SUSANA VILLARÁN, LOS “CAVIARES” Y LA TOLERANCIA

FRANCISCO BELAUNDE MATOSSIAN

No se es necesariamente de extrema derecha ni “fujimontesinista” porque se rechaza la alianza de Susana Villarán con Patria Roja. Ella es, sin duda, una mujer valiosa que, además, ha constituido un equipo de primer nivel, con profesionales destacados como Eduardo Zegarra y Gustavo Guerra-García, entre otros. Sin embargo, si su perfil encaja con el ideal que muchos tienen de una izquierda moderna en el Perú, no se puede decir lo mismo de Patria Roja, que, por el contrario, encarna lo más arcaico del izquierdismo. Hay entonces una contradicción en la propuesta de Villarán que podría desembocar, eventualmente, de alcanzar la alcaldía metropolitana, en tensiones internas que podrían complicar su gestión. Ello, además, de la preocupación que muchos no podemos dejar de sentir ante la eventualidad del ingreso en gran número a las dependencias municipales, de dirigentes y militantes de un partido como Patria Roja que no tiene precisamente credenciales democráticas muy sólidas.

Es decir, si bien es reprobable la crítica histérica a la candidata de Fuerza Social, simplemente, porque es de izquierda, también lo es que se asimile las reservas ante sus alianzas políticas a posiciones de extrema derecha y se busque así descalificarlas. No puede haber un doble estándar a la hora de exigir tolerancia y espíritu democrático.

Lamentablemente, algunos no parecen entenderlo así y no es la primera vez. Los debates en torno al informe de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación y a la condena de Alberto Fujimori por los asesinatos de La Cantuta y Barrios Altos han dado, y, dan pie, a la misma actitud. Así, en respuesta a los ataques histéricos contra las ONG y los llamados “caviares” provenientes de un lado, se ha endilgado indiscriminadamente el mote de “fujimontesinistas” y calificativos como “defensores de la barbarie” a todos aquellos que han expresado reservas o algunas dudas en cuanto a la sentencia judicial y al informe de la CVR. El periodista Jaime de Althaus, por ejemplo, fue blanco de ese tipo de excesos. Esa no es la mejor manera de propiciar un debate alturado; además, con ese tipo de respuesta se transmite mucha arrogancia, estableciéndose una suerte de superioridad moral de un sector respecto de los otros. De esa manera, se alimenta la hostilidad hacia los que son identificados como “caviares”, que, por lo demás, no es sólo propia de sectores extremistas de derecha, sino que también se da, de manera bastante sorprendente, en personas que, por sus opiniones en general, se ubican claramente en el centro del espectro político. Lo más grave es que no sólo se perjudica la causa de los derechos humanos, sino que también, al exacerbarse la polarización en torno al fantasma de “lo caviar”, se distorsiona la evaluación de la labor de determinadas personas cuando ocupan cargos en la administración pública, simplemente porque son vistas como “caviares”. Es lo que claramente ha sucedido, por ejemplo, con la acción del equipo encabezado por Fernando Rospigliosi y Gino Costa, que estuvo al frente del ministerio del interior durante el gobierno de Alejandro Toledo. El escepticismo frente al trabajo desarrollado entonces, no ha sido únicamente de los sectores interesados en impedir cualquier posibilidad de cambio, sino también de otras personas que, sin mucho análisis, veían sólo a un grupo de “caviares” en acción. El resultado fue el insuficiente apoyo político a una propuesta de reforma que, sin embargo, parecía estar muy bien concebida y encaminada. La consecuencia última fue la marginación de profesionales competentes, con sentido común y con ideas, lo que es lamentable pues el Perú no está en condiciones de prescindir del aporte de funcionarios capaces.

Ya es tiempo de reducir la extrema polarización en nuestra política, para lo cual se requiere no sólo promover el espíritu democrático, sino también cuidar de no caer en la arrogancia.

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer, Fernando Rospigliosi

I. El tachado




II. La Tinka



III. La puntera

LA SEGURIDAD CIUDADANA SE PUSO DE MODA, CUIDADO CON LO QUE HACEMOS/ Juan Briceño Pomar

No hay duda que el brutal ataque que dejó cuadripléjica a la niña Romina Cornejo ha sido el detonante de la explosión de indignación ciudadana que recorre el país en los últimos días y exige al Estado y a las autoridades que hagan algo para terminar con la “ola de delincuencia” que nos azota.

En efecto, el incremento de hechos delictivos de gran impacto mediático; la manifiesta incapacidad del Estado para hacerles frente; la presión que ejercen los medios de comunicación social y líderes de opinión para que se adopten medidas excepcionales; la aparición de encuestas que colocan a la inseguridad como el problema que más preocupa a los ciudadanos; el reconocimiento del Presidente de la República que se trata de un asunto pendiente de solución en su gestión; la proximidad de las elecciones regionales y municipales; y, el oportunismo de algunos políticos que pretenden obtener réditos de la grave situación que atraviesa el país se han juntado como si se tratara del adelanto de la alineación de los planetas prevista para el 2012 que el imaginario popular asocia con grandes catástrofes.

La consecuencia directa de la situación descrita es la proliferación de una serie de propuestas que, si bien es cierto enriquecen el debate, incluyen el riesgo de tomar decisiones marcadas más por la emotividad o por intereses políticos que por la racionalidad y la coherencia.

Al margen de nuestras preferencias o inclinaciones ideológicas, resulta pertinente que se pongan sobre el tapete y se discutan temas como la reinstauración de la pena de muerte; el endurecimiento de las penas; la creación de un nuevo ente rector de la seguridad ciudadana; la eliminación de beneficios penitenciarios; la conformación de un organismo encargado de diseñar la política criminal del país; el otorgamiento de mayores facultades a la policía o la autorización a los gobiernos locales para invertir en seguridad.

La campaña electoral y el estado de ánimo de los votantes han obligado a los partidos y agrupaciones políticas participantes a incluir en sus planes de gobierno alternativas de solución para los problemas de inseguridad de sus localidades y en ellas también se observan aspectos novedosos dignos de analizar para verificar sus costos, probables impactos y viabilidad.

El lado positivo es que los ciudadanos somos cada vez más sensibles frente a las dificultades y consecuencias que, para nuestra vida cotidiana, plantea un escenario en el que nuestra principal preocupación deba ser preservar nuestras vidas o bienes o los de nuestros seres queridos, destinando para ello tiempo y recursos que muy bien podrían servirnos para mejorar nuestra calidad de vida y alcanzar mayores niveles de desarrollo.

El riesgo radica en que la percepción de inseguridad ha alcanzado niveles bastante elevados -96% según las últimas encuestas- lo que introduce un nuevo factor que condiciona nuestra racionalidad al momento de tomar decisiones: el temor a ser las próximas víctimas de la violencia. Este temor nos lleva a plantearnos la necesidad de renunciar a espacios de libertad en la esperanza de alcanzar mayores niveles de seguridad, exigir acciones drásticas –que en algunos casos llega a ser violatoria de derechos- o en su defecto aferrarnos a propuestas presuntamente “salvadoras” que van a proporcionarnos las condiciones de tranquilidad y paz social que anhelamos.

Frente a este panorama debemos reiterar que el problema de la inseguridad es integral, multicausal y multidisciplinario; que no existe una solución única ni de corto plazo para el mismo; que es básica la voluntad política y la participación ciudadana para tener éxito; y, que es necesario contar con instituciones fuertes y eficientes, con un diagnóstico adecuado y con una línea de base que nos permita establecer los mejores cursos de acción y evaluar con objetividad los resultados que vayamos alcanzando.

Un somero análisis de las alternativas que hasta ahora se conocen nos permite afirmar que son parciales y en algunos casos contradictorias, que la mayoría se orientan sólo a modificar la normatividad existente, que no tienen en cuenta las implicancias que conlleva su aplicación en otras áreas, que no son viables por falta de financiamiento, que no diferencian entre los servicios de orden y seguridad que requiere el estado y los que requieren los ciudadanos; y, que no consideran las causas estructurales que inciden en la inseguridad limitándose a proponer medidas para aspectos coyunturales en base al temperamento ciudadano y no a propuestas técnicas de especialistas en el tema.

Finalmente deseo llamar la atención sobre la pertinencia de tener presente la advertencia que realizó la socióloga peruana Lucía Dammert, con ocasión de la presentación de su libro “Violencia e Inseguridad Ciudadana en las Américas”, en el sentido que, si queremos resolver los problemas de inseguridad, debemos superar los mitos de que:

 Una ley más dura es más eficiente.

 La seguridad privada puede resolver el problema de la inseguridad.

 Portando armas podremos protegernos mejor

 La democracia es débil para combatir la inseguridad y por lo tanto sistemas autoritarios o recortes de las libertades y derechos permiten alcanzan mejores resultados.

En conclusión podemos afirmar que está comprobado que insistir en alguno o todos los “mitos” antes señalados no lleva a resultados positivos y, por el contrario, donde se han puesto en práctica, se elevaron los índices de violencia y criminalidad. Es necesario diseñar y aplicar una política de estado integral, coherente y sostenida en el tiempo. No dejemos que el temor, el hígado o el corazón decidan por nosotros.

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer, Fernando RospigliosiI.

La tachaza I




II. La tachaza II




III. La tachaza III

REACCIONES DESESPERADAS/ Gustavo Carrión Zavala

El innegable crecimiento del delito, la cada vez mayor sensación de inseguridad, la violencia creciente en la comisión de actos criminales, el uso incontrolado de armas de fuego, las víctimas de estos hechos que alcanzan su máxima expresión en el caso de la niña Romina, baleada inmisericordemente durante un asalto y todo el drama que significa la precaria situación de la seguridad ciudadana, ha provocado reacciones desesperadas, tanto en los encargados de brindar seguridad, como en la ciudadanía, sin desconocer el perverso aprovechamiento político de la crítica situación, que pretende conquistar adhesiones planteando temas constitucionalmente inviables.

Pretendemos resumir algunas de las reacciones:

El Presidente de la República, antes de su Mensaje del 28 de julio, declaró al comercio que los asuntos pendientes de su gestión estaban referidos a la seguridad ciudadana y la corrupción. En el mensaje de Fiestas Patrias, su preocupación se redujo a una breve mención del problema de la inseguridad, simplificándolo a la ausencia de coordinación entre los órganos estatales encargados de tal fin. Es probable que no haya advertido el presidente que desde enero del año 2003 está vigente la ley 27933 que regula el Sistema de Seguridad Ciudadana y responsabiliza al ministro del Interior la conducción del Consejo de Seguridad Ciudadana que debe armonizar y articular la actuación de los comités regionales, provinciales y distritales de seguridad ciudadana, así como a los sectores involucrados en el sistema. Si este consejo no funcionó durante los cuatro años de gestión de la presente administración, resulta obvio que los ministros del Interior que se han sucedido no han cumplido la ley y el presidente no ha aplicado las correcciones para que sus ministros la cumplan.

Se ha producido tal desconcierto, que un despistado jefe militar de la región sur del país, planteó sacar unidades militares para patrullar la ciudad de Arequipa, sabiendo que resulta inconstitucional la intervención del Ejército en funciones que no son de su competencia, con la salvedad de los regímenes de excepción y cuando expresamente se encargue a las Fuerzas Armadas el control del orden interno. Nos hizo saber también el jefe militar, que tenían armas no letales que disparaban proyectiles de goma, lo que nos sorprendió al constatar que el Ejército invierte en adquirir equipo que no corresponde a la naturaleza de su actuación, o acaso en un escenario de combate se pueden rechazar a tropas invasoras con proyectiles de goma. Cabe dos interpretaciones, o se está gastando inútilmente los escasos recursos o realmente se está produciendo una policialización de las Fuerzas Armadas ante la improbabilidad de un conflicto armado.

Esta explicación adquiere verosimilitud si le adicionamos lo declarado por el ex ministro de Defensa y ex Comandante General del Ejército, Roberto Chiabra, quien afirmó que la fuerza armada conoce la dimensión del narcotráfico y que tiene planes para combatirlo. Hasta donde sabemos y la constitución establece, la persecución y combate al delito es parte de la finalidad de la Policía Nacional y el tráfico ilícito de drogas es un delito criminalizado en el Código Penal, por tanto, no sólo está reconociendo el citado ex ministro, que el problema en el VRAE y El Huallaga es básicamente el tráfico de drogas, y el involucrarse en su persecución es otra muestra de la policialización de las fuerzas armadas. Habría adicionalmente que constatar si la policía tiene el equipo que posee la fuerza armada para asuntos netamente de orden público y evitar que jefes militares confundan a la población ofreciendo su participación en tareas que no le corresponden, pero que pueden ser aceptadas popularmente por el estado de crispación consecuente de la ingobernabilidad en asuntos de seguridad.

Programas radiales, por el mismo estado de crispación, vienen planteando la participación de las fuerzas armadas en temas de seguridad ciudadana, haciendo consultas telefónicas a la población, que obviamente se inclinan por el orden y no interesa a qué precio. El ejemplo de México resulta decidor cuando las Fuerzas Armadas se comprometen en la persecución de un delito, el baño de sangre es aterrador.

Como no podría esperarse otra actitud, los congresistas fujimoristas con fines más de sintonizar con la ya mencionada crispación popular por la inseguridad y en clara busca de votos, plantea un debate a todas luces inconstitucional como la aplicación de la pena de muerte, como si la punición y la muerte pudiesen resolver el crecimiento del delito. Sabiendo que ello no es viable, distraen la atención nacional con el perverso propósito de captar simpatías electorales y con la seguridad que no prosperará la propuesta pero tendrán a quién atribuir culpas por ello.

La Policía atraviesa uno de sus momentos más difíciles: mal formados, mal capacitados, mal atendidos, mal remunerados, son presas de una enorme desmotivación que crecerá cuándo sus expectativas por las nuevas remuneraciones se vean defraudadas, si nos atenemos a lo declarado por la ministra de Economía, que las estimaciones que se vienen haciendo constituyen “fantasías”. Ojalá nos equivoquemos, pero este problema de las remuneraciones será artificiosamente diferido para la siguiente administración. Ya sucedió con el anterior gobierno de García y el nunca aplicado DS 213.

Además de la desmotivación y desfidelización de los policías, la falta de inteligencia para planear las operaciones policiales, nos demuestra por un lado, la poca fiscalización sobre los fondos destinados a gastos de inteligencia y consecuentemente la poca efectividad de esta actividad y lo que resulta obvio, el apoderamiento de estos fondos por los encargados de administrarlos, empobreciendo la actuación policial.

Las constataciones que hace el personal policial sobre el apoderamiento de fondos públicos por parte de algunos jefes, promueve que la corrupción corra en cascada hacia abajo, sin que se pueda ejercer el control debido sobre la actuación policial. Si se adiciona la defensa que hizo el primer mandatario de un jefe policial que recibió irregularmente fondos públicos de una autoridad municipal, aún cuando se haya utilizado el dinero en propósitos correctos, significa el establecimiento de una corriente de burlar la norma que resultará incontrolable e insancionable.

Finalmente tenemos que decir que para afrontar la actual situación de creciente inseguridad deben iniciarse dos tipos de acciones: contener el actual crecimiento de la inseguridad con planes sustentados en inteligencia efectiva (es posible hacerlo y así lo demostró la DIRINCRI al capturar en tiempo breve a dos de los delincuentes que provocaron el drama de la niña romina), de tal suerte que no se estén dando palazos de ciegos. Como acción paralela, articular la participación de los municipios y organizaciones de bienestar social en la atención de grupos en riesgo y zonas vulnerables, con fines de prevenir y evitar la aparición de nuevos delincuentes.

En el mediano plazo, definir el tipo de policía que necesitamos e iniciar la transformación de la actual institución en una moderna, profesional, producto de nuevas bases doctrinarias, nuevas relaciones de conducción, revisión y modernización de rutinas, revaloración del hombre policía, remuneraciones y ambiente laboral digno y que sea parte de la urdimbre social.

¿MATAR AL PADRE? / Carlos Basombrío Iglesias

Es extremadamente fácil, aprovechando el dolor de las víctimas y la indignación que sentimos todos ante las bárbaras acciones criminales de los últimos días, mentir y hacer demagogia con la pena de muerte, diciendo que es una alternativa frente la inseguridad ciudadana.

El tema se ha discutido en el Perú y el mundo hasta el cansancio. Incluso el propio Alan García quiso usarla al comienzo de su gobierno para reforzar su popularidad y la propuesta fue desechada por este mismo Congreso.

No entro aquí a discutir la cantidad de argumentos que hay para oponerse a esa bárbara e ineficaz medida. Quiero solamente expresar la náusea que me produce que candidatos hambrientos de votos, la usen para ver si se ganan alguito con un tema tan serio. Como no podía ser de otra manera, los fujimoristas están a la cabeza en esto y ya Keiko ha propuesto que haya pena de muerte en el Perú. En mi opinión lo hace no por convicciones, ni por ideas (la verdad que no le conozco hasta ahora ninguna, en ningún campo), sino porque está segura de que algunos puntitos le puede dar en las encuestas.

Si la manipulación del miedo y la indignación de la gente en este tema, por parte de los políticos en general es abominable, no quedan palabras para describir lo que ocurre tratándose de Keiko Fujimori.

-Señora Fujimori: ¿está segura de lo que propone como solución?
-Ahh, se ratifica, pues entonces le pregunto: ¿debe haber pena de muerte específicamente para el homicidio calificado y el secuestro agravado?

Me imagino que, consecuente con su “defensa de la sociedad”, no le queda duda alguna que sí, tratándose ambos de delitos monstruosos.

Una preguntita más que me da vueltas por la cabeza:

-Señora Fujimori: ¿usted cree que se debe matar a todos los condenados por homicidio calificado y secuestro agravado o sólo a los que no son conocidos o parientes de uno?

Señora Fujimori: ¡cómo puede usted olvidar que si la pena de muerte hubiese estado vigente cuando juzgaron a su padre, no hubiese sido condenado a 25 años, por homicidio calificado y secuestro agravado, sino que hubiese enfrentado al pelotón de fusilamiento!

Señora Fujimori, no tenga duda alguna, en ese horrendo supuesto, muchos hubiésemos hecho hasta lo imposible por salvar la vida de su padre. ¿Usted también?

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer, Fernando Rospigliosi

I.¿Caerá la candidatura de Kouri?





II. Lourdes Flores en la punta

III. Conflicto gaseoso en el Cuzco

CONSTATACIONES, OPORTUNIDADES Y EXIGENCIAS EN SEGURIDAD / Juan Briceño Pomar

 Al revisar el último mensaje presidencial desde la perspectiva de la seguridad ciudadana, los analistas coinciden en señalar que, a pesar que se ha reconocido que constituye un grave problema que afecta las posibilidades de desarrollo del país, no se han hecho propuestas para mejorarla. Estamos oficialmente advertidos que, del gobierno central, no debemos esperar mucho en este último año.

 

¿Cómo así llegamos a la situación de inseguridad en que estamos actualmente?; ¿tenemos oportunidades de superar el problema?; ¿qué podemos exigir los ciudadanos ante este panorama?

En primer lugar destacar ciertas constataciones:

1.    La seguridad en general y la seguridad ciudadana en particular no ha ocupado un lugar relevante en la agenda del gobierno.

2.    Los responsables designados por el ejecutivo para dirigir el sector y las instituciones que tienen que ver con la seguridad no han realizado un buen trabajo y los índices negativos se han disparado.

3.    El problema de la seguridad no ha sido correctamente diagnosticado y se ha tratado de enfrentar únicamente desde la perspectiva del estado, sin tener en cuenta las demandas ciudadanas, ni el hecho que su origen es multicausal y su solución multidisciplinaria.

4.    A pesar de existir normas que regulan el funcionamiento de los comités locales de seguridad ciudadana –ya hay dispositivos para la coordinación entre los municipios y la policía, lo que falta es que se cumplan- no se ha logrado implementar el sistema nacional de seguridad ciudadana.

5.    De acuerdo a lo visto, oído y leído en el último mes hay numerosos “expertos” en seguridad –sobre todo en seguridad ciudadana- y abundantes recetas que, según ellos, nos ayudarán a solucionar los graves problemas que tenemos.

Como en toda crisis, junto con los riesgos surgen oportunidades de ver la luz al final del túnel, destacando:

1.    Los procesos electorales del 2010 y 2011, han puesto de manifiesto la importancia que los ciudadanos dan al tema de la seguridad y obliga a los aspirantes –a los gobiernos locales o a la presidencia de la república- a incluir este tema en sus mensajes y planes de gobierno.

2.    Los candidatos a los gobiernos locales, sin excepción, han coincidido en la importancia de satisfacer las necesidades de seguridad de sus vecinos y ofrecen asumir el liderazgo en este tema.

3.    Aún cuando la campaña presidencial no se inicia, es claro que la crisis de seguridad que hoy nos agobia obligará a incluir propuestas sobre cómo hacer viable el sistema nacional de seguridad ciudadana y qué hacer con la Policía Nacional para que recupere su eficiencia y la confianza ciudadana.

4.    Ahora que nuestro país ha encontrado la senda del crecimiento económico  la población empieza a ver la seguridad no como un gasto sino como una inversión que le va a permitir alcanzar su pleno desarrollo y progreso.

5.    Existen esfuerzos –nacionales e internacionales- por identificar y sistematizar experiencias positivas en seguridad, lo que hace que no partamos desde cero al momento de diagnosticar el problema y diseñar propuestas.

El incremento de la percepción de inseguridad aunado al temor y hartazgo de los ciudadanos afecta la racionalidad de sus decisiones llevándolos, en ocasiones, a apoyar propuestas demagógicas o autoritarias que, en el largo plazo, lo que hacen es agravar el problema.  Se hace necesario que antes de otorgar nuestra confianza a una determinada alternativa política, verifiquemos que cumplen con ciertas exigencias mínimas:     

1.    Quienes aspiren al gobierno central deben señalar el nivel que darán al sistema nacional de seguridad ciudadana, los recursos que asignarán para afrontar el problema, la distinción que harán entre las demandas de seguridad del estado y de la ciudadanía, así como las acciones que desarrollarán para mejorar las instituciones que intervienen, como por ejemplo la policía, el INPE, la Unidad de Investigación Financiera, las Procuradurías, DEVIDA y otras.

2.    Los candidatos a gobiernos locales deben diagnosticar los problemas locales de seguridad y proponernos estrategias específicas para superarlos. Los ofrecimientos no deben referirse a decisiones que corresponden a otras instancias o instituciones del gobierno central o a temas a cargo de otros poderes del Estado.

3.    Cualquier propuesta debe abordar de manera integral la problemática de la inseguridad ciudadana -desde prevención del delito hasta la rehabilitación de los infractores, pasando por la capacidad de reacción, la investigación del hecho y la sanción de los responsables, así como la atención a las víctimas-. También debe incluir lo que se piensa hacer para apoyar a las instituciones involucradas, definir los roles que les competen y asignarles responsabilidades y recursos.

4.    No hay solución mágica ni un modelo único, cada país y cada localidad debe encontrar soluciones específicas a sus problemas. De nada sirve “copiar” o “importar” soluciones. Está comprobado que no da buenos resultados. Las propuestas deben abarcar el corto, medio y largo plazo y garantizar su continuidad y sostenibilidad.

5.    Finalmente reiterar que cualquier propuesta debe indicar ¿qué intervenciones se van a realizar?;  ¿quiénes son los responsables?; ¿en qué plazos?; ¿con qué recursos? y ¿cuáles son los resultados esperados?      

En tanto más cuidadosos seamos para analizar las propuestas y tomar nuestras decisiones, menos probabilidades tendremos de lamentarnos en el futuro. 

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer, Fernando Rospigliosi

I. Usted puede ser ministro

II. Marca el balón de gas

III. Turismo de desventura

CON AVAL PRESIDENCIAL/ Carlos Basombrío Iglesias

La corrupción es de lejos la primera causa de desaprobación de la gestión gubernamental. Es una de las razones centrales del profundo descrédito de la política. Le quita una tajada importante a lo que debiera ir como obra pública y es un problema para el desarrollo de actividades económicas en competencia leal y transparente.

El lunes 2 de agosto El Comercio con gran despliegue da cuenta de la forma en que se manejaron los dineros públicos entre la Municipalidad del Callao y el entonces jefe de la Región Policial de la provincia constitucional. Digamos lo menos: bien poco ortodoxa, bien difícil de fiscalizar y con harto riesgo de que algo más haya ocurrido.

La historia desagradable tiene su lado muy positivo porque el siguiente oficial a cargo se negó a seguir esa práctica y exigió al municipio que se actué transparentemente. Sobre ello he dado mi opinión en Peru.21.

Mucho más impactante que esta historia, después de todo bastante frecuente, son las increíbles declaraciones presidenciales.

Para empezar, ni una palabra a favor del oficial que deshizo el entuerto y buscó hacer las cosas bien. En cambio, una cerrada e inmediata defensa del general bajo escrutinio:

La verdad que me he quedado atónito con sus declaraciones.VER MAS...