A MÁS POLICIAS MÁS CRIMEN/ Gustavo Carrión Zavala.

Hace brevísimos días, en el diario el comercio, daban cuenta del crecimiento del crimen en la región tumbes. La nota hacía resaltar que los asesinatos por sicariato, extorsión o rencillas entre bandas criminales se duplicaban año a año. De 15 asesinatos el 2011, subieron a 30 el 2012 y a 60 el 2013, y en lo que va de corrido el presente año, ya se han producido 13 asesinatos, lo que parece ser una tendencia incontrolable.

Estos datos se compadecen perfectamente con las mediciones que tienen efectuadas las agencias de inteligencia del sector interior, las que señalan que Tumbes se ha convertido en una de las regiones en donde el crecimiento del crimen supera largamente la media nacional, especialmente en crimenes violentos y con empleo de armas de fuego.

Lo que resulta realmente preocupante es el hecho, que en este período (2011-2013), han egresado de la escuela des sub-oficiales de tumbes tres promociones, lo que significa algo de 300 policías mas, que corresponde a un incremento de aproximadamente el 75% de efectivos en relación con el número de policías antes del funcionamiento de la escuela.

La relación lógica, sería que a mayor cantidad de policías menor cantidad de hechos criminales. Si esto no sucede, y la realidad nos impone la perversa relación: a mayor  cantidad de policías mayor cantidad de hechos criminales, las autoridades del sector interior deben preguntarse seriamente que es lo que sucede con la policía. Probablemente la desesperación por cumplir metas, solamente cuantitativas, ha provocado la apertura de una diáspora de escuelas de sub-oficiales por todo el país, sin que las mismas estén en condiciones de formar policías profesionales y de calidad. Adicionalmente, en estas escuelas regionales logran ingresar alumnos vinculados a las organizaciones criminales que operan en la jurisdicción, de tal suerte que todos las operaciones policiales fracasan por la divulgación anticipada de las mismas.

Otro aspecto a considerar es la falta de madurez de los sub-oficiales egresados de las escuelas regionales, no es extraño verlos cumplir sus horas de servicio, premunidos de todos los artefactos modernos de comunicación (celulares con internet, audífonos musicales, tablets, etc), que ocasionan una gran distracción y la pérdida de eficiencia en el servicio. Se hace impostergable prohibir el uso de comunicación móvil durante las horas de servicio, debiendo incorporarse el incumplimiento de esta norma como falta grave. Obviamente que algunos servicios, como el de investigación criminal deben exceptuarse de esta prohibición. Paralelamente, la implementación de la red radial troncalizada se hace indispensable para eliminar el pretexto de no tener comunicación con las centrales de conducción de las operaciones.

En cuanto a las escuelas regionales, deben ser evaluadas a través de la evaluación de los sub-oficiales que han formado, a fin de comprobar si los mismos cubren el perfil diseñado para el nivel de sub-oficiales de tercera. De no ser así, y comprobarse que la media no cubre este perfil, deben recesarse estas escuelas, centralizar la formación en pocas sedes que puedan acceder a formación profesional de calidad y no seguir deteriorando el cumplimiento de una función sustantiva para la convivencia pacífica. No deben perder de perspectiva, que los sub-oficiales que vienen egresando de estas escuelas, permanecerán 30 años en el servicio policial, y la coyuntura por la cuál se abrieron estas escuelas se extenderá hasta convertirse en un mal estructural.

PREVENCIÓN: EL OTRO BRAZO DE LA PINZA (1)/ Carlos Basombrío Iglesias

Cada vez es más notorio que el Perú no cuenta con una estrategia adecuada de seguridad ciudadana. Más financiamiento, leyes drásticas y algunas operaciones aisladas exitosas no la suplen.  El deterioro es constante y la situación está cambiando cualitativamente por los niveles de violencia  y la presencia del crimen organizado.

Se necesita urgentemente consensuar e implementar una estrategia nacional de seguridad. Una que, para plantearlo en términos directos y simples, se puede comparar  con la lógica de una pinza. Es decir que requiere dos brazos que actúen simultáneamente para operar  adecuadamente sobre el problema. VER MÁS... 

LO BUENO , LO MALO Y LO FEO DE LA MINERÍA INFORMAL/ Ricardo Valdés

A propósito de los últimos acuerdos alcanzados con mineros informales  y del próximo 19 de abril en que se cierra el proceso de formalización ¿qué más podemos decir de este complicado proceso de formalización?

Lo bueno:

 Que duda cabe que en un país donde aproximadamente hasta el 35% del PBI y el 70 % de la PEA provienen de la actividad informal, la minería informal  ha sido y viene siendo una actividad válida para miles de familias peruanas que han encontrado esta forma de ganarse la vida, como otras familias lo hacen en múltiples actividades informales ligadas a la agricultura, la pesquería , la industria textil, el transporte, el comercio o los  servicios por citar unos pocos ejemplos. Nuestra dinámica económica no puede ocultar  esta verdad, ni el dinero que esta produce y moviliza.

 Por otra parte el Perú siempre ha sido un país con actividad minera ancestral y de iniciativas  emprendedoras que no siempre  se acomodaron  a la vida económica formal. Apenas hace un par de años la minería no formal era una y no se distinguía dentro de ellas a la ilegal. Las normas del 2011 recién trazaron la línea entre lo informal y  lo ilegal, al inicio de manera confusa y concentrados tan sólo en Madre de Dios,  para luego corregir su alcance a nivel nacional.

Pero ya eran miles los que estaban en esta actividad y, por lo mismo, emergieron dramáticamente los daños económicos, sociales y ambientales que hicieron necesaria su regulación. Se hacía necesario encontrar una salida y el Estado la abordó desde  lo legal y programático. Ahora contamos con normas y, en principio, con  una estrategia para enfrentar los problemas derivados de la  minería informal y  de  la ahora,   minería ilegal.

Lo malo:

El sinnúmero de problemas sociales y ambientales ( los más dramáticos) asociadas a este tipo de actividad informal son inaceptables. La explotación laboral y sexual, la trata de personas, el envenenamiento de fuentes de agua, la eliminación de bosques, la corrupción, todo tipo de tráfico ilícito y, en fin, varias lacras más han rodeado esta actividad ( como otras , incluso formales, hay que decirlo) y se hace necesario enfrentarlas con energía y con recursos, pues así como está determinado el rol persecutorio del delito, también lo están la prevención y la protección de todos aquellos que se han visto afectados por el mismo.

Hay áreas absolutamente liberadas para la delincuencia y el abuso. La explotación de niñas y niños  se encuentra documentada con  miles de víctimas (al menos más de 10,000 entre Puno y Madre de Dios). Sin embargo también se encuentra documentada la falta de presupuesto para poner en marcha las estrategias de lucha, la incompetencia funcional del Estado y el abandono que nuestro Estado  termina por hacer de sus ciudadanos  y de sus funcionarios.

La estrategia para enfrentar la minería ilegal e informal debe ser integral, debe contemplar a toda la cadena logística de provisión y comercialización para su control y regulación, así como políticas de inclusión social, de incorporación  de las familias dedicadas a la minería a otro tipo de actividad  con visión de desarrollo sostenible. Deben contemplarse también  medidas de inclusión social para todas las actividades que, como "daño colateral" , se asocian a la práctica informal e ilegal de la minería, incluyendo a todas las personas involucrados en este problema complejo.

Lo feo:

No se puede ignorar la dimensión del fenómeno social que se encuentra tras la minería informal  e ilegal. La simple respuesta represiva  desde el Estado es insuficiente, estrecha de entendimiento e hipócrita.  ¿Cómo no dotar entonces de un presupuesto especial a la lucha contra la minería ilegal o la trata de personas cuando el Estado peruano ha gastado  para  hacerse publicidad, solo  en el año 2013, 467 millones de soles?

En este negocio de la minería informal existe una larga cadena de financistas y concesionarios (mineros formales) que están dispuestos a maximizar sus ganancias con el menor riesgo posible. Ellos también se mueven entre la delgada línea de lo informal y lo ilegal. Tanto los que financian, como los que adquieren y  comercializan los productos informales, lo hacen  sin declarar muchas veces este lado del negocio.

Así , algunas empresas  mineras peruanas "prestan" sus concesiones sin importarles los niveles de explotación laboral de la informalidad, mientras  sean estas empresas las que finalmente adquieran la producción informal y se apropian del excedente del menor costo, como consecuencia de la explotación humana, controlando el precio que le pagan al minero informal.

Hay pues demasiados ángulos en este fenómeno social, demasiada gente involucrada en este negocio complejo, así como  demasiada debilidad en las políticas  del Estado y en la dotación de recursos,  como para pensar que se habrán acabado los problemas con este sector a partir del  19 de abril en que se cierra el proceso de formalización.