¿MILITARIZAR LA POLICÍA? / Gustavo Carrión Zavala

Por las declaraciones del Vicealmirante ® Montoya, pareciera que las añoranzas fujimontesinistas están todavía bastante frescas en el ánimo de conspicuos miembros de las Fuerzas Armadas. Al margen de estas dudosas preferencias es pertinente hacerle llegar al marino opinante algunos breves aspectos de doctrina y teoría policial, que ojalá posibiliten reflexiones que lo lleven a entender mejor la institución policial.

Es cierto que en los albores de la conformación de las entonces fuerzas policiales y en los procesos de reforma de las mismas, siempre se recurrió a modelos de países en los cuáles las policías tenían organización y lógica militar de actuación, por ser policías que actuaban en ese momento en sistemas políticos autocráticos. Ejemplo de ello, lo constituye la misión española, que en 1922 condujo la reorganización de la Guardia Civil. Esa misión conformada por miembros de la española Guardia Civil, en tiempos de la dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930), se concebía como un cuerpo militar con funciones de policía, muy cara a los mandatos militaristas, nacionalistas y autocráticos del dictador. La relación con esta institución española se mantuvo durante la larga noche franquista, en la que continuó siendo una organización de primerísima línea en los abusos del poder del dictador Franco.

Recuperada la democracia española, unieron en un solo cuerpo policial, la entonces Guardia Nacional y el Cuerpo Superior de Seguridad, denominándose desde entonces Cuerpo Nacional de Policía, organización de un alto profesionalismo, pero en el entendimiento de la naturaleza civil de la función que cumple a la cuál obviamente corresponde una organización de la misma naturaleza. La Guardia Civil Española, siguió comportándose como cuerpo militar con funciones de policía, hasta que modernamente y al impulso de sus propios integrantes, básicamente agentes, han logrado sustraerse primero del régimen disciplinario militar, para que ahora, por decisión política, se ha puesto bajo una sola dirección a ambos cuerpos de policía, adicionando que el Director es un político y no un oficial de policía, a los cuáles se les reserva la conducción operativa de la institución. Menciono el ejemplo español, porque es el que han seguido principalmente los cuerpos de policía en América Latina y por el hecho de estar siguiendo la práctica de la Unión Europea de exigir a sus estados miembros, la constitución de cuerpos no militarizados de policía, que se compadezcan con la vida democrática de los mismos.

Entre nuestros vecinos, la nueva Constitución del Ecuador y la de Bolivia, identifican plenamente la naturaleza civil de la Institución Policial y en el caso de Colombia, citado por el Almirante Montoya como ejemplo de dependencia de la policía del Ministerio de Defensa, ello es cierto administrativamente, pero la actuación policial es totalmente independiente de la actuación de las Fuerzas Armadas, y es más, es precisamente Colombia el país que más avanzó en el desarrollo de doctrina policial, entendiendo a la Institución como la protectora de las personas, sus bienes y el ejercicio de sus libertades y derechos y por tanto la define como institución de naturaleza civil. Otro claro ejemplo del alejamiento colombiano de la lógica militar para entender la policía, lo constituye el hecho que en un momento importante del desarrollo de la Policía Nacional de este país, el Director de su Escuela de Oficiales fue un distinguido profesional no policía, el Doctor Roberto Pineda Castillo, generador de las bases de la actual doctrina policial.

A riesgo de parecer majadero por la reiteración, la Policía es una institución de naturaleza civil y adquiere la forma y lógica militar cuando se trata de regímenes autocráticos, que afortunadamente han sido superados en nuestra realidad y esperemos que sólo queden en la añoranza de algunos militares retirados, como el que plantea “subordinar la policía al mando militar”.

Otro frecuente error de apreciación, es el que lleva a muchos militares considerar peyorativamente la auxiliaridad con la que se identificaron en algún momento las entonces fuerzas policiales, cuando en realidad la auxiliaridad siempre fue y será correspondiente, de tal suerte que en casos que comprometan la soberanía e integridad del territorio patrio y tengan las Fuerzas Armadas que cumplir su finalidad sustantiva, qué duda cabe que la policía se convierte en auxiliar de las fuerzas armadas. Pero cuando se trate de persecución de delitos y restablecimiento del orden público y la policía precise el apoyo de las fuerzas armadas, estas actuarán como auxiliares de la policía. Esto resulta poco digerible para una actitud soberbia que ha llevado siempre a que los militares miren por encima del hombro a la institución policial, tanto así, que el Almirante Montoya sugiere sin ambages, que el planeamiento resulta privativo de los militares y es por esa exactitud militar por la que la policía debe subordinarse. Parece que ha olvidado que fue la Policía, a través de un eficiente planeamiento de un grupo de brillantes detectives, la que asestó el golpe letal a Sendero Luminoso con la captura de su cúpula, sin que hayan tenido que recurrir a hechos que la comunidad nacional e internacional han repudiado. En lo inmediato, no es necesario investigar demasiado para comprobar los éxitos de la policía en el Huallaga, en donde han logrado importantes capturas de mandos de los rezagos senderistas y obviamente que sus acciones han sido convenientemente planeadas, lo que negaría la afirmación de la necesidad absoluta del planeamiento militar para lograr el éxito.

La Policía es una institución que forma parte de la urdimbre social, protege personas, bienes, garantiza derechos y libertades, persigue el delito, colabora con la administración de justicia y todo ello impone que se desvincule de la lógica militar.

Parece que el Almirante Montoya, que fue en algún momento responsable del Plan VRAE, pretende explicar la inoperancia del mismo en la no dependencia de la policía de los mandos militares y avanza temerariamente a sostener que pase a depender del Ministerio de Defensa y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El problema del VRAE, generado por un maridaje entre el narcotráfico y lo que queda de Sendero como banda armada, matrimonio en donde prevalece el cónyuge narcotráfico como verdadero riesgo de “mexicanizar” el país y convertirlo en un narcoestado, quiere ser asumido como si de las décadas anteriores se tratara, en las que efectivamente el principal riesgo lo constituyó Sendero, hasta que la Policía puso fin a sus andadas con la captura sucesiva de la cúpula de Guzmán primero y de “Feliciano” después. No existe pues un riesgo de captura del poder por parte de lo que queda de Sendero, que reiteramos es una banda armada al servicio del narcotráfico, y sí debemos preocuparnos por luchar con eficiencia contra el infame tráfico de drogas, y ello, Almirante Montoya, es tarea típicamente policial.