LOS RESPONSABLES DE LA LUCHA CONTRA EL DELITO/Gral. PNP-R Enrique Yépez Dávalos

Nuevamente entra en primera plana la discusión sobre quiénes son los principales responsables de la lucha contra el delito en las calles: ¿El Estado a través de la Policía Nacional o los Gobiernos Locales? Esto a raíz de recientes declaraciones del Presidente de la República  manifestando que la seguridad ciudadana es una responsabilidad de todos, fundamentalmente de los alcaldes.
El debate se origina también por el creciente incremento de la delincuencia común y organizada, cuyas implicancias están deteriorando, aún más, los sentimientos de seguridad de los ciudadanos, a falta de una política definida que permita orientar esfuerzos en torno a objetivos comunes.
Si bien ahora se avizora mejores horizontes para la lucha contra el delito por el liderazgo asumido por el Presidente Humala en la conducción del sistema de seguridad ciudadana y por el pronto equipamiento policial anunciado por el Ministro del Interior, todavía no se vislumbra una política definida. Creo que es hora ya de entrar a la acción, sumando esfuerzos y voluntades entre todos los actores de la seguridad ciudadana, dentro de los cuales los municipios y la policía juegan un rol fundamental.
Mientras tanto, las divergencias en la conducción de la lucha contra el delito a nivel local continúan. Estas deben superarse y la mejor forma de lograrlo es, a mi criterio, formulando Protocolos o Guías de Procedimientos diseñados por el CONASEC, que precisen al detalle las obligaciones y responsabilidades de cada quien.
Un criterio integrador compartido por muchos alcaldes y policías, es la referida a que la política de seguridad ciudadana es una responsabilidad del Estado; y, por tanto, la institución constitucionalmente encargada para garantizar y conservarla es la Policía Nacional. Este razonamiento se basa también en que la lucha contra el delito, por las implicancias sociales y legales que conlleva, no puede ser asumida por los  alcaldes. Tienen que ser necesariamente articuladas por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que son los jueces, fiscales y policías, por supuesto, en permanente coordinación con los alcaldes como presidentes de los comités locales de seguridad ciudadana.
Otro argumento es de carácter presupuestario. Cada municipio tiene partidas disímiles, por tanto, sería difícil un tratamiento equitativo para apoyar con recursos y medios a todos por igual. También por razones de capacitación estandarizada y otros aspectos que impiden que los alcaldes tengan una participación directa en la administración de la operatoria policial.
Este razonamiento no se contrapone a la Ley 27933 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, por el contrario, le otorgaría el impulso que necesita para dinamizar el trabajo a nivel local, teniendo a los alcaldes y a los comisarios como los principales actores del Estado. Los primeros liderando la prevención social y encausando las aspiraciones de seguridad de sus ciudadanos y los segundos ejecutando las estrategias, actividades y tareas policiales para reducir el delito. 
Por tanto, el Presidente de la República no se equivoca cuando demanda de los alcaldes mayor responsabilidad en la lucha contra el delito, porque ellos son los principales líderes en la seguridad en sus provincias y distritos. El problema surge muchas veces por el afán protagónico o por discrepancias entre algunos alcaldes y comisarios, lo que da lugar, por ejemplo, a que los servicios de serenazgo actúan separadamente sin ningún tipo de coordinación con las comisarías.
La experiencia nacional e internacional señalan que en países unitarios e incluso descentralizados, no es conveniente “atomizar” la lucha contra el delito a nivel local, por el contrario, es necesario fortalecer una sola organización que debe ser la policía como institución encargada  de hacer cumplir la ley, que responda al comité de seguridad, a los vecinos y a su comando sobre las estrategias que viene ejecutando, en lugar de existir otras entidades que persigan el mismo cometido. Esto conllevaría a tener:
·       Una eficiente capacidad de respuesta policial ante los requerimientos ciudadanos.
·       Los principios de eficiencia, alcance de control y asignación homogénea,  estarían garantizados en la medida que existan policías y  serenos debidamente preparados, estimulados y éticamente formados.
·       Mejores comisarias con recursos y medios provenientes del gobierno central, de los gobiernos regionales y de los municipios.
·       Un solo funcionario- el comisario de policía- encargado y responsable de la prevención, investigación y control del delito a nivel local.
·       Una adecuada coordinación entre el  comando de la PNP con los alcaldes provinciales y distritales.
·       Planes de seguridad con criterios estandarizados a nivel nacional.
·       Más efectivos policiales en las calles para el patrullaje y la investigación policial, incluyendo a los servicios de serenazgo bajo el comando de los comisarios, en base a directivas  que determinen con claridad sus funciones y atribuciones. Para el efecto es necesario capacitar a los serenos en los centros de formación de la PNP, que permita tener unidad de doctrina, así como técnicas y procedimientos similares a nivel nacional.
La necesidad de tener una sola entidad encargada de la lucha contra el delito a nivel local responde a la política general del gobierno central de concentrar todo el esfuerzo del estado en pocas instancias. Una eficaz forma de lograrlo es descentralizando la lucha contra el delito. Demuestra también el espíritu integrador que debe ser la esencia del sistema.
Finalmente es necesario recordar que la seguridad ciudadana es una política de Estado. Para lograrlo, el Gobierno Central tiene que encontrar soluciones a los siguientes desafíos:
·       Reorganizar la participación de la comunidad en seguridad ciudadana
·       Impulsar los programas preventivos, educativos y de reinserción             
·       Potenciar el trabajo preventivo, de investigación y de control de las comisarías.
·       Mejorar con recursos y medios la capacidad de respuesta de la policía ante los requerimientos ciudadanos.
·        Con el próximo incremento de remuneraciones para el personal policial, desarticular el programa denominado “servicios individualizados” que desnaturaliza su labor de servicio a la comunidad.
·       Elevar el nivel de capacitación con criterios estandarizados.
·       Establecer mecanismos de lucha contra la corrupción
Si estos postulados se cumplen a cabalidad mediante una firme voluntad política e institucional, estaremos transitando por el camino correcto.

POTENCIAR LAS COMISARIAS, UNA SOLUCIÓN RÁPIDA E INTELIGENTE PARA REDUCIR EL DELITO COMÚ/ General PNP, Enrique Yépez Dávalos

La presencia en Lima del Alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani y hace diez años de William Bratton, Jefe de la Policía que puso en práctica la política del primero, nos complace porque deja valiosas enseñanzas. Bratton, en un informe de Julio del 2,002, señaló entre otros aspectos la importancia de la presencia policial en las calles, la inteligencia para erradicar puntos críticos, mapas georreferenciados, la  necesaria participación ciudadana y los mecanismos de evaluación “compstat” para conocer el modus operandi del delito.  Giuliani, con mayor o menor énfasis preconiza similares conceptos que son importantes porque constituyen requisitos principales a tener en cuenta por cualquier organización policial para luchar contra el delito.

Estos mismos criterios y otros más los han señalado con detalle de tiempo atrás especialistas peruanos en seguridad ciudadana y lo siguen manifestando en diferentes foros a los cuales son invitados. Cuando nos visita un especialista de otro país pareciera novedad, quizá por el hecho de ser experto extranjero, pero no es así. 


La gran diferencia es que Bratton tuvo en el alcalde Giuliani un firme impulsor político para que estas valiosas ideas se hagan realidad. En nuestro país estos criterios, preconizados con anterioridad, han carecido del soporte político necesario a nivel municipal y del gobierno central por la carencia de una política de orden y seguridad consistente que tenga sostenibilidad en el tiempo, por lo menos durante un periodo presidencial.

La falta de un proyecto en seguridad ciudadana conlleva a confusión y desorden a la hora de tomar decisiones, sobre todo entre el Ministerio del Interior- Policía Nacional,  con los  Gobiernos Municipales. Mientras los primeros quieren mantener liderazgo “desde arriba” en temas de seguridad que son fundamentalmente locales, un gran porcentaje de los segundos se obstinan en querer tomar las riendas de la institución policial en sus demarcaciones territoriales, como si la policía careciera de comandos superiores con los cuales coordinar. Este “tira y jale” data de quince años aproximadamente y hasta ahora no somos capaces de encontrar soluciones satisfactorias entre las partes.

Mientras tanto los ciudadanos no pueden esperar, quieren y exigen con justa razón más y mejor seguridad en sus barrios y distritos. Yo creo que a la par de encontrar las mejores soluciones a estos problemas, el gobierno central y los gobiernos municipales deben poner en ejecución de inmediato aquellas acciones que los unen y articulan, como por ejemplo:

1.         Mayor número de policías en las calles, relanzando a las comisarías como el centro de la prevención, investigación y el control del delito a nivel local, con sistemas computarizados y de comunicaciones estandarizados que permitan implementar mapas y observatorios del delito.

2.         Fortalecer los programas preventivos, educativos y de reinserción para jóvenes pobres y adolescentes en riesgo.

3.         Fomentar con énfasis la participación de la comunidad en seguridad ciudadana, implementando “redes locales contra el delito”.

4.         Recuperar los espacios públicos para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

5.         Establecer una política de mano firme para ocasionales y reincidentes, coordinando con el Poder Judicial para sancionar rápidamente a los autores con penas de arresto en “salas de meditación” y programas de trabajos comunitarios a nivel distritos para adolescentes en riesgo, hasta penas de internamiento para autores de delitos execrables.  

Si queremos en verdad reducir la delincuencia en Lima y en las principales ciudades del país tenemos que empezar AHORA MISMO con la puesta en ejecución de estas propuestas, que no son nuevas ni producto de la experiencia de expertos internacionales, sino son fruto de nuestra realidad desde hace mucho tiempo. Como podrán apreciar, no son medidas que demanden mucho dinero del Estado ni menos acciones difíciles de realizar o que generen divergencias. Solo se necesita voluntad política para ejecutarlo, liderazgo y una franca coordinación entre los actores del problema.

Los ilustres visitantes Bratton, Hugo Acero, Antanas Mokus, Lucía Danmert, Laura Chinchilla, José María Rico, entre otros expertos que estuvieron en Lima en otras oportunidades y ahora Guiliani, creo que estarían de acuerdo con la ejecución de estas acciones si tuvieran que asesorar a las autoridades peruanas para reducir el delito. Lo que si no estarían seguramente conformes es en reproducir al “pie de la letra” experiencias exitosas de otros países o ciudades en nuestra realidad, porque los escenarios en la evolución del delito son diferentes y hasta contrapuestos.

Por tanto, este es el momento de pasar de las meras declaraciones a la obra, a la ejecución de las políticas con estrategias de consenso. Por supuesto que existen muchas acciones más  pero por algún lugar debemos empezar. Iniciemos pues por estos cinco propuestas y si existen especialistas que no están de acuerdo con las mismas – no me cabe duda que existan – comencemos con cualquier otra medida pero que sea ampliamente aceptada por el gobierno central y los gobiernos municipales.

Si los planes de gobierno de los partidos políticos de Keiko Fujimori y Ollanta Humala otorgan a la seguridad ciudadana un lugar preferente, entonces cualquiera de ellos a partir del 28 de julio debe acometer esta gran tarea con firme voluntad y decisión. La delincuencia no espera, ni mucho menos los ciudadanos.

SEGURIDAD CIUDADANA… Y, DESPUES DE LAS ELECCIONES, QUE….?/ Gral. PNP ( r ) Enrique Yépez Dávalos

Rumbo a la segunda vuelta electoral es difícil señalar con claridad la diferencia sustancial que en seguridad ciudadana nos ofrecen los partidos políticos de Keiko Fujimori y Ollanta Humala. Si aún tuviéramos que analizar, no solo las dos posiciones, sino la de los demás partidos, todos tienen en sus respectivos Planes de Gobierno aspectos similares, parecidos, incluso iguales para enfrentar la ola delictiva que, cual tsunami, se acrecienta después de un terremoto.

Y, no es que los respectivos planes adolezcan de serias omisiones e incongruencias, por el contrario, son una suma de valiosas propuestas y de buenas intenciones. Yo creo que el fondo del  asunto se centra en quién de los dos protagonistas tendrá el liderazgo y la decisión política de asumir la seguridad interna como una de las prioridades de su gobierno. Una cosa es decirlo como postura electoral -todos los candidatos dijeron lo mismo-, y otra cosa es asumir con decisión su compromiso a partir de julio del presente año.

La estrategia de gobierno, cualquiera  sea el ganador, debe tener un claro concepto de la forma cómo plasmar sus propuestas en acciones concretas, y esto pasa necesariamente por armonizar actividades preventivas, educativas y de reinserción, con formas de acción represivas, investigatorias y de control. Priorizar sólo sanciones carcelarias y dejar de lado el amplio campo de políticas preventivas multisectoriales,  es entrar de lleno a un camino represivo y a un “estado autoritario”  con serias consecuencias para los ciudadanos y para la estabilidad del estado.

Experiencias en este sentido abundan. Por ejemplo, algunos países centro americanos que asumieron el poder ofreciendo  políticas de “mano dura”, al momento de ejecutarlas no tuvieron  el éxito esperado. Las “maras salvatruchas” y otros apelativos de jóvenes y adolescentes en riesgo constituyen actualmente un serio problema porque se han constituido en el “brazo armado” de la delincuencia organizada.  Peor aún, países, como México, que asumieron una lucha eminentemente policial-militar contra el narcotráfico, con mínimo porcentaje de reinserción, desarrollo y participación comunitaria, se debaten desde hace cuatro años en una cruenta lucha sin cuartel, y cuyas principales víctimas son los ciudadanos que se encuentran en el centro del fuego cruzado de ambos lados.

Qué hacer entonces en nuestro país, en particular en las grandes ciudades y en las zonas de cultivo de la hoja de coca para frenar la ola delictiva?

Enfrentar el narcotráfico y el terrorismo con  efectividad y eficiencia es un tema fundamental. En este artículo no entraremos en este tema que merece un tratamiento especial por expertos en la materia, que en nuestro medio los hay de primer nivel. Sus consecuencias afectan no solo a la seguridad de los ciudadanos, sino, sobre todo, al orden interno del país.

El propósito que me impulsa en esta oportunidad  es profundizar un poco más sobre el incremento de la delincuencia  social,  llamada también “delincuencia de las calles”. Este es el tipo de delincuencia que afecta directamente a la población de todos los estratos por igual, y genera, sin lugar a dudas, un gran sentimiento de inseguridad. Yo creo firmemente que en las zonas urbanas el esfuerzo de seguridad debe centrarse en el territorio más pequeño, que es el barrio, el sector y el distrito, donde el vecino es víctima cotidiana de ladrones callejeros, pandilleros y micro comercializadores de drogas, que actúan con total impunidad ante la falta de efectivos policiales. Los ciudadanos se sienten frustrados ante la inacción del estado, lo que viene dando lugar a que el 90% de la población sienta que la delincuencia crece, y en lugares de escasa vigilancia algunos pobladores estén adoptando, de mutuo propio, mecanismos de autodefensa que en muchas ocasiones se convierten en “ajusticiamientos” por mano propia.

Una de las formas efectivas para reducir su incidencia a nivel distritos,  es, a mi criterio, teniendo “más policías en las calles” tanto para el patrullaje como para acciones de investigación. La fórmula para lograrlo es, a mediano plazo, creando mayor número de vacantes en las escuelas de policía para que egresen más efectivos debidamente preparados; y, a corto plazo, ejecutando una estricta política de racionalización de efectivos, incluyendo una reforma de la estructura orgánica, para que policías que actualmente están trabajando en unidades y oficinas administrativas, pasen a prestar servicios de patrullaje y de investigación bajo el comando del comisario distrital. Es decir, la prevención, la investigación y el control del delito a nivel local deben estar bajo la responsabilidad única de un funcionario de policía, con recursos suficientes como para ejercer sus funciones con solvencia y efectividad.

Otro problema que el gobierno tiene que resolver con prioridad es el denominado “servicio individualizado” que permite al policía el trabajo en sus horas de descanso para obtener un adicional al escaso sueldo que percibe. El problema es que no solo afecta sus momentos de “franco”, sino que “vende” su servicio a dueños de establecimientos de ínfima categoría con el uniforme y el arma que el estado le otorga para servir a la comunidad. Una forma de cortar rápidamente este trabajo es cambiando el régimen laboral actual de 24 x 24 horas, a otra modalidad que proteja sus momentos de descanso. Para ello el estado abonaría un bono por “exclusividad de la función policial”, equivalente al promedio de ingresos por “servicios individualizados” para todos los policías en actividad. El estimado presupuestal, a decir de especialistas en el tema, no pasaría del 18% anual del presupuesto del Ministerio del Interior.

Como una segunda propuesta de rápida implementación, sería la contratación de aproximadamente 1,800 policías en retiro, previa selección, para labores administrativas, otorgándoles como compensación un promedio de 700 soles por trabajo en horario de oficina. Con el mismo criterio, de tener más policías en las calles, sería necesario también la implementación de un “servicio policial voluntario” como requisito previo para todos los jóvenes que postulen  a las escuelas de policía. Este servicio, previa reglamentación, por un año, sería de carácter preventivo, de control del tránsito y de orientación al público.

Por supuesto que teniendo más policías en las calles no solucionamos el problema, si es que el  policía no se hace presente de inmediato frente a los requerimientos ciudadanos. Para lograrlo es necesario que todas las comisarías de Lima y de las principales ciudades del país, cuenten cada una con un promedio de 15 vehículos patrulleros, de la policía o del serenazgo, exclusivamente para ser sectorizados por aéreas o cuadrantes, debidamente interconectados con sus centrales y con el 105, que permita estar presentes en el lugar de los hechos en un promedio de 3 a 4 minutos como máximo.

Este trabajo preventivo y de intervención rápida tiene que estar estrechamente vinculado a una eficiente labor de inteligencia y de investigación que acopie pruebas con prontitud para que la autoridad judicial tome las acciones pertinentes.  Si los autores son delincuentes ocasionales que no necesitan de una sanción carcelaria, como sucede en las mayor parte de los casos, es necesario ejecutar otro tipo de acciones para evitar la impunidad del delito menor, y una de las medidas efectivas, a mi punto de vista, sería la implementación de “salas de meditación” construidas por los municipios en las instalaciones de las comisarias o fuera de ellas, si no tienen espacio, para que delincuentes menores de edad, pernocten en la noche y de día ejecuten trabajos comunitarios dispuestos por el juez de paz de las comisarías, bajo la supervisión de organismos protectores de los derechos humanos.

Evidentemente, el accionar policial es solo un eslabón de la cadena para mejorar la seguridad ciudadana. Existen otras medidas que deben ejecutar los municipios, con participación de la misma policía y de los demás sectores públicos. Estas actividades tienen que ver con la organización  de la población en juntas vecinales y la implementación de programas educativos y de reinserción. Es una tarea difícil pero gratificante si  alcaldes, comisarios y funcionarios de sectores públicos locales trabajan de la mano con los vecinos. Incluso, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana debería contar con presupuesto para alentar iniciativas ciudadanas que permitan un trabajo integrado con la población en beneficio de menores en riesgo y de mujeres maltratadas.

Resumiendo, el nuevo gobierno, a partir de julio, tiene que tener “mano dura” para delincuentes prontuariados, narcotraficantes, terroristas y autores de delitos execrables,  cuyo accionar afecta al ciudadano y al estado; y, con el mismo énfasis, debe  tener una política de “guantes blancos” para miles de jóvenes generalmente pobres y que son pasibles de reinserción. Éstos se encuentran en situación de riesgo por la desarticulación familiar, por la pérdida de valores en un entorno donde la violencia es el común denominador. El estado tiene la obligación de mejorar su calidad de vida y de evitar por todos los medios se conviertan en delincuentes prontuariados. El ingreso  a  las cárceles de nuestro país es el pasaporte seguro para convertirlos en avezados.

OFERTAS EN SEGURIDAD PÚBLICA/ Gustavo Carrión Zavala

No queda duda alguna que ante la importancia que para la población tienen los aspectos de seguridad ciudadana, en las ofertas de los candidatos a la Presidencia de la República se planteen algunas respuestas que postulan resolver la inseguridad, entendiendo que significa el principal riesgo para la convivencia pacífica y obviamente riesgo para la democracia, si ante la desesperación la población pudiese apoyar iniciativas autoritarias .

En términos generales, los candidatos no están enfrentando estructuralmente el asunto y proponen, en la mayoría de los casos, medidas cosméticas, ofertas básicamente punitivas pero que sintonizan con la situación emocional de la ciudadanía, aún cuando entiendan que las mismas no han resuelto y no resolverán el problema.

Revisemos brevemente las ofertas principales en temas de seguridad:

Perú Posible: propone trabajar la inseguridad con liderazgo, capacidad de acción y recursos, optimizar y unificar el servicio de emergencia del 105, crear la Central de Inteligencia Contra el Crimen Organizado CICO, rediseñar los procesos de los servicios policiales en comisarías, con mejoramiento en recursos humanos y equipamiento.

No dice nada nuevo y cae en el simplismo de enfocar las acciones correctivas a nivel del trabajo de la policía. Es cierto que la policía constituye un elemento fundamental en todo diseño de seguridad, empero, es una organización especializada en brindar servicios de seguridad, que deben estar previamente inscritos en políticas públicas de seguridad. En tanto no se produzca una verdadera reforma de la Seguridad Pública, de nada servirá adelantar acciones específicas que tienen mayor relación con los procedimientos que con el propósito principal de asegurar el ambiente para el normal desarrollo de las actividades de la ciudadanía. Se refiere a crear una Central de Inteligencia contra el Crimen Organizado, cuando primero es menester unificar la conducción de una Política Criminal, en forma tal que se dé organicidad al esfuerzo y no se siga, como hasta ahora, invirtiendo dispersamente en seguridad sin obtener resultados en cuanto a la disminución de la criminalidad. Sus propuestas están totalmente centradas en aspectos de control del delito y no en políticas de prevención.

Solidaridad Nacional propone reestructurar en forma integral el ministerio del Interior y revisar las leyes para introducir la acumulación de penas con cárcel efectiva y resocialización de los internos, crear además un Sistema Integral de Seguridad que contemple temas de procedimientos para evitar la comisión de ilícitos, prevenir riesgos y comprometer a los serenazgos para que trabajen con la policía.

Las ofertas del Candidato Castañeda, avanzan algo cuando propone reestructurar el Ministerio del Interior, sin embargo no avanza a plantear la reforma integral de la Seguridad Pública, en cuyo proceso, que duda cabe, tendrá que reestructurarse el Ministerio del Interior para que responda con mayor flexibilidad a las exigencias de la sociedad moderna respecto a los riesgos de seguridad. Cae la propuesta, en ese fetichismo que ha resultado ser la oferta de mayor punición como medio de controlar la inseguridad, cuando propone acumular penas y mayor cárcel efectiva; esta ha sido la respuesta recurrente de las últimas administraciones del país para tratar de contener la ola delictiva, y demás está decirlo que no ha tenido efecto alguno en la disminución de actos criminales cometidos, pero que siempre resulta populista plantearlo al sintonizar con la reacción emocional y crispada de la población, que exige mayor cárcel, mayores penas y mayor punición. Propone la creación de un Sistema Integral de Seguridad, que en la práctica existe a través del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que no ha sido lo convenientemente implementado y que probablemente deba ser nutrido con la unificación de la conducción de la Política Criminal del Estado, que ordene y racionalice la actuación de los diferentes elementos que actúan en la concreción de las políticas públicas. En esta propuesta , aparece palidamente una dimensión preventiva de la acción, al referirse a acciones destinadas a impedir la comisión de delitos.

Fuerza 2011.- Propone mano dura contra la delincuencia, la seguridad ciudadana será el eje principal de su gestión, promoverá las brigadas vecinales con el apoyo de las fuerzas armadas, establecerá el trabajo forzado para los reincidentes, en general impulsara penas más severas para los delincuentes.

La propuesta de Keiko Fujimori, si resulta verdaderamente aterradora, además de ser eminentemente punitiva, el fetiche de “mano dura” recogido por ella, nos tiene necesariamente que llevar a decodificar esta mano dura como la vuelta de organizaciones clandestinas al estilo “grupo colina”, más aún si propone militarizar la seguridad de la ciudadanía haciendo participar a las Fuerzas Armadas. Claro está, que ya cuenta con el instrumento legal, producido durante la gestión de Rafael Rey en el Ministerio de Defensa, el Decreto Legislativo 1095, que habilita la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad ciudadana, ya no sólo durante los regímenes de excepción, también en las épocas de normalidad, lo que evidentemente ubica la propuesta en el plano exclusivamente punitivo. A esta propuesta debe adicionarse la participación en la lista congresal, del personaje a quién muchas voces atribuyen la inspiración del supuesto Escuadrón de la Muerte en Trujillo, hecho que viene siendo investigado en esferas judiciales, pero que en todo caso, constituirían prácticas perversas, delictivas y antidemocráticas. De todas las propuestas, además de no enfrentar estructuralmente el problema de la seguridad, constituye una oferta populista, antitécnica e inviable, aumentada con la intención de recurrir a la inclusión imposible de la pena de muerte en la legislación penal nacional.

Alianza para el Gran Cambio- Plantea un nuevo sistema de trabajo con la policía, con mejores remuneraciones para evitar el cachueleo, mejor coordinación con los sistemas del serenazgo y cambios profundos en el sistema judicial

La propuesta de PPK, además de sumamente pobre, se ha ubicado sólo en la modificación de rutinas y modalidades del servicio policial, coordinación con los servicios municipales de Serenazgo y sugiere un tema que jamás ha arribado a buen puerto, la Reforma del Poder Judicial, pues en ello ha sucedido lo que pasa con los intentos de reforma de los diferentes órganos del estado, siempre se operan endogámicamente, siempre se autoreforman, con el inminente sesgo que implica el tratar de autodefinirse. Quizás sea el momento de ensayar un proceso de ciudadanización en la designación de los jueces y que no opere la elección del titular de este poder tan sólo con la voluntad de una cofradía reducida de jueces supremos. El candidato se refirió en una de sus declaraciones a la corrupción policial, verdadero y sustantivo problema de la institución, pero advertido probablemente por sus asesores que esas referencias resultan impopulares para el importante electorado policial ,no ha vuelto a referirse al tema.

Gana Perú.- El candidato Humala ofrece lucha contra la delincuencia definida por Distritos.

La oferta es inicialmente pobre, referida a un aspecto totalmente procedimental, sin ahondar en propuestas integrales para resolver el tema de la seguridad pública, lo que denotaría la poca importancia que le da al tema o en el aspecto positivo, asumir que por ser un asunto sustantivo, se está tomando el tiempo necesario para afrontarlo coherentemente.

Tenemos que concluir que ninguno de los candidatos nos proponen medidas de solución integrales respecto del tema de seguridad, y que vienen recurriendo a anuncios que sintonizan con la emoción popular. El abordaje estructural de la Seguridad Pública, no permite hacer ofertas de solución inmediatas y por tanto no resulta para los candidatos importante en este corto proceso electoral, sin embargo, es necesario plantear el debate nacional para arribar a decisiones que inicien el proceso definitivo de Reforma de la Seguridad Pública, el diseño de políticas que superen lo exclusivamente punitivo y que se integren con políticas de sectores que tengan que ver con la atención de la educación, salud y trabajo, unificar la conducción de la Política Criminal y plantear como consecuencia de ello la reforma del aparato policial, que modifique sus basamentos doctrinales, sus procedimientos, organización, formación y hasta sus rutinas.














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HUEVOS DE ESTURIÓN / Corrupción en el Ejército / Fernando Rospigliosi

Un reportaje en La República muestra que un comandante del Ejército, acusado de traficar armas y municiones robadas para venderlas luego a las FARC de Colombia, es protegido por los altos mandos de su institución. (Doris Aguirre, “Comandante EP implicado en red que traficaba armamento para las FARC”, 14.11.10, http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20101114/14/pagina/15).

        

Desde hace años se sabe que municiones y armas que se roban en las Fuerzas Armadas y la Policía se venden, a través de Ecuador, al grupo terrorista de Colombia, FARC. Esto ha suscitado en varias ocasiones muy discretas protestas del gobierno colombiano.

        

En diciembre del año pasado, una operación policial en Lima, Chiclayo, Tarapoto y Tumbes, llevó a la detención del ecuatoriano Freddy Torres y varios miembros de la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y del Ejército que vendían material robado a Torres que a su vez lo negociaba con las FARC. Los del Ejército trabajaban en la base de Bellavista, Tarapoto, jefaturada por el comandante Isaud Zamora.
       

Zamora usaba una camioneta 4x4 para transportar el material robado al Ejército, según la investigación policial. La camioneta se guardaba en el cuartel Bellavista. Zamora compró el SOAT para el vehículo, que tenía placas y tarjeta de propiedad falsas. Probablemente fue robado en Ecuador e introducido de contrabando en el Perú.

        

Según un sub oficial que participaba en el tráfico de armas, quién entregó la camioneta es Gilmer Arrascue, otro traficante que se encuentra prófugo.

        

Lo interesante del caso es que los altos mandos del Ejército protegen a Zamora, que desde hace casi un año es citado por la fiscalía pero simplemente no asiste a los requerimientos. Es más, Zamora trabaja ahora en el Cuartel General del Ejército.

        

El general EP Gualberto Zevallos Rodríguez, jefe en Tarapoto, dice que no sabía nada y que las armas y municiones robadas no salían de sus cuarteles.

        

En síntesis, como siempre, algunos sub oficiales presos y los oficiales evidentemente implicados, libres y protegidos por los altos mandos. 

SIN ESPERANZA DE CAMBIO/ Gustavo Carrión Zavala

Hace dos noches escuchábamos en un programa televisivo de señal cerrada, la participación de un especialista en temas de narcotráfico, quién reseñaba con precisión las cosas terribles que se vienen dando en la persecución de este delito por parte de las entidades encargadas de ello.

Dijo, entre otras cosas, que a escasos metros de la base antidrogas de la policía en Palmapampa, un grifo se encargaba de la venta de kerosene a todos los productores de cocaína del VRAE, a un precio de cincuenta soles el galón (precio exagerado en razón a la prohibición de su comercialización en zonas dedicadas al cultivo de coca y a la producción de cocaína).

Obviamente, si el especialista constató este hecho, es de suponer que la Policía sabe de este ilegal comercio lo que haría suponer que se estarían “comprando indulgencias”, por decirlo de algún modo. Refirió también, que a vista y concesión de la comisaría de San Francisco, puerta de ingreso al VRAE, ingresan los insumos para producir cocaína. Otro grave aspecto recordado, está referido a la renuencia en controlar la importación y comercialización de los insumos que se desvían posteriormente hacia las zonas productoras de coca y de cocaína, lo que haría pensar que los “lobbys” están perfectamente funcionando para evitar el control y reducción de importaciones de todos los insumos químicos utilizados en la producción de drogas ilegales.

No se trata entonces de software (que existe) para el control debido, ni la demora en adquisición de las tan demandadas garitas móviles; de lo que se trata es de la absoluta falta de voluntad política para combatir este delito, que llevará finalmente al país a convertirse en una réplica mexicana con todas las condiciones de un “narcoestado”.

Si en los casi cuatro años y medio de la actual administración, no se ha tenido una acción coherente en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, no podemos esperar que en los escasos meses que le restan, puedan o quieran hacer algo. a juzgar por las constataciones del especialista, la participación de las Fuerzas Armadas en estas zonas “cocaleras”, no han tenido efecto alguno en la disminución de la ilícita actividad y por el contrario, vienen provocando lo que ya sucedió en la infausta gestión fujimorista, que la participación de estos institutos, lo único que provocó fue que el narcotráfico los pervierta y que las bases se constituyan en lugares de “recaudación ilegal”.

La lamentable perfomance del año 2009, que llevó a incautar tan sólo 490 toneladas de insumos químicos, de un total aproximado de 35000 toneladas, nos presentan objetivamente la poca o ninguna voluntad para perseguir este delito, y la nula voluntad en corregir la evidente corrupción de los órganos encargados de su persecución.

En la conferencia anual de ejecutivos, a llevarse a cabo en los próximos días con la participación de los visibles candidatos a la Presidencia de la República en el proceso del año próximo, debería obtenerse como razón primordial de la nueva administración, la lucha frontal contra este delito que amenaza la estabilidad del Estado y que obviamente pasa por reconocer la enfermedad en las instituciones comprometidas en su persecución, teniendo en cuenta que hasta el momento todo el esfuerzo ha sido orientado a firmar “pactos éticos”, que no han tenido efecto alguno, pues en las últimas elecciones regionales y municipales, en varias jurisdicciones “cocaleras”, se han hecho con las alcaldías, personas claramente vinculadas a la producción ilegal de coca y a la producción ilegal de cocaína.

Tenemos que decir finalmente con desesperanza, que el actual régimen, en lo que le queda, no promoverá base alguna de lucha real contra el tráfico ilícito de drogas.

PASADA LA HORA DE LAS PROMESAS LLEGA LA HORA DE LA ACCIÓN/ Juan Briceño Pomar

A diferencia de años anteriores, las recientes elecciones nos han mostrado ciudadanos más interesados en participar activamente en el proceso. Si de alguna forma pudiéramos resumir sus características, estas serían: más informados, menos ideologizados, con mayor capacidad para analizar las propuestas de los candidatos y muy sensibilizados con respecto a seguridad, trasporte y corrupción.

Durante la campaña hemos escuchado promesas, propuestas y afirmaciones de lo más variadas y, en algunos casos, materialmente imposibles de cumplir que van desde la creación de policías propias o cuerpos especiales a cargo de los municipios, hasta la afirmación que este es un problema del gobierno central y no es de incumbencia de los gobiernos locales. Ni lo uno ni lo otro. No se trata de una cuestión de exclusiva responsabilidad del gobierno central ni tampoco de los gobiernos regionales o municipales. 

Pasada la efervescencia de la lucha por el voto llega el momento en que los nuevos gestores locales se topan con la cruda realidad de elevados niveles de inseguridad en sus circunscripciones y la demanda de los ciudadanos por que se atiendan sus expectativas de vivir seguros. Pasó ya la etapa en que podían ofrecer todo aquello que imaginaban sin tener en cuenta si era o no viable. Ha llegado el momento en que deben tomar decisiones sobre ¿qué hacer? y ¿cómo hacerlo?

En este marco parece bastante atinada –aunque insuficiente- la iniciativa del flamante Ministro del Interior Fernando Barrios, de convocar a los Alcaldes Distritales de Lima que resultaron electos, para que junto con los Comisarios de sus respectivas jurisdicciones y el comando policial, compartieran un análisis de la situación y formularan propuestas de solución. El sólo hecho de realizar la reunión constituye un avance en el largo camino que deben seguir los municipios y la policía para aprender a trabajar en equipo, delimitar claramente sus atribuciones y funciones, diseñar planes conjuntos, compartir y/o adquirir equipamiento y brindar servicios eficientes de seguridad a la comunidad.

Decimos que la medida es insuficiente puesto que no se presentaron propuestas ni planes concretos de aplicación inmediata, y tampoco se determinó el tipo de relación que en el futuro tendrán ambas instituciones. Por desgracia al revisar los indicadores que medirán el desempeño de aquellos municipios que suscriban el “acuerdo por la seguridad” encontramos –al igual que en propuestas anteriores- un conjunto de buenas intenciones que al no estar cuantificadas no podrán medirse. De todos modos confiemos que el positivo acercamiento logrado no sea flor de un día, sino la base de un nuevo tipo de relación que beneficie a los ciudadanos y que el ejemplo se extienda a nivel nacional.

De otro lado la Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de la Segunda Supervisión Nacional de Comisarías 2010, que constituye un seguimiento de los resultados del Informe Defensorial Nº 142 (2008). El citado documento nos muestra una triste realidad. Las Comisarías –primeros puntos de encuentro del ciudadano con la policía- están en un estado calamitoso, no cuentan con los recursos humanos ni logísticos básicos, no brindan buenos servicios ni una adecuada atención a los ciudadanos.

Ad portas de celebrar los 200 años de independencia, nuestro país está obligado a tomar grandes decisiones sobre temas clave que, en el largo plazo, determinarán nuestras posibilidades reales de pasar a formar parte o no del selecto grupo de países desarrollados. Los inversionistas serán cada vez más exigentes sobre las condiciones mínimas de seguridad jurídica, pública y ciudadana que requieren antes de tomar sus decisiones empresariales. Si no somos conscientes de ello perderemos una gran oportunidad.

Es necesario que exista voluntad política para apoyar los cambios requeridos; que la preocupación que los gobernantes señalan tener por la inseguridad se plasme en la asignación de recursos suficientes; seleccionar un equipo profesional a quienes se encargue la responsabilidad de conducir el proceso –cuando en una empresa la situación se vuelve insostenible y caen la producción y las ventas, los dueños no encargan al equipo directivo que la llevó a esa situación el reflotarla, sino que de inmediato llaman a nuevos equipos gerenciales-; y, finalmente hay que escuchar y atender los deseos y expectativas de los ciudadanos ya que de nada vale lo que los funcionarios crean que hacen bien si la población no lo percibe como tal.

Encontrándonos en la recta final de este gobierno es poco lo que podemos exigir y esperar que se haga en cuanto a cambios estructurales y medidas estratégicas, sin embargo tenemos tres posibilidades reales y tangibles sobre las cuales actuar.

De un lado el Informe Defensorial que nos señala situaciones concretas sobre las que actuar, eso puede constituir una meta con indicadores tangibles que podemos solucionar en los ocho meses que quedan. También podemos establecer una línea de base y establecer objetivos medibles, para ello es necesario que se institucionalice la ejecución de la Encuesta Anual de Victimización encargada al INEI. Finalmente, pero no menos importante, se pueden establecer los parámetros objetivos –consensuados y de obligatorio cumplimiento para los municipios y la Policía Nacional- a fin de operativizar el trabajo que realizarán ambas instituciones en los ámbitos locales para brindar servicios de seguridad ciudadana, para ello será necesario modificar la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

Estas tres acciones, aparentemente sencillas pero de importancia estratégica, sentarán las bases para que el próximo gobierno nacional y los gobiernos locales mejoren y hagan eficientes los servicios de seguridad que brindan a los ciudadanos.         

A PROPÓSITO DEL DECRETO LEGISLATIVO 1095 / Gustavo Carrión Zavala

Luego de resuelto el problema suscitado a partir del decreto legislativo 1097, que en realidad era una suerte de amnistía solapada, demos vuelta a la pagina  (aún cuando nos queda la sensación que se ha resuelto la parte legal pero no la intención del gobierno de García de ceder ante la presión del fujimorismo, prohijador de militares que no tienen otro argumento que exigir  impunidad como garantía para cumplir con su “trabajo”), echemos una mirada al Decreto Legislativo 1095 y tratemos de explicarnos la posición del saliente ministro del Interior, para haber consentido la policialización de las Fuerzas Armadas y la categorización de grupos hostiles.

En realidad el Decreto Legislativo 1095, reemplaza a la Ley 29166, que regulaba la participación de las Fuerzas Armadas en el control del orden interno, cuando se declaraban regímenes de excepción y se autorizaba que asuman tal control, y también cuando la norma no autorizaba tal asunción y en cuyo caso, colaboraban con la Policía Nacional. La ley mencionada se refería recurrentemente a actos de hostilidad, lo que individualizaba la acción hostil.

El Dleg 1095, se refiere a grupos hostiles, premunidos de armas de fuego, punzo cortantes o contundentes, lo que obviamente está referido a las manifestaciones y protestas, bastando que se declare el estado de emergencia para que las Fuerzas Armadas arremetan contra los manifestantes. Lo que no ha calculado el ex ministro Salazar, en su condición de policía en situación de retiro, que si se produjese una protesta del personal, tal como sucediese en 1975 y en 1987, por tanto no estamos hablando de hipótesis negada, bastaría que se declare el estado de emergencia para que se considere grupo hostil a los policías y las fuerzas armadas arremetan contra ellos. Esto tampoco es hipótesis negada, pues en 1975, y de eso se debe acordar Salazar pues ya era cadete de la entonces Guardia Republicana, las Fuerzas Armadas no tuvieron reparos en agredir con armas de fuego a los policías que protestaban por mejores condiciones laborales.

Es cierto que en 1975 estaba el país bajo la dictadura militar velasquista y fueron cubiertos con el manto de la impunidad que les daba el total control del país, empero, quedó manifiesto el desprecio que sentían y probablemente sientan todavía los miembros de las fuerzas armadas, respecto de los policías.  Lo sorprendente es que en plena vigencia del estado de derecho y habiendo luchado la sociedad tanto por proscribir las dictaduras, esa posible agresión militar contra cualquier protesta de policías quedaría totalmente legalizada, pues la norma no hace distingo de a quiénes se les  puede atribuir la calidad de grupo hostil. De la misma forma, y de eso ya se han ocupado especialistas en temas legales, cualquier protesta popular puede ser etiquetada como grupo hostil y recibir toda la potencia agresiva de las Fuerzas Armadas, incluyendo los efectos colaterales que señala la norma (forma eufemística para denominar a los excesos) y que todos ellos, de judicializarse, serán casos conocidos exclusiva y excluyentemente por la justicia penal militar.

Pero lo que significa una inexcusable renuncia por parte de Salazar, es el permitir que aún cuando no se declare el estado de emergencia, las Fuerzas Armadas puedan intervenir en el control de delitos como terrorismo, narcotráfico, y en actividades policiales de seguridad a servicios estratégicos. Ha consentido de esta manera, que legalmente las FFAA logren lo que de hecho han venido intentando: policializar su acción, en razón de no existir probabilidad de un conflicto externo. Lejos de oponerse y de llegado el caso, renunciar antes que avalar este despropósito, ha preferido abdicar, firmar y pensar en su futuro político inmediato sin importarle el estar entregando parte del trabajo policial a las fuerzas armadas.

Los especialistas explican los regímenes de excepción como una suerte de dictadura comisoria breve, con el fin de recuperar el orden alterado, y si es necesario para lograrlo, se autoriza la participación de las fuerzas armadas en el control del orden interno. Con el Decreto Legislativo 1095, lo que se está haciendo al autorizar la participación de las Fuerzas Armadas en el tratamiento de temas vinculados a la finalidad policial en épocas de normalidad, es extender solapadamente los regímenes de excepción sin que medie la declaratoria legal.

La historia y el personal policial juzgará finalmente la obsecuencia de Salazar.

MÚLTIPLES MEDIDAS, ¿DE SEGURIDAD? / Gustavo Carrión Zavala.

En los últimos días se han venido anunciando múltiples medidas con el propósito de enfrentar al crimen y devolver al ciudadano la confianza de transitar  por la ciudad sin apremios. Resulta legítimo someter estas medidas a un proceso de lógica desconfianza. En principio, porque surgen ante el crecimiento inmoderado de la actividad criminal, con aplicación de singular violencia en la perpetración de los delitos y pareciera una actitud desesperada de los responsables de la seguridad, por tranquilizar la crispación popular y decir lo que la población quiere escuchar, resumido en, mayor punición, supresión de beneficios penitenciarios, cárcel  interminable, mayor cantidad de policías en la calle (lo que no asegura mayor calidad en la actuación), ampliar la atribución de los vigilantes privados al uso de sus armas de fuego, convocatoria tardía del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y algunas acciones más que parecieran sumamente desperdigadas y sin que  surjan de una armonizada política pública de seguridad. Nos permitiremos comentar algunas de ellas, con el ánimo de prevenir el fracaso de las mismas y el nuevo y mayor desconsuelo en el que se sumergirá la población.

Nos referimos muy ligeramente a las normas propuestas para agravar la situación de los encarcelados y las supresiones de los beneficios penitenciarios para ciertos tipos de delitos. Muchas de las medidas anunciadas ya están contenidas en normas anteriores, y solamente se han reiterado. Por otro lado esta tendencia a mayores penas, menores beneficios en una dimensión eminentemente punitiva, no resulta ser en esta ocasión original, es el expediente al que se ha recurrido en los últimos tiempos cada vez que se producen picos en la actividad criminal, y el resultado resulta por ello también previsible, no disminuirá el delito, no es el camino correcto para luchar contra la delincuencia, y no disuade siquiera a los delincuentes. La razón es simple, se dictan medidas inconexas con la realidad, que  no van acompañadas de una reforma del sistema penitenciario, de tal suerte que las cárceles se han ido convirtiendo en centros en donde los internos  a lo único que no acceden es a pasearse libremente por las calles, todo lo demás lo encuentran en el interior de las prisiones, por estar tugurizadas, manejadas por personal penitenciario  (o policial según el caso) mal preparado, mal estimado, mal remunerado y sumamente corrompido. En lo que va de la actual administración del país, además de ampliar la capacidad de albergue de algunos penales, sólo se ha construido un establecimiento penal (piedras gordas 2), que hasta donde sabemos, todavía no entra en funcionamiento, y tendrá capacidad para 2500 internos, que obviamente no aliviará la tugurización de las cárceles limeñas, pues en el mismo período  la población penal ha crecido más que esta capacidad de albergue.

La norma que amplía la consideración de flagrancia hasta 24 horas de cometido el acto criminal con la condición de sindicación o identificación del delincuente, nos parece la más acertada de las medidas propuestas, pues la anterior situación posibilitaba la impunidad de los que no eran capturados en el mismo  momento de la comisión del delito. Algunos especialistas en derecho penal y procesal penal no están de acuerdo con esta norma, sin embargo a nuestro entender representa un aporte sensible para la eficacia de la acción policial en la persecución del delito. Queda en manos de policías y fiscales el hacer uso estrictamente legal de esta ampliación de flagrancia y no pervertirla hasta convertirla en un instrumento de abuso.

La reglamentación de la ley que regula la vigilancia privada, y el anuncio del titular del sector Interior (que resultó algo confuso) que se facultaría a los vigilantes privados al uso de sus armas de fuego, algo que se deducía de la propia licencia para portar armas concedida por DISCAMEC (que pertenece al sector Interior), nos sugiere que se les está diciendo que la utilicen con más frecuencia, lo que acarreará la ligereza en los disparadores de las armas de los delincuentes, que ante el sólo anuncio que los vigilantes particulares también dispararán, tratarán de adelantarse. Los vigilantes por su lado, con la poca preparación que tienen, lo poco que ganan en la mayoría de los casos, pensarán varias veces antes de enfrentarse con delincuentes dispuestos a todo, u optarán por “colaborar” con ellos. El ministro debe precisar el sentido de sus palabras, más allá de lo que diga finalmente el reglamento, pues ha quedado la impresión que se ha liberado el uso de armas de fuego por parte de los vigilantes privados.

Nos parece correcto que se ponga mayor cantidad de policías en la calle, ahora queda supervisar que no sea una presencia inocua, y que en realidad cumplan con proteger a la ciudadanía y prevenir el delito. En esta misma tendencia de recuperar efectivos para proteger a la población, debe evaluarse el prescindir de algunas actividades del servicio que resultan ser adjetivas y que bien podrían ser transferidas a las municipalidades, por resultar su verdadero ámbito.

Esperemos que  las medidas anunciadas, surtan el efecto que persiguen, que no es otro que el contener el delito y prevenir su comisión devolviéndole la confianza a la ciudadanía y que no sea solamente la respuesta mediática ante un clamor popular.

LA SEGURIDAD CIUDADANA SE PUSO DE MODA, CUIDADO CON LO QUE HACEMOS/ Juan Briceño Pomar

No hay duda que el brutal ataque que dejó cuadripléjica a la niña Romina Cornejo ha sido el detonante de la explosión de indignación ciudadana que recorre el país en los últimos días y exige al Estado y a las autoridades que hagan algo para terminar con la “ola de delincuencia” que nos azota.

En efecto, el incremento de hechos delictivos de gran impacto mediático; la manifiesta incapacidad del Estado para hacerles frente; la presión que ejercen los medios de comunicación social y líderes de opinión para que se adopten medidas excepcionales; la aparición de encuestas que colocan a la inseguridad como el problema que más preocupa a los ciudadanos; el reconocimiento del Presidente de la República que se trata de un asunto pendiente de solución en su gestión; la proximidad de las elecciones regionales y municipales; y, el oportunismo de algunos políticos que pretenden obtener réditos de la grave situación que atraviesa el país se han juntado como si se tratara del adelanto de la alineación de los planetas prevista para el 2012 que el imaginario popular asocia con grandes catástrofes.

La consecuencia directa de la situación descrita es la proliferación de una serie de propuestas que, si bien es cierto enriquecen el debate, incluyen el riesgo de tomar decisiones marcadas más por la emotividad o por intereses políticos que por la racionalidad y la coherencia.

Al margen de nuestras preferencias o inclinaciones ideológicas, resulta pertinente que se pongan sobre el tapete y se discutan temas como la reinstauración de la pena de muerte; el endurecimiento de las penas; la creación de un nuevo ente rector de la seguridad ciudadana; la eliminación de beneficios penitenciarios; la conformación de un organismo encargado de diseñar la política criminal del país; el otorgamiento de mayores facultades a la policía o la autorización a los gobiernos locales para invertir en seguridad.

La campaña electoral y el estado de ánimo de los votantes han obligado a los partidos y agrupaciones políticas participantes a incluir en sus planes de gobierno alternativas de solución para los problemas de inseguridad de sus localidades y en ellas también se observan aspectos novedosos dignos de analizar para verificar sus costos, probables impactos y viabilidad.

El lado positivo es que los ciudadanos somos cada vez más sensibles frente a las dificultades y consecuencias que, para nuestra vida cotidiana, plantea un escenario en el que nuestra principal preocupación deba ser preservar nuestras vidas o bienes o los de nuestros seres queridos, destinando para ello tiempo y recursos que muy bien podrían servirnos para mejorar nuestra calidad de vida y alcanzar mayores niveles de desarrollo.

El riesgo radica en que la percepción de inseguridad ha alcanzado niveles bastante elevados -96% según las últimas encuestas- lo que introduce un nuevo factor que condiciona nuestra racionalidad al momento de tomar decisiones: el temor a ser las próximas víctimas de la violencia. Este temor nos lleva a plantearnos la necesidad de renunciar a espacios de libertad en la esperanza de alcanzar mayores niveles de seguridad, exigir acciones drásticas –que en algunos casos llega a ser violatoria de derechos- o en su defecto aferrarnos a propuestas presuntamente “salvadoras” que van a proporcionarnos las condiciones de tranquilidad y paz social que anhelamos.

Frente a este panorama debemos reiterar que el problema de la inseguridad es integral, multicausal y multidisciplinario; que no existe una solución única ni de corto plazo para el mismo; que es básica la voluntad política y la participación ciudadana para tener éxito; y, que es necesario contar con instituciones fuertes y eficientes, con un diagnóstico adecuado y con una línea de base que nos permita establecer los mejores cursos de acción y evaluar con objetividad los resultados que vayamos alcanzando.

Un somero análisis de las alternativas que hasta ahora se conocen nos permite afirmar que son parciales y en algunos casos contradictorias, que la mayoría se orientan sólo a modificar la normatividad existente, que no tienen en cuenta las implicancias que conlleva su aplicación en otras áreas, que no son viables por falta de financiamiento, que no diferencian entre los servicios de orden y seguridad que requiere el estado y los que requieren los ciudadanos; y, que no consideran las causas estructurales que inciden en la inseguridad limitándose a proponer medidas para aspectos coyunturales en base al temperamento ciudadano y no a propuestas técnicas de especialistas en el tema.

Finalmente deseo llamar la atención sobre la pertinencia de tener presente la advertencia que realizó la socióloga peruana Lucía Dammert, con ocasión de la presentación de su libro “Violencia e Inseguridad Ciudadana en las Américas”, en el sentido que, si queremos resolver los problemas de inseguridad, debemos superar los mitos de que:

 Una ley más dura es más eficiente.

 La seguridad privada puede resolver el problema de la inseguridad.

 Portando armas podremos protegernos mejor

 La democracia es débil para combatir la inseguridad y por lo tanto sistemas autoritarios o recortes de las libertades y derechos permiten alcanzan mejores resultados.

En conclusión podemos afirmar que está comprobado que insistir en alguno o todos los “mitos” antes señalados no lleva a resultados positivos y, por el contrario, donde se han puesto en práctica, se elevaron los índices de violencia y criminalidad. Es necesario diseñar y aplicar una política de estado integral, coherente y sostenida en el tiempo. No dejemos que el temor, el hígado o el corazón decidan por nosotros.

REACCIONES DESESPERADAS/ Gustavo Carrión Zavala

El innegable crecimiento del delito, la cada vez mayor sensación de inseguridad, la violencia creciente en la comisión de actos criminales, el uso incontrolado de armas de fuego, las víctimas de estos hechos que alcanzan su máxima expresión en el caso de la niña Romina, baleada inmisericordemente durante un asalto y todo el drama que significa la precaria situación de la seguridad ciudadana, ha provocado reacciones desesperadas, tanto en los encargados de brindar seguridad, como en la ciudadanía, sin desconocer el perverso aprovechamiento político de la crítica situación, que pretende conquistar adhesiones planteando temas constitucionalmente inviables.

Pretendemos resumir algunas de las reacciones:

El Presidente de la República, antes de su Mensaje del 28 de julio, declaró al comercio que los asuntos pendientes de su gestión estaban referidos a la seguridad ciudadana y la corrupción. En el mensaje de Fiestas Patrias, su preocupación se redujo a una breve mención del problema de la inseguridad, simplificándolo a la ausencia de coordinación entre los órganos estatales encargados de tal fin. Es probable que no haya advertido el presidente que desde enero del año 2003 está vigente la ley 27933 que regula el Sistema de Seguridad Ciudadana y responsabiliza al ministro del Interior la conducción del Consejo de Seguridad Ciudadana que debe armonizar y articular la actuación de los comités regionales, provinciales y distritales de seguridad ciudadana, así como a los sectores involucrados en el sistema. Si este consejo no funcionó durante los cuatro años de gestión de la presente administración, resulta obvio que los ministros del Interior que se han sucedido no han cumplido la ley y el presidente no ha aplicado las correcciones para que sus ministros la cumplan.

Se ha producido tal desconcierto, que un despistado jefe militar de la región sur del país, planteó sacar unidades militares para patrullar la ciudad de Arequipa, sabiendo que resulta inconstitucional la intervención del Ejército en funciones que no son de su competencia, con la salvedad de los regímenes de excepción y cuando expresamente se encargue a las Fuerzas Armadas el control del orden interno. Nos hizo saber también el jefe militar, que tenían armas no letales que disparaban proyectiles de goma, lo que nos sorprendió al constatar que el Ejército invierte en adquirir equipo que no corresponde a la naturaleza de su actuación, o acaso en un escenario de combate se pueden rechazar a tropas invasoras con proyectiles de goma. Cabe dos interpretaciones, o se está gastando inútilmente los escasos recursos o realmente se está produciendo una policialización de las Fuerzas Armadas ante la improbabilidad de un conflicto armado.

Esta explicación adquiere verosimilitud si le adicionamos lo declarado por el ex ministro de Defensa y ex Comandante General del Ejército, Roberto Chiabra, quien afirmó que la fuerza armada conoce la dimensión del narcotráfico y que tiene planes para combatirlo. Hasta donde sabemos y la constitución establece, la persecución y combate al delito es parte de la finalidad de la Policía Nacional y el tráfico ilícito de drogas es un delito criminalizado en el Código Penal, por tanto, no sólo está reconociendo el citado ex ministro, que el problema en el VRAE y El Huallaga es básicamente el tráfico de drogas, y el involucrarse en su persecución es otra muestra de la policialización de las fuerzas armadas. Habría adicionalmente que constatar si la policía tiene el equipo que posee la fuerza armada para asuntos netamente de orden público y evitar que jefes militares confundan a la población ofreciendo su participación en tareas que no le corresponden, pero que pueden ser aceptadas popularmente por el estado de crispación consecuente de la ingobernabilidad en asuntos de seguridad.

Programas radiales, por el mismo estado de crispación, vienen planteando la participación de las fuerzas armadas en temas de seguridad ciudadana, haciendo consultas telefónicas a la población, que obviamente se inclinan por el orden y no interesa a qué precio. El ejemplo de México resulta decidor cuando las Fuerzas Armadas se comprometen en la persecución de un delito, el baño de sangre es aterrador.

Como no podría esperarse otra actitud, los congresistas fujimoristas con fines más de sintonizar con la ya mencionada crispación popular por la inseguridad y en clara busca de votos, plantea un debate a todas luces inconstitucional como la aplicación de la pena de muerte, como si la punición y la muerte pudiesen resolver el crecimiento del delito. Sabiendo que ello no es viable, distraen la atención nacional con el perverso propósito de captar simpatías electorales y con la seguridad que no prosperará la propuesta pero tendrán a quién atribuir culpas por ello.

La Policía atraviesa uno de sus momentos más difíciles: mal formados, mal capacitados, mal atendidos, mal remunerados, son presas de una enorme desmotivación que crecerá cuándo sus expectativas por las nuevas remuneraciones se vean defraudadas, si nos atenemos a lo declarado por la ministra de Economía, que las estimaciones que se vienen haciendo constituyen “fantasías”. Ojalá nos equivoquemos, pero este problema de las remuneraciones será artificiosamente diferido para la siguiente administración. Ya sucedió con el anterior gobierno de García y el nunca aplicado DS 213.

Además de la desmotivación y desfidelización de los policías, la falta de inteligencia para planear las operaciones policiales, nos demuestra por un lado, la poca fiscalización sobre los fondos destinados a gastos de inteligencia y consecuentemente la poca efectividad de esta actividad y lo que resulta obvio, el apoderamiento de estos fondos por los encargados de administrarlos, empobreciendo la actuación policial.

Las constataciones que hace el personal policial sobre el apoderamiento de fondos públicos por parte de algunos jefes, promueve que la corrupción corra en cascada hacia abajo, sin que se pueda ejercer el control debido sobre la actuación policial. Si se adiciona la defensa que hizo el primer mandatario de un jefe policial que recibió irregularmente fondos públicos de una autoridad municipal, aún cuando se haya utilizado el dinero en propósitos correctos, significa el establecimiento de una corriente de burlar la norma que resultará incontrolable e insancionable.

Finalmente tenemos que decir que para afrontar la actual situación de creciente inseguridad deben iniciarse dos tipos de acciones: contener el actual crecimiento de la inseguridad con planes sustentados en inteligencia efectiva (es posible hacerlo y así lo demostró la DIRINCRI al capturar en tiempo breve a dos de los delincuentes que provocaron el drama de la niña romina), de tal suerte que no se estén dando palazos de ciegos. Como acción paralela, articular la participación de los municipios y organizaciones de bienestar social en la atención de grupos en riesgo y zonas vulnerables, con fines de prevenir y evitar la aparición de nuevos delincuentes.

En el mediano plazo, definir el tipo de policía que necesitamos e iniciar la transformación de la actual institución en una moderna, profesional, producto de nuevas bases doctrinarias, nuevas relaciones de conducción, revisión y modernización de rutinas, revaloración del hombre policía, remuneraciones y ambiente laboral digno y que sea parte de la urdimbre social.