Rumbo a la segunda vuelta electoral es difícil señalar con claridad la diferencia sustancial que en seguridad ciudadana nos ofrecen los partidos políticos de Keiko Fujimori y Ollanta Humala. Si aún tuviéramos que analizar, no solo las dos posiciones, sino la de los demás partidos, todos tienen en sus respectivos Planes de Gobierno aspectos similares, parecidos, incluso iguales para enfrentar la ola delictiva que, cual tsunami, se acrecienta después de un terremoto.
Y, no es que los respectivos planes adolezcan de serias omisiones e incongruencias, por el contrario, son una suma de valiosas propuestas y de buenas intenciones. Yo creo que el fondo del asunto se centra en quién de los dos protagonistas tendrá el liderazgo y la decisión política de asumir la seguridad interna como una de las prioridades de su gobierno. Una cosa es decirlo como postura electoral -todos los candidatos dijeron lo mismo-, y otra cosa es asumir con decisión su compromiso a partir de julio del presente año.
La estrategia de gobierno, cualquiera sea el ganador, debe tener un claro concepto de la forma cómo plasmar sus propuestas en acciones concretas, y esto pasa necesariamente por armonizar actividades preventivas, educativas y de reinserción, con formas de acción represivas, investigatorias y de control. Priorizar sólo sanciones carcelarias y dejar de lado el amplio campo de políticas preventivas multisectoriales, es entrar de lleno a un camino represivo y a un “estado autoritario” con serias consecuencias para los ciudadanos y para la estabilidad del estado.
Experiencias en este sentido abundan. Por ejemplo, algunos países centro americanos que asumieron el poder ofreciendo políticas de “mano dura”, al momento de ejecutarlas no tuvieron el éxito esperado. Las “maras salvatruchas” y otros apelativos de jóvenes y adolescentes en riesgo constituyen actualmente un serio problema porque se han constituido en el “brazo armado” de la delincuencia organizada. Peor aún, países, como México, que asumieron una lucha eminentemente policial-militar contra el narcotráfico, con mínimo porcentaje de reinserción, desarrollo y participación comunitaria, se debaten desde hace cuatro años en una cruenta lucha sin cuartel, y cuyas principales víctimas son los ciudadanos que se encuentran en el centro del fuego cruzado de ambos lados.
Qué hacer entonces en nuestro país, en particular en las grandes ciudades y en las zonas de cultivo de la hoja de coca para frenar la ola delictiva?
Enfrentar el narcotráfico y el terrorismo con efectividad y eficiencia es un tema fundamental. En este artículo no entraremos en este tema que merece un tratamiento especial por expertos en la materia, que en nuestro medio los hay de primer nivel. Sus consecuencias afectan no solo a la seguridad de los ciudadanos, sino, sobre todo, al orden interno del país.
El propósito que me impulsa en esta oportunidad es profundizar un poco más sobre el incremento de la delincuencia social, llamada también “delincuencia de las calles”. Este es el tipo de delincuencia que afecta directamente a la población de todos los estratos por igual, y genera, sin lugar a dudas, un gran sentimiento de inseguridad. Yo creo firmemente que en las zonas urbanas el esfuerzo de seguridad debe centrarse en el territorio más pequeño, que es el barrio, el sector y el distrito, donde el vecino es víctima cotidiana de ladrones callejeros, pandilleros y micro comercializadores de drogas, que actúan con total impunidad ante la falta de efectivos policiales. Los ciudadanos se sienten frustrados ante la inacción del estado, lo que viene dando lugar a que el 90% de la población sienta que la delincuencia crece, y en lugares de escasa vigilancia algunos pobladores estén adoptando, de mutuo propio, mecanismos de autodefensa que en muchas ocasiones se convierten en “ajusticiamientos” por mano propia.
Una de las formas efectivas para reducir su incidencia a nivel distritos, es, a mi criterio, teniendo “más policías en las calles” tanto para el patrullaje como para acciones de investigación. La fórmula para lograrlo es, a mediano plazo, creando mayor número de vacantes en las escuelas de policía para que egresen más efectivos debidamente preparados; y, a corto plazo, ejecutando una estricta política de racionalización de efectivos, incluyendo una reforma de la estructura orgánica, para que policías que actualmente están trabajando en unidades y oficinas administrativas, pasen a prestar servicios de patrullaje y de investigación bajo el comando del comisario distrital. Es decir, la prevención, la investigación y el control del delito a nivel local deben estar bajo la responsabilidad única de un funcionario de policía, con recursos suficientes como para ejercer sus funciones con solvencia y efectividad.
Otro problema que el gobierno tiene que resolver con prioridad es el denominado “servicio individualizado” que permite al policía el trabajo en sus horas de descanso para obtener un adicional al escaso sueldo que percibe. El problema es que no solo afecta sus momentos de “franco”, sino que “vende” su servicio a dueños de establecimientos de ínfima categoría con el uniforme y el arma que el estado le otorga para servir a la comunidad. Una forma de cortar rápidamente este trabajo es cambiando el régimen laboral actual de 24 x 24 horas, a otra modalidad que proteja sus momentos de descanso. Para ello el estado abonaría un bono por “exclusividad de la función policial”, equivalente al promedio de ingresos por “servicios individualizados” para todos los policías en actividad. El estimado presupuestal, a decir de especialistas en el tema, no pasaría del 18% anual del presupuesto del Ministerio del Interior.
Como una segunda propuesta de rápida implementación, sería la contratación de aproximadamente 1,800 policías en retiro, previa selección, para labores administrativas, otorgándoles como compensación un promedio de 700 soles por trabajo en horario de oficina. Con el mismo criterio, de tener más policías en las calles, sería necesario también la implementación de un “servicio policial voluntario” como requisito previo para todos los jóvenes que postulen a las escuelas de policía. Este servicio, previa reglamentación, por un año, sería de carácter preventivo, de control del tránsito y de orientación al público.
Por supuesto que teniendo más policías en las calles no solucionamos el problema, si es que el policía no se hace presente de inmediato frente a los requerimientos ciudadanos. Para lograrlo es necesario que todas las comisarías de Lima y de las principales ciudades del país, cuenten cada una con un promedio de 15 vehículos patrulleros, de la policía o del serenazgo, exclusivamente para ser sectorizados por aéreas o cuadrantes, debidamente interconectados con sus centrales y con el 105, que permita estar presentes en el lugar de los hechos en un promedio de 3 a 4 minutos como máximo.
Este trabajo preventivo y de intervención rápida tiene que estar estrechamente vinculado a una eficiente labor de inteligencia y de investigación que acopie pruebas con prontitud para que la autoridad judicial tome las acciones pertinentes. Si los autores son delincuentes ocasionales que no necesitan de una sanción carcelaria, como sucede en las mayor parte de los casos, es necesario ejecutar otro tipo de acciones para evitar la impunidad del delito menor, y una de las medidas efectivas, a mi punto de vista, sería la implementación de “salas de meditación” construidas por los municipios en las instalaciones de las comisarias o fuera de ellas, si no tienen espacio, para que delincuentes menores de edad, pernocten en la noche y de día ejecuten trabajos comunitarios dispuestos por el juez de paz de las comisarías, bajo la supervisión de organismos protectores de los derechos humanos.
Evidentemente, el accionar policial es solo un eslabón de la cadena para mejorar la seguridad ciudadana. Existen otras medidas que deben ejecutar los municipios, con participación de la misma policía y de los demás sectores públicos. Estas actividades tienen que ver con la organización de la población en juntas vecinales y la implementación de programas educativos y de reinserción. Es una tarea difícil pero gratificante si alcaldes, comisarios y funcionarios de sectores públicos locales trabajan de la mano con los vecinos. Incluso, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana debería contar con presupuesto para alentar iniciativas ciudadanas que permitan un trabajo integrado con la población en beneficio de menores en riesgo y de mujeres maltratadas.
Resumiendo, el nuevo gobierno, a partir de julio, tiene que tener “mano dura” para delincuentes prontuariados, narcotraficantes, terroristas y autores de delitos execrables, cuyo accionar afecta al ciudadano y al estado; y, con el mismo énfasis, debe tener una política de “guantes blancos” para miles de jóvenes generalmente pobres y que son pasibles de reinserción. Éstos se encuentran en situación de riesgo por la desarticulación familiar, por la pérdida de valores en un entorno donde la violencia es el común denominador. El estado tiene la obligación de mejorar su calidad de vida y de evitar por todos los medios se conviertan en delincuentes prontuariados. El ingreso a las cárceles de nuestro país es el pasaporte seguro para convertirlos en avezados.
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