POR FIN UNA VERDAD/ Gustavo Carrión Zavala

En las últimas semanas el escenario nacional ha estado invadido por noticias vinculadas a indultos, beneficios penitenciarios, rebrotes terroristas, requisas inopinadas y toda la parafernalia que acompañan a estos temas.

Nos referiremos en inicio al beneficio de liberación condicional concedido por una jueza a la confesa integrante del MRTA Lori Berenson. Los que hemos tenido actuación en el sistema penitenciario, sabemos lo difícilmente readaptable de esta interna, la que durante su internamiento en los establecimientos penales del sistema, provocó levantamientos, huelgas, tumultos, enfrentamientos con la autoridad penitenciaria. Estas acciones recurrentes motivaron que sea trasladada a otros penales, como el de Huacariz de Cajamarca, para evitar que siga subvirtiendo el orden en el penal de máxima seguridad de Chorrillos. A pesar de estos acontecimientos, fue evaluada favorablemente por el órgano de tratamiento penitenciario de este último penal, al cual fue retornada por razones de maternidad. En este caso no se le practicó previamente al informe favorable, ningún tipo de requisa o indagación que pudiese ilustrar al órgano técnico o posteriormente a la autoridad judicial; probablemente si esto hubiese ocurrido se habrían encontrado indicios de su nulo arrepentimiento y de su persistencia en las ideas y conspiraciones que la llevaron a prisión, lo que nos hace presumir que todo este proceso obedecía a un libreto previamente escrito.

Una vez que se le concedió el beneficio, supuestamente como corolario al libreto coordinado con antelación, el hecho tuvo el agregado valor de atribuirle la culpa al gobierno anterior, por haber aprobado el dispositivo que concedía la posibilidad de redimir la pena por educación o trabajo a los sentenciados por terrorismo, en cumplimiento a una sentencia supranacional, interpretada y sancionada por el Tribunal Constitucional.

Como no aprovechar esta favorable oportunidad para desacreditar a quién parece ser el objeto principal del odio de Alan García y a quién se refiere sin nombrarlo, cuándo afirma que no pone presidentes, pero que sí puede impedir que llegue el que a él no le gusta y salir a declarar sin rubor alguno que el beneficio concedido ha sido provocado por el anterior gobierno, como si no estuviera casi en la puerta de salida de su segundo quinquenio.

Se ha deslizado también, sin aportar cifras aclaratorias, que la mayoría de los terroristas que han obtenido su libertad lo han hecho al amparo Del Decreto Legislativo 927, promulgado por el gobierno de Toledo. Al respecto sería pertinente que el instituto penitenciario publique la relación de los terroristas liberados con indicación de las leyes con las cuales fueron sentenciados, y seguramente encontraremos que gran cantidad de ellos fueron procesados y reprimidos penalmente con las leyes anteriores a 1992, o mejor dicho con las leyes que provenían de los gobiernos de Belaúnde y el primer gobierno de García.

Después de mucho hablar y sugerir que el anterior gobierno es el responsable de los terroristas liberados, los cuales estarían provocando el supuesto “rebrote de Sendero”, surgen las rectificatorias y enmendadoras declaraciones del premier Velásquez Quesquén, quién en sujeción estricta a la verdad dice que los informes del INPE respecto a los internos que solicitan beneficios penitenciarios, no obligan a los jueces a concederlos, o dicho de otra forma, no son vinculantes para la autoridad judicial, y no lo son por una simple razón, cuándo desaparecieron los jueces de ejecución penal, encargados de vigilar el cumplimiento de la pena, esta facultad recayó en el juez que había sentenciado, ergo esta autoridad debería indagar antes de conceder el beneficio, la forma como se había comportado el solicitante durante su permanencia en el penal.

Además en el caso de Lori Berenson, no necesitaba ni siquiera indagar, sólo revisar la prensa para constatar los innumerables problemas que generó durante su carcelería. Pero en fin, las declaraciones de Velásquez deben poner fin a la discusión y aclarar definitivamente que son los jueces quiénes conceden o no los beneficios, y que al así manifestarlo el propio presidente del consejo de ministros, no sólo está diciendo por fin una verdad, si no que al hacerlo, probablemente sin proponérselo, está enmendando la plana al propio presidente García, quién se adelantó a atribuir la culpa del beneficio al gobierno de Toledo.

AL ENTRAR A OCTAVOS DE FINAL/ Luis Pásara

Primero, no estoy viendo la calidad de fútbol que esperaba. Esta constatación es aparentemente contradictoria con el hecho de que la globalización ha conducido a que todos los equipos manejen las mismas técnicas, que los estilos nacionales tiendan a disolverse, y que no haya equipos chicos: algunos "grandes" –Francia e Italia– han sido eliminados y varios "chicos" –como Corea del Sur, Japón o Ghana– están en Octavos.  

Segundo, los favoritos se han derretido. Aparte de los eliminados, el caso más claro es el de mi favorito, España, que ha pesado a Octavos con pena y sin gloria. No convenció ni derrotada ante Suiza, ni ganadora en los otros dos partidos. No se entiende cómo el equipo que venía jugando mejor está dando este espectáculo.

Tercero, pobres en goles –pese a los extraños de la pelota que la FIFA introdujo precisamente para que hubiera más goles–, muchos partidos tienden al aburrimiento y transcurren a la espera de que alguna circunstancia especial –como en el primer gol de España a Chile– o algún error de portero conduzcan a un desenlace impredecible. No se ven sino algunos momentos de buen fútbol. Entre ellos, me quedo con el primer tiempo de México-Uruguay.

En medio del creciente hartazgo generado por ese permanente zumbido de abejorros, que obliga a bajar el volumen del tv, hasta aquí el Mundial no llena mis expectativas.

¿QUIÉN ES EL PRINCIPAL ANUNCIANTE EN LAS TRASMISIONES DEL MUNDIAL? /Carlos Basombrío Iglesias

Tanto en Canal 9 como en RPP la publicidad gubernamental es abrumadora.

No sé si es la pauta más grande pero a diferencia de las privadas, este apabullante autobombo se paga de nuestros bolsillos.

¿De cuánto estamos hablando?

Kurt Burneo en un artículo en La República nos lo dice:

“…el año pasado los gastos por servicios de publicidad, difusión e imagen institucional realizados fueron de S/. 143 millones, de los cuales el gobierno nacional gastó S/. 132 millones y los regionales S/. 11 millones; y para este año tienen presupuestados otros S/. 216 millones adicionales, de los cuales muy diligentemente al 13 de junio, el gobierno nacional ya gastó S/. 52’303,990 en publicidad más S/. 1’878,110 en imagen institucional.

No es moco de pavo.

¿Qué pensaba el presidente García cuando asumió el poder en el 2006 de los presidentes que priorizan así los gastos?

“El Perú ve al Estado y al sistema político como centros de frivolidad y de nepotismo, como nombramiento de parientes y partidarios, como empleo público que se agiganta pero no se descentraliza ni sirve bien, como oportunidad de viajes placenteros, publicidad vanidosa, asesores innecesarios”.
En el mismo discurso entregó un conjunto de decretos y proyectos de ley para el capítulo de la austeridad. Entre ellos

“El que limita a la 5ª parte el gasto de publicidad de las instituciones”.

Parece que con el paso de los años dividir entre 5 se convirtió en multiplicar por cinco.

Pero como recordar es volver a vivir veamos cómo se concibió más ampliamente la austeridad y la lucha contra la corrupción en el discurso inaugural el 2006:

“Pero austeridad significa también que en el Estado no se contratará ni una persona más de las que ahora existen. Austeridad significa que para los cargos indispensables de la actividad administrativa se usara un concurso público de méritos, supervisado por los colegios profesionales. Austeridad significa también que en estos 6 meses prepararemos y completaremos el proyecto de compra estatal conjunta. Hasta ahora cada ministerio, cada dirección, cada gobierno regional, cada institución compra útiles, papel, combustible, electricidad, teléfonos, bienes, vehículos, uniformes, seguros, etc. Cada uno por su lado, pagando precios diferentes y altísimos. Con la compra conjunta y electrónica y con el procedimiento de subasta pública y subasta inversa eso cambiará.

Nos proponemos alcanzar en año y medio a comprar en conjunto el 30 por ciento de todas las adquisiciones y ahorrar en ese primer tramo 250 millones anuales que irán también al fondo por la igualdad para luchar contra la pobreza.

Pero eso también permitirá terminar con las coimas, las comisiones y la colusión entre los que compran y los que venden. Hago un llamado a todas las autoridades, a los elegidos por el pueblo, a los funcionarios, a los profesionales y empleados del Estado. Nuestro deber es servir. No somos empleados de un capitalista privado que se apropia de nuestra plusvalía, como la doctrina señalaba, nosotros somos servidores del pueblo que paga con su esfuerzo nuestros sueldos, el pueblo no es un capitalista al que hay que arrancar más salarios y condiciones de trabajo, no nos confundamos. Al tener un trabajo pagado por el pueblo ya tenemos un privilegio. Millones de peruanos no tienen ni empleo, ni CAFAE, ni estabilidad en el cargo ni agua, ni luz pero pagan con sus impuestos nuestros salarios y los bienes que utilizamos. No seamos una carga mayor para el pueblo productivo y pobre del país y mucho menos para los 13 millones de peruanos pobres”. (Los subrayados son míos)

Vistos en el contexto más amplio de la distancia entre la promesa y la realidad, el exceso grosero en los gastos en publicidad estatal termina siendo un pecadillo venial.

LA HORA DE LOS ELECTORES/ Juan Briceño Pomar

Cada 4 ó 5 años celebramos “fiestas democráticas” en la que los electores decidimos qué autoridades locales o nacionales nos gobernarán por un periodo.

Los ciudadanos nos hemos acostumbrado a que nuestra participación se limite a elegir a alguien luego de una corta pero intensa campaña electoral en la que los candidatos hacen gala de los fondos de que disponen o de su creatividad.

Por su parte la mayoría de partidos políticos consideran que sólo somos votos que sumados les permitirán acceder al poder y ejercerlo como mejor les parezca. Ni siquiera contemplan la posibilidad que queramos conocer, analizar y evaluar la calidad de los candidatos o el contenido de sus propuestas. Piensan en nosotros como “corderos” que seguiremos a la mayoría y votaremos por los más “guapos”, los que “mejor hablan”, los que “prometen más” o los que regalan “mejor propaganda”.

Esta ha sido hasta hoy la lógica de las elecciones y los roles que cumplíamos unos y otros.

Parece que una nueva corriente está alterando el statu quo y los ciudadanos empiezan a ser conscientes que pueden hacer algo para que los representantes y partidos que elijan se dediquen a servirlos y solucionar sus problemas. Pero ¿cómo es posible que esto suceda en otras latitudes y nosotros no hayamos sido capaces de avanzar en esa dirección?, ¿es que estamos condenados a elegir entre el “cáncer y el sida” como alguna vez se dijo?

A riesgo de simplificar la explicación de un fenómeno tremendamente complejo diré que dos factores han resultado decisivos para que se produzca: de un lado un mayor interés de los ciudadanos por participar en la vida pública y, de otro lado, la presión de los medios de comunicación social sobre los partidos políticos y sus candidatos para que presenten propuestas concretas para solucionar problemas concretos.

En menos de un año tenemos dos oportunidades –no una sino dos- de subirnos a este nuevo carro de la modernidad y el buen gobierno. Las elecciones locales de octubre 2010 y las presidenciales de abril 2011.

Los peruanos consideramos que los tres principales problemas del país son crisis económica-pobreza 28%, delincuencia-inseguridad 23% y desempleo 21%. En el caso específico de Lima los principales problemas percibidos son delincuencia-inseguridad 28%, crisis económica-pobreza 22% y desempleo 17% (Datum, Estudio de Opinión Pública a Nivel Nacional, abril 2010). Estas cifras, con ligeras diferencias, son las mismas que diversas encuestadoras han publicado el último año y por lo tanto estos problemas, al lado de signos preocupantes de corrupción, son los temas sobre los que se deben centrar las campañas electorales y los ciudadanos tenemos la obligación de exigir a quienes pretenden representarnos que nos presenten sus propuestas.

Ha llegado el momento que el protagonismo lo asuma quien en realidad debe ser el centro de todo afán de quienes pretenden gobernarnos: el ciudadano y sus problemas.

El proceso más cercano es para elegir presidentes regionales y alcaldes provinciales y distritales. Estamos hablando de una elección vecinal muy cercana al ciudadano. En ella debemos exigir que los candidatos se dejen de declaraciones grandilocuentes, pomposas y generales y nos digan que van a hacer con los problemas que vivimos día a día.

En el caso de la inseguridad ciudadana tengamos en cuenta algunos aspectos básicos que debemos exigir a los candidatos para evitar que nos vendan “gato por liebre”:

ü  La coordinación y la responsabilidad de las acciones locales que se ejecuten para solucionar los problemas de inseguridad están a cargo de los Presidentes Regionales y los Alcaldes. Por mucho que nos digan que “eso es asunto de la policía”, la ley del sistema nacional de seguridad ciudadana les asigna esa misión.

ü  El delito, sobre todo la pequeña criminalidad que es la que nos afecta directamente, no va a desaparecer. Podemos llegar a  controlarlo pero ni siquiera las sociedades más avanzadas han logrado erradicarlo completamente. El que nos diga que va a terminar con la delincuencia nos miente.

ü  No existen “soluciones mágicas” para la inseguridad. Es un problema con muchas causas y por lo tanto tiene múltiples soluciones. Sólo con una visión integral del tema y la ejecución de acciones de corto, medio y largo plazo lograremos controlarlo.

ü  Esta probado que las políticas de “mano dura” no han logrado solucionar el problema, por el contrario allí donde se aplicaron lo agravaron elevándose los índices de violencia y criminalidad.

ü  A los vecinos no nos importa tanto el gran narcotráfico sino el micro comercio que se produce en la esquina de nuestras casas y pone en riesgo a nuestros hijos cuando regresan del colegio o la universidad. Nos importa que nos roben nuestros celulares, carteras, accesorios de vehículos o viviendas. Las soluciones que nos propongan deben ser para esos problemas y no para otros.

Si todos exigimos que se nos hable de lo que en realidad nos importa y afecta, y no de lo que los candidatos quieran hablar; si todos reclamamos que los que quieran nuestro voto nos propongan soluciones que nos parezcan realistas y aplicables y no mentiras descaradas; si valoramos a los candidatos no porque pertenezcan a tal o cual partido o porque sean más o menos agradables sino por la calidad de sus propuestas y el equipo que lo acompaña; habremos dado un paso adelante en mejorar el futuro de nuestras localidades, nos haremos respetar como electores y luego podremos vigilar que los elegidos cumplan sus ofrecimientos y si no lo hacen utilizar los mecanismos que la ley nos otorga para removerlos de sus cargos.      

LLANTA DE PRENSA/ Mirko Lauer, Fernando Rospigliosi

I. ¿Más Castañeda o menos Castañeda?

II. Tema gaseoso

III. ¿Cuán dura es la Roca?

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer, Fernando Rospigliosi

¿Existe la campaña municipal?

Todos con cadena perpetua

Doe Run: Ente la espada y la pared

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer, Fernando Rospigliosi

I. OEA desarmada



II. El año de Bagua



III. Siempre en el ascensor

HUEVOS DE ESTURIÓN / Uso excesivo de la fuerza / Fernando Rospigliosi

No sólo los enemigos de Israel han criticado el bárbaro incidente del buque Mavi Mármara, en el que perdieron la vida nueve personas la semana pasada. El gobierno de Benjamín Netanyahu y Avigdor Lieberman ha sido duramente vapuleado en su país por el torpe y brutal operativo.


Incluso militares retirados han censurado la incursión en el barco turco:

“No estamos de acuerdo con el argumento de que hubo un error en la información de inteligencia... y no aceptamos los argumentos de que hubo malas relaciones públicas. Creemos que el plan estaba destinado al fracaso desde el comienzo”, dice un comunicado de diez marinos israelíes retirados. (La República, 7.6.10).

La ex canciller de ese país Tzipi Livni, líder de la oposición, presentó una moción de censura contra el gobierno de Netanyahu. Perdió en la votación de hoy lunes 7, pero es una muestra de lo dividido que ha quedado el país a consecuencia de la sangrienta acción.

Israel tiene derecho a revisar los envíos de “ayuda humanitaria” a Gaza. De hecho, cada mes entran miles de toneladas por vía terrestre. En varias oportunidades se han descubierto armas de todo tipo camufladas en la “ayuda humanitaria” que recibe el grupo terrorista Hamas, que gobierna esa región.

Sería necio negarle a Israel la posibilidad de controlar esos envíos y permitir que Irán y otros les proporcionen a los terroristas armas para que Hamas ataque a la población civil israelí, como lo ha venido haciendo por años.

Pero impedir que la flotilla que encabezaba el Mavi Mármara llegue a Gaza disparándole a los activistas desarmados es un gravísimo error.

La “armas” que ha presentado el gobierno israelí como prueba de la agresión de los activistas son fierros, hondas, herramientas de carpintería, etc. Nada que justifique la matanza.

Es verdad que los activistas del Mavi Mármara eran provocadores, pero hay maneras de enfrentarlos sin causar una matanza. Los israelíes, que durante décadas han combatido no sólo guerras y grupos terroristas, sino manifestaciones de protesta, saben como hacerlo sin necesidad de disparar.

Es como lo que está ocurriendo en el Perú bajo Alan García: un disturbio menor en el mercado de Piura, la policía dispara, cinco muertos. Un bloqueo de mineros informales en Chala, la policía dispara, seis muertos.

Eso se llama uso excesivo y descontrolado de la fuerza.

Existen armas no letales para enfrentar cierto tipo de manifestaciones. Los israelíes no sólo las tienen sino que las fabrican y saben usarlas.

El asunto es que el gobierno ultraderechista de Netanyahu y Lieberman muestra un completo desprecio por la vida y la integridad de las personas.

Las consecuencias de esta acción han perjudicado enormemente a Israel. Los extremistas islámicos turcos están aprovechando el incidente tratando de provocar una ruptura con Israel. Probablemente no lo consigan, pero de hecho las relaciones se han enfriado muchísimo.

Turquía era el país de mayoría islámica con el que Israel mantenía buenas relaciones… hasta ahora. Han perdido un aliado muy importante, por lo menos momentáneamente.

Netanyahu, que se encontraba en Canadá, tuvo que suspender su entrevista con el presidente estadounidense Barack Obama. Aunque los Estados Unidos siguen respaldando a Israel, la administración Obama es mucho menos complaciente que la anterior.

Y en todo el mundo los enemigos de Israel han aprovechado la ocasión para reiterar su odio a los judíos.

En suma, una acción equivocada y contraproducente de un gobierno descaminado. Los peores temores acerca de la alianza Netanyahu Lieberman se están confirmando.

¿SE PUEDE CAER MÁS BAJO?/ Carlos Basombrío Iglesias

Confieso que cada vez me cuesta más escribir sobre la política peruana. Los niveles de deterioro deprimen y casi sólo hay para dar cuenta de corrupción, maniobras políticas, clientelismo, transfuguismos y todos los males imaginables.  Nada alentador, tampoco, se ve en el horizonte de mediano plazo.

Pero aún en ese escenario deprimente, lo ocurrido ayer en el Congreso sobresale, en el sentido de lo descarado y explícito. Como sabemos hace meses de meses que estamos sin dos magistrados en el Tribunal Constitucional y que después de un proceso de selección en el Congreso, que al parecer fue bastante razonable, quedaron los dos candidatos más potables entre los que se habían presentado. ¿Un proceso serio en el Congreso? Pues eso no podía quedar impune.

Desde hace meses el presidente de esa Comisión de selección Falla La Madrid, aprista dicho sea de paso, intenta que los nombren en el pleno. Se necesitan 80 votos y sus propios compañeros lo bloquean sistemáticamente. Había que dejar claro que ellos no estaban avalando una actuación como la de Falla la Madrid. (Faltaba más, no vaya a ser que tal tipo de ejemplo cunda y se repitan casos así dentro del partido).

Ayer sucedió de nuevo. Esta vez se estaba al filo y habían conseguido los 80 votos necesarios. El APRA no quiere a esos potenciales magistrados porque textualmente: “no les dan confianza política”. Es decir no les importa evaluar si son competentes y honestos, sino lo que importa  es que podrían no ser útiles a sus intereses como partido. Lo que más me impresiona no es que actúen así, sino el que ya es que ya no les importe decirlo públicamente.

Bueno como las cosas estaban a punto de lograrse agarraron a dos congresistas de Solidaridad Nacional, Morales y Menchola, y de delante de todo el mundo les ofrecieron algo (uno puede suponer que vinculado a las investigaciones por Comunicore o el “Lentopolitano” que hay en el Congreso) y estos se fueron del hemiciclo para no votar. Se consiguieron entonces sólo 78 votos y los apristas se salieron una vez más con la suya.

Reitero, no me impresiona la inmoralidad en la política peruana;  a estas alturas eso es ya un dato consistente de la realidad. Lo que me llama la atención es que ya no hay el más mínimo esfuerzo por disimular y/o justificar los sucios enjuagues que la dominan.  

HUEVOS DE ESTURIÓN / Perú, primer productor de cocaína / Fernando Rospigliosi

Según el jefe de la policía colombiana, Oscar Naranjo, el Perú ya superó a Colombia en producción de cocaína, 380 toneladas al año frente a 295 de nuestros vecinos.

El Perú ya se había convertido en el primer exportador de cocaína, como se dijo en esta columna. (“Perú primer exportador de cocaína en el mundo”, 1.7.09)

Según Naranjo, Colombia producía 1,100 toneladas de cocaína en la década de 1990. Ahora, gracias a los esfuerzos de varios gobiernos, la producción se ha reducido a menos de la tercera parte.

Naranjo puso el dedo en la llaga: el “verdadero drama y el verdadero problema” de Perú es que sus autoridades sólo sacan del mercado al año 14 toneladas, mediante operaciones de decomiso. Mientras, resaltó Naranjo, las autoridades colombianas intervienen 203 toneladas, que es la cifra de 2008. Es decir, la policía colombiana decomisa 15 veces más cocaína que su par peruana.

Esta cifra “significa que nos hemos incautado de más del 50 por ciento de la droga que produce Colombia, versus unos índices muy bajos de incautación en otros países”. Una cachetada para sus colegas peruanos.

Algunos críticos de la llamada guerra contra las drogas sostienen que esta es un fracaso porque el narcotráfico sigue existiendo. Esa es una falacia. Es imposible acabar con el narcotráfico. Pero la situación se puede cambiar radicalmente como ha ocurrido en Colombia.

En la década de 1990 los grandes cárteles de Medellín (Pablo Escobar y otros) y Cali (los Rodríguez Orejuela y otros) controlaban departamentos enteros y desataron una ola de violencia brutal que convirtió al país en uno de los más inseguros del mundo.

Poco después se sumaron las FARC, que resucitaron gracias a su completo involucramiento en el narcotráfico y crearon un ejército de 15,000 efectivos, bien armados y equipados.

Hoy día eso ha cambiado radicalmente. La violencia ha disminuido sensiblemente, Colombia es mucho más segura que antes, los grandes cárteles han desaparecido y las FARC están reducidas a su mínima expresión.

El narcotráfico sigue existiendo, pero son bandas más pequeñas, con perfil más bajo y ejercen menos violencia.

Eso es un triunfo.

El objetivo no es acabar con el narcotráfico. Eso es imposible a menos que se despenalicen las drogas, como ha propuesto Mario Vargas Llosa y otras personas. El objetivo es contenerlo y reducirlo, como lo está logrando Colombia.

En el Perú seguimos el camino inverso. El narcotráfico está creciendo sin control, generando más corrupción y violencia. Cuando se le quiera enfrentar en serio, la lucha va a ser muy dura y sangrienta. Mientras más se le deja prosperar, más difícil y violento será combatirlo.

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer, Fernando Rospigliosi

I. ¿Por quién ficha Pizango?




II. ¿Por quién ficha Carlos Burgos?

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer, Fernando Rospigliosi

I. ¿Investigación a traición? – I




II. ¿Investigación a traición? – II



III. Helicópteros de desinflan



I. Combi-Nación




II. El rock de la cárcel



III. Sendero Luminoso: Hacia las bodas de oro

HUEVOS DE ESTURIÓN / Corrupción y peleas / Fernando Rospigliosi

Los últimos escándalos de corrupción del gobierno aprista parecen encajar perfectamente en el esquema del politólogo argentino Manuel Balán, que sostiene que las denuncias se producen por disputas internas en los gobiernos, sobre todo cuando tienen una oposición débil, que difícilmente pondrá en riesgo a los corruptos.

Entrevistado por Alberto Vergara, Balán afirma que “después de analizar los escándalos de corrupción de los últimos 20 años en Chile, Brasil y Argentina, veo que la mayoría de ellos surgen a partir de disputas internas en los gobiernos. Los gobiernos tienen facciones que compiten por poder, por recursos, o por imponer su visión acerca de cómo gobernar. Y, entonces, como parte de esta competencia, las facciones tienen incentivos para denunciar o filtrar información sobre hechos de corrupción que involucran a sus competidores que en principio son sus aliados.” (La República, suplemento Domingo, 16.5.10, “Los escándalos de corrupción surgen cuando las pugnas en un gobierno son encarnizadas y la oposición es débil”).

Los audios que vinculaban a Jorge del Castillo con Julio Vera estarían en poder de gente encumbrada del gobierno. Todo el material incautado a los chuponeadores de BTR ha pasado por las manos de la policía, la fiscalía y el Poder Judicial.

Muchas manos, mucho manoseo. Es probable que en varias etapas del proceso se hayan hecho copias del material, además de haber borrado parte de él.

La permuta de departamentos de Del Castillo con Vera y el depósito desde Suiza (se dice que fue un error del banquero de Del Castillo) son cosas que solo conocían personas muy vinculadas a él.

La respuesta de Del Castillo, poner al descubierto las pillerías de su compañero Omar Quesada en COFOPRI, también muestran un conocimiento cercano de la banda que se ha apoderado del Estado para saquearlo.

El escándalo ha afectado al gobierno, pero limitadamente. El presidente Alan García ha caído unos pocos puntos en las encuestas y nada más.

Del Castillo y Quesada tuvieron que dejar sus cargos, pero fue básicamente porque García los empujó a hacerlo. De hecho, esa parece que era la intención del presidente, sacar a Del Castillo, cuando él, o alguno de sus asistentes, filtró la información sobre el flamante Secretario General. Quesada fue un peón sin importancia sacrificado en esa pugna.

La oposición –de alguna manera hay que llamarla- se ha beneficiado poco. El humalismo, con su habitual incompetencia, no ha podido utilizarlo para debilitar al gobierno. Menos para presentarse como una alternativa honesta –tiene sus propios anticuchos- frente a la corrupción.
Como dice Manuel Balán, “si la oposición es débil y está fragmentada, no hay grandes riesgos para quienes están en el poder y no les preocupa que ella se beneficie un poco con el escándalo”.

Ni que decir de Luis Castañeda y Keiko Fujimori, que encabezan las encuestas Ambos han mantenido prudente silencio. Tienen enormes rabos de paja y carecen de autoridad para hablar sobre el tema.

Al final, todos ellos confían en que la tolerancia de los peruanos a la corrupción, la resignación ante un panorama electoral gris, la difusión de la idea “roba pero hace obra”, hará que los votantes no tomen mucho en cuenta el problema

¿Tendrán razón? Lo sabremos pronto, en octubre de este año y abril del próximo.

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich y Mirko Lauer

I. Toledo, tu gas



II. Trenes chocan en Alfonso Ugarte




III. A Bayly y Kouri se los come la pirañita

POLEMICA SOBRE EL CEPLAN / CARMEN OSORIO - HECTOR COLLANTES - FERNANDO VILLARAN

I. ¿Cómo se definen las prioridades de un país?

Carmen Osorio, estudiante de la Maestría en Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford y miembro de Gobierno Coherente

En un reciente artículo, el ex presidente de la Comisión Organizadora del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), Fernando Villarán, ofrece una opinión sobre el documento titulado “Lineamientos Estratégicos para el Desarrollo Nacional 2010-2021”. El artículo en mención cuestiona la posición ideológica del documento, pero lo curioso es que la misma crítica se basa parcialmente también en principios y valores propios de una "ideología". Esto resulta bastante lógico, pues uno debe ser capaz de reconocerse siempre en una posición determinada, elaborada y explícita, escapando de la presunta neutralidad en la que uno suele ubicarse para establecer una opinión. Resulta entonces errado plantear que cualquier medida política pueda basarse "sólo" en indicadores objetivos, y criterios técnicos, pues nuestra interpretación de ello responderá siempre a una valoración específica que -en la medida en que seamos conscientes de ella- podremos defender sin temores.

Coincido con Villarán -y creo que se enmarca dentro de la línea política coherente- en concebir el bienestar del ser humano como el fin último de toda acción pública, y/o colectiva. Amartya Sen (Development as Freedom 1999, The Idea of Justice 2009) provee fundamentos filosóficos claros y -a mi juicio- contundentes para defender esta posición, y plantea la expansión de libertades reales para hacer lo que uno valora o tiene razón de valorar como medio para lograrlo.

En torno a ello las políticas sectoriales y las territoriales no son excluyentes, el reto está en encontrar el balance adecuado. Personalmente creo que competentes representaciones territoriales -en democracias- ayudan a tomar mejores decisiones colectivas, difundir información y formar valores; sin embargo, las políticas sectoriales son fundamentales también para guiar prioridades de orden nacional que ya están consensuadas públicamente: Educación, Salud, Nutrición, Justicia, Seguridad.

Finalmente, llamo la atención de lo que para mí resulta una inconsistencia en la crítica del ex ministro Villarán. Él afirma que el crecimiento económico sostenido debe convertirse en la primera prioridad de un plan estratégico de desarrollo, y esta afirmación debería reconocerse como propia de una ideología particular, de connotaciones económicamente más liberales, especialmente al decir primera prioridad, y no considerarla como otro objetivo importante. Sin embargo, aún sin vincularlo con ideologías particulares, es importante reconocer también que existen evidencias claras que demuestran que el acceso al desarrollo económico no ayuda necesariamente a solucionar problemas sociales como la falta de oportunidades fundamentales para el desarrollo humano como Salud, Democracia, entre otros. Por lo tanto, si no es causa suficiente, como él mismo refiere, ¿por qué ponerlo como primera prioridad? ¿Por razones técnicas? La evidencia lo rebate. ¿Razones ideológicas? Para responder esa pregunta entonces hay que reconocer e incorporar esas razones a nuestros juicios de valor.

Así, creo que el crecimiento económico es importante y debería estar contemplado en un plan de desarrollo país, sin embargo, de ninguna manera debería ser la primera prioridad puesto que "ideológicamente" para mí es solo uno de los tantos instrumentos para lograr el verdadero y último objetivo.

II. ¿Cómo se definen las prioridades de un país? 

Héctor Josué Collantes, economista y miembro de Gobierno Coherente.

La crítica a la postura ideológica del CEPLAN no es el cuestionamiento más importante que hace Fernando Villarán en su Crítica a los Lineamientos 2010-2021, a propósito de lo mencionado por Carmen Osorio en un artículo anterior.

Éste es, más bien, lo reducido y poco ambicioso que resultó el documento del CEPLAN. Reducido por no demostrar que ha considerado -o no- a los esfuerzos anteriores. Poco ambicioso por reducirse al diagnóstico del pasado en lugar de enmarcarse en el futuro y atreverse a definir prioridades. Así queda tibio, soso y romo.

Los objetivos sectoriales no necesariamente se contraponen a los territoriales. En esto tiene razón Carmen Osorio.

Donde discrepo con ella es en la subestimación que sugiere a la importancia del crecimiento económico. Intuyo que hay una confusión entre medios y fines. Aunque coincide en señalar que ambos -Villarán y ella- sitúan al concepto seniano de desarrollo liberador de capacidades como fin, desestima la defensa de Villarán del logro del crecimiento económico sostenido como condición necesaria más importante. O, más bien, como "prioridad", "eje estratégico" o "garantía", como también lo refiere Villarán. Creo que Osorio entendió que en el artículo de Villarán el crecimiento es el fin, pero para él, es el medio más importante. Como fin, nada vale y eso ya lo dijeron ambos en la referencia a Sen.

Para resumir esa discusión sobre medios y fines -pues un mismo concepto puede verse de ambas formas- me gusta lo que dice Hans Rosling, profesor de Salud Pública de la institución sueca de dónde se escoge el premio Nóbel de Medicina y cofundador de la herramienta Gapminder:

Dimensiones del desarrollo

(Como medios)
Derechos humanos +
Medio ambiente +
Gobernanza ++
Crecimiento económico +++
Educación ++
Salud ++
Cultura +

(Pero como fines)
Derechos humanos +++
Medio ambiente ++
Gobernanza +
Crecimiento económico "0"
Educación +
Salud ++
Cultura +++

El crecimiento económico es un fin inútil, pero sí es el medio más importante para alcanzar los fines que valen. Veámoslo defender estas ideas en TED (en el 15:30 de este video):

III. Respuesta de Fernando Villarán

Muchas gracias a ambos por sus comentarios, resultan muy estimulantes. Paso a mis respuestas:

1. Estoy de acuerdo con la crítica de Carmen a mi cuestionamiento de la posición ideológica del documento del CEPLAN. Efectivamente, no hay posturas asépticas, sin contenido ideológico, y la mía ciertamente lo tiene. Lo que quería decir es que los lineamientos del CEPLAN se “pasaban” de políticos, o si se quiere, no tenían un enfoque y contenido más neutro o “técnico” (con todo lo complicado que resulta este concepto), pues se trata de un documento de Estado que debería recoger consensos de varias tendencias.

2. Estoy de acuerdo con Héctor, y la propia Carmen, en el sentido que los objetivos territoriales no deberían contraponerse a los objetivos sectoriales; pueden y deben ser complementarios. Sin embargo, mi crítica a lo sectorial, va más allá de los planes de gobierno, cuestiona la filosofía moderna de sectorializar y compartimentalizar la realidad, lo que ha llevado a destruir la naturaleza y a varios desastres sociales; el enfoque territorial permite una aproximación más holística e integradora.

3. Discrepo con Carmen cuando dice que la priorización del desarrollo económico significaría una ideología “de connotaciones más liberales”. En realidad el que puso a la economía en el tope de la agenda política fue Marx, pues llegó a decir que determinaba todas las otras esferas de la existencia humana, incluyendo la ideología. Es decir, esta tesis viene de la vereda de enfrente, como lo prueban las experiencias históricas de la Unión Soviética, fallida, y la de China, exitosa, por lo menos en el campo económico.

4. El tema de fondo es la ubicación del crecimiento económico, o si se quiere, del proceso de creación de riqueza, dentro de una agenda nacional de desarrollo. El ponerlo como primera prioridad, por cierto, no significa dejar de lado, los otros objetivos del desarrollo; en mi caso, debí decir más bien, el crecimiento económico es una “condición necesaria” para el resto de objetivos. En ese sentido el modelo de Hans Rosling, que presenta Héctor, resulta muy útil: el crecimiento económico es el principal medio, y la cultura y los derechos humanos son los principales fines.

5. Este enfoque nos permite decir, por ejemplo, que la Constitución Peruana y el propio Acuerdo Nacional, son documentos que se refieren a los “fines” del país, mientras que el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2021 es un documento sobre los “medios”. De manera que resultaría lógico que los enfoques y los contenidos de ambos sean diferentes, y no iguales (o muy parecidos), como mencioné en mi crítica al CEPLAN.

A PROPÓSITO DE LA SENTENCIA AL GENERAL JORDÁN/ Gustavo Carrión Zavala

No es propósito de estas líneas el discutir las razones de la sentencia de dieciocho meses de prisión suspendida al general PNP ® Alberto Jordan Brignole, por no haber recuperado el puente tomado por los pobladores moqueguanos en aquel episodio que el imaginario popular identifica como el “moqueguazo”.

Lo que en realidad pretendemos es discutir la pertinencia de la justicia penal militar aplicada a policías. Pretendemos discutir si los policías deben estar sujetos al alcance de este fuero privativo, y lo hacemos a la luz de las siguientes reflexiones:

La justicia penal militar y los fueros que la aplican, son consecuencia de la “ley marcial”, aplicada en períodos de guerra a los soldados que cometían graves infracciones, como el desertar, medrar con las vituallas, demostrar poco valor para el combate, y en fin, todas las conductas contrarias al necesario espíritu de cuerpo en batalla.

La eficacia de esta “ley marcial”, impuso que se fuese extendiendo a las épocas de paz, como efecto “ejemplarizador” para los militares que ofendían las normas y procedimientos que regían y rigen las Fuerzas Armadas.

Entendiendo que los cuerpos de policía, en muchos países, como en el Perú, devinieron de las Fuerzas Armadas (batallones de gendarmes), resultó casi natural que se les entendiera como parte de las Fuerzas Armadas, más aún, si en las épocas republicanas en que surgen, los regímenes políticos predominantes eran los que emanaban de las cúpulas militares, o de políticos civiles que se apoyaban en el poder militar.

Un ejemplo claro de lo que sostenemos, es la actuación en el país de la misión de la Guardia Civil española a partir de 1922, cuerpo caracterizado por ser de estructura militar con funciones de policía. El intercambio fecundo con la guardia civil española comprende la época de la dictadura en España de Miguel Primo de Rivera (1923), la infausta guerra civil española y la posterior extendida noche de la dictadura franquista, que duró hasta la muerte del dictador en 1975. Durante todo este período la guardia civil española fue una institución cara a la dictadura, de formas puramente militares y de actuación que la historia se ha encargado de juzgar con severidad.

La Guardia Civil española, referente de la peruana, mantuvo hasta hace poco cerrada defensa de la estructura militar, a pesar que cumplía y cumple funciones de policía, que como entendemos son funciones de naturaleza civil. Sus miembros eran hasta hace muy poco, sometidos a la disciplina militar y al fuero privativo. Digo hasta hace muy poco, pues al influjo de las demandas, especialmente del personal de agentes, de ser sometidos a los mismos códigos disciplinarios del cuerpo nacional de policía, no sólo lo han conseguido, han logrado una sola conducción para estos dos cuerpos, en el entendido que ambos cumplen funciones de naturaleza civil al servicio de la ciudadanía, en un régimen reconocidamente democrático, y que su actuación se diferencia de las que tienen asignadas las fuerzas militares.

En nuestro medio, a pesar de la sucesión democrática en el poder, seguimos entendiendo a la policía como parte de las fuerzas armadas, provocando con ello su distanciamiento de la ciudadanía y los graves problemas que de ello se derivan. La policía es parte de la urdimbre social.

En el caso de la incorporación de la policía a los alcances de la justicia penal militar (art 173 de la CPP), se ha hecho en la misma lógica de seguir entendiendo a la policía como una fuerza militar, sin entender que las funciones que cumple nada tienen que ver con la naturaleza de las funciones de las fuerzas armadas.

En la ley penal militar, se criminalizan actos que en forma alguna debieran reputarse como actos criminales, y se hace con ese prurito ejemplarizador surgido de la antes citada “ley marcial”.

Con fines de acomodar el alcance del Código De Justicia Militar a la función policial, se han incorporado algunos capítulos específicos dedicados a los policías, que bien pueden ser homogenizados con los alcances del Código Penal.

Tenemos la impresión, que la férrea posición de las Fuerzas Armadas por mantener incorporados a los policías en los alcances de la justicia penal militar, tendría que ver con la existencia misma de este fuero privativo, pues la mayoría de los procesos que adelanta, son a miembros de la Policía Nacional, y no porque estos sean de mayor perversidad que los militares, se explica porque están incorporados en un fuero que no les corresponde y sujetos de aplicación de un código que resultaría propio de los militares.

En el caso del general Jordán, la supuesta desobediencia al no liberar el puente tomado por los moqueguanos, ha sido juzgada por jueces militares, que tienen interiorizados otros parámetros para entender la desobediencia o cualesquier otra actitud militar, que difiere del razonamiento de un policía frente a un evento que pudiese acarrear graves costos sociales y constituye otro de los grandes problemas de esta justicia privativa, al haberse unificado y desaparecido los juzgados de policía, los casos que comprenden a miembros de la policía nacional, en gran parte son juzgados por jueces militares.

Tendría que revisarse igualmente la independencia de esta justicia, cuyos jueces supremos son miembros de los cuerpos jurídicos de las Fuerzas Armadas, con dependencia obvia de los mandos militares y por línea ascendente del ejecutivo. Prueba de ello, es la asunción tardía y acomodada de competencia de la justicia militar, en el caso del actual director general de la policía, que cuándo iba a hacerse conocido el resultado de la junta de generales que lo investigó, y que en cumplimiento de los alcances de la ley de régimen disciplinario de la Policía Nacional, opinaban por su separación del cargo, con un documento supuestamente producido ocho días atrás, asume de oficio la justicia penal militar el caso e invocan la garantía constitucional que sanciona la inhibición de la autoridad administrativa cuando el órgano jurisdiccional asume competencia, en claro indicio de ser una justicia digitada, convenida y acomodada.

Si algunos aspectos del Código De Justicia Militar se adaptaron a las funciones de la policía, lo mismo puede hacerse con el Código Penal, incorporándole los aspectos, que por otro lado ya están legislados, referidos al uso de armas de los policías en el cumplimiento de sus funciones.

Queremos finalmente concluir, que la Policía es una institución de naturaleza civil, que cumple funciones al servicio de la sociedad, los ciudadanos y el Estado, no tiene ninguna vinculación con la “ley marcial”, las conductas que criminaliza el Código de Justicia Militar no pueden todas reputarse como actos criminales y que resulta un verdadero contrasentido aplicar a un funcionario o agente de policía, los alcances de una ley tipicamente militar, por tanto debe evaluarse la enmienda constitucional que excluya a los policías de los alcances del código de justicia militar y del fuero que administra esta justicia privativa.

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich y Mirko Lauer

I. Ruido de chupones



II. ¡Pero si lo dijo Quimper!



III. Apra: El tamaño de la yaya

UNA MIRADA OPTIMISTA DE LOS CONFLICTOS SOCIALES/ Francisco Belaunde Matossian

Jaime de Althaus (ver su columna en El Comercio del día viernes 23 de abril), un liberal militante, tiene una mirada entusiasta de los conflictos sociales que se dan con mucha frecuencia en nuestro país. Ello, más allá de la participación de grupos extremistas de izquierda en las acciones de protesta. Es una visión que empalma con la de Hernando de Soto respecto del fenómeno de la informalidad que también, constituye un conflicto, en la medida en que se trata de una rebelión, pacífica sin duda, pero rebelión al fin, de sectores mayoritarios de la población contra la legalidad vigente.

De Althaus ve en los actuales conflictos un proceso de generación de nuevas relaciones sociales en el Perú, esta vez modernas y democráticas, pues permiten a los contendientes, población y empresas, descubrirse los unos a los otros, escucharse, admitir sus derechos respectivos y, así, aprender a negociar. Claro, hay con frecuencia violencia y dolor, pero, es lo que sucede usualmente con ocasión de las grandes transformaciones. Extrapolando la argumentación de De Althaus, podría incluso decirse que se está, en última instancia, ante el nacimiento de una nación.

Para el conocido periodista de televisión todo lo anterior es una consecuencia de la bonanza económica generada por años de políticas favorables a la empresa privada y a la inversión. Es decir, el capitalismo estaría construyendo un país democrático. Hay probablemente mucho de razón en una afirmación de ese tipo, aunque pueda producir arcadas y desmayos en las filas de nuestra izquierda.

Para empezar, hay un dato histórico elemental, como es la íntima relación entre liberalismo político y capitalismo. Claro, para la izquierda, lo que hay en nuestro país es un “capitalismo de amigotes”. Eso es cierto sólo en parte. Hay, es verdad, una larga tradición de colusión indebida entre las esferas económica y política y, que, como lo demuestran la actual seguidilla de escándalos, todavía subsiste. Sin embargo, paralelamente, también se está desarrollando todo un nuevo tejido empresarial, en gran parte de origen popular, que viene inyectando vida económica a un gran número de lugares del país y eso es una consecuencia, in fine, del flujo de grandes inversiones de las que venimos gozando. Simultáneamente, viene surgiendo una cultura empresarial moderna y más respetuosa de los derechos de los demás y del medio ambiente. En ello, tiene que ver, ciertamente, que las poblaciones hagan sentir su voz de protesta cuando sus derechos son vulnerados.

Lo que sucede, claro, es que muchas veces los conflictos son instrumentalizados y exacerbados con fines de desestabilización política, o, simplemente, por apetito electoral. En ese contexto, entra a tallar la mala fe, a niveles con frecuencia bastante groseros, de parte de determinados agitadores y dirigentes que no dudan en apelar a la mentira más abierta y a promover posturas intransigentes. Además, muchas veces también, se ocultan y silencian, a veces con violencia, las voces en las poblaciones que tienen posiciones bastante más conciliadoras con las empresas y que, incluso, pueden ser mayoritarias. Todo ello no constituye, ciertamente, un problema menor, por lo menos en una perspectiva de corto plazo, pues se paralizan inversiones, se deja mal parado al Estado que exhibe una y otra vez, y a plena luz del día, sus inmensas deficiencias, y se enrarece el clima político general del país.

Sin embargo, dado que, de todos modos, detrás de los reclamos, hay problemas reales, que todavía persiste en buena medida lo que algunos denominan la “cultura del gamonal” y que el Estado no cumple su papel, la serie de conflictos sociales, en tanto que oportunidad de descubrimiento del “otro” y de aprendizaje, puede ciertamente ser vista, en una perspectiva de mediano plazo, y aunque suene paradójico, como un factor de paz social y de consolidación de la democracia.

ASPECTOS ECONÓMICOS DE ORGÁNICOS Y TRANSGÉNICOS / Andrés Solari Vicente

En el debate sobre transgénicos, se ha buscado descalificar a los productos orgánicos por carecer –supuestamente– de perspectivas económicas. El interés de fondo es facilitar la introducción de los transgénicos como mejor alternativa. Tratamos aquí de refutar esta idea, que presenta a los orgánicos como poco rentables, caros, sin mayor demanda, que se comercializan en pocos mercados y que están en declinación. Exceptuando el tema del precio, la información muestra lo contrario. Me referiré especialmente al caso de la agricultura de Estados Unidos que es el principal mercado de productos orgánicos. 

Los altos precios de los orgánicos se originan en los mayores costos de producción respecto a los productos agrícolas convencionales. Es importatne tener en cuenta cuáles son los componentes de estos mayores costos:

1. La producción de orgánicos se realiza en pequeñas y medianas granjas. Pero existe una correlación entre el tamaño de las granjas y sus costos de producción, válida también en el caso de los orgánicos. A mayor tamaño, los costos tienden a reducirse. Los convencionales se producen en grandes granjas, a gran escala y con procesos altamente tecnificados. La alta productividad derivada explica parte de sus mejores precios. Se pensaba equivocadamente que la producción de orgánicos sería necesariamente de más altos costos por una supuesta consubstancialidad con la pequeña escala, de la que no podría escapar. Sin embargo, la realidad muestra que el aumento de la escala de producción tiende a reducir costos de la misma forma en que lo hacen los convencionales. La gráfica muestra el alto de grado de similitud en la reducción de precios en ambos tipos de productos. 

Así, es previsible que el aumento de la producción de orgánicos deba influir paulatinamente a favor de una reducción de sus costos y precios. 

2. Los subsidios que reciben los productores agrícolas en EE.UU. (estimados en 23 mil millones de dólares anuales) se concentran casi exclusivamente en los productos convencionales (los que más impactan en exportaciones y en el producto agrícola) (Rural Migrations News 2002). Los apoyos para productores orgánicos son mucho menores o inexistentes. La política agrícola del gobierno de EE.UU. desde 1981 en adelante ha respondido principalmente a los intereses de las grandes granjas (Reimund y Gale 1995). En el 2002, los subsidios favorecían al 10% superior de las granjas, las de mayor tamaño (Riedl 2004). Estos subsidios para los productos agrícolas convencionales les proporcionan una ventaja adicional, desde factores externos a la producción y manejables totalmente en la esfera política, que los sitúa en una marcada ventaja de precios frente a los productos orgánicos. Evidentemente, un sistema de subsidios equitativos facilitaría una mayor competitividad a favor de los orgánicos.

Algunos estados y localidades han iniciado puntuales apoyos a los orgánicos. Minnesota, por ejemplo, ha elaborado directorios de productores orgánicos y facilita la comunicación entre ellos. Otros proveen asistencia a las exportaciones de orgánicos y/o subsidian procesos de certificación. Otros ofrecen pequeños subsidios a la conversión de granjas convencionales en orgánicas, para estimular los beneficios medioambientales de este tipo de producción, obteniendo fondos de programas como el Federal Environmental Quality Incentives Program. Unos cuantos condados ofrecen reducciones impositivas a las granjas que se convierten en orgánicas (USDA 2009a).  

3. Los costos de producción para los productos orgánicos son más altos también porque insumen una mayor cantidad de trabajo por unidad de producto, y por la mayor diversidad entre las empresas que conforman el subsector: los costos salariales pesan más y las economías de escala son más difíciles de lograr, respectivamente (FAO 2010). 

4. Las investigaciones que realizan instituciones estatales, universidades y otras organizaciones para el mejoramiento de productos, procesamiento y comercialización, se enfocan casi exclusivamente en los productos de más alta tecnología (es decir, en los convencionales, elaborados por grandes granjas). Por ejemplo, no existen investigaciones de largo alcance que apoye la USDA referidas al control alelopático de plagas en orgánicos. Ha sido reclamado por los propios productores de orgánicos (Hanson et al. 2003). Sin investigaciones para el mejoramiento de la producción, los orgánicos enfrentan mayores dificultades, en este caso originadas en la política de investigaciones, lo que eleva sus costos.

5. Los costos de certificación, distribución y procesamiento de los orgánicos son mayores que los de los productos convenciones. En el caso de la certificación, porque es más compleja y no se ha tecnificado suficientemente. En el caso del transporte y distribución de productos, porque el manejo de grandes volúmenes (caso de los convencionales) disminuye costos, y porque las cadenas de distribución son hasta hoy menos eficientes en los orgánicos. Y en el procesamiento, porque los convencionales utilizan ampliamente procesos mecanizados que elevan la productividad e insumen combustibles subsidiados para usos agrícolas, lo que no sucede en el caso de los orgánicos (FAO 2010).

6. Los costos de conversión de una granja convencional a otra productora de orgánicos deben agregarse regularmente a los costos finales porque sólo excepcionalmente son subsidiados. Sin embargo, hay que recordar, que las grandes granjas fueron puntualmente subsidiadas cuando dieron el giro hacia los transgénicos a mediados de los ‘80s (periodo Ronald Reagan) y pudieron sostener (junto con las grandes empresas químicas, farmacéuticas y universidades) una buena cantidad de investigaciones sobre transgénicos (Dunne y Gowers 1985). 

7. Otro conjunto de elementos que influyen sobre los costos de los orgánicos (no sobre los convencionales) esta dado por: las inversiones en mejoramiento y protección ambiental, los mayores estándares en bienestar animal, el evitamiento de riesgos de salud y la garantía de ingresos más equitativos para los agricultores (FAO 2010).

8. La alteración (contaminación) que realizan los transgénicos sobre los productos orgánicos por difusión, le exige a los productores de orgánicos asumir costos de selección y “limpieza” que inciden sobre los precios, siempre que deseen mantener la certificación (Hanson et al. 2003). 

No todos estos elementos son atribuibles al hecho de ser productos orgánicos, varios de éstos dependen de la política agraria que le da dirección a los subsidios y a los esfuerzos de investigación. Otros aspectos son relativamente transitorios y dependen del nivel actual de la producción y la heterogeneidad de los orgánicos: economías de escala y distribución. Finalmente, existen elementos que dependen de la regulación agraria: por ejemplo, las consecuencias de la “contaminación” que los transgénicos diseminan sobre los orgánicos son –injustamente- asumidas por estos últimos. Gran parte de los elementos que influyen sobre estos costos pueden ser resueltos sin que los productos orgánicos tengan que dejar de serlo. Así pues, varios de los elementos que hacen que los precios de los convencionales sean más bajos (escala, subsidios e investigación) podrían reorientarse para convertir a los orgánicos en productos más abundantes y accesibles. 

Además de los costos mayores, hay que considerar que la demanda sobre los productos orgánicos sigue creciendo más rápidamente que la oferta, tanto en EEUU como en los demás países (USDA 2009b). Esto también favorece que los precios de los orgánicos sean mayores que los precios de los convencionales. No obstante, los precios de los orgánicos no siempre han crecido a tasas mayores que las de los productos agrícolas convencionales (USDA 2009c).

La producción de orgánicos, crece más que las de otros productos agrícolas, debido a, entre otras cosas: mayor calidad, más altos márgenes de ganancia, la conciencia del menor daño sobre el medio ambiente y una mayor identidad con los consumidores. Para tener una idea de la magnitud del crecimiento: entre 1997 2001 se añadieron a la producción de orgánicos certificados por la FDA un millón de acres (AmberWaves 2001). En cuanto a la expansión de tierras para orgánicos en varios países:

La IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) informó que en 2003 en África ya había 40 mil granjas que cubrían 235 mil hectáreas de tierras certificadas para orgánicos. Para 2008 a nivel global se informaba que 35 millones de hectáreas eran manejadas orgánicamente y que las ventas de alimentos orgánicos alcanzaron los 50.9 mil millones de dólares (INFOAM 2010). 

En México, las áreas cultivadas crecieron de 23 mil hectáreas en 1996 hasta 400 mil en 2004 (205% de crecimiento anual) (Chávez 2006). En el caso peruano, el crecimiento promedio anual de las exportaciones es del 50%, sin mayores inflexiones. Perú desde 2008 es el más grande exportador mundial de café orgánico y el segundo en cacao orgánico (Olsen 2008). 

Los márgenes de rentabilidad son más altos, debido a que los precios suben más que proporcionalmente a la oferta. A pesar de los mayores costos, los productores pueden fijar precios a niveles que aseguren mayores tasas de rentabilidad. Por eso, es notorio que las empresas agrícolas entrantes a la rama (principalmente a través de procesos de conversión) crezcan a mayores tasas (Agricultural Outlook 2002a). 

En un proceso de diversificación de sus canales de ventas, los orgánicos se han expandido hacia los más variados espacios (mercados de granjas, ferias, supermercados naturistas, supermercados convencionales y clubs de tiendas) (Agricultural Outlook 2002b). Desde 2001 los orgánicos se conseguían en el 73% de las tiendas de alimentos. Sólo en las de productos naturales en 1998 las ventas fueron de 3.3 billones de dólares. Las ventas en los supermercados tradicionales crecieron, entre 1977 y 1998: en Houston 576%, en Baltimore 303%, en Boston 210% (Dimitri y Greene 2002).

Estas son algunas peculiaridades que ayudarán a entender la dinámica de orgánicos en su pugna con los transgénicos. 

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Referencias

Agricultural Outlook. 2002a. U.S. Organic Agriculture: Gaining Ground. Nov. ERS, pp. 9-14. 

Agricultural Outlook. 2002b. Organic Food Industry Taps Growing American Market. Oct. ERS, pp.4-8.

AmberWaves. 2001. Certified organic acreage and operators. [Disponible: www.ers.usda.gov].

Chávez, Luis. 2006. Mexico’s organic products law 2006. GAIN Report. USDA, FAS, Washington.

Dimitri, Carolyn y Catherine Greene. 2002. Recent Growth Patterns in the U.S. Organic Foods Market. Agriculture Information Bulletin No. 777, Sept, ERS, Washington.

Dunne, Nancy y Andrew Gowers. 1985. Los subsidios agrícolas en Estados Unidos. Financial Times, Enero 31. 

FAO. 2010. Why is organic food more expensive than conventional food? (Actualizado en feb 2010) [Disponible: www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq5/it/]

Hanson, James et al. 2003. Risk and management in organic agriculture: view of organic farmer. University of Maryland, Dep. Agricultural and Resource Economics. 

INFOAM. 2010. The World of Organic Agriculture. (Actualizada: marzo 2010) [Disponible: www.ifoam.org].

Olsen, Peter. 2008. Peru: organic products. Update 2008. GAIN Report. USDA, FAS, Washington.

Reimund, Donn A. y Fred Gale. 1995. Structural Change in the U.S. Farm Sector, 1974-87. AIB No. 674. ERS. 

Riedl, Briand. 2004. Another Year at the Federal Trough: Farm Subsidies for the Rich, Famous, and Elected Jumped Again in 2002, Heritage Foundation. [Disponible: www.heritage.org/Research/Reports/2004/05].

Rural Migrations News, 2002. Vol. 8 Num. 3, July, Universidad de California en Davis. [Disponible: http://migration.ucdavis.edu/rmn/more.php?id=608_0_5_0].

USDA 2009c. Organic Prices. (Actualizada: may 2009) [Disponible: www.ers.usda.gov/Data/OrganicPrices]. 

USDA. 2009a. Organic Agriculture: Organic Policy. (Actualizada: sep 2009). [Disponible:  www.ers.usda.gov/Briefing/Organic/Policy.htm].

USDA. 2009b. Organic Agriculture: Organic Trade. (Actualizada: sep 2009). [Disponible:  www.ers.usda.gov/Briefing/Organic/Trade.htm].