LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich y Mirko Lauer

I. Ruido de chupones



II. ¡Pero si lo dijo Quimper!



III. Apra: El tamaño de la yaya

UNA MIRADA OPTIMISTA DE LOS CONFLICTOS SOCIALES/ Francisco Belaunde Matossian

Jaime de Althaus (ver su columna en El Comercio del día viernes 23 de abril), un liberal militante, tiene una mirada entusiasta de los conflictos sociales que se dan con mucha frecuencia en nuestro país. Ello, más allá de la participación de grupos extremistas de izquierda en las acciones de protesta. Es una visión que empalma con la de Hernando de Soto respecto del fenómeno de la informalidad que también, constituye un conflicto, en la medida en que se trata de una rebelión, pacífica sin duda, pero rebelión al fin, de sectores mayoritarios de la población contra la legalidad vigente.

De Althaus ve en los actuales conflictos un proceso de generación de nuevas relaciones sociales en el Perú, esta vez modernas y democráticas, pues permiten a los contendientes, población y empresas, descubrirse los unos a los otros, escucharse, admitir sus derechos respectivos y, así, aprender a negociar. Claro, hay con frecuencia violencia y dolor, pero, es lo que sucede usualmente con ocasión de las grandes transformaciones. Extrapolando la argumentación de De Althaus, podría incluso decirse que se está, en última instancia, ante el nacimiento de una nación.

Para el conocido periodista de televisión todo lo anterior es una consecuencia de la bonanza económica generada por años de políticas favorables a la empresa privada y a la inversión. Es decir, el capitalismo estaría construyendo un país democrático. Hay probablemente mucho de razón en una afirmación de ese tipo, aunque pueda producir arcadas y desmayos en las filas de nuestra izquierda.

Para empezar, hay un dato histórico elemental, como es la íntima relación entre liberalismo político y capitalismo. Claro, para la izquierda, lo que hay en nuestro país es un “capitalismo de amigotes”. Eso es cierto sólo en parte. Hay, es verdad, una larga tradición de colusión indebida entre las esferas económica y política y, que, como lo demuestran la actual seguidilla de escándalos, todavía subsiste. Sin embargo, paralelamente, también se está desarrollando todo un nuevo tejido empresarial, en gran parte de origen popular, que viene inyectando vida económica a un gran número de lugares del país y eso es una consecuencia, in fine, del flujo de grandes inversiones de las que venimos gozando. Simultáneamente, viene surgiendo una cultura empresarial moderna y más respetuosa de los derechos de los demás y del medio ambiente. En ello, tiene que ver, ciertamente, que las poblaciones hagan sentir su voz de protesta cuando sus derechos son vulnerados.

Lo que sucede, claro, es que muchas veces los conflictos son instrumentalizados y exacerbados con fines de desestabilización política, o, simplemente, por apetito electoral. En ese contexto, entra a tallar la mala fe, a niveles con frecuencia bastante groseros, de parte de determinados agitadores y dirigentes que no dudan en apelar a la mentira más abierta y a promover posturas intransigentes. Además, muchas veces también, se ocultan y silencian, a veces con violencia, las voces en las poblaciones que tienen posiciones bastante más conciliadoras con las empresas y que, incluso, pueden ser mayoritarias. Todo ello no constituye, ciertamente, un problema menor, por lo menos en una perspectiva de corto plazo, pues se paralizan inversiones, se deja mal parado al Estado que exhibe una y otra vez, y a plena luz del día, sus inmensas deficiencias, y se enrarece el clima político general del país.

Sin embargo, dado que, de todos modos, detrás de los reclamos, hay problemas reales, que todavía persiste en buena medida lo que algunos denominan la “cultura del gamonal” y que el Estado no cumple su papel, la serie de conflictos sociales, en tanto que oportunidad de descubrimiento del “otro” y de aprendizaje, puede ciertamente ser vista, en una perspectiva de mediano plazo, y aunque suene paradójico, como un factor de paz social y de consolidación de la democracia.

ASPECTOS ECONÓMICOS DE ORGÁNICOS Y TRANSGÉNICOS / Andrés Solari Vicente

En el debate sobre transgénicos, se ha buscado descalificar a los productos orgánicos por carecer –supuestamente– de perspectivas económicas. El interés de fondo es facilitar la introducción de los transgénicos como mejor alternativa. Tratamos aquí de refutar esta idea, que presenta a los orgánicos como poco rentables, caros, sin mayor demanda, que se comercializan en pocos mercados y que están en declinación. Exceptuando el tema del precio, la información muestra lo contrario. Me referiré especialmente al caso de la agricultura de Estados Unidos que es el principal mercado de productos orgánicos. 

Los altos precios de los orgánicos se originan en los mayores costos de producción respecto a los productos agrícolas convencionales. Es importatne tener en cuenta cuáles son los componentes de estos mayores costos:

1. La producción de orgánicos se realiza en pequeñas y medianas granjas. Pero existe una correlación entre el tamaño de las granjas y sus costos de producción, válida también en el caso de los orgánicos. A mayor tamaño, los costos tienden a reducirse. Los convencionales se producen en grandes granjas, a gran escala y con procesos altamente tecnificados. La alta productividad derivada explica parte de sus mejores precios. Se pensaba equivocadamente que la producción de orgánicos sería necesariamente de más altos costos por una supuesta consubstancialidad con la pequeña escala, de la que no podría escapar. Sin embargo, la realidad muestra que el aumento de la escala de producción tiende a reducir costos de la misma forma en que lo hacen los convencionales. La gráfica muestra el alto de grado de similitud en la reducción de precios en ambos tipos de productos. 

Así, es previsible que el aumento de la producción de orgánicos deba influir paulatinamente a favor de una reducción de sus costos y precios. 

2. Los subsidios que reciben los productores agrícolas en EE.UU. (estimados en 23 mil millones de dólares anuales) se concentran casi exclusivamente en los productos convencionales (los que más impactan en exportaciones y en el producto agrícola) (Rural Migrations News 2002). Los apoyos para productores orgánicos son mucho menores o inexistentes. La política agrícola del gobierno de EE.UU. desde 1981 en adelante ha respondido principalmente a los intereses de las grandes granjas (Reimund y Gale 1995). En el 2002, los subsidios favorecían al 10% superior de las granjas, las de mayor tamaño (Riedl 2004). Estos subsidios para los productos agrícolas convencionales les proporcionan una ventaja adicional, desde factores externos a la producción y manejables totalmente en la esfera política, que los sitúa en una marcada ventaja de precios frente a los productos orgánicos. Evidentemente, un sistema de subsidios equitativos facilitaría una mayor competitividad a favor de los orgánicos.

Algunos estados y localidades han iniciado puntuales apoyos a los orgánicos. Minnesota, por ejemplo, ha elaborado directorios de productores orgánicos y facilita la comunicación entre ellos. Otros proveen asistencia a las exportaciones de orgánicos y/o subsidian procesos de certificación. Otros ofrecen pequeños subsidios a la conversión de granjas convencionales en orgánicas, para estimular los beneficios medioambientales de este tipo de producción, obteniendo fondos de programas como el Federal Environmental Quality Incentives Program. Unos cuantos condados ofrecen reducciones impositivas a las granjas que se convierten en orgánicas (USDA 2009a).  

3. Los costos de producción para los productos orgánicos son más altos también porque insumen una mayor cantidad de trabajo por unidad de producto, y por la mayor diversidad entre las empresas que conforman el subsector: los costos salariales pesan más y las economías de escala son más difíciles de lograr, respectivamente (FAO 2010). 

4. Las investigaciones que realizan instituciones estatales, universidades y otras organizaciones para el mejoramiento de productos, procesamiento y comercialización, se enfocan casi exclusivamente en los productos de más alta tecnología (es decir, en los convencionales, elaborados por grandes granjas). Por ejemplo, no existen investigaciones de largo alcance que apoye la USDA referidas al control alelopático de plagas en orgánicos. Ha sido reclamado por los propios productores de orgánicos (Hanson et al. 2003). Sin investigaciones para el mejoramiento de la producción, los orgánicos enfrentan mayores dificultades, en este caso originadas en la política de investigaciones, lo que eleva sus costos.

5. Los costos de certificación, distribución y procesamiento de los orgánicos son mayores que los de los productos convenciones. En el caso de la certificación, porque es más compleja y no se ha tecnificado suficientemente. En el caso del transporte y distribución de productos, porque el manejo de grandes volúmenes (caso de los convencionales) disminuye costos, y porque las cadenas de distribución son hasta hoy menos eficientes en los orgánicos. Y en el procesamiento, porque los convencionales utilizan ampliamente procesos mecanizados que elevan la productividad e insumen combustibles subsidiados para usos agrícolas, lo que no sucede en el caso de los orgánicos (FAO 2010).

6. Los costos de conversión de una granja convencional a otra productora de orgánicos deben agregarse regularmente a los costos finales porque sólo excepcionalmente son subsidiados. Sin embargo, hay que recordar, que las grandes granjas fueron puntualmente subsidiadas cuando dieron el giro hacia los transgénicos a mediados de los ‘80s (periodo Ronald Reagan) y pudieron sostener (junto con las grandes empresas químicas, farmacéuticas y universidades) una buena cantidad de investigaciones sobre transgénicos (Dunne y Gowers 1985). 

7. Otro conjunto de elementos que influyen sobre los costos de los orgánicos (no sobre los convencionales) esta dado por: las inversiones en mejoramiento y protección ambiental, los mayores estándares en bienestar animal, el evitamiento de riesgos de salud y la garantía de ingresos más equitativos para los agricultores (FAO 2010).

8. La alteración (contaminación) que realizan los transgénicos sobre los productos orgánicos por difusión, le exige a los productores de orgánicos asumir costos de selección y “limpieza” que inciden sobre los precios, siempre que deseen mantener la certificación (Hanson et al. 2003). 

No todos estos elementos son atribuibles al hecho de ser productos orgánicos, varios de éstos dependen de la política agraria que le da dirección a los subsidios y a los esfuerzos de investigación. Otros aspectos son relativamente transitorios y dependen del nivel actual de la producción y la heterogeneidad de los orgánicos: economías de escala y distribución. Finalmente, existen elementos que dependen de la regulación agraria: por ejemplo, las consecuencias de la “contaminación” que los transgénicos diseminan sobre los orgánicos son –injustamente- asumidas por estos últimos. Gran parte de los elementos que influyen sobre estos costos pueden ser resueltos sin que los productos orgánicos tengan que dejar de serlo. Así pues, varios de los elementos que hacen que los precios de los convencionales sean más bajos (escala, subsidios e investigación) podrían reorientarse para convertir a los orgánicos en productos más abundantes y accesibles. 

Además de los costos mayores, hay que considerar que la demanda sobre los productos orgánicos sigue creciendo más rápidamente que la oferta, tanto en EEUU como en los demás países (USDA 2009b). Esto también favorece que los precios de los orgánicos sean mayores que los precios de los convencionales. No obstante, los precios de los orgánicos no siempre han crecido a tasas mayores que las de los productos agrícolas convencionales (USDA 2009c).

La producción de orgánicos, crece más que las de otros productos agrícolas, debido a, entre otras cosas: mayor calidad, más altos márgenes de ganancia, la conciencia del menor daño sobre el medio ambiente y una mayor identidad con los consumidores. Para tener una idea de la magnitud del crecimiento: entre 1997 2001 se añadieron a la producción de orgánicos certificados por la FDA un millón de acres (AmberWaves 2001). En cuanto a la expansión de tierras para orgánicos en varios países:

La IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) informó que en 2003 en África ya había 40 mil granjas que cubrían 235 mil hectáreas de tierras certificadas para orgánicos. Para 2008 a nivel global se informaba que 35 millones de hectáreas eran manejadas orgánicamente y que las ventas de alimentos orgánicos alcanzaron los 50.9 mil millones de dólares (INFOAM 2010). 

En México, las áreas cultivadas crecieron de 23 mil hectáreas en 1996 hasta 400 mil en 2004 (205% de crecimiento anual) (Chávez 2006). En el caso peruano, el crecimiento promedio anual de las exportaciones es del 50%, sin mayores inflexiones. Perú desde 2008 es el más grande exportador mundial de café orgánico y el segundo en cacao orgánico (Olsen 2008). 

Los márgenes de rentabilidad son más altos, debido a que los precios suben más que proporcionalmente a la oferta. A pesar de los mayores costos, los productores pueden fijar precios a niveles que aseguren mayores tasas de rentabilidad. Por eso, es notorio que las empresas agrícolas entrantes a la rama (principalmente a través de procesos de conversión) crezcan a mayores tasas (Agricultural Outlook 2002a). 

En un proceso de diversificación de sus canales de ventas, los orgánicos se han expandido hacia los más variados espacios (mercados de granjas, ferias, supermercados naturistas, supermercados convencionales y clubs de tiendas) (Agricultural Outlook 2002b). Desde 2001 los orgánicos se conseguían en el 73% de las tiendas de alimentos. Sólo en las de productos naturales en 1998 las ventas fueron de 3.3 billones de dólares. Las ventas en los supermercados tradicionales crecieron, entre 1977 y 1998: en Houston 576%, en Baltimore 303%, en Boston 210% (Dimitri y Greene 2002).

Estas son algunas peculiaridades que ayudarán a entender la dinámica de orgánicos en su pugna con los transgénicos. 

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Referencias

Agricultural Outlook. 2002a. U.S. Organic Agriculture: Gaining Ground. Nov. ERS, pp. 9-14. 

Agricultural Outlook. 2002b. Organic Food Industry Taps Growing American Market. Oct. ERS, pp.4-8.

AmberWaves. 2001. Certified organic acreage and operators. [Disponible: www.ers.usda.gov].

Chávez, Luis. 2006. Mexico’s organic products law 2006. GAIN Report. USDA, FAS, Washington.

Dimitri, Carolyn y Catherine Greene. 2002. Recent Growth Patterns in the U.S. Organic Foods Market. Agriculture Information Bulletin No. 777, Sept, ERS, Washington.

Dunne, Nancy y Andrew Gowers. 1985. Los subsidios agrícolas en Estados Unidos. Financial Times, Enero 31. 

FAO. 2010. Why is organic food more expensive than conventional food? (Actualizado en feb 2010) [Disponible: www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq5/it/]

Hanson, James et al. 2003. Risk and management in organic agriculture: view of organic farmer. University of Maryland, Dep. Agricultural and Resource Economics. 

INFOAM. 2010. The World of Organic Agriculture. (Actualizada: marzo 2010) [Disponible: www.ifoam.org].

Olsen, Peter. 2008. Peru: organic products. Update 2008. GAIN Report. USDA, FAS, Washington.

Reimund, Donn A. y Fred Gale. 1995. Structural Change in the U.S. Farm Sector, 1974-87. AIB No. 674. ERS. 

Riedl, Briand. 2004. Another Year at the Federal Trough: Farm Subsidies for the Rich, Famous, and Elected Jumped Again in 2002, Heritage Foundation. [Disponible: www.heritage.org/Research/Reports/2004/05].

Rural Migrations News, 2002. Vol. 8 Num. 3, July, Universidad de California en Davis. [Disponible: http://migration.ucdavis.edu/rmn/more.php?id=608_0_5_0].

USDA 2009c. Organic Prices. (Actualizada: may 2009) [Disponible: www.ers.usda.gov/Data/OrganicPrices]. 

USDA. 2009a. Organic Agriculture: Organic Policy. (Actualizada: sep 2009). [Disponible:  www.ers.usda.gov/Briefing/Organic/Policy.htm].

USDA. 2009b. Organic Agriculture: Organic Trade. (Actualizada: sep 2009). [Disponible:  www.ers.usda.gov/Briefing/Organic/Trade.htm].

POLICIA NACIONAL VS CRIMEN ORGANIZADO/ Gustavo Carrión Zavala

Hace algunos días apareció una noticia en un diario de circulación regional del norte del país, en la que daban cuenta que el dueño de una conocida agrupación musical norteña, reportaba sentirse mucho más seguro al pagar la cuota que los extorsionadores le exigían, que esperar la respuesta adecuada de la Policía Nacional. Decía el causante de la noticia, que cuando le tocó acudir a la dependencia policial para reportar las llamadas con fines extorsivos que le hacían los integrantes de una organización criminal, le exigieron tantos requisitos y pruebas de lo dicho, que antes de ver concretadas las amenazas, optó por transar con los delincuentes, quiénes se encargan ahora de su seguridad. Claro ejemplo del desplazamiento del Estado en el cumplimiento de una de sus obligaciones principales, lugar que viene siendo masivamente copado por el crimen organizado.

Si de las pandillas se trata, un joven habitante de uno de los distritos populosos de la capital, en donde operan dos conocidas pandillas rivales entres sí, declaraba, obviamente sin identificarse, que se sentía más seguro dentro de la pandilla que fuera de ella, pues colectivamente defendían a sus miembros. De no pertenecer a ninguna de las dos, en cualquier momento sería víctima de la violencia de las mismas. Otro ejemplo de lo que logran las organizaciones criminales frente a la ausencia absoluta de políticas publicas de seguridad.

Si se entrevistara fuera de cámara a los propietarios de constructoras, no nos causaría sorpresa que la mayoría haya cedido a las extorsiones de las organizaciones que operan alrededor de esta principalísima actividad económica, atendiendo a la nula acción de los órganos públicos encargados de perseguir el delito y de prevenir su comisión.

Estos ejemplos nos muestran objetivamente que vamos en camino a legitimar la delincuencia como la principal protectora de vidas y bienes de los ciudadanos y reconocer sin ambages el claro fracaso de la seguridad ciudadana en nuestro país.

Cuando se habla de fracaso en temas de seguridad ciudadana, siempre se mira como principal agente de este fracaso a la Policía Nacional y se le atribuye culpa de todo lo que sucede. Esta mirada recurrente a la policía como responsable del fracaso tiene su explicación en la policialización de la seguridad, operada por el Ejecutivo, por la que dejan a la institución policial como única responsable de la seguridad ciudadana. Igual tendencia se percibe en alcaldes y presidentes regionales, al afirmar con recurrencia que el asunto de la seguridad compete exclusivamente a la policía, llegando al absurdo, como en el caso del alcalde de Lima, de afirmar que no pueden asumir las responsabilidades que la ley de seguridad ciudadana les asigna, porque no tienen mando directo sobre la policía, lo que constituye una clara renuncia a sus responsabilidades y su preocupación exclusiva y excluyente en obras de infraestructura física, que si bien importantes para la ciudad, devendrán en imposibles de utilizar si la delincuencia se apodera de puentes, escaleras, estaciones y las partes del sistema de transporte metropolitano susceptibles de ser capturadas por las organizaciones criminales.

Este mismo desprecio por la seguridad de los ciudadanos, se aprecia en las altas esferas del Gobierno Nacional, que al no contar ni estar dispuesto a diseñar políticas públicas de seguridad consensuadas con todos los agentes involucrados, responde con ofertas de sobrepenalizar las conductas delictivas, desaparecer o aumentar las restricciones para acceder a beneficios penitenciarios, en una tendencia eminentemente punitiva que suena musicalmente en los oídos de la desesperada población, que aplaude por el miedo generalizado que se aumenten penas, que se implante la pena de muerte o lo que es más grave, consiente que los policías se conviertan en asesinos de delincuentes en una peligrosa tendencia hacia la legitimación del asesinato como medio para combatir la inseguridad.

Otra de las respuestas apresuradas, es el tratar de poner más policías en las calles, para lo cual se han abierto indiscriminadamente escuelas de “formación” de policías, para poder satisfacer la oferta cuantitativa de policías sin importar si estos policías han sido lo convenientemente preparados para enfrentar no sólo a la creciente delincuencia, tampoco están preparados para oponerse a los métodos sofisticados que viene implementando el crimen organizado. Estos nuevos policías, endeblemente formados profesionalmente, con pésimas condiciones laborales para cumplir sus funciones, mal estimados, mal remunerados y con el estigma de una ley disciplinaria que se les aplica con excesiva punición, cuándo nunca fueron lo suficientemente habilitados para cumplir la función, sin incurrir en las faltas que sanciona esta famosa “ley Cabanillas”.

Los policías mejor adiestrados se forman en las escuelas patrocinadas por la cooperación norteamericana en la lucha contra el narcotráfico, pero entiéndase que se les adiestra en la persecución de este delito que afecta al Estado, pero que los éxitos obtenidos, reales o aparentes, no influyen en la disminución de la inseguridad que viven el común de los ciudadanos.

El desprecio por la seguridad de los ciudadanos se puede percibir en las palabras de defensa del presidente García al director de la Policía, al cual reconoce públicamente su supuesta acertada gestión cuando le cupo dirigir la unidad especializada en la persecución del tráfico ilícito de drogas, pero en momento alguno resaltó que tuviese grandes logros en temas de disminución de la inseguridad, e inclusive le da el espaldarazo definitivo al afirmar que la embajada norteamericana le reconoce al actual director general de la Policía sus éxitos en la lucha contra este delito de lesa humanidad, ergo no importa la validación ciudadana, importa la certificación extranjera.

Cuando decimos aparentes éxitos, nos sustentamos en las estadísticas oficiales de incautación de droga durante los últimos 20 años, que incluyen la gestión de Hidalgo, que no han superado el 5% del total de droga producida, lo que representa un evidente fracaso en la persecución de este delito. Solamente como ejemplo, en el año 2009, el Perú, que es el principal exportador de cocaína en el mundo, sólo logró incautar 16 toneladas de esta droga, y el ecuador que es un país principalmente de tránsito y sin cooperación norteamericana, logró incautar 11 toneladas, y es de suponer que la mayor cantidad de estas 11 toneladas representan las que no pudo incautar la policía peruana. Los supuestos grandes éxitos de la lucha antidrogas, está representados, según el presidente García, por las investigaciones a organizaciones que se dedican o que se dedicaron a este infame tráfico, y asumimos que es correcto se persiga a estas organizaciones, empero, no creemos que el prestigio de la Policía y de sus altos mandos esté exclusivamente centrado en la lucha contra este flagelo, dejando siempre pendiente el afrontar con seriedad los temas de la inseguridad ciudadana.

Si como sostiene acertadamente Juan Briceño, no consensuamos políticas públicas de seguridad y le damos organicidad al esfuerzo, es poco lo que se puede esperar, menos aún de la actual administración que estando casi de salida, poco o nada le interesa dar inicio a un proceso serio de lucha contra la inseguridad, que no rendirá mediáticamente por ser un aliento de mediano plazo, pero que es urgente asumirlo con responsabilidad en vías de consolidar una cultura de certeza, que imponga nuevas formas de vivir que se opongan a los riesgos a que nos somete la sociedad moderna. No permitamos que las organizaciones criminales se legitimen como prestadoras de servicios de seguridad.

Carlos Iván Degregori/ “NO HA HABIDO PRESIDENTE QUE HAYA MALTRATADO TANTO A SUS CIUDADANOS COMO ALAN GARCÍA”

 

La bandera de la lucha contra la corrupción ha vuelto a aparecer en el escenario político, esta vez de la mano de Lourdes Flores, que está hablando de los antecedentes de Kouri, su principal adversario. ¿Cuál es tu lectura de esto?

Hay semejanzas y diferencias. A fines de los años 90 la corrupción fue apabullante, en especial la que apareció en los ‘vladivideos’. En la época de Fujimori hubo recesión económica, desempleo, violaciones de derechos humanos y otros problemas. Ahora el escenario es ciertamente diferente, pero también parecido en muchos aspectos, sobre todo en que la corrupción actúa con mayor descaro. Creo que las dos coyunturas se asemejan.

La liberación de Crousillat y todo lo relacionado con estos chuponeos de Business Track son dos hechos cuyas respuestas no han sido suficientemente calibradas por los propios gobernantes y responsables de estos actos.

Y es en este contexto en el que aparece el regreso no solo de Kouri sino de varios fujimoristas en diferentes partes del país. Si bien todavía tienen partidarios, hay también gente que recuerda, que está en contra, y que tiene la vocación para mezclar y articular la ética con la política. Entonces yo creo que, para bien, la corrupción se convierte en un tema importante.

Mientras todos los gobiernos han culminado con actos de corrupción, existen sectores absolutamente honestos que no tienen una expresión política. ¿Por qué está tan arraigada la corrupción en el país?

Comenzaría con una cuestión que puede sonar cínica: lo que sucede aquí es tal vez que son unos chapuceros y siempre son descubiertos. Hasta para eso somos bastante chapuceros, pese a que se trata de gente supuestamente experta en estos temas. Ver entrevista completa en ideele.

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, y Pablo Obrien

Petroaudios: La arremetida de Gianotti



Petroaudios: ¿Se llegará a descubrir?



Petroaudios: Consecuencias políticas

HACE FALTA UNA VISIÓN INTEGRAL PARA DISEÑAR POLÍTICAS DE SEGURIDAD / Juan Briceño Pomar

Cuando nos ponemos a recapitular la cantidad de esfuerzos que se hacen para solucionar los problemas de seguridad, los recursos que se emplean para ponerlos en práctica y los resultados que se alcanzan sólo podemos llegar a una conclusión: individualmente no lograremos el éxito, tenemos que trabajar en conjunto, coordinada y complementariamente si queremos enfrentar con posibilidades los graves problemas de inseguridad que nos aquejan.

Vigilantes privados, endurecimiento de penas, rebaja de la edad penal, cámaras de video vigilancia, sirenas, alarmas, rejas, cercos eléctricos, perros, juntas vecinales, patrullaje integrado, policía comunitaria, puestos de auxilio rápido, escuelas para padres, clubes de menores, trabajo con barras bravas, oportunidades de trabajo para pandilleros, ocupación de tiempo libre, fábrica de escobas, deporte inclusivo, campañas de prevención del consumo indebido de drogas, escuelas de educación vial, penas alternativas, justicia restaurativa y un largo etcétera de iniciativas –muy loables por cierto- son presentadas a diario. Lo lamentable es que ninguno de estos esfuerzos por sí solo nos hace sentir más seguros ni es capaz de terminar con la violencia y la delincuencia.

Proyectos, programas y actividades que alcanzan excelentes resultados en algunas zonas del país no son sistematizados ni estudiados y adaptados a otras realidades para ser replicados, perdiéndose una brillante oportunidad de articular experiencias exitosas en la cruzada contra este flagelo. Para muestra un botón. Hace poco Ciudad Nuestra ha presentado el libro “Quién la hace en seguridad ciudadana” en el que se recogen algunas de ellas que fueron calificadas como buenas prácticas en el premio organizado por Ciudadanos al Día. ¿Se ha previsto hacer algo al respecto?, ¿tendrán sostenibilidad?, ¿las conocen los responsables de la seguridad en nuestro país?  

Desde los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, ministerio público, policía, municipios, asociaciones vecinales, cooperación internacional, ONGs, sociedad civil y ciudadanos de a pie se diseñan e implementan medidas inconexas y hasta a veces contradictorias que lo único que logran es diseminar los esfuerzos y mal emplear los escasos recursos que se destinan para combatir la inseguridad.

En tanto que cada vez destinamos más y más recursos para satisfacer las necesidades de seguridad del estado y de los ciudadanos, paulatinamente vemos como los indicadores nos señalan una cruel realidad: la violencia y el delito crecen, la viabilidad de los estados se ve comprometida, los ciudadanos nos sentimos desprotegidos, la tasa de homicidios se eleva sostenidamente, delitos que creíamos erradicados vuelven a cometerse, y la competitividad de nuestras empresas se ve afectada puesto que cada vez se incrementan los gastos para seguridad o para pagar extorsiones. Estamos perdiendo la “guerra contra la inseguridad”.

¿Qué hacer?, ¿no hay solución posible?, ¿debemos resignarnos a vivir sometidos a la dictadura de la inseguridad?, ¿tenemos que aceptar la ineficiencia del estado y sus instituciones a la espera que surja una solución mágica?

Tenemos ad portas las elecciones municipales, regionales y presidenciales. Dado que el tema de la inseguridad es -según las encuestas- prioritario para la ciudadanía, durante la campaña electoral, como casi siempre, vamos a escuchar de los candidatos propuestas seguramente bien intencionadas pero desarticuladas y con orientación cortoplacista que sólo persiguen soluciones espectaculares y llamativas pero parciales y sin posibilidades de sostenibilidad.

Estamos ante un problema complejo y multicausal, por lo tanto la solución al mismo también debe ser compleja, de largo plazo e interdisciplinaria. Desconfiemos de aquellas agrupaciones políticas o candidatos que nos pretendan “vender la idea” que solos y en un plazo relativamente corto van a terminar con la violencia y la delincuencia. Repito que el tema es complejo y necesita de la participación activa de todos.   

Ante esta realidad han surgido voces sensatas –cada vez en mayor número- que proponen un gran acuerdo o pacto por la seguridad y la justicia en nuestro país. Es alentador constatar que la razón y el sentido común se abren paso en un tema tan sensible y de tanta importancia para el desarrollo futuro de nuestro país.

   

Ciudadanos, familias, sociedad y estado tenemos la obligación de juntarnos, conciliar posiciones por encima de nuestras inclinaciones ideológicas y comprometernos a diseñar e implementar políticas que trasciendan a los gobiernos de turno. Se debe realizar un diagnóstico compartido de la inseguridad en nuestro país; levantar un inventario de los recursos con que contamos y los que necesitamos para enfrentar el problema; determinar los roles y responsabilidades de todos los actores que deben intervenir; establecer objetivos realistas y medibles con sus correspondientes indicadores de gestión; y, finalmente, articular  y coordinar esfuerzos para lograr resultados positivos en esta cruzada. 

No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Mientras más rápido pongamos manos a la obra menos avanzará esta amenaza y menos traumáticas serán las medidas que debemos adoptar.    

RESPUESTA A RICARDO LAGO/ Carlos Basombrío Iglesias

Respuesta a Ricardo Lago

Generosos con el chino Velasco, ingratos con el chino Fujimori

Estimado Ricardo:

Un amigo me llama y me comenta que me han dedicado unas líneas “cariñosas” en Correo. Contra mi costumbre busco ese diario en domingo y veo que eres tú.

Lo leo rápido (guardo el placer de releerlo para más adelante) porque ando a punto de subirme a un avión y no tengo mucho tiempo. Unas reacciones rápidas y las  escribo en el blog de Semana Económica, en el que ambos ponemos posts, para asegurarme que te lleguen (no tengo tu correo a la mano).

Mi primera reacción es que un poco menos de adjetivos para descalificar a las personas le habrían venido bien al artículo; aún cuando comprendo que no quieras desentonar con el estilo predominante del medio que te invita. 

Leer más: http://blogs.semanaeconomica.com/blogs/contrapeso-politico/posts/respuesta-a-ricardo-lago#ixzz0lYPmyeBq

LlANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich,Pedro Francke, Fernando Rospigliosi

I. El regreso del tío George


II. ¿Ya viene el Metropolitano?


III. Encuestas para todos los gustos

“USTED DIJO PERPETUA” / Luis Pásara

Pese a su carácter aparentemente consagratorio, como sabemos, el Óscar no siempre acompaña a buenas películas. De allí que el premio otorgado este año, como mejor película en lengua no inglesa, a “El secreto de sus ojos” a muchos nos satisfaga y alegre. Para quienes tenemos interés en el tema de la justicia, la ocasión es singularmente significativa por tratarse de una película que es una lección sobre la administración de justicia en América Latina.

Por lo menos tres cuestiones resaltan en la película argentina. La primera está destinada principalmente a no iniciados y consiste en la descripción precisa de la rutina de los tribunales. Esa rutina a la que están confiados la vida, la libertad y los bienes de las personas aparece cuidadosamente ilustrada, tanto cuando se recurre a detalles divertidos –como los modos ingeniosamente desaprensivos de responder el teléfono en el juzgado–, como cuando se plantea un asunto tan serio como la práctica de encontrar un par de culpables sin preocupación alguna porque lo sean de veras.

El segundo asunto es, obviamente, la relación con el poder. Puesto el caso de la historia en la circunstancia de los años setenta en la Argentina, es portador de algún riesgo de despistarnos. Porque, según entiendo, el tema planteado no se limita a la suerte que la justicia corre en épocas de dictaduras y gobiernos militares. Va más allá: el poder permea la justicia y la tuerce hasta donde requiera hacerlo. Como, por desgracia, hemos aprendido a través de la experiencia, también democracias y gobiernos civiles intentan manejar –¡y manejan!– a la justicia según las necesidades del poder. De modo que, no nos confundamos, es la siempre presente relación con el poder lo que está en cuestión y eso es, precisamente, lo que da a la novela de origen de Eduardo Sacheri y a la película premiada de Juan José Campanella su horizonte universal, a partir de una historia localizada en un país y tiempo determinados.

El tercer tema es acaso el más inquietante, debido a su actualidad. Si un espectador escoge refugio en el encuadramiento de la historia en la Argentina de las juntas militares, la justicia por mano propia lo confronta con una alternativa del presente. Alternativa que se ha extendido en las últimas dos décadas –acaso alentada por los medios de comunicación–, indudablemente nutrida por la manifiesta y creciente insatisfacción social con la justicia. Sin embargo, la delicadeza de la historia hecha ficción nos aparta de la brutal violencia del linchamiento. Por el contrario, el ciudadano asume el papel de policía, juez y carcelero, sujetándose a la lógica de una ley que no se cumple. “Ud. dijo ‘perpetua’”, recuerdo de la previsión con base en la norma –que ineficiencias e interferencias impidieron realizar– es una suerte de invocación a la legitimidad jurídica.

Muchas preguntas pueden hacerse a partir de esta magnífica película. Guiado por los cada vez mayores escándalos por los que atraviesa hoy la justicia peruana y el desenfadado desnudamiento del poder que aparece detrás de la justicia española que quiere acabar con Baltasar Garzón, me quedo con la interrogante más turbadora: ¿es posible reformar a esta justicia?

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Nicolás Lynch, Fernando Rospigliosi

I. ¿Ilegales, informales, salvajes?

II. La anticorrupción vuelve

III. Vaticano: Con las sotanas arriba

CHILE, UN CATACLISMO OBLIGA A UN NUEVO TRATO / Alfredo Stecher

Ha pasado más de un mes desde que el terremoto, el maremoto y la ola de saqueos hicieran estremecerse el alma nacional del hermano país de Chile. Inicialmente parecía que llegaría a predominar el pesimismo en la sociedad, junto con demandas extremas de represión estatal y de organización de autodefensa civil. Pero tanto el Estado como la sociedad civil pronto hicieron primar el optimismo a punta de eficacia y solidaridad impresionantes, en comparación con calamidades comparables en otros países, de modo que el remezón por el desborde social no llegó a marcar el conjunto de la coyuntura.

Es cierto que la respuesta inicial del Estado central, durante las primeras 24 horas, había sido titubeante e improductiva. Las catástrofes evidenciaron que no existía un plan de respuesta mínimamente adecuado. La tragicomedia de equívocos respecto de la detección y alarma de maremoto mostró que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Marina (SHOA) no estaba a la altura de las exigencias, ni en equipamiento ni en actitud, y evidenció que la Organización Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI), equivalente a nuestra defensa civil, es mucho menos eficiente de lo esperado, por centralismo y burocratización. Además se mostró la absoluta ineficacia del sistema de comunicaciones entre instancias del Estado y entre éstas y la población. De lo contrario se hubieran salvado muchas de las vidas perdidas.

Paradójicamente ha sido el gobierno de Bachelet el primero en la historia de Chile que había diseñado y comenzado a implementar un sistema integral sismográfico y de alerta, que debía haber estado listo en enero, pero que tiene un gran retraso.

Que el número de muertos sea relativamente reducido frente a la magnitud de la catástrofe y del enorme número de damnificados, evidencia la buena calidad de la infraestructura pública y de las viviendas de más pisos, y el instinto de sobrevivencia de quienes escaparon de casas antiguas y del maremoto, así como el sentido común de los carabineros y bomberos (y de una chiquilla en Islas Juan Fernández, cuya guarnición de la Armada había recibido el mensaje de no existencia de riesgo de tsunami), que dieron alarma de tsunami sin esperar la central. La Armada al menos evacuó Talcahuano de inmediato, sin esperar a su propia instancia de alarma, con lo que logró reducir en algo los cuantiosos daños y evitar pérdidas de vidas.

La ola de saqueos comenzó con hechos aislados, protagonizados por personas que habían perdido todo, secundadas rápidamente por delincuentes. Ante la debilidad de la presencia policial se extendieron como reguero de pólvora en las principales ciudades y en varios otros poblados, arrasaron con todo tipo de mercadería e instalaciones de decenas de supermercados y centenares o miles de tiendas, llegando hasta a provocar incendios de magnitud, sorprendiendo al Gobierno, al país y al mundo. Al afectar extensamente a domicilios de particulares se organizaron comités de autodefensa armados con armas y artefactos dispares. Se estima que los saqueos fueron un fenómeno de masas que incluyó hasta a personas de capas más acomodadas, que la delincuencia organizada y ocasional aprovechó y luego prolongó hasta que se hizo abrumadora la presencia militar amparada en un prolongado toque de queda, de hasta 18 horas. La fuerza pública, con ayuda de denuncias de vecinos, logró recuperar una cantidad importante de bienes.

Se ha reprochado mucho al gobierno saliente el no haber decretado estado de sitio y movilización militar desde el primer momento. Creo que también el gobierno de Piñera pudo haber dudado inicialmente, cuando incluso altos militares lo creían innecesario y manifestaban no tener suficientes efectivos para una implementación total inmediata. Al día siguiente se hizo evidente la necesidad y el Gobierno respondió a ella. Han sido elevadas muchas críticas a la demora en la movilización de recursos en apoyo a las regiones. Lo cierto es que, ante la intensidad y extensión geográfica y demográfica del desastre, y dado el colapso de las telecomunicaciones y del sistema eléctrico, y los graves daños a la infraestructura de transporte, ha sido más bien impresionante el despliegue de fuerzas gubernamentales, militares y civiles, lógicamente progresivo, con efectos paulatinos y con muchos errores y limitaciones. Ya quisiéramos tener algo parecido en nuestro país.

El desastre cambió radicalmente el escenario político. Ante una Concertación derrotada, pero aún fuerte, que cerraba filas para perfilarse como oposición radical, la Coalición triunfadora había tenido escaso éxito en su afán de debilitarla con la cooptación de cuadros en función de una política de unidad nacional (con pocas excepciones, en particular la del Ministro de Defensa) y de facilitar la gobernabilidad desde su punto de vista. El cataclismo del 27 de febrero género un ánimo de cooperación e impuso una agenda de unidad nacional, que se expresó en votaciones casi unánimes en el Congreso sobre iniciativas relacionadas con la emergencia. Además dio aún mayor legitimidad a la selección de integrantes del nuevo ejecutivo en función principalmente de capacidades técnicas y de gestión. Las réplicas del 11 de marzo, durante el traspaso de mando, reforzaron esto.

En general no hay dudas sobre la capacidad técnica e inteligencia de las personas designadas, sobre su probidad y sobre su deseo de servir al país desde su perspectiva política, con una dedicación intensa marcada por las exigencias de eficacia y de ritmo de Piñera y con asunción de notables inconvenientes personales para la eliminación de posibles fuentes de conflictos de interés: venta de acciones, traspaso de empresas, renuncia a directorios de empresas.

Los mayores cuestionamientos desde posiciones más bien independientes se refieren a la capacidad política del conjunto, entendida tanto como la comprensión de dinámicas sociales y políticas populares, como el manejo de éstas y del aparato del Estado. La procedencia de sus cuadros de pocas universidades, principalmente la Católica, y de estratos sociales relativamente reducidos y centrados en Santiago, les restaría empatía con el grueso del país y capacidad de identificación de éste con la dirigencia estatal.

De lo que no cabe duda es de la voluntad de Piñera y de quienes ha comprometido en esta tarea de tener éxito a toda costa y de corresponder a la alta cota dejada por los logros de la Concertación y por la aceptación de la presidenta Bachelet.