JUICIOS ¿PARALELOS? / Samuel B. Abad Yupanqui

Uno de los argumentos utilizados en las últimas semanas para tratar de erosionar la legitimidad de la Sala Penal que viene juzgando al ex-Presidente Alberto Fujimori, es que la presión de los medios de comunicación afectaría la imparcialidad de dicho tribunal pues la prensa ya lo ha condenado. Nada más inexacto.

Suele hablarse de un “juicio paralelo” o “juicio de papel” cuando los medios de comunicación se erigen como “jueces” y anticipan la culpabilidad o inocencia del acusado o desacreditan el proceso a fin de influir en la decisión del tribunal trastocando su imparcialidad; de esta manera, toda persona puede conocer anticipadamente que se dictará sentencia en los términos difundidos (LATORRE Virgilio, “Función jurisdiccional y juicios paralelos”, Madrid: Civitas, 2002, p.105).

 Como puede apreciarse, el “juicio paralelo” se presenta cuando la influencia de los medios de comunicación resulta determinante o decisiva para presionar o influir en la resolución del juez perturbando su función jurisdiccional. Su presencia suele ser más delicada en aquellos países donde existe el Jurado, es decir, un grupo de personas elegidas aleatoriamente que se pronunciarán por la inocencia o culpabilidad del acusado. Por ello, se trata de evitar su “contaminación” pues ello atentaría contra su imparcialidad.

 En la experiencia comparada se han presentado casos famosos. Así por ejemplo, en los Estados Unidos en el proceso seguido al exjugador de fútbol americano O.J. Simpson por el presunto asesinato de su ex esposa y de un amigo de ella, el Jurado emitió un veredicto de “no culpabilidad”, pese a existir indicios razonables de su responsabilidad. En España sucedió lo contrario, Dolores Vásquez, la presunta acusada, fue indebidamente detenida y condenada por el asesinato de una joven en Málaga. Ahí también intervino un jurado. Meses después Dolores fue absuelta y ahora reclama una indemnización al Estado. Una situación similar no ocurriría en el Perú pues no contamos con un régimen de jurados.

Para referirnos a un “juicio paralelo” hay que evaluar si el proceso penal tiene carácter público o es reservado. Si el proceso es público los medios de comunicación tendrán todo el derecho de informar sobre su desarrollo contribuyendo a la formación de una opinión pública libre. Esto es precisamente lo que ocurre con el juicio al ex-Presidente de la República, pues dicho proceso tal como lo dispone la Constitución debe ser público por referirse a un alto funcionario e involucrar derechos humanos (artículo 139.4). Es decir, insistir en cuestionar la intervención de la prensa desconoce el carácter público de este tipo de procesos.

 La propia conformación y actuación de la Sala Penal apreciada a lo largo de las diversas audiencias públicas permite adelantar que su decisión se justificará en razones jurídicas y no en la alegada presión mediática. Nadie, salvo quienes tienen intereses particulares, podrían pensar que los integrantes de la Sala Penal, que cuentan con una larga trayectoria judicial podrían ver perturbada su función jurisdiccional por la opinión de algunos medios de comunicación.   

 ¿Los juicios paralelos pueden afectar derechos? Sin duda, como el honor, la imagen, la presunción de inocencia y, en general, el derecho a un juicio justo. Sin embargo, en el proceso al ex Presidente Fujimori no existe una condena mediática que decidirá el sentido de la decisión de la Sala. La sentencia que en su momento se dicte y que necesariamente será pública permitirá apreciar y evaluar las razones utilizadas para resolver un caso de especial trascendencia en un régimen democrático.

 En definitiva, existen fundadas razones para tener confianza en la independencia del tribunal. Es obvio que la estrategia de defensa del acusado pretende deslegitimarlo, pese a que desde el principio reconoció la calidad de los vocales que lo integran. Por ello, pretender “convertir” este proceso judicial en un “juicio paralelo” resulta simplemente inexacto.