HUEVOS DE ESTURIÓN / Favor a los corruptos / Fernando Rospigliosi

La ministra Mercedes Cabanillas le ha hecho un gran favor a los corruptos de la Policía con la nueva ley del Régimen Disciplinario. Ahora aquellos que sean sancionados con la expulsión, podrán recurrir al Poder Judicial y regresarán a la institución con todos sus beneficios.

Eso es lo que ocurría hasta el 2004, cuando se elaboró y promulgó la ley del Régimen Disciplinario que acabó con los reingresos dispuestos por el Poder Judicial.

El Poder Judicial objetaba la arbitrariedad de las sanciones: no había un debido proceso, derecho a la defensa, doble instancia, etc. en los organismos policiales. Hasta ese momento, el Poder Judicial ordenaba el reingreso de unos 150-200 policías por año. Muchos de esos eran delincuentes: asaltantes, extorsionadores, secuestradores. Pero, inevitablemente, iban al Poder Judicial y les daba la razón, aunque hubieran estado en la cárcel y recibido una sentencia por el delito cometido.

Es decir, no importa la sanción penal que hubiera recibido, el Poder Judicial cuestionaba la sanción administrativa que la Policía había impuesto al efectivo y ordenaba que se reintegre a la institución. No había manera alguna de evitar su reincorporación.

Como consecuencia de la reforma policial se adoptaron varias medidas para luchar contra la corrupción. Una de ellas fue la del nuevo Régimen Disciplinario. Para elaborar una ley que no permitiera el reingreso de los expulsados por la puerta falsa, se coordinó con el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.

Mientras la comisión del Ministerio del Interior –integrada por abogados y policías- avanzaba en la redacción del proyecto, un delegado del ministro (y miembro de la comisión) conciliaba lo desarrollado con las personas nombradas para tal efecto por los presidentes de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional.

El proceso fue largo y engorroso, pero valió la pena. La ley fue aprobada en el Congreso el año 2004. Ni un solo policía sancionado con ese régimen disciplinario pudo regresar a la institución por orden judicial. (Siguieron retornando posteriormente policías expulsados con la anterior ley).

Por cierto, ha habido problemas con el Régimen Disciplinario del 2004. El más importante, la ineficiencia y/o corrupción de los tribunales encargados de sancionar. Como los sucesivos ministros y jefes policiales no le dieron importancia al tema, los miembros de los tribunales no siempre eran los más idóneos. Tampoco se preocuparon de darles la formación básica que requería el puesto.

Ese no es, por supuesto, un problema de la ley, sino de su aplicación. La mejor ley del mundo no sirve si su aplicación no está en manos de las personas adecuadas.

En otro plano, un organismo fundamental para la lucha contra la corrupción, fue abandonado. La Oficina de Asuntos Internos (OAI) dirigida por un civil y dependiente directamente del ministro, era decisiva para la lucha anti corrupción, en la medida que la Inspectoría, el órgano policial encargado de esa tarea era muchas veces un ente dedicado al encubrimiento y carcomido por la corrupción.

Era determinante que la OAI estuviera dirigida por un civil honesto, competente y valiente, porque tenía que enfrentar intereses poderosos. Pero desde el 2004 en adelante la OAI fue abandonada, se convirtió en un organismo irrelevante y sirvió solo para dar trabajo a algún amigo del ministro de turno.

Hoy día, en el colmo del despropósito, el jefe de la OAI es un general de la policía en retiro, ascendido durante el montesinismo y que fue Inspector de la Policía Nacional. O sea, lo mismo que nada.

La nueva ley del Régimen Disciplinario ha sido también criticada porque coarta la libertad de información. Es verdad. En ese punto también se ha retrocedido todo lo avanzado durante la reforma policial. Desde el 2002 al 2004 se realizaron reuniones, seminarios y talleres, en los que participaron varios ministros del Interior y organismos como el Consejo de la Prensa Peruana y el Ipys. Se hicieron en Lima y en provincias, tratando de mejorar la relación entre prensa y Policía.

Eso se plasmó también en normas que hoy día han sido cambiadas para prohibir y sancionar drásticamente cualquier expresión policial que no sea la del comando.

En suma, en este y otros temas, la ley representa la vuelta al pasado. De hecho, ha sido elaborada por los asesores de la ministra, oficiales en retiro y actividad retrógrados y reaccionarios, además de incompetentes y corruptos. Los típicos oficiales que a lo largo de décadas han sido responsables por la progresiva degradación de la Policía, los que siempre se han opuesto al cambio, a la reforma, a la modernización.

Son de los que tienen una sola bandera y una sola consigna: más plata para la Policía. Estandarte que hoy enarbola la ministra Cabanillas.

A Cabanillas le interesa un bledo las consecuencias de la nueva ley del Régimen Disciplinario. Cuando los policías expulsados luego de un proceso sumarísimo que dura cinco días, vayan al Poder Judicial, arguyan que se ha violado su derecho al debido proceso y obtengan una resolución judicial reincorporándolos, ella ya no será ministra.

Lo único que le interesa a Cabanillas es el hoy, su popularidad, lo que dicen las encuestas, obtener carátulas que la pinten como la Thatcher peruana. Eso le fascina. De hecho, es muy hábil para vender su imagen, como lo muestran los sondeos de opinión que la ubican como la ministra más popular del gabinete.

Mientras tanto, la Policía sigue deteriorándose y los problemas de seguridad ciudadana y orden público empeoran.