lunes, 7 de diciembre de 2009

UN NECESARIO DESLINDE/ Gustavo Carrión Zavala


La semana que concluyó ha estado invadida por el tratamiento intenso de temas vinculados a la Policía y a la actual gestión ministerial del sector. Los temas principales estuvieron referidos a la imaginativa recreación del mito de los “pishtacos” y las denuncias de posibles ejecuciones extrajudiciales en Trujillo. Ha sido tan intenso el debate sobre estos casos, que ameritó el pronunciamiento de las principales autoridades del Ejecutivo, Presidente incluido, y por ello ha pasado casi desapercibida la denuncia periodística en el programa televisivo “Cuarto Poder”, de un posible uso corrupto de los fondos destinados a gastos operativos de inteligencia en la Dirección de Investigación Criminal, con declaraciones de una oficial de servicios que reconoce haber fraguado documentos y firmas para justificar los supuestos gastos en tareas de inteligencia.


Por las cantidades de dinero que se entregaban a las Direcciones Especializadas para gastos de inteligencia, en el entendido que sin inteligencia no es posible planear correctamente las operaciones policiales, y por el hecho que estos gastos sólo se justifican con los planes de búsqueda de información y a sola firma de los que supuestamente recibieron dinero para adelantar las operaciones, podemos deducir que sería una de las fuentes de corrupción poco investigadas, y si le adicionamos los austeros resultados en materia de inteligencia predictiva, se confirmaría esta modalidad de apropiarse de dinero del Estado.


Desconocemos las razones por las cuáles la Oficina de Asuntos Internos, se concentró en indagar los gastos de inteligencia en la DIRINCRI y no en otras dependencias, que tenían o tienen, significativas asignaciones en este rubro (VII Dirección Terrritorial, DIRNADRO, DIRCOTE, DIRIN), a las cuáles se les debería practicar igual indagación que abarque por lo menos los últimos cinco años, y comprobar si en realidad los que aparecen como firmantes de los operativos, en realidad firmaron y si recibieron los fondos que se consignan en cada caso. La indagación obviamente debe hacerse inmediatamente para evitar la desaparición de los documentos justificatorios, que deben obrar en la DIGIMIN, que es la Dirección General del Ministerio del Interior encargada de asignar estos fondos y de recibir las justificaciones.


Para que las autoridades actuales, básicamente el Ministro del Interior y el Director General de la Policía Nacional, deslinden con estas prácticas perversas de apoderarse de dinero destinado a inteligencia, toda vez que ejercieron las jefaturas de unidades que recibían importantes asignaciones, tales como la VII Dirección Regional y la DIRIN en el caso del Ministro y la DIRANDRO en el caso del Director General, deberían hacer pública declaración de no haber efectuado estos manejos dudosos de fondos públicos, facilitar el examen de los documentos durante su gestión, y de esa forma afirmar y consolidar su propósito de lucha frontal contra la corrupción al interior de la institución.

3 comentarios:

Periodista dijo...

Hace 3 semanas, en el VRAE, hubo una operacion donde murieron 22 terroristas.
No tendria nada de extrano si no es porque siete de ellos fueron ejecutados
extrajudicialmente
pues se habian rendido. El propio Rafael Rey viajo a la zona al conocerse el hecho.
Solo se admitio la presencia de un fiscal ^amigo^.

Los responsables fueron los generales Moncada /placa de carro PQY-206/ y Leonel Cabrera
Pino /ascendido a Gral. de Division/ Por que el silencio? Por el asunto de la mina
antipersonal del mes de octubre pasado y por el temor a la noticia de los siete ejecutados
extrajudicialmente.

investiguen sres. periodistas y llegaran a la verdad. Que se haga justicia.

camus dijo...
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
camus dijo...

La ejecución extrajudicial de siete personas es una grave denuncia. Si bien TODAS las personas son inocentes hasta que haya certeza razonable de responsabilidad penal no es menos cierto que nuestra Historia demuestra que la principal fuente de amenazas en contra los derechos fundamentales y el estado de derecho provienen de las acciones de El ESTADO