APUNTES SOBRE ASOCIATIVIDAD AGRARIA/ Manuel Aguirre Gutiérrez

Aun hoy en día, muchos creen que la pequeña agricultura en el Perú es un lastre que nos heredó la Reforma Agraria de Velasco. No ha bastado con que más del 90% del café que exportamos provenga de pequeños productores, que casi el 50% de ellos este organizado y además de producir, exportan directamente su producto. No ha sido suficiente con saber que el mejor café del mundo en el 2010 provino de un pequeño caficultor organizado en una cooperativa de Puno, que casi el 90% del cacao que exportamos proviene también de pequeños productores y que han sido las cooperativas y asociaciones de pequeños productores de cacao quienes más han hecho por mostrar al mundo la calidad de nuestro cacao –véase la campaña “el cacao de Oro Verde pone”, de BBVA y los premios al cacao peruano en el Salón del Chocolate de París-; no ha sido suficiente con que el boom exportador de banano orgánico peruano haya sido a partir de la asociatividad de los pequeños productores de Sullana (más del 50% de las exportaciones actuales de banano proviene de organizaciones de pequeños productores exportadores); a pesar de todos estos avances, y de otros muchos en diversos productos, aun muchos piensan que la pequeña agricultura en el Perú es un problema, un cáncer que nos impide desarrollar nuestro sector agrario, algo que hay que acabar, casi una mala palabra.

Felizmente para el país y para la inmensa mayoría de productores con menos de 5 has (más de las 2/3 partes del área agrícola del Perú está en manos de ellos), existe algo llamado asociatividad que inicialmente les fue impuesta, que fracasó, que cambió de formas, que volvió y que ha demostrado ser el arma con que la pequeña agricultura en el Perú puede ser exitosa y transitar hacia la modernidad de nuestro golpeado sector agrario.

Hoy podemos contar por decenas las experiencias exitosas de asociatividad agraria en diversos productos, que muestran que sí es posible y que deberían ser el punto de partida de la política agraria en el país, la referencia para la clase política dedicada al sector; no sólo como fuente y matriz para la política agraria, sino también como modelos de desarrollo que permiten activar las economías rurales y mejorar las condiciones de vida y de inclusión de miles de familias que fueron condenadas a la pobreza por un modelo económico que las relegó a ser sólo sujetos pasivos de las gotas de riqueza que el modelo generaría y que nunca llegaron.

Sin embargo, la asociatividad entre los pequeños productores no es fácil. No es una simple cuestión de juntar dos o más productores y “crearles” una organización. No se trata de una suma de ingredientes como cuando se hace un pastel o un chaufa. Se trata de un complejo proceso de conjunción de objetivos, de mezcla de intereses colectivos y particulares también, de coyunturas especiales, de búsqueda de empatías, de compromisos, de liderazgos, de recursos; es decir, de una serie de factores que se van amalgamando para finalmente configurar una organización de productores.

La organización nace frágil, necesita ser guiada adecuadamente por un liderazgo responsable y democrático, una dirigencia que entienda que su principal activo son los socios y que a ellos se debe. Que entienda que no van a manejar únicamente una organización social ni únicamente una empresa, van a manejar las dos cosas a la vez!!! Este es el gran desafío de este tipo de organizaciones y es lo primero que hay que entender de ellas y que en realidad marca todas las acciones que esta organización desarrollará en el futuro, todo lo que haga en adelante estará signado por esta doble y a veces contradictoria “personalidad”: son organizaciones sociales y son empresas al mismo tiempo.

Pretendemos alentar este debate sobre la asociatividad, tratando de analizar e ir colocando en agenda algunas de estas complejidades como por ejemplo;

-          Cooperativas o asociaciones, cuál es el mejor modelo?

-          Lo social y lo empresarial en la organización.

-          Líderes dirigentes, continuidad de los liderazgos en la dirigencia.

-          Rol de los directivos y de la gerencia; búsqueda constante de equilibrio.

-          Gerencias y/o presidencias omnipotentes.

-          Los directivos y los fiscalizadores; relaciones sensibles.

-          Hasta dónde crecer?, crecimiento y desarrollo.

-          Recambios generacionales; complejo proceso.

-          Recambios dirigenciales y formación de nuevos cuadros.

-          La planificación y la acción; frecuentes incoherencias.

-          La incursión política en las organizaciones.

-          Lo laboral en las organizaciones de productores.

-          La lealtad y el compromiso; valores ficticios?

-          La honradez del dirigente y las tentaciones del poder.

Son algunos de los temas que proponemos debatir. Como vemos, la asociatividad es compleja y encierra un gran número de desafíos, de preguntas aun sin respuesta, se está haciendo camino al andar y ningún modelo es totalmente bueno ni totalmente malo, estamos en una etapa de prueba aun, de aprendizaje. Pero estas experiencias debemos irlas recogiendo para que nos sirvan a las actuales organizaciones y a las que se vienen, sólo así podremos ir consolidando esta aún frágil asociatividad.

Piura, Enero 2012

Email: manuel.oficial@gmail.com

LOS RESPONSABLES DE LA LUCHA CONTRA EL DELITO/Gral. PNP-R Enrique Yépez Dávalos

Nuevamente entra en primera plana la discusión sobre quiénes son los principales responsables de la lucha contra el delito en las calles: ¿El Estado a través de la Policía Nacional o los Gobiernos Locales? Esto a raíz de recientes declaraciones del Presidente de la República  manifestando que la seguridad ciudadana es una responsabilidad de todos, fundamentalmente de los alcaldes.
El debate se origina también por el creciente incremento de la delincuencia común y organizada, cuyas implicancias están deteriorando, aún más, los sentimientos de seguridad de los ciudadanos, a falta de una política definida que permita orientar esfuerzos en torno a objetivos comunes.
Si bien ahora se avizora mejores horizontes para la lucha contra el delito por el liderazgo asumido por el Presidente Humala en la conducción del sistema de seguridad ciudadana y por el pronto equipamiento policial anunciado por el Ministro del Interior, todavía no se vislumbra una política definida. Creo que es hora ya de entrar a la acción, sumando esfuerzos y voluntades entre todos los actores de la seguridad ciudadana, dentro de los cuales los municipios y la policía juegan un rol fundamental.
Mientras tanto, las divergencias en la conducción de la lucha contra el delito a nivel local continúan. Estas deben superarse y la mejor forma de lograrlo es, a mi criterio, formulando Protocolos o Guías de Procedimientos diseñados por el CONASEC, que precisen al detalle las obligaciones y responsabilidades de cada quien.
Un criterio integrador compartido por muchos alcaldes y policías, es la referida a que la política de seguridad ciudadana es una responsabilidad del Estado; y, por tanto, la institución constitucionalmente encargada para garantizar y conservarla es la Policía Nacional. Este razonamiento se basa también en que la lucha contra el delito, por las implicancias sociales y legales que conlleva, no puede ser asumida por los  alcaldes. Tienen que ser necesariamente articuladas por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que son los jueces, fiscales y policías, por supuesto, en permanente coordinación con los alcaldes como presidentes de los comités locales de seguridad ciudadana.
Otro argumento es de carácter presupuestario. Cada municipio tiene partidas disímiles, por tanto, sería difícil un tratamiento equitativo para apoyar con recursos y medios a todos por igual. También por razones de capacitación estandarizada y otros aspectos que impiden que los alcaldes tengan una participación directa en la administración de la operatoria policial.
Este razonamiento no se contrapone a la Ley 27933 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, por el contrario, le otorgaría el impulso que necesita para dinamizar el trabajo a nivel local, teniendo a los alcaldes y a los comisarios como los principales actores del Estado. Los primeros liderando la prevención social y encausando las aspiraciones de seguridad de sus ciudadanos y los segundos ejecutando las estrategias, actividades y tareas policiales para reducir el delito. 
Por tanto, el Presidente de la República no se equivoca cuando demanda de los alcaldes mayor responsabilidad en la lucha contra el delito, porque ellos son los principales líderes en la seguridad en sus provincias y distritos. El problema surge muchas veces por el afán protagónico o por discrepancias entre algunos alcaldes y comisarios, lo que da lugar, por ejemplo, a que los servicios de serenazgo actúan separadamente sin ningún tipo de coordinación con las comisarías.
La experiencia nacional e internacional señalan que en países unitarios e incluso descentralizados, no es conveniente “atomizar” la lucha contra el delito a nivel local, por el contrario, es necesario fortalecer una sola organización que debe ser la policía como institución encargada  de hacer cumplir la ley, que responda al comité de seguridad, a los vecinos y a su comando sobre las estrategias que viene ejecutando, en lugar de existir otras entidades que persigan el mismo cometido. Esto conllevaría a tener:
·       Una eficiente capacidad de respuesta policial ante los requerimientos ciudadanos.
·       Los principios de eficiencia, alcance de control y asignación homogénea,  estarían garantizados en la medida que existan policías y  serenos debidamente preparados, estimulados y éticamente formados.
·       Mejores comisarias con recursos y medios provenientes del gobierno central, de los gobiernos regionales y de los municipios.
·       Un solo funcionario- el comisario de policía- encargado y responsable de la prevención, investigación y control del delito a nivel local.
·       Una adecuada coordinación entre el  comando de la PNP con los alcaldes provinciales y distritales.
·       Planes de seguridad con criterios estandarizados a nivel nacional.
·       Más efectivos policiales en las calles para el patrullaje y la investigación policial, incluyendo a los servicios de serenazgo bajo el comando de los comisarios, en base a directivas  que determinen con claridad sus funciones y atribuciones. Para el efecto es necesario capacitar a los serenos en los centros de formación de la PNP, que permita tener unidad de doctrina, así como técnicas y procedimientos similares a nivel nacional.
La necesidad de tener una sola entidad encargada de la lucha contra el delito a nivel local responde a la política general del gobierno central de concentrar todo el esfuerzo del estado en pocas instancias. Una eficaz forma de lograrlo es descentralizando la lucha contra el delito. Demuestra también el espíritu integrador que debe ser la esencia del sistema.
Finalmente es necesario recordar que la seguridad ciudadana es una política de Estado. Para lograrlo, el Gobierno Central tiene que encontrar soluciones a los siguientes desafíos:
·       Reorganizar la participación de la comunidad en seguridad ciudadana
·       Impulsar los programas preventivos, educativos y de reinserción             
·       Potenciar el trabajo preventivo, de investigación y de control de las comisarías.
·       Mejorar con recursos y medios la capacidad de respuesta de la policía ante los requerimientos ciudadanos.
·        Con el próximo incremento de remuneraciones para el personal policial, desarticular el programa denominado “servicios individualizados” que desnaturaliza su labor de servicio a la comunidad.
·       Elevar el nivel de capacitación con criterios estandarizados.
·       Establecer mecanismos de lucha contra la corrupción
Si estos postulados se cumplen a cabalidad mediante una firme voluntad política e institucional, estaremos transitando por el camino correcto.

REFLEXIONES SOBRE EL “SERVICIO POLICIAL VOLUNTARIO”/ Enrique Yépez Dávalos, General PNP-R

Algunos dicen, quizá no les falte razón, que ingresando jóvenes-casi adolescentes- a la Policía Nacional y salgan al servicio con escasa preparación de tres meses no vamos a reducir el delito, por el contrario se puede relativizar la seguridad al interior de las comisarías; el carácter reservado de los documentos administrativos correrían peligro si son conducidos o manipulados por éstos; podrían ser víctimas de hechos delictivos en sus tareas complementarias de control del tránsito o de orientación al turista; pueden ser fácilmente “encuadrados” con fines políticos porque también estarían a cargo de los gobernadores, y así por el estilo se plantean estos y otros argumentos que con fundamento nos hacen reflexionar sobre la conveniencia o no de la creación del “Servicio Policial Voluntario”.

Sopesando los inconvenientes que pudieran surgir con los aspectos positivos que tendría la implementación de esta nueva modalidad; y, considerando algunas modificaciones al texto original, me inclinaría por su pertinencia, por las consideraciones siguientes:

Primero.- La finalidad esencial de las policías en el mundo es el trabajo preventivo y de acercamiento a los ciudadanos. Es una labor proactiva que siempre fue tradición en nuestras ex instituciones, particularmente en las comisarías, donde jóvenes de toda condición sobre todo de sectores populares, participaban sin ninguna reticencia en los diferentes programas preventivos y educativos. El policía era visto por el joven como ejemplo a seguir y la comisaria como su segunda casa. Hoy, pese a los esfuerzos de algunos comisarios, esta relación ciudadano-policía ha decaído.

Segundo.- No podemos ni debemos mantener una institución cerrada al cambio y a la participación comunitaria. Por el contrario, cuanto más abiertas estén las comisarias a los jóvenes y adolescentes, mas serán los réditos que los resquemores. Los jóvenes necesitan tener referentes positivos para mejorar su calidad de vida y estos modelos pueden provenir de la misma policía. ¿Qué mejor que nuestros concejos y ejemplos para que estos jóvenes se forjen un destino diferente?  ¿No sería conveniente que la Policía Nacional, a través de sus Comisarías, se convierta en el trampolín de sus aspiraciones abriéndole sus puertas y su confianza?

Tercero.- Por supuesto que el ingreso como policías voluntarios tiene que estar rodeado de un sistema que aliente la presencia de jóvenes con valores procedentes de familias cohesionadas y evite personas con antecedentes policiales y otro tipo de conductas de riesgo, las que deben ser claramente señaladas en los reglamentos respectivos. Sus funciones deben ser complementarias y de ninguna manera suplir las actividades del policía. Tareas como recepción al público que acude a las comisarias, orientación al turista, charlas en colegios sobre tránsito, consumo de drogas, trasmitidas con el lenguaje propio de los adolescentes, apoyo a los promotores de las oficinas de participación ciudadana, entre otras, resultaría necesario y positivo para cambiar actitudes y conductas.

Cuarto.- Con este nuevo sistema se presentarán seguramente algunos inconvenientes y hechos negativos cometidos por los voluntarios que deben ser inmediatamente corregidos, pero estoy seguro que la mayor parte de estos jóvenes se comportarán a la altura de sus responsabilidades.

No estoy de acuerdo con que el servicio policial voluntario sea también para los gobernadores, porque se puede prestar a una serie de especulaciones políticas que es necesario evitar, sobre todo en el sector rural, donde gobernadores y licenciados junto con rondas campesinas pueden formar grupos con actividades y atribuciones amplias difíciles de predecir.

Quinto.- También existen algunas  ambigüedades e imprecisiones que es necesario corregir. Si hubiese la oportunidad de mejorar la norma, propondría, como meses antes lo hice en diferentes foros, de crear el programa de “Auxiliares de Policía” en lugar del “Servicio Policial Voluntario”, para que se constituya en la base de la pirámide organizacional de la Policía Nacional. Esto daría lugar a que los auxiliares adquieran pleno derecho a las diferentes obligaciones, derechos y beneficios que el Estado otorga al personal policial.

Los Auxiliares de Policía, en su fase preliminar, sería sólo para los que han postulado a las escuelas de policía a nivel nacional y no  alcanzaron vacantes. Estos jóvenes ya tienen una orientación vocacional definida de ser policías y, por tanto, su fase de entrenamiento sería más fácil.

Sexto.- La Policía Nacional del Perú es una institución eminentemente democrática, y esta sería una de las mejores formas de demostrar su permeabilidad frente al cambio en beneficio de muchos jóvenes que desean mejorar su situación actual. Este programa se viene llevando a cabo en Colombia con jóvenes a los que se les denomina “bachilleres” con buenos resultados.

Sétimo.- Finalmente es necesario decir con claridad que el “Servicio Policial Voluntario” con las modificaciones  a que hubiere lugar, no suple la  demanda por mejores servicios de seguridad ni el déficit de policías que necesita el país,-No menos de 40,000 efectivos en relación al incremento demográfico-. Difícil de conseguirlo en cinco años considerando las bajas administrativas que sufre anualmente el Instituto por diferentes motivos. En todo caso, es mucho mejor exigir al personal actual mayor compromiso y una de las formas de lograrlo es otorgándole mejores remuneraciones, las mismas que son muy bajas en comparación con sus similares de Latinoamérica.

Colaboración desde España/ ESTADO DE BIENESTAR Y ESTADO DE NECESIDAD / Guillermo MEDINA

El Partido Popular da constantes muestras de dominar la estrategia de comunicación y llevar la iniciativa. En la oposición al Gobierno anterior sus líderes convencieron a una mayoría de electores de que el problema era Rodríguez Zapatero y de que si Rajoy llegaba al poder  se restablecería la confianza y comenzaría el fin de la crisis. Era “el cambio” como taumatúrgico bálsamo de Fierabrás. Fue una siembra de expectativas sin apenas concreción o incluso prometiendo lo que no se podía cumplir.

Una vez en el Gobierno, el PP utilizó el desfase del déficit presupuestario en 2011 (el 8% en vez del 6% previsto), de sobra percibido anteriormente como inevitable, y debido principalmente a la mala gestión de las CCAA, junto con la entrada en recesión, para justificar la subida del IRPF. Hubo contrariedad de los ciudadanos pero sobre todo resignación ante lo que parecía inevitable. A partir de entonces, el Gobierno del PP no ha ocultado la gravedad de la situación sino al contrario. Los mensajes han sido que “los datos son espeluznantes” (ministra Báñez), que las cifras de paro “no van a mejorar en el corto plazo. Es más, durante 2012 empeorarán” (Rajoy en el Congreso el 8 de febrero) y que la salida de la crisis será muy dura y llevará tiempo.

El razonamiento del Gobierno parece claro: cuanto peor sea la percepción de los ciudadanos sobre la situación y las perspectivas, más dispuestos y resignados estarán para asumir sin rebeldía las reformas, en primer lugar la anunciada como “dura y profunda” reforma laboral. Si además el susto se nos mete en el cuerpo al principio del mandato, las culpas se remitirán instintivamente al debe del Gobierno anterior.

Hasta ahora, esa estrategia se está mostrando eficaz para impedir lo que en otro caso podría significar una caída dramática del apoyo popular al Gobierno. Así lo indican las encuestas, incluida la última del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que refleja una exigua pérdida de apoyo popular.

El lado malo, para todos, de esa estrategia política  es que se vuelve contra las posibilidades de recuperación. En efecto, esa sociedad resignada, conformista y, sobre todo, amedrentada (cada vez más se escribe sobre el miedo como factor de manipulación social), estará preparada para aceptar las reformas que el Gobierno quiera. Puede que incluso haga inviable una huelga general en estos momentos. Pero desde luego el pesimismo no ayuda al clima propicio para que los empresarios empiecen a contratar y los ciudadanos se animen a gastar.

El Gobierno puede caer en la tentación de sustituir el concepto “estado de bienestar” por el de “estado de necesidad”. Este último sería la reducción de aquél a las críticas posibilidades de la actual situación y a la visión de un Estado jibarizado por imperativo de la crisis. Una necesidad (necesariedad) que todo lo explica y justifica, desde la sustitución de Gobiernos legitimados electoralmente por equipos técnicos, a la subordinación del estado de bienestar a funcionalidades políticas oportunistas. La crisis impone como verdad establecida el estrecho paradigma de la rentabilidad de los servicios y políticas sociales, lo que abre doctrinalmente la puerta a las reducciones y privatizaciones de los mismos. Así, la  crisis como oportunidad (de mejorar y avanzar todos juntos) es sustituida por la crisis como pretexto (el avance de unos y el estancamiento o retroceso de otros en una sociedad cada vez más dual).

Naturalmente, el PP ha sostenido, en la oposición primero y ahora en el Gobierno, su fidelidad inquebrantable a los distintos componentes reales del estado de bienestar. Faltaría más, tratándose del “partido de los trabajadores” (María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP). Pero esperen y verán. Hay síntomas de que lo que comienza como una “reestructuración del estado de bienestar para hacerlo viable” puede terminar siendo, por causa de un visión reduccionista y tecnocrática de la crisis, una profunda redimensión del mismo a la baja.

La instalación entre nosotros de la idea según la cual la necesidad ha llegado para permanecer –el estado de necesidad- se ve reforzada, y utilizada, cuando los Estados y los Gobiernos ni siquiera pretenden ocultar su impotencia ante la crisis, y renuncian a la política en beneficio de la nebulosa de inversores que llamamos mercados. Lejos de rebelarse contra la hegemonía de éstos, encuentran en su poderío el manto que cubre sus propias culpas, errores e inepcias. Y por si algunos protestan ante tal deriva degradante de la propia democracia, ahí está otra de las herramientas anestésicas: la culpa de nuestros males es nuestra por haber querido vivir por encima de nuestras posibilidades. Así, genérica y colectivamente, participamos en unas responsabilidades colectivas que diluyen las graves culpas de las minorías verdaderamente culpables.

¿Cuáles van a ser las consecuencias sociales y políticas de todo esto a medio plazo? ¿Ese estado de necesidad va a dar lugar a un estado de resignación? He escuchado opiniones en el sentido de que el Gobierno tiene vía libre para realizar su proyecto, incluso la parte no manifestada, sin que haya de temer una reacción social significativa. Puede que sea así en esta etapa. Pero el Gobierno haría mal en confundir resignación con inhibición, y menos aún con conformidad y respaldo. La resignación nunca es un estado psicológico  permanente sino que suele incubar la rebeldía. Confío en que, confundido por lo limitado de la protesta social activa, el Gobierno no desactive, en aras de sus objetivos fiscales, los mecanismos de cohesión y solidaridad social que permiten la paz social en tiempos de crisis. No hay que olvidar que el estado de bienestar, aunque atemperado por las circunstancias adversas, no es sólo una necesidad social -ni siquiera un concepto “de izquierda”-, sino también, desde el fin de la segunda guerra mundial, un elemento necesario para el funcionamiento equilibrado del sistema y para el progreso económico de las sociedades democráticas europeas.

INFORMACION Y PODER CIUDADANO

Las autoridades tienen la obligación de alentar y de facilitar el seguimiento de sus políticas por la población.

Sólo con información presentada de manera ordenada y exhaustiva es posible el escrutinio público. En cambio, son inútiles los datos proporcionados de modo disperso e intermitente;  más bien, sirven muchas veces para encubrir la inacción y  la improvisación.  

En consecuencia, pedimos que las páginas web de los organismos públicos sean reformuladas, para que, por cada política anunciada, se establezca un espacio fácilmente distinguible, en el que se reúnan y queden registradas, sistemática y cronológicamente, las decisiones efectivamente tomadas para cumplirla,  con indicación del número, fecha, y, de ser el caso, fecha de publicación en el Diario Oficial El Peruano de la correspondiente resolución, directiva u otra disposición legal, así como de cualquier otra medida, incluyendo los nombramientos de responsables y las adquisiciones de bienes y servicios. 

Todos los ciudadanos, y no sólo los especialistas, aspiramos a leer correctamente el accionar de las autoridades, y, así, estar en condiciones de determinar si éstas actúan o no con coherencia y seriedad, más allá de que los resultados buscados puedan a veces demorar por la naturaleza y la complejidad de los problemas enfrentados. Ello, por cierto, incluye, también, la posibilidad de detectar el abandono inopinado de estrategias, lo que, con frecuencia obedece, no a una razón válida, sino a la tradicional y muy costosa incapacidad de mantener un mínimo de continuidad en las políticas públicas del país. El Estado está entonces en la obligación de diseñar y proporcionar las herramientas necesarias para que los ciudadanos podamos  cumplir en las mejores condiciones nuestro deber de fiscalización.

                                                                                              Lima, 22 de septiembre de 2011

Carlos Basombrío

Hugo Díaz Díaz

César Jaime Ramirez

Carmen Berrocal

Jaime de Althaus

Patricia Pinilla

Enrique Carrillo Thorne

Gustavo Ramírez Díaz

Francisco Belaunde Matossian

Jose Pajuelo Oliveri

Alfredo Solf Monsalve

César Zevallos Heudebert

Alfonso de los Heros

José Belaunde Moreyra

Javier Colina Seminario

Maria Luz García Belaunde

Carlos Batalla Sotelo

Manuel Cacho Sousa Barrios

Eduardo Gómez de la Torre

Rosa María Gastañeta Alayza

Benjamín Marticorena Castillo

Gino Costa Santolalla

Alvaro Roca-Rey

Jorge Cárdenas Vidalón

Yvonne Belaunde Olschewski

Alexis Benavides

Gabriela García

Martín Giurfa Jasminoy

Patricia Schroth

Dina Paz Sparks

Eduardo Montenegro Soria

Augusto Cabada

Augusto Lopez Vásquez

Raul Marcel Montalvo Nory

Luis Botto Cayo

Javier Fernández Bravo

Lorena Borgo Hannach

Ana Silvia Pineda

Alejandro Desmaison

Aldo Parodi

Juan Manuel Alpiste Caro

Jaime Alonso Llosa Talavera

Ramiro Escobar La Cruz

SEGURIDAD CIUDADANA… HORA DE DECISIONES/ Enrique Yépez y Oswaldo Carpio Villegas

El problema de la delincuencia se ha convertido en una prioridad. Gobiernos y ciudadanos en América y en el mundo están preocupados por la existencia de altas tasas de criminalidad y por la tendencia ascendente de la delincuencia y la inseguridad ciudadana.

El Barómetro de las Américas del 2010, señala que el Perú se ha convertido en el país con más alta tasa de victimización de las Américas, a dos puntos porcentuales del Ecuador que está en segundo lugar y a cinco de Venezuela, Bolivia y la Argentina que empatan el tercero. Este indicador refleja el incremento acelerado de los delitos contra el patrimonio en todas sus modalidades, no obstante que en el ranking de la tasa de homicidios, el Perú figura en una escala intermedia con 10 hechos criminales por cada 100,000 habitantes, a diferencia de otros países que alcanzan hasta los 40 homicidios por esta mismo rango de personas.

Estamos pues transitando de una etapa aparentemente menos violenta, luego de la derrota de la vesania terrorista, a escenarios más complejos donde la violencia de la delincuencia en las calles puede llegar rápidamente a penosas realidades como las que vienen padeciendo varios países centro americanos por el accionar de narcotraficantes y  pandillas juveniles utilizadas estas últimas como brazos armados de bandas organizadas de delincuentes avezados.

Frente a la inacción o reducida atención del gobierno anterior para enfrentar el acelerado crecimiento de la violencia delincuencial en nuestro país, el actual gobierno ha decidido poner en su agenda  la necesidad de priorizar la lucha frontal contra el delito, agenda que se ha ratificado últimamente por el violento y fallido atentado contra la vida de la menor hija del Congresista Renzo Reggiardo, el que sumado a similar delito contra la niña Romina en la vía expresa del Paseo de la República, configura una evolución de la violencia criminal que ya no respeta vidas inocentes con tal de conseguir sus objetivos.

En este tema, el Presidente de la República en su primer Mensaje a la Nación y los diversos pronunciamientos de  Oscar Valdés Ministro del Interior permiten avizorar un buen horizonte. La decisión presidencial de dirigir personalmente el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, la mano firme contra delincuentes prontuariados para internarlos en cárceles donde trabajen para su sustento, el impulso a las comisarías con más policías en las calles y la supresión de beneficios penitenciarios para autores de delitos execrables, narcotraficantes y terroristas, entre otros aspectos, permite pensar que esta álgida situación puede cambiar, si los compromisos asumidos se  convierten en realidades en el menor tiempo posible.

Lo difícil es pasar de las políticas a las estrategias. Es decir, cómo conseguir que estos compromisos se hagan realidad. Para lograrlo, el ministro Valdés tiene que cumplir una ardua tarea. Considerando que los problemas de seguridad ciudadana son como eslabones de una misma cadena, tiene simultáneamente que solucionar varios retos para obtener los resultados deseados, incursionando en los siguientes campos:

1.     Lucha frontal contra el narcotráfico y el terrorismo en las zonas de emergencia. Es fundamental, para ello, una amplia coordinación con las FFAA y los organismos de desarrollo para llevar a cabo una estrategia conjunta.

2.     Reducción de la delincuencia en las calles y del sentimiento de inseguridad de los ciudadanos. Esto requiere potenciar las unidades operativas de la Policía Nacional con una política de amplia coordinación con los gobiernos locales, al amparo de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

3.     Impulso sostenido a la participación de la comunidad en seguridad ciudadana. Los vecinos son los principales aliados en el esfuerzo del Gobierno para mejorar la seguridad a nivel local.

4.     Medidas drásticas para evitar la corrupción. Especialmente de los funcionarios encargadas de hacer cumplir la ley (jueces, fiscales y policías).

5.     Incremento de los sueldos del personal de la Policía Nacional.

Cada uno de estos temas tiene, a su vez, una gama de actividades y tareas por cumplir en los campos de la prevención, investigación y control. Sintéticamente proponemos algunas medidas que perentoriamente se debería articular:

1.     La comisaría es el cerebro y el corazón de la acción policial. La prevención e investigación policial tienen que ser gestionadas a nivel local. Por ende, es imperativo el fortalecimiento de las funciones y competencias de las comisarías distritales en Lima y  provinciales en el interior del país, para que sean las que atiendan todo tipo de requerimientos de los ciudadanos sin necesidad de derivarlos a otras unidades.

2.     Mayor número de policías en las calles. Esto aminora el sentimiento de inseguridad de las personas. Para lograrlo, es necesario modernizar la estructura orgánica de la Policía Nacional, para reasignar al personal policial joven que viene desarrollando labores administrativas y derivarlas a las comisarías, previa capacitación. Eliminar los turnos de 24 x 24 horas, otorgando simultáneamente un incremento de sueldos para retornar a los tres turnos tradicionales de franco, disponible y servicio, que permita contar con mayor número de efectivos en las comisarías para su propia capacitación por unidades móviles de instrucción y para labores de apoyo al servicio de calle.

3.     Recursos y equipos de comunicación estandarizados. Equipar con recursos y medios a las comisarías para un eficiente patrullaje a fin de contar con una interconexión estandarizada de sistemas de trasmisión de datos, de comunicaciones y video-vigilancia a nivel nacional, que compatibilice los diferentes equipos adquiridos por las municipalidades (hoy los gobiernos locales tienen equipos disímiles incompatibles entre ellos y con las comisarías). Tener recursos y equipos estandarizados permitirá contar con mapas y observatorios distritales, regionales y un observatorio central que estén monitoreando el comportamiento delictivo y la capacidad de las fuerzas policiales para neutralizar sus efectos.

4.     Impulsar el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Especialmente los Comités Distritales presididos por los Alcaldes como el mejor espacio para el diálogo y la toma de decisiones. En este tema es necesario capacitar a sus integrantes, formulando guías de procedimientos o protocolos para que cada representante conozca sus funciones y atribuciones, evitando así injerencias funcionales.

5.     Afianzar los programas preventivos de carácter familiar, social, educativos y de reinserción con la juventud del distrito. Trabajar en el fortalecimiento de la familia y en el entorno educativo, y con jóvenes y adolescentes en riesgo, para mejorar su calidad de vida, tomando en cuenta experiencias exitosas del país como del extranjero.

6.     Prevención situacional. Los gobiernos locales deben destinar parte importante de su presupuesto participativo en aspectos que mejoren la seguridad física, un mejor sistema de alumbrado, construcción de losas deportivas, recuperación de calles y parques en situación de abandono, ornato, tapiado de “pampones”, instalación de sirenas y circulinas en asentamientos humanos, convenios con empresas de telefonía para dotar de celulares a los coordinadores de juntas vecinales, entre otros aspectos. Partir de la tesis de que el deterioro de un espacio urbano trae mayor deterioro y mejores condiciones para la actuación de la delincuencia.

7.     Estandarización del Serenazgo. Los criterios para la formación  de los serenos, el vestuario, los instrumentos de defensa y protección, los equipos de comunicación y el sistema de vigilancia deben ser uniformes para una acción coordinada y eficaz entre serenos de distintos distritos y la Policía Nacional.

8.     Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana. Capacitación de sus integrantes, dotación de equipos de comunicación y elaboración de  procedimientos comunes para una acción integrada implementando en cada distrito “redes locales contra el delito” para una comunicación pronta y oportuna de los hechos policiales que conocen.

Algunas de estas medidas y muchas otras, no requieren de grandes presupuestos. Solo se necesita vocación de servicio, voluntad de cambio y liderazgo de carácter. Sin buscar protagonismos, creemos que ha llegado la hora de un cambio estructural en la Policía Nacional y de una acción estratégica eficaz a nivel local. El Presidente de la República, el Ministro del Interior, los congresistas, los presidentes regionales, los alcaldes y los líderes sociales, tienen la palabra.

Enrique Yépez es General (r) PNP y Oswaldo Carpio Villegas, Consutor Político y Social

PUNO EN LA ENCRUCIJADA /Martha Giraldo

(Publicada con la autorización previa de la autora, orgullosa hija de Puno, luchadora política, fundadora del movimiento por los derechos humanos peruano en los difíciles años ochenta y empresaria del turismo CBI).

Puno, 16 de Junio de 2011,

Querid@s amig@s:

Los saludo con mucho cariño, afectada y desconcertada con lo que vivimos en este  aciago mes y disculpen, si altero su tranquilidad y les quito tiempo, pero necesito compartir con ustedes acerca de los sucesos que han colocado a Puno en la vitrina de la actualidad socio-política y como muchas veces anteriores, mostrando el rostro de la intransigencia y violencia injustificada.

Podrían, a partir de la última frase, pensar que estoy subjetivizada, nada de eso, esta carta es para contarles de manera coloquial todo lo que he podido averiguar acerca de los entretelones de la demanda “No a la minería, No a la explotación petrolera, No a los proyectos hidro-energéticos”, origen de los sucesos que aún no concluyen y que son tan sólo una arista de la problemática.

Inicialmente pensé escribir un artículo, he desistido, aquí no hay prensa local que lo publique, pocos leen, nadie debate con argumentos y muchos agreden, así que opto por este camino de confianza. Sin duda alguna, debe haber mucha información que desconozco; aquella de la que no tengo certeza, la pongo en condicional y las afirmaciones, son informaciones verificadas.

Puno, en la encrucijada

La economía de Puno descansa en la producción agropecuaria (papas, carnes, lácteos, cebada, pastos, quinua, oportuno mencionar a los laboriosos productores de la nuevas cuencas como Taraco, Progreso, Macarí, Umachiri, Llalli Mañazo, etc.), artesanía (tejidos a mano y pequeñas máquinas y telares, mucha de la cual se exporta y es producida mayormente por miles de mujeres quechas y aymaras), minería formal (Minsur, Arasi, Aruntani, Huacotto, etc.), turismo (hoteles, hospedajes, agencias de viaje, restaurantes, destinos rurales, guías, transporte), pesca artesanal y acuicultura, una fábrica de cemento, la única industria de la región!!!, algunos talleres de confecciones, una cooperativa cafetalera en Sandia,  algunos centros comerciales formales en Juliaca y Puno; empleo en servicios, negocios diversos, en entidades públicas, ONG y algunas empresas de transporte formales.

Paralelamente, un gran contrabando, de tales volúmenes que se distribuye hasta Arequipa, Lima, Cusco, Madre de Dios, Abancay, que cuenta con soporte logístico de almacenes, camiones, buses, camionetas, talleres de reparación, tiendas de repuestos, seguridad, etc. y del que todos los ciudadanos de Puno nos servimos alegremente en la medida de nuestras necesidades (por ejemplo licores, galletas, chocolates, sábanas, artefactos, caprichos para el buen comer y vivir); minería informal descontrolada (quebradas amazónicas y al pie de glaciares en Ayapata, Coaza, Sina, Limbani, Phara, Patambuco, San Gabán, Ananea / Rinconada, sólo aquí se calculan más de 30 mil extractores y que se proveen de explosivos, botas, cascos, mamelucos, gas, combustible, linternas, miles de celulares, vía el contrabando), cocales en expansión en los valles de Sandia, San Juan, San Ignacio, San José, Putina Punko, San Gabán, Ayapata, Coaza, es vox populi que ahora se transforma en cocaína y se exporta hacia Bolivia.

Una compleja, desigual y tensa convivencia entre un pequeño sector empresarial formal y una gran masa de hábiles y avezados productores y comerciantes informales, ilegales, a los que el Estado no ve, no siente, no huele.   

Gastón Acurio afirmó en TV que ser empresario era “un privilegio, un honor y una responsabilidad”; y efectivamente así es, pero en Puno, reconocerse empresario es un acto de estoicismo, porque hay que resistir epítetos como “testaferro, explotador, miserable, vende patria”.  Estos calificativos son endilgados a los mestizos formales, sean locales o venidos de fuera. Los miles de empresarios informales simplemente no son empresarios, son parte del pueblo sufrido y excluido del sistema, aunque movilicen millones de dólares en mercadería ilegal, tengan flotas de buses, camiones, trailers, maquinaria pesada, usufructúen yacimientos mineros informales, cocales, cafetales, tiendas y mercados, casas de cambio, cientos de tiendas de computadoras y teléfonos, inmensas ferreterías, no sólo en Puno, en Arequipa, Tacna, Moquegua, Madre de Dios, Cusco, llegando incluso hasta La Paz, Río, Sao Paulo. Ser quechua o aymara es garantía de contar con una patente étnica para todo lo permitido, legal pero también y sobre todo, para lo ilegal e informal que se pueda hacer. El normal, tradicional y ancestral intercambio fronterizo, ha devenido en economía paralela que mueve millones, corrompe y ejerce presión a todo nivel, de la misma forma que los grupos mineros informales y cocaleros.

No es casual ni fruto del abandono estatal y/o privado, que no haya inversiones PRODUCTIVAS en la región (excepción de algunas mineras y hoteles), no se puede invertir en Puno, no se pueden comprar tierras, no se puede instalar industrias porque fracasan frente a la competencia del contrabando, no hay mano de obra calificada, no hay proveedores primarios de calidad y formales. Siendo la mayor zona productora de fibras y lanas, ni una sola planta que las lave y las industrialice ¿por qué? Ni una planta de beneficio de carnes, siendo la primera región productora de carne de res y ovino. Si no fuera porque están Marcos Degen y los curas de Juliaca, no habría ni trucha ni quinua envasada (empresas con asistencia, por ello pueden operar esforzadamente).

Puno es una zona emisora de gente emprendedora, laboriosa y triunfadora, ¿dónde no hay puneños exitosos sobre todo como comerciantes? En todo el Perú están con florecientes industrias, tiendas, galerías, ferreterías, incansables viajeros itinerantes, los que quedan en el campo, como agricultores y ganaderos, son los viejos, los abuelos, los discapacitados, los menos favorecidos en habilidades, capacidades y proyectos, como decimos entre nosotros, los huesos, ellos, son quienes en representación de los que están fuera, pero que nunca pierden la propiedad de tierras, casas y ganados, son quienes sufren el rigor de las actividades que descansan casi completamente en el uso de la energía humana como fuerza motriz, ya tenemos entonces un déficit en el campo, excepción de las zonas ganaderas modernas como Taraco, Mañazo, Cupi, Llalli, etc.

La profesionalización de miles de hijos del campo, en todas las profesiones existentes, sea en la universidad nacional pero sobre todo en las particulares de la región (4) y las sucursales de más de 12 de otras regiones, e incluso de 2 de Bolivia. Tod@s legítimamente aspiran a un título profesional, aunque luego no ejerzan y se dediquen, por ejemplo, a los negocios, blanqueando el dinero del contrabando, del oro ilegal, la coca. Y otro gran sector como triciclistas, moto taxistas, ambulantes, cobradores, etc. que prefieren las ciudades al campo, éste, cada vez con menos brazos para el trabajo agropecuario y allí miles de hectáreas abandonadas o sub utilizadas, no hay tecnología que remplace la tracción humana.   

En este panorama, ya desmotivador y preocupante, en el que es frecuente la emergencia sea por frio, sequía o inundación, se grita a todo pulmón ¡No a las concesiones mineras, petroleras, hidroeléctricas! No a la presencia de empresarios foráneos!!! No a las empresas chupa sangre!!! No al turismo que sólo beneficia a las grandes cadenas chilenas!!! No a todo!!!

En Puno, tanto en el campo como en la ciudad, entre aymaras, quechuas y mestizos, la circulación de rumores y afirmaciones alejadas de la verdad es increíblemente profusa, ni la típica chismografía limeña se puede comparar y sólo para que se hagan una idea, unas cuantas perlas: “todo el agua es propiedad privada de García Pérez, que la vende al mejor postor y que es socio de las empresas que compran”; “el lago Titikaka está vendido a los chilenos”; “los hoteles Libertador son propiedad de Fujimori y sus socios chilenos”; “Casa Andina, cadena chilena”; “Suasi ha sido vendida a los chilenos”; “desde Suasi se bombea agua al norte de Chile”; “las empresas mineras pagaron canon sólo en la época de Toledo”; “García para incentivar la inversión extranjera, ha exonerado de impuestos, canon, regalías, a todas las empresas extranjeras”; “ todo el Perú está concesionado y vendido para la explotación minera” “las empresas mineras llegan de golpe y porrazo a tomar posesión de las tierras de los campesinos, y los comuneros súbitamente se enteran que no son más dueños de ellas”; “los canadienses de Santa Ana, nunca realizaron la consulta previa y no lograron la licencia social”;  “Arasi es de chilenos”; “Minsur no paga canon porque son amigos de Jiménez Sardón y Garrido Lecca” y, así, hasta el infinito.

En este contexto ¿qué papel juegan los diversos medios de comunicación? La radio es el medio al que acceden todos, sea en el campo y las ciudades. Existen infinidad de emisoras locales que en muchos de sus programas, en quechua y aymara (especialmente) difunden  como “noticias” decenas de afirmaciones similares o más alucinadas que las arriba consignadas; los programas de TV dan cabida a dirigentes, líderes, profesionales que sin ningún rigor ni objetividad dan por ciertas dichas  afirmaciones y elucubran análisis y teorías de despojo, venta, saqueo, entreguismo de parte de empresarios y funcionarios. Hace 25 años, conversando sobre este tema, me propuse por salud mental y tranquilidad espiritual no escuchar estas emisoras, pero, desde que vine a Suasi no puedo evitarlas, porque quienes colaboran conmigo, las tienen encendidas de mañana a noche, por ello es que conozco los contenidos y los mensajes y no me sorprende el resultado e impacto que han grabado en el alma, los corazones y pensamientos de miles de profesionales, comerciantes, contrabandistas, narcotraficantes, etc., etc.

Los actores

¿Quién es Walter Aduviri Calizaya? Hijo de comuneros de Mazocruz (provincia de El Collao), contador público, docente universitario, alpaquero a la distancia (pastores cuidan su rebaño ¿Cuántas alpacas? no pude averiguar), regidor saliente de la Municipalidad de Mazocruz.

Durante los sucesos de abril de 2004, que culminaron con el asesinato de Cirilo Robles, alcalde de Ilave, destacó por sus capacidades de organización y movilización de la juventud, dando muestras de arrojo, audacia y osadía. Una vez elegido el nuevo alcalde, los tenientes gobernadores (verdadero poder en la zona aymara), impusieron a Aduviri -considerando los méritos reconocidos y la formación profesional de contador- como jefe de almacenes de la municipalidad de Ilave, durante su gestión mostró otras facetas como prepotencia, intimidación, abuso y soberbia, se dice que  habría cometido peculado y llevado doble control, por lo que fue despedido y tendría un juicio y el expediente estaría en Contraloría. La ciudad de Ilave no se sumó a las movilizaciones. Será porque conocen a Aduviri? Nunca olvidar que quienes dirigieron la huelga que culminó en el asesinato de Robles fue liderado por los tenientes gobernadores.

¿Cuándo, dónde, quienes y con qué objetivos se formó el Frente de Defensa de los Recursos Naturales que preside Aduviri y a nombre del cual en supuesta defensa de la madre tierra recusa toda actividad minera? Poco o nada se conoce sobre dicho frente, todo hace suponer que es una organización que se activa en función de eventos concretos, tal vez importante cuando rechazaron la creación de la Reserva Aymara Lupaka; fuera de la comunicación enviada y tramitada por Lezcano al Inrena en 2004, firmada por Aduviri, no he podido recabar nada más al respecto.

Los presidentes Jiménez, Fuentes y Rodríguez, autoridades regionales grises, incapaces y demagogos, junto a consejeros, alcaldes y regidores, nada efectivo han hecho por la región. En campaña, todos sin excepción, ofrecen promesas sin límites y todos también apelan al electorado quechua aymara por ser abrumadoramente mayoritario tanto en el campo como en las ciudades. Los dos ex presidentes regionales y el actual, han tenido discursos anti-mineros, anti-empresa, anti-inversiones y han alentado posiciones de enfrentamiento con el Gobierno Central por su lejanía, desinterés y ausencia. Han sido presas de sus discursos, escasa gestión y deficiente capacidad de inversión. Ninguno propuso cambios que desarrollen la región, sólo pequeñas obras y mucho asistencialismo, que ahonda la conducta pedigüeña, mendicante y de victimización de líderes y comuneros.

Respecto de Vasty Lezcano, Abraham Ccauna, Hermes Ccauna, públicos agitadores senderistas que sin hipocresías ni medias tintas participan de la actual asonada, qué puedo decirles, que andan sueltos y sin temores.

Ayer lunes salió un artículo en el diario Los Andes ¿quiénes están detrás de Aduviri? Hay que leerlo para tomar conciencia de hacia dónde apuntan verdaderamente las acciones aymaras.

Decirles con tristeza, que no imaginan cómo los campesinos aymaras se portaron en la ciudad los días del paro, que fueron una verdadera ocupación: agresivos, racistas, intolerantes, abusivos con todos quienes se atrevieran siquiera a vender panes; tomaron por asalto plazas, parques, óvalos y ahí mismo instalaron cocinas, dormitorios, comedores y baños. Varias cuadras a la redonda de la plaza de armas,  los hedores eran insoportables, me pregunto ¿tienen derecho a agredirnos de esa manera? Luchar por sus reivindicaciones les da derecho a atropellar los de otros? Un valiente y humilde chofer aymara, responsable de conducir la ambulancia del hospital de Juli, comentó indignado que llevaba un niño aymara enfermo a Puno, y que hicieron los del piquete? Desinflaron las llantas, lo pegaron y aún no repuesto de la golpiza, fue testigo de los correazos que les propinaron a unos turistas italianos que desesperados por llegar a Puno, decidieron caminar y además, los desvalijaron sin reparos. 

Saben de mi entrañable identificación con Puno, su geografía, el legado de los Caluyo y Pukaras, sus paisajes, la música única y que emociona hasta las lágrimas, pero desde tiempo, siento que con muchas de sus gentes, menos cosas me unen; respeto las diferencias culturales, pero también creo que hay valores universales como la verdad, el respeto, la tolerancia, la alegría por el éxito ajeno, el cuidado de niños y ancianos, la amistad sincera. El aire está enrarecido y no por la altura, racismo y odio increíbles es lo que visto y escuchado en rostros de personas que creía amigas y eso me lacera el alma, por ello, es probable que salga de Puno, al menos por un buen tiempo, necesito sanar las heridas y renovar mi esperanza y alegría.

Les mando un abrazo fuerte, inmenso y curativo como el Titikaka.

Con afecto

Martha