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sábado, 8 de diciembre de 2012

LA INDIGNACION INUTIL/Francisco Belaunde Matossian



Los medios de comunicación destapan casos de corrupción. Luego, viene el rito habitual de reacciones indignadas de comentaristas, autoridades y  líderes políticos ante los hechos denunciados. Posteriormente, sin embargo,  las denuncias quedan generalmente en el olvido, y no nos enteramos de lo que acontece en los ámbitos fiscal y judicial. Lo que suele ocurrir, ya sin provocar indignación, sino, por el contrario, ante la indiferencia casi general, es que los funcionarios públicos involucrados son exonerados o reciben penas mínimas. Es decir, campea la impunidad.
Paralelamente, reportajes periodísticos ponen los reflectores sobre situaciones de grave ineficiencia en entidades públicas, lo que es seguido por el mismo rito de la indignación, a lo que se añaden solemnes anuncios de las autoridades competentes sobre  próximas acciones correctivas. Luego, la cosa queda en el olvido, y, tiempo después, otros reportajes denuncian las mismas ineficiencias.  
En otras palabras, estamos siempre muy dispuestos a dar muestras de indignación, pero bastante menos a mantenernos vigilantes para asegurarnos que, lo que, supuestamente, nos indigna, sea corregido y, sobretodo, no se repita.
Ya es tiempo de madurar como sociedad. Tenemos que dotarnos de una cultura de seguimiento.
En ese cometido, le cabe a la prensa una responsabilidad particular. Debe ir más allá del destape vendedor y completar su faena en una óptica de servicio público: tiene que “adoptar” los casos  de corrupción que denuncia, si no todos, por lo menos los más emblemáticos, y seguirlos en sus periplos por los pasillos judiciales. Así, podría informar periódicamente sobre el estado de los procesos y lanzar alertas cuando se dan incidencias sospechosas.
Lo mismo en cuanto a las revelaciones sobre ineficiencia en entidades públicas. Los anuncios gubernamentales de medidas correctivas tendrían que ser “adoptados” y seguidos en su viaje, o vía crucis, por los corredores y túneles burocráticos, antes de hacerse realidad. Así, la ciudadanía podría contar con “reportes de avance burocrático”. Ello, por cierto, permitiría no sólo alertar sobre inacción o demoras excesivas, sino, también, al revés, constatar que sí se están dando los pasos necesarios y, de esa manera, calmar impaciencias prematuras.  
Lo anterior implica un esfuerzo de creatividad y marketing, pues, de lo que se trata, es que la información sea accesible al mayor número. La forma en que se presentan los datos es crucial: tiene que ser simple y llamativa.
A modo de ejemplo, los medios escritos podrían establecer una página específica para el seguimiento, suficientemente individualizada a través de un diseño particular y un título que impacte. También podrían elaborar una plantilla estándar, que comprenda las etapas de los procedimientos y la cronología de los pasos que se dan.
La estandarización y la regularidad de la información, facilitarían, obviamente, la familiarización del público con los procesos. Por esa vía, a la par de avanzar en cuanto al objetivo de crear una cultura de seguimiento, para una mayor y mejor vigilancia ciudadana, se estaría también cumpliendo una labor de docencia pues se daría al público, un mayor grado de conocimiento sobre el funcionamiento del Estado. Es decir, se trataría de una doble tarea de  educación cívica.
Ojalá los medios asuman ese reto y nos ayuden a pasar de la indignación efímera e inútil, a  una indignación ilustrada y fructífera. 

miércoles, 14 de noviembre de 2012

LA PRENSA Y LA CORRUPCION/Francisco Belaunde Matossian




Los medios de comunicación son actores claves en la lucha contra la corrupción, pues ponen en conocimiento del público muchos casos de malas acciones de funcionarios públicos que, de otro modo, pasarían desapercibidos.
Sin embargo, los destapes no bastan. Luego de unos días de escándalo, las denuncias suelen caer en el olvido y no tenemos idea de lo que pasa posteriormente a nivel policial, fiscal y judicial. Lamentablemente, como sabemos, en esas instancias, la corrupción es frecuente, por lo que es indispensable una actitud vigilante por parte de la ciudadanía. Ello sólo puede ser alcanzado mediante la instauración de una cultura de seguimiento.
En ese cometido, a los medios les corresponde también un papel clave e ineludible, en alianza, eventualmente, con instituciones especializadas en la lucha contra la corrupción. 
Se podría así elaborar un software que comprenda una plantilla estandarizada de seguimiento de los procesos, lo más simple posible y, por lo tanto, accesible al mayor número, y,  en base a ello, un sistema de alertas, ante la actuación de determinado juez o fiscal.
Mientras se produce ese instrumento, los medios escritos pueden, desde ya, ayudar a generar la cultura de seguimiento, estableciendo en sus páginas, secciones suficientemente individualizadas y llamativas en las que enmarquen las noticias que, en ocasiones, sí proporcionan, sobre la marcha de los procesos.   Por supuesto, ello tendría que hacerse de manera regular, de manera tal que se convierta en una costumbre. Esas secciones requerirían por cierto, de títulos que llamen la atención como, por ejemplo, “Marcación Estricta”, entre muchos otros. En otras palabras, para luchar contra la corrupción se requiere también de marketing. 
Ojalá los medios, de manera individual y/o colectiva, a través de organismos como el Consejo de la Prensa peruana, asuman ese reto. La salud de nuestra sociedad y de la democracia, lo exige.

sábado, 3 de marzo de 2012

¿EL CONGRESO APAÑADOR DEL ABUSO?/FRANCISCO BELAUNDE MATOSSIAN




En el Perú existen distribuidores automáticos de licencias para violar las normas: son los jueces que dictan medidas cautelares a favor de quienes abren comercios y fábricas en contra de las disposiciones de las municipalidades, de Defensa Civil, de las autoridades sanitarias y de muchas otras, pescan industrialmente en nuestro mar sin autorización del Ministerio de la Producción, prestan servicio de transporte sin las condiciones mínimas de seguridad, entre otras tropelías.
El presidente de la Corte Suprema, César San Martín, ha denunciado que presentó un proyecto de ley para frenar ese inaceptable atentado contra el principio de autoridad, pero que el Congreso lo ha archivado.
Se está ante un valioso esfuerzo del Poder Judicial para poner fin a uno de los mayores abusos que se cometen en su seno. El Congreso debe asumir su responsabilidad, apoyándolo y así hacer prevalecer el interés general por sobre los negocios particulares. De otro modo, se hace cómplice del abuso, y, más allá, contribuye  a fomentar el caos y la anarquía en el Perú.
Todos los ciudadanos debemos exigir al actual Congreso que se muestre a la altura de su papel.  

martes, 18 de octubre de 2011

INFORMACION Y PODER CIUDADANO: NUEVAS FIRMAS



Más personas suscriben el pronunciamiento publicado en este espacio el 22 de septiembre pasado

Milagros Belaunde Martínez
Farid Kahhat
Hernán Lanzara Lostanau
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Saúl Peña K.
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