KOURI Y FLORES/ Carlos Basombrío Iglesias

Los lanzamientos sucesivos de Alex Kuori y Lourdes Flores no sólo han calentado prematuramente el escenario electoral para Lima, sino que lo han polarizado en dos candidaturas. Todo puede cambiar, evidentemente, pero en las diversas encuestas la disputa es entre ambos y los resultados casi idénticos: un empate en alrededor de 30%.

La primera consecuencia de esta polarización es que afecta de manera significativa las posibilidades de un conjunto de precandidatos, todos de muy buena factura: Susana Villarán Luis Iberico y Fernando Andrade. Por allí alguno de ellos logra crecer en el escenario electoral (hay tiempo) y quedarse con el otro tercio. Pero no les va ser fácil y el riesgo para ellos es que se queden donde están y el voto siga concentrándose entre los dos mencionados.

Kouri exhibe para su candidatura buenas gestiones locales en el Callao. Su imagen como gestor de la ciudad es buena y dada la cercanía entre el Callao y Lima, el efecto demostrativo es importante. Claro que hay una notoria excepción, la de la Vía Expresa al aeropuerto, esa monumental estafa a los ciudadanos en la que está metido hasta el cuello (tiene juicio penal y es uno de los “negocios” de los que conversaba con Montesinos). Su enorme hándicap es que para una parte de la población (ojalá fuese mayoritaria) su pasado tan cercano no sólo al fujimorismo, sino al montesinismo, no se puede ni debe olvidar. En eso el apoyo de Keiko no lo ayuda y refuerza, más bien, el recuerdo de lo que Kouri fue capaz de hacer.

Por ello Lourdes Flores ha entrado con todo con el mensaje de la “decencia en la política” y ha recibido un respaldo amplio de sectores políticos, así como una apreciable intención de voto. A su favor está que es ampliamente conocida y se le considera una política muy importante (de hecho está bajando a jugar a la “segunda división” con la idea de que si campeona en esta, puede tentar de nuevo la presidencia). Sus problemas, sin embargo, son importantes. Tiene flancos débiles en relación con sus juntas, la más notoria la de Cataño. Se trata de un señor que tiene un pasado bastante discutible y que es investigado por narcotráfico; además, ella lo ayudó en la importación de carros usados, los que nos son precisamente una contribución para la calidad ambiental de la ciudad que aspira gobernar.

Hay quienes dicen que el no tener experiencia municipal la saca de juego (y también a otros de los postulantes), frente a un Kouri que se mueve como pez en el agua en esas lides. Sinceramente me parece un argumente bastante discutible. De ser así no hubiesen sido alcaldes de Lima ni Orrego, ni Barrantes, ni Belmont, ni Castañeda. Hasta donde la memoria me indica los únicos alcaldes de Lima con historia municipal previa fueron Del Castillo (Barranco) y Andrade (Miraflores).

La campaña está lanzada y faltan seis largos y duros meses en los que cualquier cosa puede pasar.

ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE/ Enrique Yépez Dávalos

Esta colaboración no tiene visos de predicción ni mucho menos una mirada pesimista a los relativos esfuerzos del Estado para reducir la delincuencia, pero que no nos extrañe que en poco tiempo estemos enfrentando una espiral de violencia difícil de contener, sino se toman, desde ahora, medidas adecuadas para neutralizarla. Formulo esta afirmación, porque últimamente se viene dando factores afines que confirman lo expresado.

Veamos rápidamente el panorama:

Primero, Perú se ha convertido en el segundo mayor productor de cocaína en el mundo, y cuya comercialización internacional está a cargo, por ahora, de los cárteles mexicanos de Sinaloa y del Golfo-Zetas, que se vienen disputando el control de diez países en América Latina, a juzgar de los informes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, elaborado el 2009. Es por estas razones que vemos en Lima y en el Huallaga el incremento progresivo del sicariato, como una forma violenta de buscar primacía entre estas organizaciones delictivas.

Segundo. La violencia organizada está reorganizando cuadros para llevar a cabo asaltos y asesinatos a plena luz del día, muchos de ellos dirigidos por delincuentes confinados en las cárceles del país, con modalidades similares a otras grandes ciudades, donde, al fijar sus objetivos, no les interesa la presencia de gente inocente, ni de la existencia de un aparato de seguridad. Matan con ferocidad y se dan a la fuga a vista de transeúntes y vigilantes privados que no atinan a responder, por temor, o por prudencia para evitar un mayor costo social.

Tercero. El problema de mayor gravedad que enfrenta Lima y principales ciudades del país, es el acelerado crecimiento de la delincuencia común, teniendo como punto focal el aumento de delitos contra el patrimonio en sus diferentes modalidades, hecho que genera un sentimiento permanente de inseguridad en los ciudadanos. Es tal su magnitud, que ha sobrepasado la capacidad operativa de la Policía Nacional y de los servicios de serenazgo, para hacerle frente. Gran parte de estos delitos son llevados a cabo por jóvenes y adolescentes en riesgo integrantes de “pandillas” y de gente sin trabajo, con escasos valores, muchos de ellos portando armas de fuego, que prefieren robar, que dedicarse a labores legales para subsistir.

Cuarto. Como factores o elementos condicionantes para el incremento de la delincuencia, es el acelerado repunte de la micro comercialización y el consumo de drogas y de alcohol, que afecta a todos los estrados sociales por igual, sin que exista una estrategia definida para aminorar sus efectos.

Expertos, policías y ciudadanos de todos los estratos sociales tenemos en mente muchas ideas que podrían ayudar al Estado para frenar esta ola delictiva. Como no es factible recoger todos estos aportes, podríamos genéricamente mencionar dos vertientes a los que podrían ir muchas de estas recomendaciones. La primera es la corriente coercitiva, de mano dura, internamiento en cárceles, pena de muerte y de una política severa donde la policía juega un papel eminentemente represivo y carcelario. La segunda es la vertiente multisectorial, donde las organizaciones del Estado y de la sociedad organizada, desarrollan en forma integrada estrategias preventivas, educativas y de reinserción.

Ninguna de las dos alternativas, por si solas, pueden solucionar la problemática existente. Tienen, necesariamente, que combinar ambas. Es decir, “mano dura” para delincuentes organizados, en banda, prontuariados y causantes de delitos execrables y una política educativa y de reinserción para delincuentes primarios u ocasionales.

El “kit” del asunto, es ponerse de acuerdo entre funcionarios del estado, alcaldes, policías, jueces, fiscales y comunidad organizada para ejecutar, adecuadamente a nivel local estrategias específicas y la única organización que existe para sentarse todos en una misma mesa y desarrollar acciones concretas a cada realidad distrital, es el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Ley 27933). Si este ente, no encarrila adecuadamente la acción del gobierno y de la sociedad civil, entonces, estaremos ad-portas de una violencia incontrolable. Mientras tanto, la delincuencia no espera y los ciudadanos, con sus propios recursos, vienen desarrollando medidas de autoprotección y participación ciudadana, como la implementación de vigilantes de barrio “guachimanes”, rejas de seguridad, amurallamiento de zonas residenciales, y el accionar de juntas vecinales y rondas urbanas en estratos populares.

Yo creo que el Presidente de la República, dado su ascendencia a nivel nacional y como sucede en otros países, debe dirigir el sistema e impartir, desde arriba, políticas adecuadas para que los actores de la seguridad tomen conciencia de una vez por todas del rol que les corresponde cumplir en sus respectivas comunidades, y no como sucede actualmente, donde alcaldes, fiscales y policías no se ponen de acuerdo todavía respecto a la manera cómo enfrentar el delito. Si a esta falta de sintonía le agregamos la aprobación de un reciente Plan Operativo Nacional de Seguridad Ciudadana-2,010, con muchas deficiencias y escasas fortalezas, entonces estamos transitando por el camino incorrecto, que nos puede llevar rápidamente al despeñadero.

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Nicolás Lynch y Fernando Rospigliosi

I. Lourdes a la piscina

II. Poder Judicial a la deriva

III. Bonus militar

UN RARO CONCEPTO DE LA REMUNERACIÓN POLICIAL/ Gustavo Carrión Zavala

A propósito del discutido bono para policías y militares, que después de idas y venidas, insultos y disculpas, el gobierno anunció el día de ayer sábado 20 de febrero, la concesión por única vez de un bono ascendiente a 1000 soles para policías en actividad hasta el grado de comandante, incluyendo a viudas y discapacitados. Como han afirmado todos los entendidos el concedido bono no resuelve el tema de fondo, cuál es la estructura de la remuneración para policías y militares, y al parecer tampoco hay voluntad política de resolverlo, al haber decidido la conformación de una comisión que en el plazo de 180 días presente una propuesta .Lo que se está haciendo es usar el conocido procedimiento de no querer resolver un problema nombrando una comisión, que por otro lado deberá cumplir su propósito en pleno proceso de campaña para las elecciones regionales y municipales, que se relevará a su vez con la campaña para elecciones generales del 2011. ¿ A quién le interesará las remuneraciones policiales en el fragor de las campañas eleccionarias?. Además de este despropósito, la Comisión anunciada y que integrarán los ministros de defensa, interior y representante del acuerdo nacional, por lo menos en lo que a los ministros se refiere, irán a las discusiones enarbolando los raros conceptos emitidos por el Presidente García en relación con lo que deben ganar los policías. Ha dicho que se debe mejor pagar a los que arriesgan su vida, a los que cumplen funciones de alto riesgo, lo que implicaría un sustento casi “mercenario” de la remuneración, que pudiese resumirse en “a mayor temeridad, mejor pago”. Y decimos temeridad, porque no podemos afirmar que se trate de un cumplimiento profesional de la función, si tomamos en cuenta que actualmente los policías son formados precariamente, en escuelas también precarias, en tiempos de formación igualmente precarios y con el sólo propósito de cumplir metas cuantitativas de personal (más policías, sin importar la calidad profesional de estos). No estamos especulando, en el norte del país se ha abierto apresuradamente una nueva escuela de formación de sub-oficiales, en ambientes prestados, los ingresantes han tenido que cubrir los gastos de su equipamiento (incluyendo camas y colchones) y lo que es más grave, los padres de los ingresantes vienen cubriendo los costos de camas y colchones para los instructores policiales, implementos para la escuela y todo aquello que la institución no brinda, entonces hagámonos cargo que menos habrá para formación técnica en uso de armas, municiones, criminalística, investigación, etc, etc.. Sabiendo ello, resulta sumamente riesgoso ofrecer diferencias remunerativas en relación a la temeridad en la actuación policial, pues el mensaje sería : te preparo mal, no cubro los costos de tu formación, pero si quieres ganar más arriesga tu vida. Este concepto, que insisto es claramente de inspiración “mercenaria”, me hizo recordar un episodio cuando siendo Coronel dirigí una escuela de formación de sub-oficiales en Chiclayo, en épocas de la anterior administración aprista, y que por razones de bajo rendimiento académico separamos a trece alumnos, recibiendo el concepto del entonces ministro del interior, que como íbamos a dar de baja a trece alumnos si necesitamos “más gente que se faje por nosotros”. Quiere decir que el concepto mercenario de la temeridad, no es nuevo y que refleja la baja estimación que sienten los políticos por los policías, para quiénes sólo representan los que deben poner en riesgo su vida en nombre de la “democracia”. Es cierto que la policía tiene por finalidad mantener la indemnidad de las personas en su vida, bienes y ejercicio de libertades y derechos, pero para ello deben ser formados profesionalmente, calificados para cumplir tan delicada función y no en la forma precaria como vienen siendo formados.

Todos los actos que se han venido sucediendo en relación con el bono y con la estructura de las remuneraciones policiales, no han hecho otra cosa que inducir un estado de crispación al interior de la institución, que no conviene a nadie, si se tiene en cuenta la gravedad de la situación en el país cuándo se han producido medidas de fuerza de los policías, y las desafortunadas declaraciones del Presidente García han avivado las llamas de la protesta.

Personalmente invocaría a los policías en actividad, que las protestas no sean con paralizaciones o huelgas, que en todo caso, la incomodidad se refleje en el exceso de celo en el cumplimiento de la función (revisen todos los vehículos, pasen a todas las personas posible por la pantalla de requisitorias, extremen el celo en el ingreso a aeropuertos, terrapuertos y terminales marítimos, sean minuciosas al extremo en la aplicación del reglamento de tránsito, etc) y así no tendrán que afrontar los procesos disciplinarios y penales, pues nadie puede ser sancionado por cumplir minuciosamente su función.

LUIS ROLDAN/ Gustavo Carrión Zavala

¿Quién es Luis Roldán?

Luis Roldán es el personaje que dirigió perversamente la Guardia Civil Española durante el gobierno de Felipe Gonzales, haciéndose de una cuantiosa fortuna producto de las coimas recibidas por la construcción de cuarteles para la Guardia Civil y por el manejo canallesco de los fondos públicos asignados a esta prestigiosa institución del Reyno de España. Una vez descubiertas sus maniobras corruptas, fugó pasajeramente del país por espacio de once meses, para luego caer en la ingenuidad de volver ante la promesa de ser procesado por delitos menores. Obviamente que fue procesado por la gravedad de los actos criminales cometidos y sentenciado originalmente a 31 años de pena privativa de la libertad. Digo originalmente, pues con la dación de la nueva Ley Penal Española, permitió a los condenados a escoger el tamaño de la pena que lo favoreciera y en este caso la nueva ley reducía a 20 años la pena máxima para los delitos por los que Roldán había sido sentenciado. Concurrentemente, el pillo se había acogido con la anterior ley a la reducción de la pena por el trabajo, habiendo disminuido en cinco años el total de la pena, de tal suerte que en los próximos días saldrá en libertad después de haber purgado 15 años de sentencia. Por supuesto que los españoles están escandalizados por el hecho que este tremendo crápula no purgue el total de los iniciales 31 años de sentencia y solamente se le aplique quince años. Se imaginan la reacción de los españoles si el caso Crousillat se hubiese producido en ese país y Rodríguez Zapatero lo hubiese indultado sin cumplir los austeros ocho años de sentencia que le aplicó el poder judicial y que el poco tiempo de su cumplimiento lo hizo en una costosa clínica, pretextando una inexistente enfermedad o en todo caso una enfermedad tan sencilla que se curó milagrosamente con el indulto.

Esta es la gran diferencia entre países en donde las sentencias se cumplen y aquellos como el nuestro, en los que parece que la justicia sanciona a la clase social disminuida y se muestra generosa con los delincuentes pertenecientes a las clases económicamente poderosas. Esta sensibilidad humanitaria, excitada en la capacidad discrecional del presidente para perdonar el cumplimiento de la pena a semejante pillo, no es la misma con la que se mira a los presos de precaria condición, a quiénes sólo ante la inminencia de muerte segura por estado final en la infección con VIH, tuberculosis o cáncer irreversible son sujetos de indultos humanitarios y sirven al ministro de justicia para justificar que el presidente ha concedido indultos, derechos de gracia y conmutaciones a buena cantidad de internos. Lo que no ha dicho el ministro, es que ninguno de estos “favorecidos”, se muestra actualmente tan rozagante como Crousillat, gozando de la canícula veraniega en la exclusiva playa de Asia, preparando viaje al extranjero y dispuesto a dar brega judicial por recuperar el canal de TV cuya línea editorial vendió al repudiable gobierno fujimontesinista. Es obvio que el ánimo recuperador tiene como referente el proceso judicial que devolvió la administración de otro canal de TV a la familia de otro pillo que igualmente pasó por la salita del SIN a recibir el pago por su obsecuencia política e informativa

Los ricos no soportan purgar condena por los delitos que cometen y tienen toda la capacidad económica para fabricar informes médicos dedicados, aplacar conciencias y lograr que el Presidente de la República se preocupe especialmente de su caso y le perdone “humanitariamente” la pena.

No es el único caso el de Crousillat, también el Presidente concedió Derecho de Gracia al homólogo de Luis Roldán, el ex Director de la Policía Nacional Fernando Dianderas, quién también se refugió en una clínica exclusiva hasta que logró el informe médico que “convenciera” a la Comisión de Indultos Humanitarios, Derecho de Gracia y Conmutaciones del Ministerio de Justicia, que dicho sea de paso tuvo que ser totalmente renovada para este caso, pues la anterior se había pronunciado opuestamente a la concesión del derecho, al estimar que su estado de salud no ameritaba la gracia presidencial. Algunas versiones sostienen que las presiones en este caso provinieron de conspicuos miembros de una corriente confesional católica a la cuál pertenecería el favorecido, pero lo finalmente cierto es que ninguno de los dos casos mencionados acusan gravedad en su estado de salud que justifiquen las gracias obtenidas y estoy seguro que una rápida visita por los penales de Lima, permitirán comprobar casos de internos con mayor gravedad en su estado de salud, pero que no tienen la “importancia” de los favorecidos.

Nos atrevemos a sostener que si Roldán hubiese cometido sus delitos en nuestro país, no hubiese purgado los largos 15 años, que sin embargo han indignado a los españoles.

EL ANARQUISMO DE DERECHA/ Patricia De Souza

Ayer mirábamos (con Olivier) la televisión por Internet, los programas de Jaime Bayly en el Perú, El francotirador, y otros más, donde aparece entrevistado como futuro candidato a las elecciones presidenciales del Perú en el 2011. Empezó como una broma, pero se ha convertido en una candidatura oficial con propuestas aparentemente progresistas: legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto; separar la iglesia del Estado, suprimir las fuerzas armadas y reducir el Congreso (a 25 congresistas, lo que sería una concentración de poder y negación de la representación popular) etc. Jaime Bayly es un personaje que seduce a varios niveles por un cierto carisma, maneja un lenguaje culto y al mismo tiempo navega en los lugares comunes del vox populi, pertenece a la alta burguesía y sin embargo está cerca de un gran sector popular a través de la televisión y de la prensa en general, es por eso un personaje cercano, o que pasa por cercano. Entre los jóvenes proyecta la imagen de iconoclasta y rebelde, y sin embargo hay algo que es contradictorio en él, es decir, por un lado parece muy progresista y abiertamente libertario en su forma de pensar, y por otro (en sus expresiones, valores, conductas, y discurso) es sumamente conservador. Su visión del Perú es neo-colonial, como si se tratase de una república bananera que hay que modernizar a fuerza de ridiculizar a los políticos y a las instituciones que pasan por piezas caducas de un sistema democrático que no existe, en realidad, tal vez es una forma de no creer en ninguna democracia . Es lo que se podría llamar un "anarquismo de derecha", es decir, fundo mi crítica en un nihilismo, en una desconfianza profunda en la democracia y, desde una especie de neo-dandysmo (posición, amaneramientos, poses que delimitan una distancia y un cierto cinismo) aspiro a aristocratizar a las masas, o en otras palabras, a hacerlas pensar que votando por mí pueden aspirar a ser como soy, o tener la libertad que poseo, fenómeno básico de identidad que funciona en todas las esferas. Pero, la pregunta es si esto es posible y dónde está la autoestima del elector, o el ciudadano en general, que considera que necesita de Jaime Bayly (aunque sea el primero que se ha atrevido a hablar de los temas que mencioné y proponerlos como campaña, lo que obligará a los otros candidatos a presentars sus propias propuestas) para poder ser un país moderno donde los temas de actualidad, laicidad, educación, salud, puedan ser discutidos seriamente. Creo que de alguna manera, Bayly es un fenómeno de esta época y representa los valores que una gran mayoría comparte, una simplificación de la realidad, casi una especie de vaudeville (cuando la realidad es dramática puede convertirse en una gran comedia), o novela picaresca como si los lazarillos estuviesen al acecho de las minucias. No sé, pero hay algo de terrible y de patético en esto, que sea en serio y que al final queden como contrincantes Jaime Bayly y Humala... ¿Qué historia es esta y por qué sucedería algo así en el Perú? la respuesta no es sencilla, pero creo que existe. La fragilidad de la democracia tiene que ver con la fragilidad económica y con las enormes necesidades sociales, pero también con una educacíón que aliena, adoctrina y conduce a una especie de servilismo en la forma de pensar, y no a hacerlo con libertad y madurez. Por otro lado, la prensa cumple también una función de alienación, no cuestiona, no equilibra, no regula, sirve. No me imagino a Michel Houellebecq de candidato en Francia (porque en algo se parecen-no precisamente como escritores-, sino en ese nihilismo cínico, y al mismo tiempo irónico,y hasta divertido), pero sí sucede en el Perú que, después de varios años de crecimiento, necesita pensar seriamente en su futuro, sin tardar.

LLANTA DE PRENSA/Mirko Lauer, Fernando Rospigliosi y Pedro Salinas.

I. OsKouris perspectivas




II. Para qué bono




III. La mascota de Barba y Ghersi

SEGURIDAD: ¿GASTO O INVERSIÓN? / Juan Briceño Pomar

El costo económico de la violencia en América Latina es de 14,2% del PBI (BID, 2000). En el Perú, aunque no existen estudios actualizados, se estima que este costo alcanza el 7% del PBI. Todo ello afecta directamente la posibilidad de desarrollo y progreso económico del país, así como la competitividad de nuestras empresas.

Los recientes reclamos de militares y policías por mejoras salariales y la incapacidad de la clase política para diseñar y aplicar una solución integral al problema de las bajas remuneraciones, están creando las condiciones para que se genere un grave conflicto que conlleve, como casi siempre, la adopción de decisiones apresuradas y coyunturales que no solucionan realmente el problema.

Un aumento de salarios por sí solo no soluciona los problemas estructurales de la policía ni la inseguridad que nos afecta, pero si el tema no es abordado junto a otros factores clave, no se podrá mejorar el desempeño institucional.

Se anunció un incremento de 100 soles mensuales en dos tramos: 50 a partir de enero (600 soles) y 50 a partir de setiembre (200 soles más). El aumento, anualizado, representa la suma de 2,19 soles diarios.

Hay una propuesta para aumentar las remuneraciones en base a “los méritos, el esfuerzo, el compromiso y la preparación de cada agente… se convocaría a un examen que estaría a cargo de una universidad de prestigio” (Peru21 lunes 8 febrero 2010; pág. 5).

¿Existen indicadores de gestión?; ¿los policías escogen sus puestos o son nombrados por su comando?; ¿quién realizará las tareas administrativas, son importantes?; ¿qué examen va a tomar la universidad?; ¿vale más capturar muchos delincuentes o evitar que se cometan delitos?; ¿si al año siguiente cambian de cargo le quitarán el aumento, qué vigencia tendrá?; ¿no se valora ya la meritocracia para los ascensos y cambios de colocación?; ¿es un aumento o una bonificación transitoria?

La propuesta genera más interrogantes que certezas.

Hagamos historia sobre el fondo de la cuestión. Al producirse la unificación de la GC, PIP y GR (1988) se instauró la jornada laboral de 24x24, es decir, un día de trabajo por otro día de franco. Durante el gobierno de Fujimori, en el afán de compensar los bajos ingresos, se autorizó a los policías a trabajar para terceros en sus días de descanso: “servicios individualizados”.

¿Puede una persona trabajar 365 días al año sin descanso y ser productiva?; ¿la sobrecarga laboral tiene incidencia en su vida familiar o en su salud?; ¿es justo que se emplee el uniforme policial para servicios particulares?; ¿cómo se afecta la imagen institucional cuando un efectivo no actúa ya que no puede descuidar el servicio para el cual ha sido contratado?

¿Y la autoestima y el principio de autoridad del policía al ver degradadas sus funciones -tener que abrir las puertas de los vehículos o cargar los bultos de los clientes de los establecimientos que cuidan-?; ¿y la corrupción que se genera cuando se dan “facilidades” a policías que están de servicio para trabajar para terceros?; ¿no se está privatizando un servicio público?

El gobierno pretende solucionar estas dificultades “comprando” los días de descanso de los policías para asignarlos a reforzar las tareas de patrullaje. El denominado “plan Mazzetti”, así como el anuncio del actual ministro del interior de compensar económicamente a 3,000 efectivos para que trabajen en tareas de patrullaje durante sus días de descanso (Peru21 viernes 5 febrero 2010; pág. 17) son ejemplos de ello.

Propongo que, como parte de las medidas que se están diseñando para satisfacer las demandas por mejoras salariales, se considere la posibilidad de otorgar un “bono no pensionable por exclusividad de función” a todos los policías en actividad de los grados de Comandante hasta Suboficial de Tercera.

Dicha medida llevaría aparejada la prohibición expresa de prestar “servicios individualizados” y la inmediata reestructuración del régimen laboral actual, reemplazándolo por uno de 24x48 (24 de servicio, 24 disponible para capacitación y refuerzo de servicios y 24 de descanso).

El importe de este bono sería de S/. 750 mensuales que equivalen a S/. 50 que, en promedio, reciben los efectivos policiales por cada uno de los 15 días que prestan “servicios individualizados”.

Teniendo en consideración que dicho bono, de aplicarse inmediatamente, alcanzaría a aproximadamente 88,000 policías (S/. 792´000,000 por año ó 66 millones de soles por mes) lo cual afectaría la economía nacional, sugiero su aplicación progresiva, iniciando un piloto en Lima donde presta servicios el 45% del total de policías (40,000) de los cuales más o menos 60% (24,000) trabajan en su día de descanso, lo que implicaría un desembolso de S/. 216´000,000 por año ó 18 millones de soles por mes, cifra que incluiría desembolsos por el “plan Mazzetti”, anunciados por el ministro del interior, bonificaciones por productividad y recursos propios del sector interior, lo cual reduciría sensiblemente su impacto en el presupuesto público.

Las principales ventajas de esta medida son que diariamente se podría contar con mayor número de efectivos para el servicio -30% más- sin necesidad de realizar nuevas incorporaciones ni formación, mejoraría su autoestima y calidad de vida, la eficiencia del servicio y mejoraría la imagen institucional.

En síntesis, además de aumentos escalonados como el ya otorgado por el gobierno -que por su naturaleza generalizada no pueden ser muy elevados ni inmediatos ya que afectarían la situación macroeconómica del país-; se deben diseñar mecanismos de remuneración variable basados en indicadores de gestión que premien el buen desempeño de los funcionarios en base a los resultados que obtengan, al margen del tipo de tarea –operativa o administrativa- que deban ejecutar; y, progresivamente, extender el “bono no pensionable por exclusividad de función” a todo el personal policial orientado a mejorar las condiciones de vida y trabajo de los policías y garantizar la calidad del servicio que brindan.

Invirtamos en seguridad a fin de crear las condiciones más favorables para fomentar la inversión y contribuir al desarrollo del país, así como para mejorar la competitividad de nuestras empresas. El esfuerzo vale la pena, es económicamente viable y rentable a largo plazo.

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer, Fernando Rospigliosi

I. El otro congreso





II. Transfuguismo de mercado





III. Bayly: ¿Le quedan secretos?

HUEVOS DE ESTURIÓN / Valdez Absuelto / Fernando Rospigliosi

La absolución de Luís Valdez Villacorta, el ex alcalde de Pucallpa, es un síntoma del creciente poder del narcotráfico en el Perú.

El 21 de abril de 2004 el periodista Alberto Rivera fue asesinado a balazos en Pucallpa. Desde el año anterior, Rivera venía acusando a Valdez por sus vinculaciones con el narcotráfico.

El 2006, los sicarios que asesinaron a Rivera fueron sentenciados. Pero lo más importante no se resolvió: la autoría intelectual.

Desde que hace un lustro aproximadamente se generalizó la modalidad del sicariato en el Perú, son muy pocos los casos que han culminado con la detención y condena de los que pagan y ordenan los crímenes.

Esa es una de las razones por las que la modalidad de asesinato mediante sicarios se ha extendido. Los sicarios son desechables, si atrapan a uno se consigue a otro. El asunto es sancionar a los que los contratan. Si eso no ocurre, si quedan impunes, otros se sentirán alentados a alquilar sicarios para deshacerse de sus enemigos, críticos o rivales.

En casos vinculados al narcotráfico, interviene su enorme poder corruptor, que con frecuencia “aceita” a las autoridades encargadas de perseguirlo.

En el caso Valdez, como ha precisado el abogado de IDL Carlos Rivera, el caso tuvo que ser trasladado de Pucallpa a Lima porqué en aquella ciudad no había garantías para un proceso imparcial, debido a las influencias del alcalde.

Pero en Lima pronto surgieron los problemas. En octubre de 2009 la Tercera Sala Penal decidió anular el juicio contra Valdez porque el fiscal llegó diez minutos tarde. Ante el escándalo que suscitó esa extrañísima decisión retrocedieron y continuaron con el juicio.

El Fiscal y la parte civil aportaron evidencias de que el responsable del crimen era Valdez Villacorta, a pesar de lo cual los jueces Aguinaga Moreno y Carrera Conti consideraron insuficientes las pruebas.

Como dice el abogado de la familia del periodista asesinado, Carlos Rivera, “por ahora y seguramente por un buen tiempo el crimen del periodista quedará en la impunidad.”

Muy mala señal en un país donde el narcotráfico sigue avanzando, con su secuela de corrupción y violencia.

INVICTUS/ Carlos Basombrío Iglesias

Invictus es la más reciente película que ha dirigido y producido Clint Eastwood, quien a sus ochenta años se consolida como uno de los grandes de la historia del cine. La película sigue la línea trazada en Gran Torino, otro film excepcional en donde además actúa (ojalá que no por última vez, como el tono final de la película sugiere).

Invictus y Gran Torino tienen en común la reflexión sobre lo complicado, pero a la vez hermoso e indispensable, de construir relaciones humanas que trasciendan los prejuicios frente al “diferente”.

Con Invictus, una película basada en hechos reales, nos trasladamos a la Sudáfrica de los años noventa que sale del apartheid y en la que presenciamos la extraordinaria victoria del ya por entonces mítico Nelson Mandela.

La película cuenta la historia del equipo de rugby de Sudáfrica preparándose para participar del Mundial que tendría lugar en ese país. El equipo era casi exclusivamente blanco, porque los negros eran excluidos de su práctica, no les gustaba, ni lo entendían y preferían el futbol. En su etapa de preparación, los Springboks, como se le conoce a la selección sudafricana de ese impactante deporte (las escenas de los partidos son espectaculares) andaban tan mal que parecían el equipo de Chemo del Solar en la eliminatoria. Viendo un equipo a la deriva y cuestionado por todos, se abre una oportunidad para que los activistas negros, ahora en el poder con Mandela, traten de eliminar el nombre y los símbolos de un deporte que odiaban, con buenas razones, al asociarlo con la exclusión y opresión que habían vivido por parte de la pequeña minoría blanca que había dominado el país por siglos.

Mandela los convence (casi les impone) no hacerlo y se embarca más bien en una cruzada por legitimar a un equipo (cuyos miembros lo veían a él también con desconfianza y rechazo) ante el conjunto del país y a la vez estimularlo para que mejore y gane. Con el lema un equipo, un país (One team. One country) se la juega por ellos. La idea que él verbaliza a lo largo de esta magnífica y entretenida película es que había que reconciliar al país; que más allá de las barbaridades que a ellos les hicieron los blancos, había que crear una identidad nacional que unificara a todos, ahora bajo el liderazgo de las mayorías que habían obtenido democráticamente el poder y que esta era una oportunidad inigualable. (Qué diferente del nacionalismo de pacotilla, xenófobo y belicista que prima en tantos lugares).

Ahora bien, cuando veía la película se me hacía imposible no pensar en los años de la violencia en el Perú. A lo largo de ésta Mandela (Morgan Freeman, pintado para ese papel) hace constantes llamados para mirar hacia adelante, para no quedarse atrapados en el rencor, para perdonar las ofensas, etc. etc. Un mensaje aparentemente similar al que viene de determinados sectores de la sociedad peruana que cuestionan a los que luchan contra la impunidad de los crímenes de derechos humanos y piden voltear la página. Pero si uno reflexiona un poquito más, cae en la cuenta de diferencias sustanciales. Mientras acá lo que se busca son pactos bajo la mesa que permitan a los culpables esquivar sus sanciones (el “gravemente enfermo” Crousillat, comprando en Wong de Asia es el símbolo más visible); allá la propuesta venía de un hombre que encarnaba el sufrimiento de todo un pueblo víctima de la peor opresión (él mismo, como sabemos y se ve en la película, estuvo preso 30 años en una celda minúscula condenado a trabajos forzados). Es desde la altura de su condición de víctima (y vencedor) que le plantea a esa minoría, aterrada por la revancha que percibían venir, la necesidad de una reconciliación nacional. Hay un segundo elemento a considerar que es el cambio de actitud, forzada es cierto por la condena mundial al apartheid, que los hizo entender que tenían que abrir y democratizar su país. En resumen, una reconciliación que partía de la generosidad de las víctimas y del reconocimiento de las barbaridades cometidas por parte de las minorías blancas. (Por cierto, niveles de sanción también hubo, pero ese es otro tema).

Mandela no lo hacía sólo por altruismo. Estamos ante un político brillante que entendía que más allá de haber ganado las elecciones y tener una inmensa mayoría apoyándolo enfrentaba enormes problemas (un país muy debilitado económicamente, problemas de criminalidad creciente, etc.) y si polarizaba el país iba enajenarse a una minoría que, pese a serlo, seguía conservando un enorme poder fáctico y podía hacer inviable su gobierno. “Entonces es una maniobra política”, le dice su principal asesora cuando él hace ese análisis. “No -le contesta- es una maniobra humana”, en otras palabras una estrategia política, pero no de la pequeña política a la que estamos acostumbrados.

El Mundial de Rugby en 1995 que vemos en la película sólo pudo ser posible en Sudáfrica porque había acabado el apartheid. El Mundial de Fútbol del 2010, el primero de la historia que se hace en África (y otro más que nos perdemos), solamente puede ser posible porque Mandela sentó las bases de una verdadera nación; una que más allá de los difíciles problemas que enfrenta es tratada con respeto por el mundo.

SEGURIDAD CIUDADANA, AGENDA PENDIENTE EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/ Gustavo Carrión Zavala

Se ha dado inicio oficialmente a la contienda electoral regional y municipal, es pertinente entonces revisar brevemente la actuación de las actuales autoridades regionales y municipales en un aspecto que resulta gravitante para la convivencia pacífica vecinal y regional, nos estamos refiriendo a la seguridad ciudadana.

Respecto de seguridad ciudadana, no sólo ahora, también en el anterior proceso electoral municipal y regional, aparecía como demanda extendida y como factor principal de la preocupación ciudadana, empero, a la hora de elegir, pesaron más las obras físicas, las construcciones de la hora undécima, pero que se inauguran en meses previos al acto electoral. Resulta incomprensible, que las mediciones de opinión reflejen recurrentemente como problema principal la inseguridad, pero a la hora de elegir no se toma en cuenta los planes ofrecidos por los candidatos en esta materia y sí, nos dejamos deslumbrar por las pistas episódicamente reparadas, el mercado refaccionado, las plazuelas, parques y todo cuánto nos agrada a la vista, pero que seguiremos demandando solución a la inseguridad. Pareciera que los candidatos a sillones regionales y municipales, han percibido esta distorsión y obvian tocar el tema de seguridad, que por ley les toca asumir y liderar las acciones para conseguirla.

Nada que decir de los que pretenden reelegirse, el tema de seguridad no les rinde “comisiones” y poco o nada le interesan. Ya probaron la administración de recursos, ya se contagiaron de los eternos vicios adjuntos al frenesí constructor y no les importa resolver las demandas por seguridad, dando siempre la mentirosa respuesta, que la seguridad ciudadana es asunto de la Policía.

Es momento que el Ministerio Público, a través de sus fiscalías, evalúe iniciar proceso investigador a aquellos alcaldes y presidentes regionales, que en omisión a acto funcional, han ignorado las responsabilidades que les asigna la Ley 27933, que crea y organiza el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, y demostrar que argumentos tan absurdos como los que formula el actual Alcalde de Lima: que no asume su responsabilidad porque no tiene mando sobre la policía, resultan falaces. Su tarea es organizar y armonizar la demanda de seguridad para que la policía pueda satisfacerlas y para lo cual esta institución debe ser convenientemente preparada, equipada y dotada de ambiente laboral favorable para que pueda cumplir su cometido. No se trata entonces de escamotear responsabilidades, escudándose en que no tiene mando directo sobre la policía. Este mismo personaje, que ahora pretende el gobierno nacional, no ha tenido idea más peligrosa que sugerir, para evitar los cuestionamientos a su no actuación en temas de seguridad ciudadana, la municipalización de la policía, lo que acarrearía la conformación de múltiples cuerpos de policía, que dificultarán sus posibilidades de comunicación, lo que favorecerá la actividad delictiva. El municipalizar la policía en un país tan diverso como el nuestro, implica una elitización en la prestación de servicios públicos de seguridad, pues es evidente que las policías de los municipios ricos de Lima y ciudades principales, tendrán mejores servicios que los distritos altoandinos y de la selva. No se trata entonces de pretender realizar el sueño de “la policía propia”, de lo que se trata es de armonizar políticas públicas de seguridad, que guíen la actuación de los responsables de los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana

Queden entonces notificados los ciudadanos de provincias altoandinas y de la selva, así como los integrantes de la Policía Nacional, el peligro anunciado por el temprano candidato a la Presidencia de la República y actual Alcalde de Lima, de municipalizar a la policía, lo que, insistimos, abona una tendencia elitista en la responsabilidad estatal de brindar uniformemente un ambiente seguro para el desarrollo de las actividades de la ciudadanía y provocaría la desarticulación de una institución, que resulta única en su dimensión nacional y en presencia en todos los confines del territorio y cuyo fraccionamiento favorecerá el desplazamiento de la delincuencia y las complejidades consecuentes al compartimentaje de la información, que es el insumo fundamental para organizar la persecución del delito.

En países en los cuáles funcionan múltiples policías, están tratando de armonizarlas para que funcionen como un solo cuerpo, verbigracia España, que ha unido en una sola estructura de conducción a los dos principales cuerpos de policía ( Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil), pues comprobaron que los celos en la posesión de información, favorecía el accionar de la delincuencia organizada, y tuvieron que sufrir el tremendo 11M, para revaluar la organización de la seguridad y tratar de cerrar las brechas en la operatoria policial y ni que decir de las complicaciones que presentan las relaciones con las policías de las comunidades autonómicas. La tendencia moderna es la consolidación de cuerpos nacionales de policía, en tanto el Alcalde Castañeda sugiere el rumbo contrario, atomizar la policía en fracciones iguales al total de provincias y distritos nacionales. Quedemos entonces notificados y promovamos un debate amplio, que impida las evasiones de las responsabilidades de las autoridades regionales y municipales en temas de seguridad ciudadana.

¿MILITARIZAR LA DEFENSA CIVIL? / Enrique Yépez Dávalos

En nuestro país, las autoridades de Gobierno están acostumbradas a tomar muchas veces medidas extremas cuando se producen hechos político sociales de connotación, o cuando se incrementan éstas y no hay forma aparente de contenerlas. Para minimizar sus efectos, tratan de establecer culpabilidades, crear nuevas estructuras o normas, como por ejemplo, criminalizar- aún más- las penas carcelarias; evitar responsabilidades en temas de seguridad pública; reorganizar instituciones del Estado, hasta militarizar zonas cocaleras, en la esperanza de que, con estas medidas, cual “varita mágica” vamos a solucionar los problemas que enfrentamos.

En este abanico de medidas y propuestas deberíamos situar la posición de Rafael Rey Ministro de Defensa, que seguramente guiado por un afán pragmático y de buena voluntad, manifiestó su predisposición para que el Instituto de Defensa Civil dependa directamente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada.

Muchos ciudadanos no estamos de acuerdo con esta perspectiva, porque la defensa civil es un mecanismo de participación ciudadana liderada por alcaldes y presidentes regionales, es decir, un voluntariado poblacional, que bien liderado, puede llevar a cabo, con o sin mucho presupuesto, acciones efectivas y de valor, como lo demuestran innumerables ocasiones donde vecinos y pobladores, adecuadamente capacitados por promotores municipales y policiales, enfrentan cotidianamente diferentes amenazas provenientes de la naturaleza.

Es cierto que el Instituto Nacional de Defensa Civil, en estos últimos tiempos, no ha sido la panacea para enfrentar casos de extrema gravedad, como las relacionadas con el sismo en Pisco y las recientes inundaciones en el Cuzco y en otras regiones del país. En todo caso las autoridades deberían poner la mirada acusadora a los conductores del sistema, que en su mayor parte han sido y son militares en actividad o en retiro, que han debido prever, con la debida anticipación, acciones de coordinación más efectivas con el Comando Conjunto para apoyos y evacuaciones con sus respectivos medios de transporte.

Militarizar el INDECI, es, crear a corto plazo, un cuarto instituto, dependiente del Comando Conjunto, esta vez, con autoridades civiles en las regiones, provincias y distritos del país, subordinados al poder militar, precisamente la antítesis que persigue nuestra emergente democracia, que es el de consolidar una fuerte relación de la sociedad civil con el Estado. Yo creo que debemos dejar de lado, en la práctica, los resabios de esquemas autoritarios, que intentaron en el pasado maniobrar, con fines políticos, las actitudes y conductas ciudadanas.

En todo caso, si la decisión es ubicar al INDECI en algún organismo de alcance nacional, el ámbito natural donde podría estar ubicado es en el Ministerio del Interior, que tiene como funciones principales mantener el orden y la tranquilidad en el interior del país. De ser así, la defensa civil marcharía de la mano con la seguridad ciudadana en actividades preventivas, incluso fusionando en una sola secretaría técnica las actividades que realizan los alcaldes provinciales y distritales del país, para educar a la niñez, juventud y a los ciudadanos en general, para llevar a cabo respuestas preventivas ante probables desastres y frente al incremento delictivo en sus respectivos territorios.

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer, Fernando Rospigliosi

I. Usted será aprista - I




II. Usted será aprista - II





III. ¿Inocente o indecente?

HUEVOS DE ESTURIÓN / El Comercio, ahora sí / Fernando Rospigliosi

El domingo 31, El Comercio publicó en primera plana “Rómulo León usó de anzuelo a Lily Lemasters”. Y en páginas interiores transcribe dos audios de conversaciones entre Alberto Quimper y Lily Lemasters, y entre Don Bieto y Rómulo León.

¿En que quedaron las justificaciones filosóficas, morales y jurídicas para no publicar los audios que destaparon el mayor escándalo de corrupción de este corrupto gobierno en el 2008?

Cómo se recuerda, la Unidad de Investigación de El Comercio tenía en su poder audios y otros materiales sobre las trastadas que se planeaban en la suite de Fortunato Canaán, los lobbys de Rómulo León, las correrías de Jorge del Castillo y otros connotados apristas.

Pero justo en ese momento una disputa entre los accionistas culminó con la salida de Alejo Miro Quesada de la dirección del periódico. La Unidad de Investigación –Fernando Ampuero, Pablo O´Brien-, pusieron en conocimiento de la nueva administración la investigación que habían realizado. Se negaron a publicarla.

Inventaron muchos argumentos, pero el tema clave era que afectaba al gobierno de Alan García y ellos no querían pelearse con el poder. Envolvieron esa verdad simple y sencilla con el adorno de la “gobernabilidad del país”, que supuestamente se vería afectada si se denunciaba la podredumbre del régimen.

Cuando algunos audios me llegaron a mí, los llevé a Cuarto Poder de América TV e inmediatamente se hicieron públicos. A los pocos días, otros audios llegaron a Perú.21, que dirigía Augusto Álvarez Rodrich que no dudó un segundo en publicarlos.

La República también difundió los que recibió.

La reacción de la nueva administración de El Comercio fue fulminante. Despidieron a Ampuero, O´Brien y Álvarez Rodrich.

Y publicaron largos y sesudos editoriales tratando de justificar lo injustificable. En síntesis, decían que alguien tan serio como ellos no puede publicar audios grabados ilegalmente. (Con ese argumento tampoco hubieran difundido el video Kouri-Montesinos).

Muy bien. Y ahora ¿cómo justifican la publicación de los audios de los mismos personajes, grabados también ilegalmente?

Seguramente inventarán nuevos argumentos. Pero la verdad es que si no publicaron la denuncia el 2008 no fue por reparos morales, sino para no fastidiar al gobierno.

Los nuevos audios publicados aportan elementos interesantes, pero no afectan al gobierno, no más de lo que ya soportó.

CHINA Y LA CRISIS/ Alfredo Stecher

Arrecia otra vez la discusión sobre las perspectivas de la crisis internacional.

Coexisten tanto un pesimismo como un optimismo moderados sobre la economía occidental y un gran optimismo sobre las de China, la India y Brasil, y sobre su rol en la superación de la crisis mundial, con China como actor principal. Sin embargo hay voces disonantes que advierten sobre problemas intrínsecos a la economía china y sobre los efectos que pueden tener sobre ésta, y luego de retorno, los factores de crisis aún fuertes en las economías occidentales.

Un artículo del Economist, “Not just another fake”, del 14.1.10, discute en profundidad una de las argumentaciones sobre la probabilidad de una crisis en China, la de similitudes con la crisis japonesa de finales de los 80 que desembocó en sus dos décadas perdidas. Para ello compara aspectos claves de la economía china con los del Japón y con Estados Unidos en el pasado.

Es contundente su argumentación en el sentido de que más son las diferencias que las similitudes, y que las cifras de China en los aspectos señalados como críticos no son necesariamente preocupantes.

En cuanto a una sobrevaluación de precios de activos, señala que la relación precio-rendimientos de las acciones, siempre comparando a la China actual con el Japón de fines de los 80, es de 28 en China (después de un pico de 37), vs 70 en Japón; la relación entre el precio promedio de viviendas e ingresos anuales promedio de hogares, de 10, es mucho mayor que en la mayoría de países occidentales, que es de 4 o 5, pero menor a 18 en Japón (y es similar a países desarrollados, si solo se cuenta la población urbana más pudiente, en cuyo caso la relación baja a 4, con la ventaja de ser mucho menor el conjunto de deudas, 35% del ingreso disponible vs 130%, y de provenir la inversión principalmente del ahorro familiar, incluidas mucho mayores cuotas iniciales).

En cuanto al argumento de sobreinversión, el total de inversión fija en 2009 significó en China un 47% del PBI vs 37% en su máximo en Japón, pero un 20% en países occidentales. El estudio señala que la inversión fija per cápita acumulada es equivalente a 5% de USA o Japón, que la relación capital-producto no ha tenido un incremento significativo en el largo plazo, que la productividad total de factores ha tenido un crecimiento rápido. Además señala la conveniencia de comparar el uso per cápita de insumos como el acero y el cemento no con USA de ahora sino a comienzos de siglo, en un nivel comparable de desarrollo material. A pesar de algún desperdicio por inversiones apresuradas consideran que el grueso de la inversión en infraestructura es base de crecimiento futuro.

El tercer aspecto es el gran incremento en préstamos bancarios, que ya ha motivado medidas de enfriamiento de parte de las autoridades chinas. Se señala que el endeudamiento total es mucho menor que en los países occidentales.

Aunque el artículo concede que no es totalmente descartable que reviente alguna de las burbujas señaladas, considera que China tiene mucho mayor capacidad que Japón para manejar y superar una crisis de ese tipo y para seguir creciendo de manera significativa, aunque a un ritmo menor. Para ello compara la situación actual de China con las de Japón, Corea y Taiwán en los 60, cuando su nivel de desarrollo económico era más parecido, y la capacidad de éstos de salir rápido de una crisis.

La mayor preocupación se refiere a lo que es percibido como una errónea interpretación china de la experiencia japonesa, que lleva a repetir el error de una prolongada resistencia a la apreciación de su moneda, y, en menor medida, la repetición del error de una política monetaria excesivamente laxa.

Si bien el análisis precedente es serio, obvia el tema de los ciclos económicos y minimiza el de la interdependencia de la economía mundial. Las economías de Estados Unidos a inicios del siglo pasado y de Corea y Japón en su segunda mitad, con las cuales se compara a China, no han estado exentas de ciclos económicos y crisis amplias en cada nivel de desarrollo. Si bien China ha mostrado, con su economía altamente centralizada, una gran capacidad de contrarrestar y modular sus ciclos en su fase crítica, la conjunción de crisis internas y externas y las tensiones sociales bien pueden en algún momento limitar esa capacidad y llevar a una reducción mayor de su tasa de crecimiento. China está movilizando su inmenso mercado interno para compensar la debilidad de su mercado externo, pero una posible nueva profundización de la crisis internacional no la dejaría totalmente indemne.

No se puede analizar a la economía china solo de manera aislada, sino que es preciso echar una mirada al desempeño del resto de la economía mundial. Los mercados de valores, aunque con reiterado nerviosismo, muestran principalmente optimismo. Pero está claro que han sido nulos en la predicción de las anteriores crisis y, en especial, de la última. Todo indica que la gran intervención gubernamental y de las bancas centrales ha impedido una fuerte recesión, de otro modo inevitable. Sin embargo el tejido económico mundial aún se encuentra en un estado precario, con numerosas fuentes potenciales de una profundización adicional de la crisis. Por un lado está la debilidad de muchas de las grandes entidades financieras norteamericanas y de sus mercados inmobiliario y laboral, junto con la decreciente capacidad política de su gobierno para intervenir; por otro lado están puntas de icebergs como la posible insolvencia del estado griego y el problema de pagos de Dubái, que no se han desencadenado como crisis, al menos aún, por el manto protector de la Unión Europea y de Abu Dhabi.

El sistema económico mundial ha sobrevivido a un terremoto muy fuerte. Una réplica fuerte, que está en gestación y no se sabe si podrá ser contrarrestada, puede implicar la temida ve doble con depresión. Ojalá no se produzca, pero todos los agentes económicos y políticos deberían incluirla como un escenario posible. Con ello, paradójicamente, a la vez se aumenta la probabilidad de que se produzca, pero también la de enfrentarla con esfuerzos coordinados de gobiernos y grandes actores económicos.

LOS LABERINTOS DEL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA /Enrique Yépez Dávalos

El Plan Operativo Nacional de Seguridad Ciudadana-2010, recientemente aprobado y difundido con bombos y platillos por la Secretaria Técnica y los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, tiene mas que aportes, muchos errores y omisiones, que pone en tela de juicio su utilidad, como el principal instrumento de gestión de la política de seguridad ciudadana del Estado para el presente año. Solo para iniciar debate al respecto menciono alguno de ellos:

De los seis problemas de inseguridad a nivel local que señala el Plan (III A.1), no están considerados los Delitos Contra el Patrimonio y sus diferentes modalidades, que son las infracciones delictivas de mayor incidencia y los que causan más sensación de inseguridad en Lima y a nivel nacional. No considerarla es un craso error de diagnóstico, lo que conllevaría a que los planes distritales, partan también de premisas falsas. Otra omisión se refiere a las infracciones al Reglamento de Tránsito, que si bien están considerados en el Plan dentro de los problemas de inseguridad de mayor relevancia, en el desarrollo de las estrategias, ninguna de ellas de refiere a este tema. Es decir, lo pusieron como aspecto principal y luego se olvidaron de diseñar acciones específicas en la etapa de ejecución.

De una rápida lectura al Plan Nacional, se evidencia una velada intencionalidad de restar importancia al accionar de los Gobiernos Locales. Por ejemplo, cuando se refiere a los “Servicios de Seguridad Ciudadana” (III b.1), en la parte relacionada a los servicios de serenazgo, condiciona la retención por la figura del "arresto ciudadano" a que esté presente personal policial. No es así. Los serenos cuando constaten un delito flagrante, como cualquier ciudadano, pueden arrestar y luego comunicar de inmediato a la policía para que se haga cargo del caso.

El Plan señala varios servicios para neutralizar la inseguridad, antes, durante y después de los hechos ocurridos. En los servicios de prevención del pandillaje y la drogadicción; de recuperación física y/o psicológica de las víctimas; de emprendimiento técnico productivo para víctimas, así como de atención en prevención de la réplica de la víctima “efecto espejo”, ignora el trabajo de los municipios y de las organizaciones no gubernamentales, muchos de los cuales vienen llevando a cabo una serie de actividades con buenos resultados. Cuando trata de los servicios de atención de emergencias, se refiere sólo al 105, y omite las centrales distritales de comunicación implementadas por los Gobiernos Locales.

El Plan considera cinco tipos de servicios de prevención que realiza el Estado en colaboración con la ciudadana. (III A.3). En los servicios de prevención no están consideradas instituciones fundamentales, como el Ministerio de Educación, que realiza cotidianamente programas preventivos y educativos con la Policía Nacional y con las Apafas. Se menciona igualmente como elemento importante para mejorar la seguridad a nivel local, los servicios de inteligencia de la Policía Nacional, como si todas las comisarías estarían debidamente implementadas con este tipo de servicio, cuando todos sabemos que no existen o son mínimos los agentes de inteligencia a nivel distrital. El Plan, en todo caso, debe propender a la implementación de “redes locales contra el delito”, en base a la información de la comunidad como el mejor insumo para conocer el comportamiento del delito.

El Plan Nacional exige la formulación de Planes Operativos Locales de Seguridad Ciudadana para el mes de marzo del presente año, pero no precisa cómo deben hacerse estos planes. El CONASEC ha formulado con anterioridad un modelo muy genérico de plan distrital, que no precisa, por ejemplo, la forma cómo se debe levantar información para conocer el comportamiento del delito, hecho que dará lugar a que cada distrito formule sus planes a su buen criterio y entender.

El número de pandillas y su accionar violento, ha decir de estadísticas y encuestas de los últimos años, se ha incrementado rápidamente en Lima, pero las cifras que exhibe el Plan parecen haberse congelado en el tiempo, pues se mantienen iguales o menores que hace 10 años. La Dirección de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, el año 2,000, realizó un Estudio donde menciona la existencia de 390 agrupaciones con 13 mil integrantes. El Plan 2,010, dice que en Lima existen actualmente un total de 12,128 jóvenes y adultos (872 menos que hace 10 años) que integran 410 pandillas en Lima.

Los encargados de formular el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana para el 2,010, en el afán de presentar un esquema diferente, han dejado de lado esquemas y modelos conocidos, como el de la “prevención epidemiológica del delito” que desarrolla su planteamiento mediante tres niveles: prevención primaria, segundaria y terciaria; o, el esquema que tiene mayor difusión internacional relacionado a la “prevención multisectorial”, que prescribe cuatro ámbitos: Prevención social, prevención situacional, prevención comunitaria y prevención policial del delito.

Si analizamos con detenimiento el contenido del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2010, es un laberinto de ideas con muy poca coherencia y armonía. Es un conjunto de conceptos, que no señalan con claridad la política y las estrategias del Estado en esta materia. Por tanto, menos se puede exigir a los integrantes de los comités locales de seguridad ciudadana la elaboración de actividades y tareas bien estructuradas para sus respectivos planes.

Una solución a esta desordenada miscelánea de criterios, es dejar sin efecto su contenido y formular otro que responda con mayor acierto a nuestra realidad. El Ministro del Interior y Presidente del CONASEC tiene la palabra.