Los dos policías muertos por francotiradores en el desalojo de Chiclayo se suman a la larga lista de policías que mueren en el cumplimiento de su deber con cada vez más frecuencia en el país.
Antes que cualquier discusión sobre responsabilidades del Gobierno, Ministerio o el comando policial, hay que señalar tajantemente la culpa de los criminales que ejecutaron los disparos y de quienes los contrataron. Se trata de un crimen abominable que tiene que ser investigado y sancionado con toda severidad y que no puede justificarse desde ningún punto de vista, ni menos aún relativizarse por ningún problema social.
Ahora bien, dicho esto, sí cabe un análisis de cómo es posible que -una vez más- la Policía haya tenido una derrota tan humillante en el ejercicio de sus atribuciones legales y que ello haya venido acompañado de pérdida de vidas humanas.
Si fuese cierta la información que se ha difundido - de que fueron 1500 policías los que participaron en el operativo- se puede decir con absoluta certeza de que era un número más que suficiente para hacer una operación policial exitosa y sin costo humano.
Claro, pero ello implica hacerlo bien. La primera falla monumental fue de inteligencia. Se requería saber qué tipo de respuestas se iban a encontrar y no actuar a ciegas. Si había francotiradores, la Policía tenía el derecho y la obligación de usar proporcionalmente sus armas y su fuerza para acabar de raíz con la amenaza, antes del desalojo propiamente dicho. La segunda falla fue operativa. Ya el general a cargo ha reconocido que hubo un despliegue inadecuado de la fuerza y que en el terreno no hubo un mando unificado. La tercera es de especialización: cómo es posible que policías recién salidos de las escuelas (uno de los muertos tenía 22 años) sean destinados a este tipo de funciones y no a la función policial básica en comisarías -como se diseñó en la época de la reforma policial- para que luego con especialización y experiencia asumieran otras funciones. El cuarto de logística: los policías, según se ha informado, no tenían que comer ni donde dormir, lo que es inhumano.
Lo grave de este incidente es que para nada es un hecho aislado. Estamos viviendo una grave crisis de orden público que tiene su inicio simbólico en los dos fiascos del Puente Montalvo en Moquegua y que se grafica en muchos casos de policías muertos en circunstancias como la de Chiclayo, comisarías quemadas, vehículos incendiados, efectivos secuestrados, etc. Los casos en los últimos meses se agolpan.
El Estado, representado por la Policía, está perdiendo capacidad de ejercer una de sus funciones primordiales: la del monopolio de la fuerza para hacer cumplir la ley. Retrocedemos, paso a paso, hacia la ley de la jungla. El profundo desinterés que ha mostrado Alan García respecto de los temas de seguridad y los pésimos nombramientos que ha hecho -muy en particular la desastrosa gestión de Alva Castro- están pasando factura.
No se trata de entrar a sangre y fuego en las intervenciones policiales, como han salido a decir un grupo de políticos irresponsables y trogloditas. Por supuesto que si ello ocurriese, con los resultados previsibles, esos mismos políticos saldrían a acusar a la Policía de asesinos y los dejarían abandonados a su suerte. De lo que se trata en este asunto específico es de recuperar la capacidad profesional de la Policía para actuar en circunstancias de orden público con eficiencia, haciendo todo el uso de la fuerza que sea necesaria y como es normal (por lo menos para gentes civilizadas) tratando de que el costo social sea el mínimo posible. La Policía sabe hacerlo bien y hay que poner a las personas adecuadas para cada situación concreta.
Pero mucho más allá de estos hechos, lo de Chiclayo ratifica que en el Perú sigue pendiente una profunda reforma y modernización de la Policía Nacional, que la haga fuerte, eficiente, digna y honesta. No se trata sólo o principalmente de que la población le tema a la Policía; lo más importante es que le inspire respeto, en el sentido más amplio de la palabra.
Antes que cualquier discusión sobre responsabilidades del Gobierno, Ministerio o el comando policial, hay que señalar tajantemente la culpa de los criminales que ejecutaron los disparos y de quienes los contrataron. Se trata de un crimen abominable que tiene que ser investigado y sancionado con toda severidad y que no puede justificarse desde ningún punto de vista, ni menos aún relativizarse por ningún problema social.
Ahora bien, dicho esto, sí cabe un análisis de cómo es posible que -una vez más- la Policía haya tenido una derrota tan humillante en el ejercicio de sus atribuciones legales y que ello haya venido acompañado de pérdida de vidas humanas.
Si fuese cierta la información que se ha difundido - de que fueron 1500 policías los que participaron en el operativo- se puede decir con absoluta certeza de que era un número más que suficiente para hacer una operación policial exitosa y sin costo humano.
Claro, pero ello implica hacerlo bien. La primera falla monumental fue de inteligencia. Se requería saber qué tipo de respuestas se iban a encontrar y no actuar a ciegas. Si había francotiradores, la Policía tenía el derecho y la obligación de usar proporcionalmente sus armas y su fuerza para acabar de raíz con la amenaza, antes del desalojo propiamente dicho. La segunda falla fue operativa. Ya el general a cargo ha reconocido que hubo un despliegue inadecuado de la fuerza y que en el terreno no hubo un mando unificado. La tercera es de especialización: cómo es posible que policías recién salidos de las escuelas (uno de los muertos tenía 22 años) sean destinados a este tipo de funciones y no a la función policial básica en comisarías -como se diseñó en la época de la reforma policial- para que luego con especialización y experiencia asumieran otras funciones. El cuarto de logística: los policías, según se ha informado, no tenían que comer ni donde dormir, lo que es inhumano.
Lo grave de este incidente es que para nada es un hecho aislado. Estamos viviendo una grave crisis de orden público que tiene su inicio simbólico en los dos fiascos del Puente Montalvo en Moquegua y que se grafica en muchos casos de policías muertos en circunstancias como la de Chiclayo, comisarías quemadas, vehículos incendiados, efectivos secuestrados, etc. Los casos en los últimos meses se agolpan.
El Estado, representado por la Policía, está perdiendo capacidad de ejercer una de sus funciones primordiales: la del monopolio de la fuerza para hacer cumplir la ley. Retrocedemos, paso a paso, hacia la ley de la jungla. El profundo desinterés que ha mostrado Alan García respecto de los temas de seguridad y los pésimos nombramientos que ha hecho -muy en particular la desastrosa gestión de Alva Castro- están pasando factura.
No se trata de entrar a sangre y fuego en las intervenciones policiales, como han salido a decir un grupo de políticos irresponsables y trogloditas. Por supuesto que si ello ocurriese, con los resultados previsibles, esos mismos políticos saldrían a acusar a la Policía de asesinos y los dejarían abandonados a su suerte. De lo que se trata en este asunto específico es de recuperar la capacidad profesional de la Policía para actuar en circunstancias de orden público con eficiencia, haciendo todo el uso de la fuerza que sea necesaria y como es normal (por lo menos para gentes civilizadas) tratando de que el costo social sea el mínimo posible. La Policía sabe hacerlo bien y hay que poner a las personas adecuadas para cada situación concreta.
Pero mucho más allá de estos hechos, lo de Chiclayo ratifica que en el Perú sigue pendiente una profunda reforma y modernización de la Policía Nacional, que la haga fuerte, eficiente, digna y honesta. No se trata sólo o principalmente de que la población le tema a la Policía; lo más importante es que le inspire respeto, en el sentido más amplio de la palabra.
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2 comentarios:
Renunciar al Ministrom designar a alguien que haga reformas estructurales no solo dar "analgesicos" para que luego de la atencion mediata se olviden del tema, hoy matan a 3 policias, mañana que, ¿a 3 del ejercito?, ¿de la marina?, claro como los policias muertos son de la clase suboficial, pues no hay problema, que pena que los altos mandos aun piensen que los subalternos sean y sigan haciendolos "carne de cañon", Señor Presidente, urgente nuevo Ministro,pero con vision...
Señor Basombrío:
Mucho se está hablando del tema y por ello permítame hacer el siguiente comentario:
1. Resulta extraño (en realidad no, como verá al final) que se haya creado alrededor de esto un sicosocial (porque lo es).
2. A resultas de ello se están haciendo una serie de conclusiones muy interesentes como son:
. Hace falta "mano dura".
. Hay que reforzar las fuerzas del orden.
. Hay malos ejemplos como los de Moquegua.
. Se van a dar otras circunstancias y hace falta gobernabilidad.
3. Todas estas conclusiones "obligarán" al gobierno a equipar debidamente a la fuerza pública ahora que ha nombrado nuevamente al señor Carranza (plata fácil).
4. Se deduce de esto que ya se sabe que el "pueblo" peruano va a estar muy descontento y molesto con todas las cosas que van a pasar (TLC, crisis internacional, crisis nacional) y por lo tanto habrá que contenerlo, aguantarlo y ponerlo en su sitio.
5. En conclusión, se está creando el clima propicio, por supuesto con la ayuda de la prensa amiga y de la Confiep, para iniciar todo tipo de desalojos y de represiones al pueblo peruano, en especial ahora que empezaron los despidos en la minería y hay falta de trabajo en la agroindustria.
Aquel que quiera ver que vea. El 2009 va a ser un año muy difícil pues, recordando la historia, en las épocas de crisis internacional es que caen los gobiernos (pasó con Leguía, justo en su mejor momento). La clase dominante peruana no quiere que Alan caiga (solo ellos dicen que "lo está haciendo muy bien") y van a hacer lo posible por apuntalarlo, cueste lo que cueste.
Pero aún así el pueblo no es fácil de asustar cuando ya no tiene salida. El pueblo ve que ellos, los pobres, son los que reciben el palo, los que son desalojados de su patria para dársela a las transnacionales. Esto, señor Basombrío, es un preámbulo de muchas cosas feas y para eso se requiere la famosa MANO DURA.
¡Qué pena que la mano dura no sea para ADEX ni para CONFIEP y no nos pase como a EEUU con Lehman Brothers y Madoff! ¡Qué pena que la mano dura no sea para los empresarios como Delgado Parker! Para ellos y sus negocios como los de Collique no hay mano dura. Y qué pena que nosotros los blancos, como usted y yo, tengamos que ponernos del lado de "los blancos" y aprobar cosas tan nefastas como la nueva contralora simplemente porque le tenemos miedo a ese pueblo peruano a quien no consideramos ni queremos considerar nuestro igual (o sea, son cholos).
Una última reflexión: por cuidar la vida de un santuario natural es que pedimos la muerte de los seres humanos. Qué ironía ¿no? Amamos tanto la vida que nos matamos entre nosotros por cuidarla. ¿O no es así? ¿O es que la verdad detrás de todo esto es que hay intereses de los laboratorios interesados en el estudio "legal" de la biodiversidad del "santuario" y necesitamos que desalojen a esa gente? ¿No será esto el fondo del problema y no como la prensa quiere que lo creamos?
Que tenga usted un buen día, señor Basombrío.
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