MÁS QUE UNA TENDENCIA PELIGROSA/ Gustavo Carrión Zavala.

Después de leer en la Revista Poder, el excelente trabajo de investigación de Ricardo Uceda respecto de la posible existencia de “escuadrones de la muerte” en la ciudad de Trujillo y las reflexiones de Fernando Rospigliosi en su columna dominical del diario “La República”, no puedo sino lamentar que mis temores, que se esté desarrollando en la actuación policial la peligrosa tendencia de eliminar delincuentes, usando letalmente las armas de fuego, quedaron realmente estrechos.

De lo que se trataría, si desarrollamos parte de lo investigado por Uceda, es de implantar de hecho la “pena de muerte” sin tener que modificar constitución, leyes, ni denunciar pacto alguno.

Desde el inicio del presente régimen, una de las propuestas defendidas con más ardor por el titular del Ejecutivo, fue la de incorporar a nuestra legislación la pena de muerte, en inicio para violadores de menores, pero que obviamente constituía el abrir la puerta para seguir aumentando las razones de extensión de esta nada resocializadora sanción. Y el esquema de implantación de hecho queda claro:

- Preparar el ánimo de la población a favor de medidas maximalistas y para ello se requiere mantener una policía que genere desconfianza, que no resuelva absolutamente nada, de tal suerte que la crispación popular impulse a opinar a favor de las ejecuciones extrajudiciales, tal como se puede leer en los comentarios al trabajo de Ricardo Uceda.

- Del trabajo al que nos referimos, no se puede afirmar, quién sería el Jefe Policial reunido arcanamente con empresarios trujillanos para lograr una “bolsa” facilitadora de ejecuciones de delincuentes, pero si deducir con facilidad de quién se trataría y como ha ido escalando a puestos más notorios, lo que evidentemente le hubiera permitido lograr los instrumentos legales que promuevan la impunidad, como el Decreto Legislativo 982 , que exonera de responsabilidad a policías que hagan uso de sus armas en el cumplimiento de sus funciones y que su puesta en vigencia coincidió con el inicio de las supuestas ejecuciones extrajudiciales de delincuentes en Trujillo.

- El manto de impunidad parece agrandarse. Cuándo se postula la formulaciòn de un informe como requisito previo a la acusación de los fiscales cuando se trate de miembros de las fuerzas armadas y policía nacional. Esta iniciativa ha sido ardorosamente defendida por personajes, como el Vicepresidente Giampiettri, caracterizado por este tipo de soluciones y promotor de la declaración de “zona de guerra” al VRAE.

- La sensualidad de la promoción ligera y acelerada, siempre seducirá a policías mal formados, que no tendrán ningún reparo en convertirse en ejecutores extra-judiciales.

- El actual ministro, cuando Director General, promovió el ingreso de licenciados de la fuerzas armadas a las Escuelas de Sub-Oficiales, obviamente para tener personal totalmente cooptable, preparado para usar las armas agresivamente, pues ese es el objetivo del soldado: eliminar al enemigo. Jamás entenderá que la policía es una institución de naturaleza civil y que la formación de sus integrantes debe ser totalmente diferenciada de la que reciben los miembros de las fuerzas armadas. No entiende que el ser licenciado de las fuerzas armadas no constituye ventaja para ser policía, por el contrario constituye un grave riesgo, y precisamente en la trayectoria del Coronel a quién se responsabiliza de las ejecuciones en Trujillo (ascendido extraordinariamente por ello), se privilegia el hecho de haber adelantado el curso de Comandos en el Ejército. Esa es la falta de entendimiento de la realidad policial, lejos de calificar a policías en técnicas modernas de prevención y persecución del delito, se escoge a los que se perfeccionaron en técnicas de guerra. Lo grave, le deja a la Policía un pasivo para los próximos 30 años, que es el tiempo promedio que los policías permanecen en el servicio.

- Las declaraciones entusiastas del actual Jefe Policial de Trujillo a una emisora radial, ufanándose que en su gestión 56 delincuentes habían sido abatidos en enfrentamientos con la policía, no se hubiesen producido si el citado Oficial General, no tuviese el aval de las altas esferas del Ejecutivo, tanto que no se ha producido pronunciamiento alguno al respecto ni haberse dispuesto la correspondiente investigación.

Redondeamos entonces la implantación factual de la “pena de muerte”, bajo el esquema: Impunidad legal, Policía inoperante desbordada por el delito, Ascensos a policías dispuestos a convertirse en “vengadores anónimos”, generación de crispación popular expresada en el clamor a favor de ejecuciones de delincuentes.