos años, existe la tecnología para evitar los errores arbitrales de envergadura. Y la FIFA se empeña en no usarla.

Se especuló con la posibilidad de usar un “chip” en el balón, que advirtiera de su ingreso a la valla. Se probó en algún campeonato europeo la figura del árbitro de área, para contar con otro ángulo en los casos de posiciones adelantadas y penales. Se ha discutido la introducción del recurso que, desde hace años, utiliza el football estadounidense: chequear los videos. La FIFA ha rechazado cualquier cambio de una manera incomprensible.

¿Incomprensible? Algunos creen que hay que mantener en el fútbol el azar que visita el partido con un error de arbitraje. Para aceptar el argumento habría que suponer que decisiones como las que hemos visto en este Mundial corresponden necesariamente a un error. Suficientes denuncias públicas conocemos, respecto a los “arreglos” que hay en éste y otros deportes, como para atribuir candorosamente todo desatino al error. Puede haber mafias detrás. Y la FIFA sería cómplice de ellas.

Antes de la gran final, ya puede concluirse en que la FIFA perdió este Mundial. El asunto se le ha ido de las manos. Como en la economía mundial, la sensación es que no hay nadie a cargo. Menos mal que logramos, a pesar de todo, vimos algo de buen fútbol.

Un fútbol que, como en todo campeonato, tiene algo de justicia y cierta imprevisibilidad. Las tempranas eliminaciones de Italia y Francia correspondieron al renglón justiciero del balance.

En rigor, Francia ni siquiera tenía derecho a ir a Sudáfrica. Pero la eliminación de Brasil fue, hasta cierto punto, imprevisible. Y la de Ghana fue lamentable y casi absurda.

Llegaron a semifinales cuatro buenos equipos y, aunque parecía que la disputa quedaría limitada a dos grandes históricos –Alemania y Holanda– los hechos han puesto a España, por primera vez, en el compromiso de jugar una final del campeonato mundial. Con un equipo que ha ido de menos a más en Sudáfrica, pero todavía no logra el nivel con el que ganó la Copa de Europa hace dos años, imponiéndose a Alemania en la final. En particular, el equipo español exhibe una desproporción entre el dominio del campo que ejerce y la producción de goles que logra.

Holanda es un equipo riguroso y potente, con un estilo que –a diferencia del español, tomado del Barcelona Fútbol Club– parece centrarse en la eficacia. El domingo 11 habrá, pues, no sólo un choque de países sino una competencia de estilos futbolísticos. A disfrutar.

LOS VIVOS Y LOS SONSOS DE LA CRISIS FINANCIERA / Fernando Villarán

 

Debo a Luis Pásara y Alberto Gonzales haber entrado en contacto con este magnífico cuento que circula en la Internet española:

Un señor se dirigió a una aldea donde nunca había estado antes y ofreció a sus habitantes 100 euros por cada burro que le vendieran.

Buena parte de la población le vendió sus animales.

Al día siguiente volvió y ofreció mejor precio, 150 por cada burrito, y
otro tanto de la población vendió los suyos.

A continuación ofreció 300 euros y el resto de la gente vendió los últimos
burros.

Al ver que no había más animales, ofreció 500 euros por cada burrito,
dando a entender que los compraría a la semana siguiente, y se marchó.

Al día siguiente mandó a su ayudante con los burros que compró a la misma
aldea para que ofreciera los burros, esta vez a 400 euros cada uno.

Ante la posible ganancia a obtener la semana siguiente, todos los aldeanos
compraron sus burros a 400 euros, y quien no tenía el dinero lo pidió
prestado. De hecho, compraron todos los burros de la comarca.

Como era de esperar, este ayudante desapareció, igual que el señor, y
nunca más se les vio.

De inmediato, la aldea quedó llena de burros y de endeudados.

Los que habían pedido prestado, al no vender los burros, no pudieron
pagar el préstamo.

Quienes habían prestado dinero recurrieron al Ayuntamiento diciendo que si
no cobraban, se arruinarían ellos; entonces no podrían seguir prestando y
se arruinaría todo el pueblo.

Para que los prestamistas no se arruinaran, el Alcalde, en vez de dar
dinero a la gente del pueblo para pagar las deudas, se lo dio a los
propios prestamistas. Pero éstos, ya cobrada gran parte del dinero, no
perdonaron las deudas a los del pueblo, que siguió igual de endeudado.

El Alcalde dilapidó el presupuesto del Ayuntamiento, el cual quedó también
endeudado.

Entonces se pide dinero a otros ayuntamientos; pero éstos le dicen que no
pueden ayudarle porque, como está en la ruina, no podrán cobrar
después lo que le presten.

Resultados:

Los vivos del principio, forrados de dinero.
Los prestamistas, con sus ganancias resueltas y un montón de gente a la
que seguirán cobrando lo que les prestaron más los intereses, incluso
adueñándose de los ya devaluados burros con los que nunca llegarán a
cubrir toda la deuda.
Mucha gente arruinada y sin burro para toda la vida.
El Ayuntamiento, igualmente arruinado.

Así funciona el libre mercado y así viene a salvarlo la socialdemocracia española.

No se quién es el autor de esta cuento, pero ciertamente ha logrado presentar de manera simple y jocosa, las complejidades de la crisis financiera iniciada en Wall Street, que explotó en setiembre del 2008, llevando al mundo a la mayor recesión desde la segunda guerra mundial.

La moraleja, es clara: los mercados financieros no pueden funcionar solos, sin regulación. Desde siempre han existido vivos que le han vendido el monumento de San Martín, de la plaza que lleva su mismo nombre, a los incautos recién bajados de la Sierra. Sólo tenemos que recordar a Carlos Manrique que embaucó a miles de compatriotas con la promesa de altas tasas de interés por sus “inversiones”. Y desde siempre, también, han existido sonsos que son capaces de embarcarse en supuestos negocios maravillosos sólo para terminar perdiendo su dinero.

En el caso de la crisis actual, el sector financiero entero se prestó como el terreno perfecto de esta gigantesca estafa. Los vivos de los bancos de inversión se aprovecharon de que la mayoría de los ahorristas, inversionistas, especuladores de corazón y “futuros millonarios”, no conocen ni dominan los vericuetos de los instrumentos financieros opacos, que ellos crearon y vendieron a todo el mundo. Los sonsos abundan, como en el caso del cuento, que pensando que van a hacer el negocio de su vida (en este caso comprar los burros a 400 euros para venderlos al precio prometido de 500 euros), son capaces de arriesgar los ahorros de toda su vida, o de endeudarse, comprometiendo sus ingresos futuros.

Tanto los vivos como lo sonsos actúan en el “libre mercado” y son llevados por su “interés particular”, como nos lo dijo desde hace muchos años Adam Smith. Ambos creen que están haciendo un buen negocio, con la diferencia que los sonsos no tienen información de todo el esquema, y los vivos sí la tienen, además de controlar la situación.

Por ello, se necesita una institución que mire el conjunto de la situación, que defienda el interés general, por encima del interés particular; y esa institución es ciertamente el Estado. Un Estado regulador del mercado, sobre todo, del mercado financiero. Esto es lo que está tratando de hacer Barack Obama en Estados Unidos, y por intentarlo, el partido republicano y los conservadores de su país lo están acusando de “socialista”, de querer acabar con la libertad en el mercado, alentados por no pocos medios de comunicación que defienden los intereses de los banqueros (los vivos). Es decir, los sonsos están pidiendo a gritos, que el Estado no se meta, para que puedan seguir siendo engañados por los vivos. En los próximos meses vamos a ver si se salen con la suya.

ORGANIZAR LA DEMANDA DE SEGURIDAD/ Gustavo Carrión Zavala

La sensación de inseguridad permanece imbatible en las mediciones de opinión, como principal problema manifestado por los ciudadanos, y ello a pesar que cada día se invierte más en medidas de seguridad (rejas, vigilantes, canes, cámaras de video, etc.), que no logran disminuir el temor de los ciudadanos a ser víctimas de la delincuencia.

Esta persistencia ha hecho afirmar con pesimismo a algunos especialistas, el fracaso de la “seguridad ciudadana”, quién sabe muchos de ellos estén contribuyendo a este aparente fracaso. En este último fin de semana prolongado, un especialista en temas de seguridad consultado por una emisora radial, proporcionaba un conjunto de recomendaciones, que de no adoptarlas, seríamos inminentemente víctimas de la delincuencia, lo que va aumentando la ansiedad de la ciudadanía y obviamente, optan por no salir y dejar sus viviendas solas o en su defecto sacrificar a algún miembro de la familia.

Frente a esta creciente sensación de indigencia frente al delito, los postulantes a las elecciones regionales y municipales, como hace cuatro años, ensayan un conjunto de ofrecimientos, desde operar la seguridad ciudadana con las juntas vecinales, adquisición de equipos de seguridad, patrulleros para la policía y serenazgo, programas de choferes vigilantes, vecino vigilante, etc. etc. , promesas que se olvidarán tan pronto ganen las elecciones y se dé inicio al frenesí constructor, que es la forma práctica de gastar los recursos regionales y municipales a fin de lograr los famosos “diezmos” de quienes ganan los concursos para ejecutar obras, y ante las demandas ciudadanas por seguridad, tendrán siempre a la Policía a quién culparán de la inseguridad, escondiendo sus responsabilidades legales en argumentos tan deleznables, como el de no tener mando sobre la Policía y por ello no poder asumir el liderazgo en temas de seguridad. Ante este abandono, volverán los esfuerzos dispersos, las buenas voluntades, organizaciones vecinales episódicas, gastos en serenazgo en proporción a la riqueza del distrito, y un sinfín de acciones descoordinadas y a menudo singulares, que ocasionan además de un gasto mayor una ineficacia sostenida.

No somos pesimistas para declarar como otros el fracaso de la seguridad ciudadana, o como para sostener que faltan recursos para implementar un plan serio que permita satisfacer con éxito las demandas de seguridad. Sostenemos por el contrario, la necesidad de organizar la demanda de seguridad, asumiendo los presidentes regionales y alcaldes provinciales y distritales el liderazgo para poder armonizar todos los esfuerzos que se vienen adelantando para superar la inseguridad y poder ofertar seguridad en relación directa con una demanda organizada, sustentada en datos confiables, estadísticas de victimización, georeferenciación del delito, registro de malvivientes, microcomercializadores, todo registrado y seguido en observatorios de la actividad criminal, que vayan induciendo un registro nacional de las personas que viven al margen de la ley y quiénes son susceptibles de caer en el delito.

No se trata entonces sólo de implementos, tecnología y acciones dispersas, se trata de todo ello debidamente organizado, puesto en manos de los diferentes actores del sistema y exigir resultados a cada uno de ellos. Que la policía no siga siendo el gran pretexto para escamotear responsabilidades claramente fijadas en la ley de seguridad ciudadana.

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Àlvarez Rodrich, Mirko Lauer y Fernando Rospigliosi

I. New York Spy Story



II. La flotabilidad de Meche



III. Alianza Sendero-Keiko