jueves, 27 de agosto de 2009

LA LECCIÓN NO APRENDIDA/ Gustavo Carrión Zavala


Resulta verdaderamente incomprensible la recurrencia de los mandos policiales en cometer errores que ya se dieron en el pasado, y para confirmar lo de la repetición de los hechos históricos, con los mismos protagonistas.

Corría el mes de junio de 1986, primer gobierno de Alan García. En Lima se encontraban los representantes ante el XVII Congreso de la Internacional Socialista, que bajo la presidencia de Willy Brandt del Partido Social Demócrata Alemán, se llevaría a cabo en nuestra capital entre los días 20 al 23 de ese mes. El día 18, los internos por terrorismo de los penales de, Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara, iniciaron un amotinamiento con toma de rehenes, exigiendo mejoras en el sistema carcelario, la desarticulación del INPE y otras exigencias. Es obvio que aprovecharon la tribuna que les proporcionarían los asistentes al Congreso de la Internacional Socialista. El gobierno de García, en Consejo de Ministros, decidió encargar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la recuperación del orden en los penales convulsionados, lo que demuestra su tendencia a soluciones maximalistas.

Los militares se repartieron la intervención: la Fuerza Aérea se encargaría de Santa Bárbara, la que con apoyo de la Guardia Republicana, logró rescatar los rehenes y recuperar el orden; la Marina fue encargada del Frontón, bombardeando desde un buque las instalaciones, sin tomar en cuenta que los rehenes eran dos subalternos de la Guardia Republicana, los que obviamente murieron. El Ejército se encargó de Lurigancho y al no poder recuperar el orden, el entonces Director Superior de la Guardia Republicana atendió una llamada por el entonces famoso “teléfono rojo” instalado en su despacho de la sede del Rímac, recibiendo aparentemente una orden que lo impulsó inmediatamente a constituirse a Lurigancho y disponer la intervención del mismo equipo especializado que había recuperado el orden en Santa Bárbara.

El tenor y sentido de la orden que recibió y que transmitió al Jefe Policial responsable de la intervención, se la llevó a la tumba, pues al poco tiempo falleció, no sin antes haber sufrido denuncia penal y detención en la misma sede policial. Lo cierto es que con mucha convicción, el Jefe interviniente concretó una matanza sin precedentes, probablemente con las seguridades que le habían dado. Corolario, los 124 internos de Lurigancho fueron ejecutados; en Santa Bárbara murieron dos internas; y en el Frontón murieron 135 internos, quedando 34 sobrevivientes.

El acto siguiente a la matanza fue el indignado como histriónico: “!o se van ellos o me voy yo”. Ya sabemos quienes se fueron, procesados penalmente y apresados, todos ellos policías de la Guardia Republicana. Y los responsables de encargar a las fuerzas armadas la rebelión y de las órdenes que causaron la matanza, sólo reconocieron “responsabilidades políticas”, como si fuese esta una explicación lógica para tantas muertes. La historia siguiente de prescripciones, marchas y contramarchas de un Poder Judicial sumamente obsecuente con los líderes políticos de entonces, dejaron como únicos responsables a los policías, ni marinos, aviadores o soldados, sólo policías.

¿Por qué recordamos estos hechos? Obviamente por las semejanzas en el estilo con el caso Bagua: decisiones inoportunas, maximalistas, relativización de la vida de policías rehenes, señalamiento de responsabilidad de los mandos policiales y asunción de sólo “responsabilidades políticas” por quiénes en valor fueron responsables de las decisiones.

Está bastante cercana la presentación de la entonces Ministra del Interior, tanto en el Congreso como en medios de comunicación, con los dos Generales de la Policía a los cuáles les ponía en la boca la autoincriminación de haber sido ellos y sólo ellos los que decidieron la intervención. Resultado final, la denuncia penal recae en los mandos policiales y como no podía ser de otra forma, ante aceptación de responsabilidades ajenas, estos mismos mandos han sido encontrados responsables en la investigación administrativo disciplinaria. ¿Y la Ministra? Sólo responsable política y distinguida con el “Corazón Policial” cuando recién se habían sepultado los 24 policías inmolados en la peor catástrofe institucional de la que se tenga memoria.

Tenemos entendido que uno de los generales incriminados, habría presentado en su oportunidad un informe que aconsejaba no adelantar el operativo. ¿Las razones para no haber declarado con oportunidad este hecho y haber aceptado públicamente su responsabilidad? Estamos seguros de encontrar la explicación, en la lección no aprendida de lo que les pasó a los policías que intervinieron en 1986 en los penales, pese a que los actores políticos responsables de las decisiones se repiten.